Sentencia 23132 de septiembre 14 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: 23132

Acta: 78

Magistrada Ponente:

Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

No existe discusión en cuanto a que el actor estuvo vinculado laboralmente con el Banco Cafetero desde el 11 de mayo de 1954 hasta el 19 de septiembre de 1969; que desde el 1º de enero de 1967 hasta la fecha de la finalización de la relación laboral la demandada cotizó al Instituto de Seguros Sociales por los riesgos de invalidez, vejez y muerte; que la entidad convocada al proceso le reconoció y otorgó al demandante, a partir de febrero 8 de 1971, una pensión de jubilación oficial, de conformidad a lo establecido en la Ley 6ª de 1945 en concordancia con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció al demandante pensión por vejez a partir del 11 de noviembre de 1983; y que el Banco Cafetero desde esta fecha viene compartiendo la pensión con la del Instituto de Seguros Sociales.

Como se dijo al historiar el proceso el tribunal para declarar la compatibilidad de las pensiones, en rigor, asentó que para la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales asumió los riesgos de invalidez, vejez y muerte, 1º de enero de 1967, el actor no tenía 15 años de servicios en el banco, en consecuencia “no corresponde a servicios del actor a un solo empleador como claramente se desprende de su texto (Ac. 224/66, art. 61), además, el tiempo laborado por el demandante al Banco Cafetero fue solo de 15 años, 4 meses y 9 días, de forma tal, que el Banco Cafetero no reconoció la pensión de jubilación por servicios que le fueran prestados por el demandante a él, exclusivamente, por espacio igual o superior a los 20 años” (fl. 337 ib.).

Para la censura el juez de la apelación yerra jurídicamente cuando considera “que la pensión de jubilación reconocida no correspondió a los servicios prestados a un solo empleador, que lo sería en este caso Bancafé, sino con otras entidades oficiales, Imprenta Nacional y Ministerio de Justicia, pero no por ello su compactibilidad desapareció o se extinguió de ámbito jurídico, por cuanto, el supuesto de hecho que la norma contempla (Ac. 224, art. 60) no se exige que lo haya sido para un solo y único empleador público u oficial y en ello hay que hacer claridad que las labores realizadas para una o varias de estas entidades corresponden a la noción de un solo y único empleador que no es otro distinto que el Estado, como así lo refiere el fallo al decir “En resumen se concluye que la pensión reconocida por la Resolución 54de 1971 por el Banco Cafetero a favor del actor lo fue por servicios prestados exclusivamente al Estado” (fl. 66 ib.).

Pues bien, el eje central de la controversia gira en torno a elucidar si la pensión reconocida por el Banco Cafetero tiene la vocación de ser compatible o no con la del Instituto de Seguros Sociales, a la luz de lo establecido en los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad.

En primer término abordará la Sala el análisis del tema sometido a su escrutinio, determinando si el artículo 60 del Acuerdo 24 de 1966 emanado del Instituto de Seguros Sociales, el cual fue aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, que consagra la compartibilidad de las pensiones, se extiende en tratándose de entidades de derecho público. Para tal fin, se impone rememorar la sentencia de 6 de mayo de 1997, radicación 9561, en donde se razonó:

“El artículo 1º del Acuerdo 224 de 1966 expedido por el consejo directivo del Seguro Social, aprobado por el artículo 1º del Decreto 3041 de 1966, incluyó entre las personas sujetas al seguro social obligatorio en relación con los riesgos de vejez, de invalidez y de muerte de origen no profesional, a los trabajadores que presten servicios a entidades o empresas de derecho público, semioficiales o descentralizadas. El artículo 2º del Decreto-Ley 433 de 1971 en su letra b) amplió la cobertura a todos los riesgos amparados por el Instituto de Seguros Sociales y reiteró como sujetos del seguro social obligatorio, entre otros trabajadores oficiales, a los que prestaran servicios en los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta de carácter nacional, departamental o municipal, servidores a quienes para los efectos del seguro social obligatorio, asimiló a los trabajadores particulares. Lo anterior resulta concordante con las previsiones de la Ley 90 de 1946, con su motivación y con el contenido de sus artículos 72 y 76, que en conjunto conforman la fuente de la que debe partir este estudio en el cual el punto neurálgico lo constituye el significado de la seguridad social como sistema prestacional general.

“Aunque el Decreto-Ley 1650 de 1977 no incluyó en su artículo 6º a los servidores públicos dentro de los afiliados forzosos al Instituto de Seguros Sociales, tampoco excluyó a los trabajadores de aquellas entidades descentralizadas que durante la vigencia del Decreto-Ley 433 de 1971 adquirieron su registro patronal, de manera que esas entidades podían continuar afiliando para todos los riesgos al Instituto de Seguros Sociales a sus trabajadores oficiales, incluso dentro de la misma concepción ordenada por el Decreto-Ley 433 de 1971 en cuanto los asimiló a los trabajadores particulares. Por ello, de hecho, tales entidades mantuvieron su vinculación y la de sus servidores, con el sistema propio del Instituto de Seguros Sociales cuya reglamentación ha señalado el marco jurídico aplicable a las relaciones correspondientes.

“Refuerza lo anterior la situación regulada por el Acuerdo del Instituto de Seguros Sociales 44 de 1989, aprobado por Decreto 3063 del mismo año, que dispuso en su artículo 28-2-b, que también serían afiliados facultativos al Instituto de Seguros Sociales los empleados de las entidades del Estado que al 18 de julio de 1977 —fecha de la entrada en vigencia del Decreto 1650 de ese año— se encontraban registradas como patronos al Instituto de Seguros Sociales”.

Es claro que los afiliados al Instituto de Seguros Sociales, sean trabajadores particulares u oficiales —calidad esta última que ostentó el actor— quedaron sometidos a un régimen uniforme configurado por los reglamentos del instituto y por las demás disposiciones legales que tienen que ver con ese régimen. El efecto de que los trabajadores oficiales se afiliaran al Instituto de Seguros Sociales Obligatorios, no es más que aceptar que frente a los mismos han operado las previsiones de la Ley 90 de 1946 en cuanto a la subrogación del riesgo de vejez para que este deje de estar a cargo de los empleadores oficiales, cuando la seguridad social lo asuma.

En fallo de 17 de mayo de 2001, radicación 15484, la Sala dispuso:

“En efecto, los artículos 60 y 61 de la última normatividad reseñada, consagran las condiciones del reconocimiento de la respectiva pensión para los trabajadores que al iniciarse la asunción del riesgo de vejez estuvieran en las circunstancias allí consagradas, esto es, más de 10 o 15 años de vinculación al empleador, caso diferente al que se examina, pues en esta el trabajador llevaba menos de 10 años de servicios, al 1º de enero de 1967, según lo estableció el juzgador; en consecuencia, resulta indebida la aplicación que hizo el juzgador de esas preceptivas.

Ahora bien, desde la organización del seguro social obligatorio, se estableció la sustitución de la pensión de jubilación patronal por la de vejez a cargo del ICSS (ver L. 90/46, art. 76) y así quedó definido para el sector particular en los términos del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, que previó la liberación del patrono respecto a aquellas pensiones, “... cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo a la ley...”. No obstante para los trabajadores oficiales no sucedió lo mismo, en vista de que no se previó, como en el sector particular, un principio de transitoriedad del régimen pensional a cargo del empleador para derivar en la asunción total del riesgo por el seguro, sino que por el contrario se expidieron estatutos especiales que no contemplaron dicha asunción como el Decreto 3135 de 1958 reglamentado por el 1848 de 1969, sin perjuicio de que los trabajadores oficiales pudieran ser afiliados al Instituto de Seguros Sociales conforme lo autorizó el régimen de este.

Respecto a este tema, la Sala en sentencia del 10 de agosto de 2000, radicación 14163, explicó:

“... en vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el Instituto de Seguros Sociales, pues si bien los reglamentos del Instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de éstos (Ver por ejemplo los Decretos 3135 de 1968, el Reglamentario 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985) que el sistema del seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como si aconteció para los particulares en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al Instituto de Seguros Sociales y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la seguridad social. Por consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para esta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el Instituto de Seguros Sociales de la pensión de vejez...”.

De manera que es paladino que al existir la posibilidad de que los trabajadores oficiales fueran afiliados al Instituto de Seguros Sociales, a los empleadores públicos les es permitida compartir las pensiones, que reconozcan en virtud del régimen especial - Ley 6ª de 1945, decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, Ley 33 de 1945, entre otras.

La compartibilidad de las pensiones legales se encuentra consagrada, para los fines de este proceso, en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966, que reza:

“Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) moneda corriente o superior, ingresarán al seguros social obligatorio como afiliados para el riego de invalidez, vejez y muerte: Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y este estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez, y en ese momento el instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que venía siendo pagada por el patrono”.

De acuerdo con la norma en precedencia, el ad quem estimó, en esencia, que la pensión reconocida por el Banco Cafetero es compatible con la de vejez, o, en otras palabras, no son compartibles, habida cuenta que para el 1ºde enero de 1967 el actor llevaba menos de 15 años al servicio de este.

Esa conclusión jurídica a que arribó el sentenciador resulta equivocada, puesto que, como se dijo, la pensión que otorgó el Banco Cafetero fue en virtud de lo establecido en el Decreto 1848 de 1969 que establece, entre otros requisitos, el haber prestado el trabajador sus servicios a entidades del Estado por espacio no inferior a 20 años, prestación a la que se conoce, también, con el nombre de pensión de jubilación en concurrencia, pues precisamente para efectos de determinar el tiempo laborado y el pago concurren a prorrata todas las instituciones oficiales en donde haya estado vinculado el trabajador.

Esta pensión tiene como finalidad reconocer a las personas su fidelidad y permanencia en el trabajo, no con una entidad oficial en particular, sino con el Estado, que dada la naturaleza jurídica de esta pensión, funge como único empleador.

Y siendo ello así, el juez de la alzada debió tener presente la totalidad del tiempo laborado por el demandante en el Estado y no escindirlo como en efecto lo hizo.

Esta hermenéutica dada por la Corte, en lo que respecta con los preceptos que consagran la pensión de jubilación oficial y su compartibilidad, no es ajena, para nada, al actor, por el contrario la comparte plenamente, pues no otra inferencia resulta de lo afirmado enfáticamente por él al sostener que “al momento de entrar en vigencia el Acuerdo 224 de 1966 emanado del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, el trabajador tuviera cumplidos más de 15 años de servicios prestados en forma continua o discontinua. En el caso concreto el trabajador tenía servidos un total de 18 años, 1 mes y 9 días servidos al Estado colombiano. Ese es el total que se debe tener en cuenta, como tiempo servido a la misma patronal, para efectos de conocer a quién le corresponde el pago de la pensión de que trata el artículo 60 de la mencionada resolución. En consecuencia, no se podría considerar para efectos del pago de la pensión oficial, el tiempo servido exclusivamente al Banco Cafetero, como si fuera esta a la única empresa del Estado a la que prestó los servicios el actor, pues, en esa forma irregular, solo se contabilizaría en forma parcial el servicio prestado al Estado, lo que resultaría falso y por lo tanto incompleto, tener en cuenta únicamente los 12 años, 7 meses y 21 días que tenía servidos el trabajador al Banco Cafetero, al momento de la iniciación de los riesgos de IVM, tal como lo pretende el casacionista, violando flagrantemente lo dispuesto en la norma que reglamenta la subrogación de la pensión a que nos venimos refiriendo. Debe recabarse que la norma establece que la prestación del servicio a cargo de una patronal, puede ser continua o discontinua, y desde esa óptica jurídica, el trabajador ya contaba con más de quince 15 años cumplidos al servicio de la misma patronal el (Estado colombiano) al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones introducido con la Resolución 224 de 1966, y bajo ese parámetro sea la patronal la única entidad que se halla sujeta al pago de la pensión oficial del demandante. No obstante lo anterior, en forma concordante con lo analizado, dicho pago fue ordenado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968, como se aprecia en la Resolución 34 de 1971, por tener el demandante la calidad de trabajador oficial; concordando en esa forma las dos normatividades” (fl. 80, cdno. 2).

En este orden de ideas, al haberse acreditado, por no ser materia de discusión, que el actor a 1º de enero de 1967 llevaba más de 15 años al servicio del Estado colombiano, el tribunal se apartó de lo regulado en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966, incurriendo en los yerros jurídicos que le enrostra el censor, por lo que habrá de casarse la sentencia recurrida.

Dada la prosperidad del recurso extraordinario interpuesto por la demandada y las resultas del proceso, la Corte se releva de estudiar el propuesto por el demandante.

V. Consideraciones de instancia

Bajo los supuestos no controvertidos de que el actor estuvo vinculado laboralmente con el Banco Cafetero desde el 11 de mayo de 1954 hasta el 19 de septiembre de 1969; que desde el 1º de enero de 1967 hasta la fecha de la finalización de la relación laboral la demandada cotizó al Instituto de Seguros Sociales por los riesgos de invalidez, vejez y muerte; que la entidad convocada al proceso le reconoció y otorgó al demandante, a partir de febrero 8 de 1971, una pensión de jubilación oficial, de conformidad a lo establecido en la Ley 6ª de 1945 en concordancia con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció al demandante pensión por vejez a partir del 11 de noviembre de 1983; y que el Banco Cafetero desde esta fecha viene compartiendo la pensión con la del Instituto de Seguros Sociales, se procede a la definición de instancia, teniendo en cuenta la inconformidad del demandante con la sentencia del a quo, en el sentido de que la demandada no cumplió con el requisito establecido en la ley, esto es, el haber continuado cotizando al Instituto de Seguros Sociales para el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

Examinada la Resolución 7765 del 9 de octubre de 1989 (fls. 252 a 254, cdno. 1), por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez al actor, se observa que la letras “B” y “C” del tercer considerando rezan: “que además al peticionario - le asiste la razón que se comparta la jubilación con el Instituto de Seguros Sociales por reunir los requisitos que exige el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 (D. 3041/66), se trata de una institución de derecho público que ha sido aportante al —ISS— asegurador”; que en tales condiciones, se ordenó el cobro de las notas débitos 285 de mayo de 1988 y la 569 de diciembre 7 del mismo año, las cuales fueron canceladas, según recibos 9140 de agosto 31 de 1988, y 10007 de enero 11 de 1989, con lo cual se completan 656 semanas cotizadas por IVM, cumpliendo así con los requisitos exigidos en el artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966, el cual exige acreditar 500 semanas de cotización”; de lo que se desprende con total claridad que el Banco Cafetero con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo le cotizó al Instituto de Seguros Sociales por los riesgos de invalidez, vejez y muerte, semanas que constituyeron la base para el reconocimiento de la pensión por vejez.

Pero si lo anterior no fuera suficiente para acreditar que el Banco Cafetero si cotizó el tiempo necesario para que el actor adquiriera el derecho pensional, a folios 29, 30, 266 y 267 del cuaderno 1 obran copias de la relación de las semanas de cotización del demandante, certificadas por el Instituto de Seguros Sociales, en donde se resume que la patronal identificada con el número 01009100166 cotizó para la actividad 91 148 semanas del “1º de marzo de 1971 a 1º de enero de 1974” y 313 del “1º de enero de 1979 a 27 de diciembre de 1984 simultáneas 313” (fl. 29, ibíd.); por su parte a folio 265 reposa documento del Instituto de Seguros Sociales, debidamente firmado —relación de novedades - sistema de autoliquidación de aportes mensual”— en donde enseña “ID Empleador 00860002962”, “Nombre: Bancafé”, “Patronal: 010009100166”; del que emerge que el número patronal del Banco Cafetero lo fue el “010009100166”; y siendo ello así esta entidad cumplió con la obligación de cotizar para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte con posterioridad a la terminación del vínculo laboral, tal como fluye de los documentos citados, cumpliendo lo ordenado por el Acuerdo 224 de 1966.

Con todo, es oportuno recordar lo que ha sostenido la Corte, en lo concerniente que la consecuencia de que la entidad pagadora de la pensión, no continúe cotizando para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, no es la compatibilidad de las pensiones.

En sentencia de 11 de agosto de 2004, radicación 22982, dispuso:

“En torno a la cuestión específica de la subrogación de las pensiones de jubilación del sector oficial del orden nacional y territorial con la de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales ya esta corporación se ha pronunciado reiteradamente. Así en sentencia del 11 de diciembre de 2002, radicado 18879, precisó lo siguiente:

“La Corte ya ha tenido oportunidad de dilucidar el punto materia de controversia, como se constata en las sentencias 18124 del 4 de julio de 2002 y 18006 del 11 de julio siguiente. En esta última expresó:

‘Ahora bien, el hecho de que la empresa hubiere dejado de cotizar por todo el tiempo establecido en los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, como lo exponen los dos primeros yerros que le imputa la censura al tribunal, no genera la compatibilidad entre la pensión a cargo de la empresa y la de vejez del Instituto de Seguros Sociales, pues la consecuencia jurídica de que se hubieran hecho o no, en este caso que todo el tiempo se cotizó con un mismo empleador, es, a lo sumo, que no se hubiere presentado la subrogación por la entidad de previsión social, o que esta se hubiere dado por un menor valor, que de todas maneras, asume la entidad subrogada, pues mayor va a ser la diferencia que debe cubrir entre ambas pensiones. Pero, de ninguna manera, en la hipótesis planteada, es susceptible que se presentaran dos pensiones a favor del trabajador, por lo que, en ningún yerro incurrió el tribunal’”.

De todas maneras, corresponde dejar en claro que el hecho de que el empleador oficial que reconozca directamente la pensión legal de jubilación a uno de sus trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales, se abstenga de seguir enviando a esta entidad las cotizaciones del pensionado para el riesgo de vejez, o no haya tenido afiliado a su servidor durante toda la relación, de ninguna manera conduce a que pierda validez la subrogación o que la pensión deje de ser compartida y pase a ser compatible, pues la única consecuencia lógica de tal omisión es que queda a su cargo una mayor porción de la diferencia que finalmente resulte entre una y otra pensión.

Y recientemente en fallo de 6 julio de 2005, radicación 24959, dijo:

“Cabe tener presente, como de manera certera lo hace notar el opositor, que el propósito de las cotizaciones previstas en el artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990 no es otro que el de propender por radicar en los entes de seguridad social la totalidad del cubrimiento de las obligaciones pensionales o por lo menos la parte más significativa de las mismas cuando lo primero no sea posible, desembarazando a los empleadores total o parcialmente del pago de dichas prestaciones, y su incumplimiento por lo mismo no puede significar la extinción de la compartibilidad y su conversión en compatibles sino la asunción por parte del empleador de una porción más cuantiosa de la pensión que estaba a su cargo.

De otra parte, vale advertir, que si bien es cierto uno de los fundamentos que en su momento tuvo el Instituto de Seguros Sociales, para considerar la compartibilidad de las pensiones fue de que nadie puede recibir más de una asignación proveniente del tesoro público, argumento equivocado para el caso sub examine, también lo es que, al cumplir el Banco Cafetero con los supuestos fácticos instituidos en el artículo 60 del susodicho Acuerdo 224 de 1966, las pensiones tienen la vocación de ser compartibles.

Y tampoco la circunstancia de que el pensionado con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo con el Banco Cafetero, se haya vinculado a una empresa particular en donde también cotizó, le pueda restar efectividad a la compartibilidad, dado que como lo ha sostenido la Corte lo que la norma exige, con la salvedad hecha en precedencia, es que la entidad pensionante continúe cotizando para invalidez, vejez y muerte.

Así lo explicó en sentencia de 27 de febrero de 2003, radicación 19645, al interpretar el artículo 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año:

“Según puede verse, no es de la inteligencia de dicha norma, como lo asegura el censor, que para la compartibilidad de las pensiones legales de jubilación, el requisito de semanas cotizadas exigido por el Instituto de Seguros Sociales, para otorgar la pensión de vejez, deba ser cumplido, con cotizaciones hechas exclusivamente por el empleador pensionante, porque lo que el precepto exige, es que cuando este lo pensione, debe continuar cotizándole hasta cuando el trabajador reúna los requisitos mínimos para adquirir el derecho.

Ahora, si el tribunal en su sustento, en confusa interpretación de la disposición transcrita, pudo haber dado a entender, que después de concedida una pensión legal por un patrono, en adelante, para que se consolide la de vejez, eran indiferentes las cotizaciones efectuadas por el empleador o por terceros empleadores, cuando dijo: “Estima la Sala que la circunstancia de haber logrado el actor la consolidación de la pensión de vejez con cotización que no necesariamente provienen de Bavaria, no lo habilita para que continúe operando en el firmamento jurídico, la posibilidad que el beneficio pensional legal, tanto por el sistema patronal directo, como por el obligatorio de la seguridad social, descansen en cabeza de una misma persona, pues como es sabido ello repugna al principio de la unidad de prestaciones, en donde no puede acumularse el cubrimiento de un mismo riesgo por los dos sistemas atrás citados, pues como es sabido fueron creados para sucederse y no para aplicarlos de manera simultánea”, la verdad es, que por este aspecto el cargo sería fundado, pero al llegar a instancia se encontraría que la demandada sí tuvo afiliado al demandante al Instituto de Seguros Sociales y cotizó por él para el riesgo de vejez, desde el 1º de enero de 1967, hasta que se terminó la relación laboral, e hizo lo mismo, desde cuando lo jubiló, hasta que esta le otorgó la pensión de vejez”.

De este modo queda demostrado que el Banco Cafetero cotizó según los parámetros legales el tiempo necesario para que el actor adquiriera la pensión por vejez, en consecuencia le asiste todo el derecho de compartir la pensión de jubilación oficial que le reconoció al actor por medio de la Resolución 34 de 18 de febrero de 1971; por lo que habrá de confirmarse, por las razones expuestas, la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito Laboral de esta ciudad, el 8 de octubre de 2001.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 28 de febrero de 2003, en el proceso ordinario laboral promovido por José Hernando Lozano Reyes contra el Banco Cafetero, en cuanto a los numerales primero, tercero, cuarto y sexto; en sede de instancia confirma la decisión dictada por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, el 8 de octubre de 2001. No la Casa en lo demás.

Costas en las instancias a cargo del demandante. Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

___________________________________