Sentencia 2321 de noviembre 24 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONTRALORES MUNICIPALES Y DISTRITALES

INHABILIDADES ELECTORALES

EXTRACTOS: «Las demandas incoadas solicitan la nulidad de la elección del señor Evaristo Adolfo Ujueta Amador como Contralor Distrital de Cartagena por considerar que se encuentra incurso en la inhabilidad prevista en el artículo 95-5 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el literal c del artículo 163 ibídem, el cual fue modificado por el literal c del artículo 9º de la Ley 177 de 1994, por cuanto celebró contrato de prestación de servicios con la Personería Distrital de Cartagena de Indias, durante el año anterior a su inscripción como aspirante a conformar la terna de la cual se elige este funcionario.

Las disposiciones invocadas son del siguiente tenor:

Ley 136 de 1994:

“ART. 95.—Inhabilidades. No podrá ser elegido ni designado alcalde quien: (...).

5. Durante el año anterior a su inscripción haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros o haya celebrado por sí, o por interpuesta persona, contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio...”.

Ley 177 de 1994:

“ART. 9º—El artículo 163 de la Ley 136 de 1994, quedará así:

ART. 163.—Inhabilidades. No podrá ser elegido contralor, quien: (...).

c) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo 95 y parágrafo de esta ley, en lo que le sea aplicable”.

Observa la Sala que de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia C-367 de agosto 14 de 1996, se declaró exequible el literal c del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, subrogado por el artículo 9º de la Ley 177 de 1994.

Sin embargo, como bien lo señala la norma, las inhabilidades previstas para el alcalde no se aplican, en forma indiscriminada, a los contralores municipales o distritales, sino “en lo que le sea aplicable”.

En el presente caso, la inhabilidad prevista en el artículo 95-5 de la Ley 136 de 1994 tiene como punto de partida la inscripción del alcalde como aspirante a ser elegido en un cargo de elección popular, aspecto que no se configura en el caso de los contralores municipales, los cuales aceptan una invitación del tribunal respectivo, la cual fue realizada, en el sub judice, mediante el Acuerdo 45 dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a fin de aspirar a quedar incluidos en la terna de la cual el concejo municipal procederá a elegir al contralor.

En el caso de los alcaldes, la inscripción la realiza un grupo de personas y la misma debe ser aceptada por el aspirante, situación que no opera en el caso de los contralores municipales y distritales quienes presentan su hoja de vida, previa convocatoria del tribunal.

Las inhabilidades constituyen impedimentos para ser nombrado o elegido en un cargo, las cuales no pueden hacerse extensivas a casos que no estén comprendidos claramente en la respectiva prohibición, so pena de exceder o suplantar la voluntad del legislador. En el sub judice, la inhabilidad prevista para los alcaldes es inaplicable para los contralores por tratarse de elecciones diferentes, con procedimientos especiales para cada uno de los casos.

De otra parte, tampoco le asiste razón al demandado cuando afirma que las normas relativas a los contralores municipales no se le pueden aplicar a los distritales ya que el artículo 194 de la Ley 136 de 1994 establece: “en cuanto no pugne con las leyes especiales, la presente ley se aplicará a los distritos”.

En cuanto hace referencia al hecho de no poderse estudiar el presente asunto por no haberse invocado una de las causales de nulidad previstas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, estas no son aplicables por cuanto el motivo de la impugnación es una causal de inelegibilidad prevista en la Ley 136 de 1994. No existe relación, por tanto, entre la razón en que se fundan las causales de nulidad de la norma citada con la inhabilidad invocada.

En tales condiciones el cargo planteado no tiene vocación de prosperidad por lo que las peticiones de las demandas deben ser desestimadas como lo decidió el Tribunal Administrativo».

(Sentencia de noviembre 24 de 1999. Expediente 2321. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).

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