Sentencia 23150 de agosto 5 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 23150 de 2004

Acta 56.

Magistrado Ponente:

Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil cuatro.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Augusto Erazo Solarte contra la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2003, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso seguido por el recurrente contra el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

I. Antecedentes

En lo que interesa a los efectos del recurso extraordinario, Augusto Erazo Solarte demandó al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con el fin obtener, previa declaratoria de terminación unilateral y sin justa causa de su contrato de trabajo, la reinstalación al cargo que venía desempeñando, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales. En subsidio solicitó el pago de lucro cesante y daño emergente, salarios dejados de percibir y pensión sanción.

El fundamento de sus pretensiones se sintetiza así:

Vinculado al instituto mediante contrato de trabajo a término fijo, se desempeñó como obrero vigilante del parque arqueológico de San Agustín por más de 16 años. Luego de que en marzo de 2001 solicitara “se investigaran posibles conductas ilegales de su jefe inmediato” y elevara queja relacionada con presuntas irregularidades de quien se desempeñara como subdirector administrativo de la entidad, la directora general del instituto demandado le comunicó, mediante carta del 25 de octubre de 2001, “la determinación ... de no prorrogar el contrato ... acogiéndose a lo estipulado en el numeral 1º de la causal para la terminación del mismo la expiración del plazo fijo pactado cuando se ha manifestado la no prórroga”. Su retiro es injusto y viola el principio de la estabilidad laboral pues “lejos de tratarse de una terminación ... del contrato por vencimiento del período ... lo que se trata es de una ruptura ... sin justa causa atribuible al patrono, debido a que ... se produjo como retaleación (sic) por las denuncias que presentara …”. Al momento en que se dispuso la terminación del contrato, subsistían las causas que originaron la relación laboral, y como siempre cumplió con las funciones encomendadas, la entidad estaba en la obligación de garantizar su renovación (fl. 2).

El instituto demandado se opuso a las referidas pretensiones habida consideración que la terminación del contrato del actor obedeció a la expiración del plazo inicialmente pactado, lo cual fue comunicado al actor con la debida antelación (fl. 133).

Conoció en primera instancia el Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito, Huila, que en sentencia del 23 de mayo de 2003, resolvió absolver al instituto demandado de las súplicas de la demanda (fl. 244).

II.Sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva confirmó la anterior decisión.

Con el fin de determinar “si la terminación del contrato de trabajo adoptada en forma unilateral por el instituto demandado y comunicada al demandante el 25 octubre de 2001, se aviene o no a lo establecido en la ley”, se remitió el ad quem a la comunicación correspondiente que obra a folio 42 y al contrato de trabajo celebrado el 16 diciembre de 1985 a término fijo de un año, “prorrogado automática y sucesivamente hasta el año de 2001 ...” y, luego de hacer referencia a los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, advirtió que en el sub examine “la entidad demandada, en su calidad de empleadora, cumplió con la obligación de expresar al demandante con la antelación debida su intención de no prorrogar el contrato”.

Por lo demás transcribió apartes de pronunciamientos de esta corporación “sobre los contratos a término fijo” y concluyó que “como las pretensiones principales y subsidiarias se edifican en la terminación unilateral e injusta del contrato, que ... no se da en el sub lite ... no están llamadas a prosperar” (fl. 7 cdno. tribunal).

III.Recurso de casación

Inconforme el demandante, pretende que la Corte case totalmente la sentencia impugnada con el fin de que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y condene a la demandada en los términos solicitados en la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos contra la sentencia, los que, por razones de método, se estudiarán de la siguiente manera: los dos primeros, enderezados por vía directa, de manera conjunta, y el tercero, independientemente.

Primer cargo. Por vía directa, acusa “por falta de aplicación las normas sustantivas contenidas en las disposiciones del artículo 8º de la Ley 6ª de 1945 modificado por la Ley 64 de 1946 en su artículo 2º, los artículos 43, 40 y 19 del Decreto 2127 de 1945, artículos 3º y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 17 y 53 de la Constitución Nacional ...”.

En su demostración se duele de que el tribunal, ya por haber ignorado el texto, ora por no haberle reconocido validez, hubiese dejado de aplicar el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945 “a pesar de haberse citado desde el mismo momento de la presentación de la demanda”. Hace referencia al artículo 19 de la misma normatividad que establece que en todo contrato se entienden incorporadas, aunque no se expresen, las disposiciones legales pertinentes, y alega textualmente:

“Como quiera que el artículo 43 del decreto reglamentario 2127 de 1945 afirma claramente que si extinguido el plazo inicialmente estipulado en el contrato, el trabajador continua prestando sus servicios al patrono, el contrato inicialmente pactado se considera por el solo hecho de la prórroga expresa o tácita prorrogado por tiempo indefinido, no se le puede dar una interpretación distinta a la norma que el considerar la obligatoriedad para el contratante que se encuentre en dicha situación de mantener en su cargo al trabajador al vencimiento de su contrato, ya que la relación laboral, después de la prórroga, se continúa rigiendo en sus efectos por las normas aplicables al contrato laboral a término indefinido.

“Ahora bien, para armonizar la norma citada, se debe dar aplicación al artículo 40 del mismo Decreto 2127 de 1945 reglamentario del artículo 8º de la Ley 6ª de 1945, a su turno modificado por el artículo 2º de la Ley 64 de 1946, que establece el contrato de trabajo de plazo presuntivo, según el cual, si no se ha estipulado su duración, se debe entender pactado por un término de seis meses, a menos que dicho término este estipulado o el mismo resulte de la naturaleza misma del servicio contratado.

“Así las cosas, no habiendo discusión sobre el hecho que el contrato ... se pactó por un término fijo de un año, que se prorrogó a partir del 16 de diciembre de 1986, obviamente, encontramos reunidos los requisitos para que se entienda que el contrato que regía a las partes en conflicto no se guiaba para el momento de la terminación por las normas que rigen el contrato a término fijo, sino, a contrario sensu por la normatividad aplicable al contrato a término indefinido, con un término presuntivo de un año habida consideración que este fue el inicialmente acordado entre las partes.

“Por tratarse de un trabajador oficial se debe tener en cuenta que le correspondía al Instituto Colombiano de Antropología e Historia mantener en su cargo al demandante, ya que las normas que se le aplican al contrato a término indefinido tienen la facultad de darle estabilidad al empleo, imponiendo dicha obligación a la demandada mientras exista necesidad del servicio.

“No obstante lo anterior, el tribunal, en ningún momento tuvo en cuenta dicha disposición legal, ya que solamente se limitó a tomar como normatividad aplicable los artículos 47 a 49 de la norma en cita, los cuales regulan las causas o modos de terminación de los contratos de trabajo; las justas causas sin previo aviso, y las justas causas con previo aviso, respectivamente.

“La falla del tribunal resulta protuberante, teniendo en cuenta que precisamente la demanda y el recurso de apelación propuesto contra el fallo de primera instancia hacen especial énfasis en las consecuencias que consagra el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945 en cuanto a la prórroga al afirmar que “se entiende prorrogado a término indefinido” aspecto coyuntural de la acción deprecada con el cual hemos venido sosteniendo el derecho a la estabilidad laboral y/o a la renovación del contrato”.

El opositor, por su parte, alega que no se puede desconocer en el sub judice la voluntad de los contratantes al pactar el término de duración del contrato, que mal podía el fallador aplicar unas normas que no regulan la materia y que “el contrato a término fijo no puede dejar de serlo por una interpretación amañada que hace de este el recurrente, pretendiendo aplicar una serie de normas que si bien es cierto regulan los contratos suscritos entre la administración y los trabajadores oficiales, también lo es que la norma aplicada por el tribunal subsume el caso concreto con lo cual queda desvirtuado que con el fallo se violado (sic) por falta de aplicación alguna norma de carácter sustancial”.

Segundo cargo. Acusa la sentencia “por violar por interpretación errónea los artículos 43, 40 y 19 del Decreto 2127 de 1945, el artículo 8º de la Ley 6ª de 1945 modificado por la Ley 64 de 1946 en su artículo 2º, el artículo 8º de la Ley 71 de 1961, los artículos 3º y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 17, 25 y 53 de la Constitución Nacional por la equivocada interpretación que el tribunal efectuó de las jurisprudencias proferidas por la honorable Corte Suprema de Justicia en mayo 11 de 2000 y febrero 7 de 2003 radicación 13561 y 19343, respectivamente, violando de contera el principio de la estabilidad laboral del demandante”.

En su demostración alega que la interpretación del tribunal “resulta desafortunada por cuanto la jurisprudencia citada resolvió definitivamente un caso ventilado entre un trabajador particular con una empresa privada, aplicándosele en consecuencia a dicha relación laboral las normas pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo”, mientras que en el sub examine, se trata de una relación “de un trabajador oficial con un establecimiento público, en razón de lo cual se rige por unas normas especiales …”.

En este orden de ideas destaca que a efectos de determinar si la demandada podía o no dar por terminado válidamente el contrato en cuestión “el tribunal debió dar aplicación, en lo pertinente, a la Ley 6ª de 1945 en su artículo 8º, y en especial al Decreto 2127 de 1945 en sus artículos 40 y 43, en concordancia con el artículo 2º de la Ley 64 de 1946, por tratarse de una relación laboral de carácter oficial; pero no podía en ninguno de los casos, equiparar, como en efecto lo hizo, dos tipos de relaciones totalmente diversas y con sustentos legales propios bajo una misma preceptiva, al encuadrar el caso sub lite bajo los mismos postulados de otro caso distinto, consagrado en la jurisprudencia citada el cual se refirió a una relación entre particulares ...”.

Hace énfasis en que el principio de estabilidad en el empleo tiene plena aplicación “y está taxativamente señalado a favor de los empleados oficiales en el artículo 23 (sic) del Decreto 2127 de 1945, norma que no existe para el caso de las relaciones laborales entre particulares” y concluye:

“El estado empleador, por expresa disposición constitucional ... debe contar con una planta de personal, en razón de lo cual el ingreso y permanencia en el cargo se supedita a la existencia del puesto de trabajo y a la disponibilidad presupuestal para la cancelación del mismo; así las cosas, correspondía a la parte demandada, respetar la estabilidad en el empleo al demandante, mientras existiera el cargo y el trabajador cumpliera con sus obligaciones, como único medio para salvaguardar el derecho al trabajo consagrado como derecho fundamental ...”.

El opositor considera que “carece de total técnica jurídica la afirmación que hace el recurrente al indicar que se viola una norma de carácter sustancial por una interpretación que el tribunal hace de una jurisprudencia, es decir que la interpretación errónea se debe hacer de la norma al caso concreto que está dilucidando el tribunal y no de una jurisprudencia, que resolvió otro caso concreto y particular ...”.

IV.Consideraciones de la Corte

Por estar diseñados ambos cargos por la vía directa y perseguir el mismo objetivo, se estudiarán en forma conjunta por la Corte.

Dada la vía escogida, no es materia de discusión el supuesto fáctico que diera por acreditado el tribunal en el sentido de que la causal alegada por el instituto demandado para dar por terminada la relación laboral con el actor “aparece en el contrato de trabajo celebrado a término fijo de un año, suscrito ... el 16 de diciembre de 1985 y que fuera prorrogado sucesivamente, así: “DÉCIMA SEGUNDA. Terminación del contrato. El contrato de trabajo termina: 1. Por la expiración del plazo fijo pactado cuando se ha manifestado la no prórroga …”. Y en relación con la prórroga se pactó en la cláusula OCTAVA: “Si ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá prorrogado por un (1) año más y así sucesivamente …””.

Considera la censura que el contrato en cuestión “no se guiaba para el momento de la terminación por las normas que rigen el contrato a término fijo, sino, a contrario sensu por la normatividad aplicable al contrato a término indefinido …”, pues así se desprende del artículo 43 del Decreto 2127 de 1945 cuando ““afirma ... que si extinguido el plazo inicialmente estipulado en el contrato, el trabajador continúa prestando sus servicios al patrono, el contrato inicialmente pactado se considera por el solo hecho de la prórroga expresa o tácita prorrogado por tiempo indefinido ...” y que, en este orden de ideas, era menester “mantener en su cargo al trabajador al vencimiento de su contrato”.

Sin embargo, resulta errada tal apreciación como que es para el caso que no constare por escrito la prórroga a plazo del contrato celebrado por tiempo determinado, que la normativa en cuestión prevé la alegada mutación cualitativa del vínculo contractual, esto es que el contrato pactado a término fijo se convierta, al vencimiento de este, en uno a término indefinido.

Dispone textualmente el artículo 43 en discusión:

“El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno, salvo estipulación en contrario, se entenderá prorrogado en las mismas condiciones, por períodos iguales, es decir, de seis en seis meses, por el solo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o tácito, después de la expiración del plazo presuntivo. La prórroga a plazo fijo del contrato celebrado por tiempo determinado deberá constar por escrito; pero sí extinguido el plazo inicialmente estipulado, el trabajador continuare prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o tácito, el contrato vencido se considerará, por ese solo hecho, prorrogado por tiempo indefinido, es decir, por períodos de seis meses” (negrilla de la Sala).

Se tiene entonces que lo que la norma transcrita estatuye en tratándose de contratos celebrados por tiempo determinado, es la necesidad de que la prórroga a plazo fijo conste por escrito; y a falta de este pacto actúa la prolongación por períodos de seis meses o, para el caso que nos ocupa, por un año, conforme lo alega la censura solamente se da cuando no ha tenido lugar dicha estipulación escrita sobre prórroga.

De tal modo, no resulta válido sostener que el contrato laboral concertado a término fijo, que se prolonga en el tiempo, se convierta por ese sólo hecho en una relación de prórrogas indefinidas por su vocación de permanencia, pues, se repite, tal mutación —de seis meses en seis meses— sólo opera a falta de estipulación escrita sobre su prórroga.

En este orden de ideas, no incurrió el tribunal en el yerro jurídico endilgado.

Tercer cargo. Por vía indirecta, acusa la sentencia “por violar por aplicación indebida ... los artículos 47 a 49, 43, 40, 38, 19 y 11 del Decreto 2127 de 1945, los artículos 49 y 8º de la Ley 6ª de 1945, modificado por el artículo 2º de la Ley 64 de 1946, los artículos 3º y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 61 del C.P.T.S.S. y los artículos 17, 25, y 53 de la Constitución Nacional”.

Afirma que la errónea apreciación del contrato de trabajo de folio 13, los otrosí 001 y 003 al mismo (fls.16 y 48), la demanda y su contestación, y la falta de estimación de las pruebas relacionadas a folios 14 y 15 de este cuaderno, condujo al tribunal a incurrir en los siguientes errores ostensibles de hecho:

“3.2.1. Tener por probado, no estándolo, que la relación laboral que regía al momento del retiro entre el demandante ... y el demandado ... era guiada por las normas que rigen el contrato laboral a término fijo.

“3.2.2. Tener por probado, no estándolo, que la parte demandada terminó el contrato amparada en una causa legal.

“3.2.3. Tener por probado, no estándolo, que la comunicación efectuada por la demandaba de no prorrogar el contrato ... de manera alguna determina decisión unilateral e injusta por parte del empleador, susceptible de ser indemnizada.

“3.2.4. No tener por probado, estándolo, que el motivo real de la terminación del contrato ... fueron las retaliaciones por haber expresado inconformidades y denuncias en contra de directivos de la parte demandada”.

En su demostración hace referencia, en primer lugar, a la “causal alegada” para terminar el contrato en cuestión y expresa:

“La conclusión del tribunal resultó errada por la sencilla razón de haber dado por probado, que la relación laboral a la fecha de la terminación era guiada por las normas que rigen el contrato a término fijo, circunstancia que no era viable efectuar simplemente con la lectura gramatical del contrato, que aparentemente fue lo que sucedió; en este punto se encuentra la primera equivocación del tribunal cuando da por probado que el contrato que existía entre las partes era a término fijo y que se había prorrogado hasta el año 2001, desconociendo por ende el artículo 53 de la Carta Magna, según el cual en materia laboral prima la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

“No es que desconozcamos el hecho de que los contratos a término fijo se puedan prorrogar automática y sucesivamente, sin que se altere la esencia del contrato, esto es que continúen siendo contratos a término fijo; sencillamente el asunto deviene en el hecho que para los trabajadores oficiales existe una normatividad propia, según la cual la prórroga del contrato pactado a término fijo hace que hacia el futuro, dicho contrato transite por las vías propias del contrato a término indefinido, y en consecuencia, su terminación se supedita a las normas que gobiernan esta última modalidad contractual, normatividad que difiere de las relaciones laborales gobernadas por el Código Sustantivo del Trabajo, en las cuales sí tiene plena aplicabilidad la prórroga sucesiva del contrato laboral a término fijo sin que altere su duración determinada en el tiempo ...”.

Se refiere luego al contrato de trabajo y a los dos otrosí que se dieron al mismo para destacar que el error en que incurrió el tribunal consistió en no haberles dado a estos “el alcance legal deprecado en la norma, al haber pretermitido, sin fundamento válido darle las consecuencias jurídicas propias a la renovación que en forma sucesiva se produjo durante quince (15) oportunidades, aplicando una norma que no correspondía o concediéndole efectos no consagrados en la misma” y, por último, pasa a examinar la prueba testimonial la cual afirma tuvo “como esencia, probar los hechos enunciados con la demanda y la respuesta ...”.

De otra parte, hace alusión a la “causa real” para la terminación del contrato y a este respecto arguye que no obstante ser un imperativo legal y constitucional que el juez al emitir su fallo, lo haga teniendo en cuenta las causas reales y no meramente formales o aparentes que se hayan tenido cuenta para dar terminado el contrato, “el tribunal no tuvo en cuenta la abundante prueba documental auténtica y la prueba no calificada (testimonial) ... que da cuenta que el señor Augusto Erazo Solarte, siendo trabajador oficial al servicio de la demandada, reclamó a los directivos del instituto ... por la entrega de la dotación a que tenía derecho y dicha reclamación se convirtió en la causa real de la terminación laboral ...”.

Para confirmar su aserto, hace alusión a las diversas pruebas que sostiene evidencian “las denuncias efectuadas por el demandante contra directivos de la demandada” y ponen de presente el inconveniente que tuviera el demandante con uno de directivos de la empresa, así como a los “indicios graves que comprometen la responsabilidad de la demandada en una decisión unilateral e injusta al dar por terminado el contrato motivada en retaliaciones contra el trabajador y no es una causa legal como lo admitió erróneamente el tribunal”.

El opositor destaca nuevamente la “evidente ... falta de técnica jurídica por parte del memorialista toda vez que en el momento de emitir un fallo el juzgador tiene las pruebas como un todo con lo cual logra hacerse un juicio al respecto y el memorialista al señalar que si estimo pero equivocadamente unas pruebas y posteriormente señala unas que fueron dejadas de estimar, esto excluiría inmediatamente la transgresión de la norma vía directa por que en estricto sentido son excluyentes”. Alega que el recurrente, sin mayor explicación, “se limita a relacionar una serie de documentos y a esgrimir una serie de argumentos que son definitivamente inconducentes para comprobar que el juez dejó de apreciar o apreció de manera irregular las pruebas ...” y que de todo el texto de la demostración del cargo “no se desprende de ninguna manera el nexo causal entre la animadversión por parte de las directivas hacia el señor ... Erazo Solarte y su terminación del contrato”.

VI.Consideraciones de la Corte

La censura centra su inconformidad con el fallo recurrido en el hecho de haber concluido el tribunal que la terminación del contrato de trabajo del actor no fue injusta, en tanto fue “amparada en una causa legal”, al considerar que su relación “era guiada por las normas que rigen el contrato laboral a término fijo”, que la parte demandada adoptó la determinación en cuestión. Para desvirtuar tal conclusión, se remite a una serie de pruebas de cuya errónea o falta de apreciación se duele, cuyo examen objetivo muestra lo siguiente:

1. En el contrato que celebraron las partes (fl. 13) se estipuló que su duración sería de un año, contado a partir del 15 de diciembre de 1985 y se acordó que si con una antelación no inferior a treinta días a la fecha de vencimiento del dicho término ninguna de las partes avisaba por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, se entendería renovado por un año y así sucesivamente (cláusula 8ª). La simple lectura del documento basta para advertir que el tribunal no incurrió en error de apreciación cuando dedujo que se trataba de un contrato “celebrado a término fijo de un año ... y ... prorrogado sucesivamente”.

2. Los otrosí al contrato en cuestión que obran a folios 16 y 48, dan cuenta de la intención de las partes de modificar, ya su cláusula tercera sobre remuneración, ora las cláusulas primera y tercera “en el sentido que el cargo y funciones a desempeñar será el de oficial de obras ... y el sueldo será el correspondiente a dicho cargo” y, en ambos casos, con la advertencia de que las “demás cláusulas ... continuarán en la forma en que inicialmente fueron pactadas”, de modo que no contradicen ni desvirtúan la cuestionada conclusión a que llegara el tribunal.

3. La demanda y su respuesta no son, en sí mismas, prueba calificada para fundar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, y aunque se ha aceptado jurisprudencialmente que dichas piezas procesales pueden contener elementos de convicción capaces de generar un desacierto de tal índole, como ocurre, por ejemplo, cuando existe una confesión, nada plantea el impugnante sobre este particular, pues se limita a relacionarlas como mal apreciadas sin endilgarle al tribunal desatino manifiesto alguno en su apreciación.

4. Por lo demás, las diversas comunicaciones y cartas visibles a folios 22 a 37, 42 a 45, 99 a 103, 117 y 118 que, según el recurrente demuestran la “causa real” que dio lugar a la terminación de su contrato y de cuya falta de estimación se duele, en efecto informan sobre quejas y reclamos hechos por el actor por la entrega incompleta de la dotación a que afirma tener derecho, pero ello resulta totalmente intrascendente, en la medida en que no contradice la conclusión del ad quem en el sentido de que la determinación adoptada por el instituto demandado se aviene a lo establecido en la ley y que, en consecuencia, no fue injusta la terminación del contrato de trabajo del actor.

En cuanto a las demás omisiones probatorias imputadas al sentenciador, se observa que el documento de folio 42, que corresponde a la comunicación en la que se le informa al demandante que la administración del instituto no está interesada en prorrogar su contrato, contrario a lo alegado en el ataque, sí fue apreciado por el tribunal, y en lo que respecta al documento de folio 47, no explica el recurrente qué es lo que en realidad acredita, de modo ostensible, en contra de lo concluido por el tribunal, ni precisa de que manera incidió su falta de estimación en la decisión.

Finalmente, no evidenciado error de hecho a través de las pruebas examinadas, se hace improcedente analizar la prueba testimonial, no calificada para fundar cargo en casación.

No prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha quince (15) de septiembre de dos mil tres (2003), proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el juicio seguido por Augusto Erazo Solarte contra el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Magistrados: Eduardo López Villegas—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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