Sentencia 2316 de octubre 10 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

OBLIGACIÓN ESPECIAL DE EMPLEADORES

SI SUS TRABAJADORES LABORAN 48 HORAS SEMANALES

EXTRACTOS: «Texto de la norma acusada. Esta disposición constitucional en realidad de El artículo 21 de la Ley 50 de 1990, es del siguiente tenor:

“ART. 21.—Adiciónase al capítulo II del título VI parte primera del Código Sustantivo del Trabajo el siguiente artículo:

Dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, éstos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación”.

b) El trabajo como obligación social.

Este principio que surgió por primera vez en nuestro Ordenamiento Constitucional en el año de 1936 (Acto Legislativo número 1 art. 17) y que fue reiterado en los mismos términos en la codificación de 1945 bajo el número 17 se encontraba consagrado en el Estatuto Supremo vigente al momento de presentarse la demanda así: “El trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado”.

Esta disposición constitucional en realidad de verdad no sufrió modificación sustancial dentro de la Carta Política que hoy impera, como se puede leer en el artículo 25 en el que se contempla:

“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Como se puede apreciar, este mandato superior, además de conservar el contenido del artículo 17 de la Constitución Nacional anterior, adicionó un complemento de gran importancia cual es el de reconocer que el trabajo es un derecho. De manera que hoy ya no se concibe el trabajo únicamente como una obligación social, sino también como un derecho fundamental protegido por el Estado, fuera de que conservando— porque está dentro de la naturaleza de las cosas— su carácter de factor esencial del proceso económico— mas no ya como una simple mercancía— accede a los marcos de los bienes constitucionales.

Ahora bien, el derecho al trabajo que es inherente a toda persona humana, consiste en la facultad que tiene todo individuo de utilizar sus capacidades o aptitudes en una actividad lícita con un fin determinado, que a guisa de ejemplo puede ser el de satisfacer necesidades de diversa índole, el de adquirir los medios necesarios para su sostenimiento, el de generar o aumentar un patrimonio, etc., así como el de obtener determinados logros en el arte, la cultura o la ciencia.

Pero este derecho al trabajo no se puede concebir solo, por cuanto todo derecho supone la existencia correlativa de un deber, deber que se impone no sólo a los individuos sino también al Estado, y es así como a los primeros se les ordena cumplir con la obligación de trabajar con lo cual se busca combatir la ociosidad y la vagancia que pueden llevar hasta ser zonas vecinas del delito; y al segundo se le obliga a crear condiciones de vida que les permita a todas las personas desarrollar sus actividades, o dicho en otras palabras el Estado tiene la obligación de suministrar a tales individuos los elementos necesarios para que puedan ejercer su trabajo, como es el caso de la implementación de políticas conducentes al pleno empleo (art. 334, C.N.) y de la regulación del mismo para que sea digno y justo (art. 25, ibídem).

c) La norma acusada.

El artículo 21 de la Ley 50 de 1990 que es objeto de demanda, consagra un derecho para los trabajadores como es el de poder disfrutar de dos horas a la semana dentro de su jornada laboral ordinaria, para dedicarse a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación y una obligación para los empleadores que reúnan las condiciones que la misma norma establece, cuales el de concederlas.

Dichas condiciones son:

— Que se trate de un empleador que tenga el carácter de empresa;

— Que la empresa cuente con más de cincuenta (50) trabajadores a su servicio;

— Que la jornada laboral ordinaria en dicha empresa sea de cuarenta y ocho (48) horas semanales.

De otro lado obsérvese que las dos horas a que alude la norma son a la semana, que éstas deben concederse dentro de la jornada laboral ordinaria del trabajador y que las actividades a las cuales se puede dedicar el empleado son exclusivamente de carácter recreativo, cultural, deportivo o de capacitación, lo que conlleva decir que no se trata de una disminución de la jornada ordinaria, dada la destinación especial que se atribuye a estas horas y la obligación que se impone al patrono de hacerla efectiva en su propósito.

Al confrontar esta disposición legal con la Constitución de 1991 que hoy nos rige, especialmente con el artículo 25 que fue analizado en el punto anterior, considera la Corte que, lejos de contrariarse este canon superior, constituye su desarrollo inequívoco, así como el de otros que se procede a analizar, pues es corolario claro de la competencia que tiene el legislador para regular la jornada máxima laboral como uno de los aspectos fundamentales de la relación de trabajo a lo cual se suman en este caso otras motivaciones que la justifican .

En efecto, el artículo demandado contiene una norma de justicia social que persigue la protección del trabajador y un beneficio para las empresas, al crear un mecanismo eficaz para promover la capacitación de los trabajadores con el ánimo de que puedan cumplir su labor con mayor eficiencia y conocimiento, a la vez que puedan elevar su nivel cultural, como también permitirles la oportunidad de que se recreen o desarrollen actividades de carácter deportivo que dada la jornada laboral que están obligados a cumplir antes no tenían la oportunidad de hacerlo. Todo lo cual repercute indudablemente en una mayor producción y mejoramiento de la tarea que cada trabajador está obligado a realizar, al igual que constituye un acrecentamiento en las relaciones laborales, puesto que el trabajador se incentiva para desempeñarse en condiciones superiores a las que hasta ahora había tenido acceso.

Criterio que está acorde con el pensamiento que el legislador dejó expuesto en la ponencia que se presentó para primer debate en el Congreso, que aparece publicada en los Anales del Congreso, número 113 del 7 de noviembre de 1990, y que textualmente dice:

“Colombia tiene que armonizar cada día más la relación entre el empleador y el trabajador. Esto es una premisa para el éxito de la modernización, que dependerá de la eficiencia, de la productividad y de una democracia firme y solidaria en los diferentes campos de la vida nacional.

A la armonía de la relación aportan la integración social, el sentido de pertenencia del trabajador con respecto a la empresa, el esparcimiento asociado a la disciplina del trabajo, y el mejoramiento de las condiciones de la labor y de sus resultados.

En razón de lo anterior, el pliego de modificaciones propone que aquellos trabajadores que laboren 48 horas a la semana, dediquen 2 horas... a desarrollar alternativamente actividades recreativas, bien sea culturales o deportivas, preferentemente en forma de participación y de capacitación para mejorar la productividad de la empresa y las condiciones de labor, que incluirán mecanismos de cogestión orientados a ese fin, tales como círculos de calidad, grupos de trabajo sobre salud ocupacional, etc. El empleador reglamentará la utilización de este tiempo”.

Por otra parte no advierte la Corte que el precepto demandado infrinja el artículo 16 del Estatuto Superior antes vigente y que hoy aparece incluido en los mismos términos en el inciso segundo del artículo 2º de la Carta de 1991 en cuanto los bienes del patrono o empleador resultarían maltratados por la disposición en comento, pues esta aseveración del demandante seguramente se basa en que a su modo de ver las dos horas especiales son diarias, en lo cual se equivoca, pues son semanales y entonces no se alcanza a suscitar el tema propuesto sino que más bien se recuerda el precepto constitucional conforme al cual la empresa “tiene una función social que implica obligaciones” (art. 333, C.N.), obligación que en este caso, dado el tamaño de la empresa según las condiciones expresadas, no parece ser ponderosa.

Por otro lado hay que entender que corresponde al empleador, así como tiene la obligación de hacer efectiva la norma, reglamentar la forma como va a operar dicho mandato legal, para no causar traumatismo al desarrollo normal de las labores empresariales.

En consecuencia, no encuentra la Corte que la norma acusada vulnere ninguna disposición constitucional del ordenamiento anterior ni del hoy reinante, y más bien se adecúa a lo estatuido en el artículo 25 actual, pues si el Estado impone a todo individuo la obligación de trabajar, también es cierto que él tiene la obligación de brindarle oportunidades para que pueda mejorar sus condiciones de vida en el campo intelectual, deportivo, recreativo y cultural (v. arts. 52 y 70 y ss. C.N.), como también el de proporcionarle los medios necesarios para poder adquirir una formación profesional o técnica de acuerdo a sus capacidades tal como lo prescribe el artículo 54 ibídem, conforme al cual “es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación técnica a quienes lo requieran”.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previa ponencia de la Sala Constitucional, oído el parecer fiscal y de acuerdo con él,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 21 de la Ley 50 de 1990.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 128, octubre 10 de 1991. Expediente 2316. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein).

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