Sentencia 2317 de octubre 3 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

EXTRACTOS: «Disposiciones acusadas. Es el artículo 75 del Decreto-Ley 222 de 1983 que se subraya en la parte demandada y cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 75. Del pago en moneda nacional o extranjera. Cuando no se exprese otra cosa, las cantidades que se estipulen en los contratos serán en moneda nacional.

Las obligaciones que conforme a la ley se contraigan en moneda o divisas extranjeras se cubrirán en la moneda o divisa estipulada si fuere legalmente posible; en caso contrario se cubrirán en moneda nacional, conforme a las prescripciones legales y tipo de cambio vigentes al momento de hacer el pago.

En toda licitación internacional los oferentes nacionales podrán señalar el valor de sus propuestas en moneda extranjera. En tal evento, cuando se realicen los pagos, el monto en moneda nacional de los mismos se liquidará utilizando la tasa de cambio vigente en el momento de hacer el pagó''.

(...).

2. Carencia actual de objeto.

Ha de tenerse en cuenta en primer lugar el planteamiento de la Procuraduría sobre la carencia actual de objeto para decidir de fondo sobre la impugnación de inconstitucionalidad de la norma demandada, esto es, el artículo 75 del Decreto Ley 222 de 1983 respecto de sus incisos 2º y 3º, en vista de que esta norma carecía de vigencia al momento de presentarse la demanda.

Sobre el particular observa la Corte:

a) En cuanto hace al inciso 2º del artículo 75 del Decreto Ley 222 de 1983, estima la corporación que las obligaciones en moneda extranjera en el campo de la contratación administrativa del Decreto Ley 222 de 1983, además de ser norma propia para esta clase de negocios, no tiene el carácter de disposición de régimen de cambios exteriores, como más adelante se explicará, y por ello no resulta pertinente su comparación con el artículo 28 de la Ley 9a de 1991 “por la cual se expiden” normas generales a las que debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales, que cabalmente sí gobierna las obligaciones cambiarias en dinero foráneo de manera general. Por ello no resulta acertada la afirmación del Procurador sobre que el segundo de los mencionados textos deroga el primero.

b) Licitaciones internacionales.

Previene el artículo 30 de la Ley 9a de 1991, lo siguiente:

“Monedas aceptadas en las licitaciones internacionales de las entidades del Estado. A partir de la vigencia de la presente Ley, todos los participantes en las licitaciones internacionales que realicen las entidades de derecho público a nivel nacional, departamental o municipal, deberán presentar sus precios de oferta y la financiación que ofrezcan en pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos. Ninguna otra moneda será aceptable para este efectó''.

Comparado el artículo 75 inciso último del Decreto Ley 222 de 1983 con el artículo 30 de la Ley 9a de 1991 se halla que indudablemente aquél fue reemplazado parcialmente por este último, por las siguientes razones: uno y otro texto abordan la materia de las licitaciones internacionales promovidas por el Estado, para establecer la clase de moneda en que se pueden hacer las ofertas por los participantes en ellas. Así, el artículo 30 subroga el artículo 75 inciso 3º, en varios aspectos: no hace calificación alguna respecto de los participantes en las licitaciones internacionales (el artículo 75 se concretaba a la oferta de los nacionales), precisa que son las licitaciones internacionales que lleve a cabo el Estado en todos sus niveles, a saber: nacional, departamental y municipal; y especifica que la única moneda en que se pueden presentar precios de oferta y la correspondiente financiación, es la nacional y el dólar de los Estados Unidos, al paso que el artículo 75 preveía al efecto cualquier clase de divisas.

Habiéndose dictado entonces con posterioridad a la expedición del artículo 75 inciso 3º del Decreto Ley 222 de 1983 una norma, el artículo 30 de la Ley 9a de 1991, sobre la misma materia, habrá de prevalecer esta última en relación con los aspectos señalados que no son objeto de impugnación, de acuerdo con claros postulados de hermenéutica legal.

Mas de todos modos continúa vigente la fracción del artículo 75 inciso 3º relativa a la tasa de cambio para convertir en pesos colombianos el dólar y que es materia de enjuiciamiento, porque además de que el susodicho artículo 30 no trató este punto, por otra parte y por no reflejarse en las licitaciones internacionales del Estado operaciones de régimen de cambios internacionales respecto de las ofertas de los participantes en ellas, el texto controvertido seguirá siendo factor de referencia para cotizar la moneda extranjera en términos de la nacional.

Parcialmente se acepta pues la derogación propuesta por el Procurador, aunque ello no afecta para nada este fallo, pues de todos modos el segmento demandado del artículo 75 inciso 3º sigue en vigor, según las consideraciones que al respecto se harán más tarde.

3. Examen material

Se endilga a los segmentos acusados del artículo 75 del Decreto Ley 222 de 1983 que por versar sobre aspectos de cambios internacionales le estaba vedado al Presidente de la República proveer sobre tal tema, que es, de conformidad con los artículos 76 numeral 12 y 120 numeral 12 de la anterior Carta Política, propio del Congreso quien está facultado para dictar las leyes cuadros que trazan los criterios y políticas generales al respecto, y del Ejecutivo Nacional, quien las desarrolla particularmente.

No comparte la Corte esta apreciación, ya que según las explicaciones que en seguida se darán, los textos acusados no plantean cuestiones de régimen de cambios internacionales y por ello escapan a la temática juspublicista de las leyes cuadros, que suscita el actor.

En efecto:

1. El artículo 75 del Decreto Ley 222 de 1983, derogado parcialmente por el artículo 30 de la ley 9a de 1991, según atrás se explicó, es regla general para la contratación administrativa y por lo tanto no puede verse en él reglamentación alguna sobre régimen cambiario internacional, contrariamente a lo sostenido por el demandante.

En primer término ha de decirse que dicho texto es desarrollo de la autorización conferida al Presidente de la República por la Ley 19 de 1982 en su artículo 10 ordinal 2º literal d) para reformar el estatuto de la contratación de la nación y sus entidades descentralizadas previsto en el Decreto 150 de 1970 y normas concordantes, en punto al “régimen de estipulaciones y cláusulas que deben contener los contratos“.

(...).

El artículo 75, objeto de controversia, se refiere al pago en moneda nacional o extranjera del siguiente modo: como premisa general se sienta la de que a falta de estipulación expresa, las cantidades que se pacten en los contratos se entiende que serán en moneda nacional. Contempla la posibilidad de que las obligaciones se convengan en divisas extranjeras en cuyo caso se satisfarán en dicha moneda si legalmente se pudiere; de lo contrario el pago se hará según las prescripciones legales y la tasa de cambio vigente al momento de efectuarse el mismo (inciso 2º). El inciso 3º de dicho artículo 75 previene el evento de las licitaciones internacionales promovidas por el Estado para disponer que los oferentes tienen la opción de presentar sus propuestas en dólares de los Estados Unidos (según la modificación del artículo 30 de la Ley 9a de 1991 ya explicada), caso en el cual la moneda nacional se liquidará a la tasa de cambio imperante al momento de hacerse el pago.

Y era menester consagrar las cláusulas del artículo 75 porque de esta manera se proveía a solucionar legalmente la forma como ha de mudarse la moneda extranjera a moneda colombiana en los eventos de los incisos 2º y 3º, esto es, usando como medida de conversión la tasa de cambio específica en la mencionada fecha del pago.

2. En la hipótesis del inciso 2º no se trata bajo ningún respecto de regular cambios internacionales y si se menciona una tasa de cambio ello se hace únicamente como punto de referencia para los contratantes a fin de que éstos, cuando haya de por medio obligaciones pactadas en divisas extranjeras sepan que su conversión en dinero nacional se hará al tipo de cambio vigente al momento de realizarse el pago. Se trata de contratos u operaciones celebrados y ejecutados en el país, relacionados con la contratación administrativa y en que las obligaciones pactadas en monedas extranjeras se cuantificarán en moneda doméstica tomando como medida de referencia la tasa aludida y al mismo tiempo estableciéndose una excepción al artículo 249 del Decreto Ley 444 de 1967 “sobre régimen de cambios internacionales y de comercio exterior” de acuerdo con el cual en tratándose de obligaciones en moneda extranjera que no correspondan a operaciones de cambio exterior, su pago se hará en “moneda legal colombiana a la tasa del mercado de capitales vigente en la fecha en que fueron contraídas” (subraya la sala). La misma regla de tomar la tasa de cambio a esta fecha consagra el nuevo Estatuto Cambiario de la Ley 9a de 1991 para tal clase de operaciones (art. 28 en armonía con la Resolución 57 de 1991 de la Junta Monetaria).

No hay de por medio entonces elemento o componente del concepto económico de cambio internacional, porque como fácilmente se evidencia de lo dicho, además de satisfacerse la obligación en moneda nacional, no se trata de regular en el artículo 75 inciso 2º movimiento de capitales entre países en que esté comprometido un flujo de entrada y salida de divisas, ni tampoco que dicha norma a su vez se inspire en criterio alguno de los que las naciones tienen en cuenta para regular su cambio internacional.

(...).

El mismo predicamento anterior de que no se trata de regular operaciones de cambio internacional cabe hacer en relación con el segmento demandado del inciso 3º del artículo 75 del Decreto Ley 222 de 1983 atinente al tipo de cambio para convertir en moneda colombiana la divisa foránea en tratándose de licitaciones internacional del Estado. Simplemente se toma como parámetro de medida de conversión dicha cotización respecto verbi gratia de contratos de construcción de obras públicas o prestación de servicios, etc., que han de realizarse en el país, y sin que ello signifique que se esté frente a transacciones propias del régimen de cambio exterior, según las explicaciones que sobre esta institución económica se dieron precedentemente.

De acuerdo entonces con las consideraciones expuestas, las normas acusadas además de no contrariar la Constitución anterior no se oponen a la nueva por ello han de declararse exequibles. Valga anotar al respecto de la contratación administrativa que específicamente el artículo 150 inciso último de la Carta vigente defirió en el Congreso la facultad de expedir su estatuto general.

Ha de decirse también que la normación aplicable en punto a facultades extraordinarias y en relación con sus requisitos y formalidades es el artículo 76 numeral 12 de la Constitución de 1886, pues fue dentro de la vigencia de ésta cuando se expidieron tanto la Ley 19 de 1982 de facultades y el Decreto Ley 222 de 1983 en desarrollo de aquélla.

El nuevo ordenamiento constitucional también contempla la figura de la habilitación por el Congreso al Presidente de la República de precisas facultades, para que expida decretos leyes cuando la necesidad lo exija o la conveniencia lo aconseje. Mas ello encuadrado dentro de lineamientos diferentes como es el plazo de seis (6) meses para ejercer tales facultades y la sustracción que se hace de ciertas materias de ser objeto de la delegación extraordinaria, cuales son entre otras, la expedición de códigos, leyes estaturarias, leyes orgánicas y la imposición de tributos (art. 150-10 C.N. 1991).

VI. Decisión

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia Sala Plena, previa ponencia de su Sala Constitucional y oído el concepto del Señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES las frases: “y tipo de cambio vigentes al momento de hacer el pagó”del inciso 2º y, “En tal evento, cuando se realicen los pagos, el monto en moneda nacional de los mismos se liquidará utilizando la tasa de cambio vigente en el momento del pagó'', del inciso 3º del artículo 75 del Decreto Ley 222 de 1983.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia No. 124, octubre 3 de 1991. Expediente 2317. Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez).

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