Sentencia 23120 de mayo 19 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 23120

Acta número 51

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Se considera.

El recurrente discrepa del razonamiento consignado en la providencia acusada, en cuanto se sostuvo que la prescripción “no afecta el derecho a la actualización de la primera mesada aquí ordenada y en el monto fijado, pues el derecho a la pensión como a un eventual reajuste no son susceptibles de prescripción”.

A juicio de la Corte, las reflexiones que expuso la Sala en la sentencia del 15 de julio de 2003, radicación 19557, relacionadas con la prescriptibilidad de los factores económicos que conforman la base salarial para efectos pensionales, y sobre las cuales la censura sustenta la acusación, no son aplicables a este caso, dado que en manera alguna puede considerarse la actualización de una suma de dinero, o de la base salarial, un factor de los tantos que pueden surgir en una relación laboral que la incremente.

Ello es así, porque el derecho al reconocimiento judicial, extrajudicial, legal o extralegal de un factor salarial que incremente eventualmente la base salarial, es muy distinto del que surge del propio monto de esta base salarial ya determinado o fijado, y al que eventualmente por su desvalorización existe la necesidad de traer a valor presente, para de esa forma evitar la pérdida de su poder adquisitivo, y el consecuente perjuicio para el trabajador que lo percibe. En otras palabras, la indexación no es un factor que incremente la base salarial. De ahí la diferencia para que aquella no tenga el carácter de prescriptible.

Obsérvese además, que en materia pensional y en vigencia de la Ley 100 de 1993, la obligación de indexar una base salarial para liquidar la primera mesada, no se deriva del cumplimiento tardío del derecho, que le corresponde al beneficiario, por parte de la entidad llamada a cubrirlo, sino de una realidad económica que permite que su ingreso, sobre el cual hizo aportes al sistema, no se vea envilecido por el transcurso del tiempo, permitiéndole recibir una mesada que guarde cierta proporción con el monto aportado frente a la devaluación de la moneda.

Como consecuencia de lo precisado, el tribunal no incurrió en los desaciertos jurídicos que le endilga el recurrente.

Por lo visto el cargo no prospera.

El recurso de la parte demandante.

Al fijar el alcance de la impugnación, el censor le solicita a la Corte que case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto modificó el monto de la mesada inicial reconocida por el a quo, para que, en su lugar y en sede de instancia, confirme la cuantía señalada en la sentencia de primer grado y que corresponde a la suma de $ 754.789.55.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el recurrente le formula dos cargos a la sentencia controvertida, los cuales se estudiarán en el mismo orden en que fueron propuestos.

Primer cargo.

“Acuso la sentencia por violar indirectamente en concepto de falta de aplicación de las siguientes disposiciones: 1º y 11 del Decreto 1748 de 1995, el artículo 25 del Código Civil, todo ello a consecuencia de evidentes errores de hecho en que incurrió el tribunal, por haber estimado erróneamente las pruebas, según se expone a continuación”.

Los errores de hecho que se señalan son:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que la actualización correspondiente al 16 de agosto de 1993 al 16 de enero de 1997, corresponde a 92.01% de porcentaje acumulado, como lo certifica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE”, según el índice de precios al consumidor que obra a folio 13 y 14 del expediente.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que para indexar o actualizar un valor debe buscarse un divisor común para todos los años, correspondiente al número de días transcurridos entre las fechas a indexar, en detrimento de la fórmula real para el efecto estableció (sic) el legislador mediante los artículos 1º y 11 del Decreto 1748 de 1995”.

Las pruebas que se denuncian como causantes de los desatinos fácticos ya relacionados, y de las que se pregona su equivocada valoración, son las documentales de folios 2 a 6 del expediente y que corresponden al certificado expedido por el DANE para la indexación de la pensión.

En la demostración del cargo afirma que la sentencia recurrida aplicó la fórmula que contiene la sentencia de julio 27 de 2001, radicación 15696, sin tener en cuenta lo establecido en los artículos 1º y 11 del Decreto 1748 de 1995, cuyas normas despejan el problema matemático relacionado con la actualización de valores que prevé la Ley 100 de 1993. Que el ad quem no actualizó la primera mesada pensional con la fórmula utilizada, ni se ajustó a los porcentajes certificados por el DANE, toda vez que para el año 1993, en el lapso de agosto a diciembre hay un porcentaje del 6.02% que corresponde a la suma de $ 31.950.25 respecto del último salario devengado por el trabajador, pero al sentenciador le arrojó una suma de $ 109.638.87 (fl. 104).

Que igual ocurre con la partida del año 1994, donde el DANE certificó una desvalorización del 29.98% (fl. 13), que corresponde a la suma de $ 127.110.60 y no $ 272.726.12 que fijó el tribunal como indexación para dicha anualidad. Que así sucesivamente, todos los porcentajes que observó el fallador para indexar la pensión del demandante, no corresponden a los suministrados por el DANE y tampoco coincide el porcentaje acumulado.

La réplica.

Advierte que el planteamiento en que se funda la acusación, no se refiere a lo que técnicamente constituye un error de hecho, sino a una cuestión jurídica, ya que para dilucidar si en la indexación de un valor debe buscarse un divisor común para todos los años correspondientes al número de días transcurridos entre las fechas que allí se citan o si debe hacerse atendiendo la definición y fórmula establecidas en los artículos 1º y 11 del Decreto 1748 de 1995, no es un tema referido a la cuestión de hecho debatida en el proceso sino a un punto de derecho.

Aduce además, que la falta de aplicación no es un concepto de infracción y que el único submotivo de violación que cabe dentro de la llamada vía indirecta, es el de la aplicación indebida. Que tampoco es disculpable presentar como normas atributivas de un derecho, dos preceptos reglamentarios que se limitan el uno a dar una definición y el otro a establecer una fórmula matemática, ya que no son las disposiciones legales que regulan lo referente a la corrección del valor de las mesadas pensionales por aplicación del índice de precios al consumidor.

Se considera.

Son válidas y aceptables por la Corte, las objeciones técnicas que el opositor le formula a la demanda de casación con la cual el recurrente pretende obtener la infirmación del proveído atacado, y en especial, las que corresponden al presente cargo, que como consecuencia conlleva su inestimación.

En efecto, el compendio normativo enlistado por el censor, no satisface las exigencias de que trata el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, por no consagrar ninguna de ellas el derecho pretendido por el actor, y menos aún, haber servido de soporte legal al ad quem para despachar la instancia. Tal como lo advierte la réplica, las normas que fundamentan su ataque, se limitan a establecer la definición de ciertos términos que son utilizados por el Decreto 1748 de 1995 y a señalar una fórmula matemática de actualización y capitalización, que dicho sea de paso, corresponde al tema de la emisión, redención y cálculo de los bonos pensionales y no a lo que es objeto de debate en el sub júdice.

También es acertada la glosa que hace la opositora, en cuanto a que el tema discutido no es de naturaleza fáctica sino jurídica o de derecho, acusable por la vía directa, dado que lo que se controvierte es el método utilizado para indexar la base salarial de la primera mesada pensional y la fórmula que sirvió para ese propósito.

Aun cuando lo anterior es suficiente para despachar el cargo, debe precisar la Corte, que los derroteros tenidos en cuenta por el tribunal para tasar la base salarial de la primera mesada pensional del actor, son los que ha fijado la corporación en innumerables ocasiones, desde la sentencia de instancia radicada bajo el 13336 de 2000 y que en la providencia acusada se repiten.

Por lo anterior el cargo no prospera.

Segundo cargo.

“Acuso la sentencia por violar directamente en concepto de interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y por ende, falta de aplicación de los -sic- 1626 y 1649 del Código Civil, el artículo 8º de la Ley 153 de 1887; el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 48 y 53 de la Constitución Política”.

En la demostración la censura anuncia que acoge los hechos básicos del proceso, tal como se presentan en la sentencia atacada, pero cuestiona el no haberse otorgado por el tribunal los intereses moratorios con fundamento en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a pesar de que no fue cancelada la pensión en forma total e íntegra, debidamente actualizada, como lo ordenan los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

La réplica.

La improcedencia en el reconocimiento de los intereses moratorios, afirma el opositor, se basa en que por tratarse en este caso no de una pensión de la Ley 100 de 1993, sino a cargo del Banco Cafetero, no hay lugar a deducir los mismos, por no ser aplicable a pensiones diferentes de la citada ley. Que además, la pensión de jubilación le fue reconocida oportunamente al demandante y comenzó a pagarse desde la fecha en la que cumplió los 55 años de edad y en consecuencia no existió mora.

Se considera.

Para despachar el presente cargo, basta con destacar que, tratándose de reajustes pensionales, no resulta procedente condena alguna por concepto de los intereses moratorios a que alude el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha venido precisando insistentemente la Corte, a través de diferentes decisiones donde se han hecho planteamientos similares a los que aquí se esgrimen.

Al efecto, vale la pena rememorar lo expresado en la sentencia de noviembre 22 de 2004, radicación 23309, donde se dijo:

“(...).

Mas no puede tener viabilidad la imposición de dicha medida, como cuando en el caso de autos, se trata de una diferencia pensional, mas no de la falta de reconocimiento de la prestación. Así se ha definido de tiempo atrás en la Sentencia 13717 traída a colación en la de radicación 21027 del 3 de septiembre de 2003 que a la letra señala:

Además ha sostenido esta corporación que los intereses moratorios “... solo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial (Rad. 13717 - jun. 30/2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, atendiendo el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior”.

Como consecuencia de lo ya precisado, se impone la no prosperidad del cargo.

Sin lugar a condena en costas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 15 de agosto de 2003, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio ordinario promovido por Guillermo Zorro de los Ríos al Banco Cafetero - Bancafé.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

SALVAMENTO DE VOTO

Nos permitimos expresar que disentimos de la decisión mayoritaria de la Sala en cuanto acoge la tesis de la indexación del ingreso base de liquidación para pensiones a cargo directo del empleador, pues en nuestra opinión no es aplicable al caso la preceptiva del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida que se trata de una prestación a cargo del Banco Cafetero, Bancafé, y no de una entidad administradora de pensiones, circunstancia que la coloca por fuera de la estructura económica pensional de esa normativa, ello en consecuencia, nos lleva a salvar el voto en ese aspecto.

Carlos Isaac Nader—Francisco Javier Ricaurte Gómez. 

SALVAMENTO DE VOTO

Disiento, respetuosamente, del criterio de la mayoría sobre el que se fundamenta la sentencia proferida en el proceso de la referencia, razón por la cual, salvo mi voto, por las siguientes razones:

1. La actualización monetaria de las obligaciones de cualquier género está consagrada legislativamente por vía de excepción. En particular, la indexación de la primera mesada pensional, ha procedido de manera puntual, y restrictiva en las oportunidades, cuantías y clases señaladas específicamente por la ley. Y cuando el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dispuso un mecanismo que permite actualizar el valor de la base sobre la que se liquida la primera mesada pensional, no comprendió la situación materia del presente proceso, cual es la de la liquidación de una pensión legal de jubilación para quien dejó de prestar sus servicios con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pero que completó los requisitos, concretamente la edad, con posterioridad a dicha vigencia.

2. La evidencia de que no se trata de una pensión propia del sistema de seguridad social en pensiones es que se reconocimiento y pago se ordena a una entidad ajena al sistema; la obligación recae en la entidad empleadora y no en una administradora de pensiones de conformidad con los artículos 5º y 6º del Decreto 813 de 1994, y artículo 45 del Decreto 1748 de 1994; justamente por quedar radicada en ella la obligación pensional, no es necesario adoptar ninguna previsión sobre traslado de recursos al sistema.

3. No se puede hacer derivar de la Ley 100 de 1993 la autorización legal para la indexación, la que la Sala entiende se requiere para proceder ella, si ella, por diseñar un sistema impone que las prestaciones no puedan ser dispensadas por fuera de las instituciones establecidas para el efecto, y prescindiendo de que se acopien los recursos o se formaran los fondos para cubrir tal obligación; como ya se señaló, si no hay tránsito o ingreso de recursos al sistema por la pensión materia del litigio, mal puede hablarse de una pensión objeto de la regulación del sistema.

4. La actualización monetaria del ingreso base solo procede para las pensiones del sistema de seguridad social en el régimen de prima media con prestación definida, esto es para quienes se afiliaren o incorporaren al sistema y se acogieren al mencionado régimen de prima media con prestación definida.

El concepto de sistema y el principio de unidad que lo rige, y la condición de integralidad exigida para gozar de los beneficios previstos, imponen que el reconocimiento de estos no pueda hacerse con prescindencia de la verificación de existencia de mecanismos de financiación.

5. La actualización de las pensiones por fuera del sistema de seguridad social solo procede en los términos y para las pensiones que dispone el legislador en la Ley 445 de 1998, dentro de las cuales no pueden comprenderse las del sub lite, opción del legislador que examinada a la luz del derecho a la igualdad fue declarada exequible por la Corte Constitucional al estimar en la Sentencia C-067 de 1999, que

“Tampoco, se puede desconocer que el Estado no puede comprometer sin una concertación previa con el sector y un estudio serio de factibilidad del proyecto, el equilibrio financiero de las entidades descentralizadas, los entes territoriales y las empresas del sector privado, pues no solo el tratamiento diferencial basado en el distinto origen, de los recursos destinados al pago de las pensiones y reajustes a que alude la norma acusada está razonable y objetivamente justificado, sino que además el legislador está habilitado constitucionalmente, dentro de ciertos límites para determinar el monto y los alcances de los reajustes e incrementos pensionales, para lo cual debe tener en cuenta que los recursos económicos para satisfacer esos pagos son limitados.

(...).

Establecido que la exclusión de las entidades descentralizadas por servicios, de los entes territoriales y del sector privado, de los incrementos previstos por el artículo 1º de la Ley 445 de 1998, no configura una discriminación contraria al principio constitucional de la igualdad y por lo tanto una omisión legislativa inconstitucional, ...”.

Dictado que hace la Corte Constitucional bajo la premisa, que consigna en la misma providencia, según la cual de acuerdo con la Constitución (art. 53), tienen derecho a que se les reajuste su pensión en la cuantía que determine la ley, sin que por ello se desconozca el artículo 58 superior, pues no hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en que se deben incrementar las pensiones, sino meras expectativas.

6. La incorporación de los servidores públicos al sistema general de pensiones se produce de conformidad con el Decreto 691 evento para el que se requiere el que él ostente tal calidad para la fecha de la incorporación o para el 1º de abril de 1994.

En el caso en estudio no se cumple esta condición por cuanto el actor había dejado de ser trabajador antes, exactamente desde 16 de agosto de 1993.

7. Los servidores públicos incorporados al sistema general de pensiones, para quedar comprendidos dentro del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deben escoger el régimen de prima media con prestación definida, como lo dispone el artículo 4º del Decreto 691 de 1994. La escogencia debe ser manifestada por escrito al empleador, como lo indica el artículo 128 de la Ley 100 de 1993, lo cual presupone lo indicado: el hecho de estar prestando efectivamente los servicios para el momento en que haga la elección.

Situación que tampoco se da en el presente caso, pues al no tener el actor la calidad de servidor público en el momento en que entró a regir el sistema general de pensiones para ellos, estaba imposibilitado para seleccionar el régimen de prima media con prestación definida, y en consecuencia quedar sujeto al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

8. El artículo 288 de la Ley 100 de 1993 exige que quien quiera obtener alguno de los beneficios que en ella se establecen, se someta a la totalidad de sus previsiones; así el legislador preserva la integralidad y el equilibrio del sistema, y realiza un principio de justicia al imponer al beneficiario el deber de contribuir al financiamiento de las prestaciones que espera obtener, y de las que por solidaridad ofrece el sistema para grupos de menores ingresos.

9. La indexación de la mesada pensional por invocación de la Ley 100 de 1993, en particular de su artículo 36, solo se puede hacer dando plena aplicación a lo que al respecto se prescribe, esto es: a) estableciendo el ingreso base de manera que se asegure que el derecho que se tase guarde proporción con lo cotizado o devengado, tomando para el efecto un período más amplio que hasta entonces regía de dos hasta diez años o el de toda la vida laboral del trabajador; y b) procediendo a actualizar para el momento de su reconocimiento el ingreso de base así corregido. En la decisión se obvia el primer paso, y contra la voluntad deliberada del legislador de ampliar el período de estimación del ingreso base, procede a reducirlo, tomando para el efecto un solo año, el último.

10. Desde la perspectiva del principio de la igualdad tampoco procede el reconocimiento de la indexación como lo ha pregonado la Corte Constitucional; perpetuar decisiones que fueron en su momento la mejor manera de proveer justicia, queriendo anclar la interpretación que de la ley a la que hizo una Sala y atar a ella las salas siguientes, es cerrar el paso a decisiones igualmente reflexivas, es petrificar el desarrollo de la jurisprudencia, es atentar contra el principio constitucional de la independencia del juez, y es desconocer la naturaleza íntima del derecho que está en un proceso de continuada corrección.

Por lo expuesto, se ha de concluir, que habiendo prestado el actor los servicios por los que reclama antes de la vigencia del sistema general de pensiones, es ajeno a este; no se ha sometido a la totalidad de su normatividad, ni está acogido al sistema de prima media con prestación definida, y por ende no puede reclamar el beneficio de la actualización del promedio devengado como base para liquidar su pensión.

Fecha ut supra.

Con todo respeto.

Eduardo López Villegas 

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