Sentencia 232 de mayo 20 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA DE CASACIÓN LABORAL

ACCIÓN DE TUTELA

NO PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS

EXTRACTOS: «1. Sea lo primero insistir en el criterio, ya expresado por esta corporación en múltiples oportunidades, según el cual el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 es inaplicable en la medida en que dispuso la procedencia de la acción de tutela para casos en los que el supuesto afectado, que disponía de otros medios de defensa judicial, los ejercitó en un proceso y obtuvo una sentencia judicial definitiva.

La regulación del artículo 40 que se deja de aplicar por inconstitucional, transgrede abiertamente el inciso 3º del artículo 86 de la Carta en la medida que contempla la posibilidad de que mediante tal procedimiento sumario se destruya o menoscabe la firmeza que resulta de la cosa juzgada como efecto de la sentencia judicial definitiva. Como es apenas obvio, el “mecanismo transitorio” que procura evitar un perjuicio irremediable no puede jamás proceder en aquellos casos en los que, concluido el proceso, se ha proferido por el juez competente el fallo final resolutivo del derecho judicialmente debatido, pues si así fuera la acción de tutela, además de ejercitarse por quien ya dispuso de “otro medio de defensa judicial”, dejaría de ser utilizada “como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, y se convertiría en un inconstitucional procedimiento paralelo a los legalmente previstos como garantía del debido proceso.

En el fallo del 9 de diciembre de 1991 de la Sala de Casación Civil, y posteriormente en diferentes sentencias de las demás salas especializadas y de su propia Sala Plena, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto con suficiencia argumentos que justifican la inaplicación del referido artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 en acatamiento del artículo 4º de la Carta Política, según el cual “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

2. Quienes piensan que se ajusta a los dictados de nuestro Código Superior el establecimiento de controles mediante la acción de tutela sobre las sentencias definitivas que profiere la Corte Suprema de Justicia, desconocen la jerarquía de máximo tribunal de la justicia ordinaria que ostenta, esta corporación de conformidad con el artículo 234 de la Constitución Política. E igualmente desconocen que la igualdad jerárquica de las diferentes salas especializadas, excluye necesariamente la procedencia de controles por parte de alguna de ellas sobre las otras respecto de sus decisiones judiciales, o de la Corte en pleno sobre las sala en cuanto a los asuntos que la ley señala para su conocimiento separado. Así mismo, desconocen que el principio de independencia en las decisiones que consagra el artículo 228 de la Constitución implica la no interferencia de las diferentes jurisdicciones entre sí. Y, por consiguiente, desconocen también que la cosa juzgada es consustancial al debido proceso y que como garantía constitucionales ambas, la cosa juzgada y el debido proceso, son parte integrante del derecho sustancial.

3. Debe precisarse que al instituir el artículo 29 de la Constitución Nacional la garantía del debido proceso lo hace para toda clase de actuaciones judiciales y que dicha norma específicamente consagra el derecho que tiene toda persona “a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho” vale decir, que de manera clara la propia Carta Política establece entre los derechos y garantías fundamentales el de la certeza resultante de la intangibilidad de la cosa juzgada.

La cosa juzgada consagrada de manera general como parte del debido proceso es, desde luego, la consecuencia natural de las sentencias definitivas a las cuales se refiere la Constitución, por ejemplo, en los artículos 31, 167-3, 175-4, 201-1, 214-6, 237-2, 241-7-8-10, 248 y 277-1 y de la cual apenas es una especie la “cosa juzgada constitucional” mencionada en el artículo 243, que también se aplica por supuesto a las sentencias que profiere en materia constitucional el Consejo de Estado en ejercicio de la función establecida en el inciso 2º del artículo 237. En consecuencia, para la Sala no existe la menor duda de que la “cosa juzgada” es una institución que no obstante estar regulada de manera general por Los códigos de procedimiento, hace parte del derecho sustancial fundamental de las personas, y su efecto no es otro diferente al de “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, según las textuales palabras del artículo 29 constitucional.

4. El propio inciso 3º del artículo 86 de la Constitución establece literalmente que la acción de tutela sólo procede “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Como por imperativo lógico y por el propio sentido natural y obvio que tienen las palabras, lo “transitorio” se opone a lo “definitivo”, fuerza es entonces concluir que la acción de tutela como “mecanismo transitorio” jamás podría proceder contra una sentencia que por definición de la ley es una providencia definitiva, que al decidir sobre lo que es objeto del proceso no deja cuestión pendiente entre las partes enfrentadas en el conflicto de que se trate (CPC, art. 302; CPP, art. 185 y CCA, arts. 170 y 175).

Aceptar que la acción de tutela, no obstante tener un mero carácter de “mecanismo transitorio”, procede contra sentencias judiciales definitivas equivaldría admitir que por un procedimiento sumario se dejen sin efecto los medios de defensa judicial que necesariamente deben ejercitarse a través del debido proceso para poder llegar a una sentencia.

Hay que destacar que en aquellos excepcionalismos casos en que la ley ha establecido procedimientos o recursos encaminados a enervar los efectos de la cosa juzgada, el procedimiento o recurso se agota ante el juez o tribunal competente “y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, de manera tal que al invalidarse la sentencia revisada en virtud de la impugnación extraordinaria, la nueva decisión deberá siempre proferirse luego de oídas las partes en conflicto mediante un procedimiento plenario, y si es el caso, con práctica de pruebas en audiencia bilateral, pero jamás mediante un procedimiento sumario en el que el juez está facultado para conceder la tutela “prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa” (D. 2591/91, art. 18) e inclusive “sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas” (ibíd., art. 22).

5. Por último, debe decirse que resultaría francamente extravagante suponer que la firmeza de las sentencias definitivas que profieran los jueces de la jurisdicción ordinaria, incluida la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de esta jurisdicción, se encuentra ahora sometida a una sui generis “condición resolutoria”, pendiente de la decisión que los jueces de tutela adopten en esos procesos sumarísimos de naturaleza simplemente transitoria. Como igualmente estrambótico parece suponer que los derechos fundamentales de las personas se infringen o amenazan por las sentencias que dictan los jueces como culminación de un debido proceso, pero en cambio deben considerarse adecuadamente salvaguardados cuando esos mismos jueces, apresuradamente, sin audiencia de nadie y sin pruebas, producen sus decisiones de tutela. No es dable pensar, sin caer en el absurdo, que la comunidad colombiana pueda aceptar que sus jueces naturales y ordinarios sean social y humanamente peligrosos cuando profieren, conforme a la Constitución y la ley, las sentencias que ponen fin al debido proceso y en cambio sean los juzgadores acertados y justos cuando deban expedir, presionados por la urgencia, los fallos de tutela.

Por las anteriores razones se denegará la acción de tutela que por intermedio de apoderado ejercita Camilo Londoño González contra la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de 24 de julio de 1991, proferida dentro del juicio que el accionante promovió contra el Banco del Comercio».

(Sentencia de mayo 20 de 1992. Radicación 232. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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