Sentencia 2322 de octubre 3 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

NO ES ABSOLUTA DEBIDO AL CAMBIO DE CONSTITUCIÓN

EXTRACTOS: «Es preciso señalar algunas cuestiones de fondo atinentes a los efectos de los fallos de la jurisdicción constitucional en nuestro régimen, mucho más teniendo en cuenta las situaciones jurídicas que se presentan por virtud de una reforma constitucional y del tránsito normativo correspondiente:

a) Se ha definido como regla general aplicable a los fallos de la entidad encargada de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución que los efectos del pronunciamiento de fondo son definitivos, generales o erga omnes y hacia el futuro y por lo tanto la cosa juzgada a que hacen tránsito es absoluta.

De modo excepcional y ante muy precisas circunstancias esta corporación profiere fallos en los que contrae el análisis de la cuestión de constitucionalidad a determinados preceptos del ordenamiento superior dejando abierta la posibilidad de que la misma norma, si ha sido declarada exequible, sea objeto de nuevas acciones y juicios de constitucionalidad pero sólo por los restantes aspectos que no fueron considerados en los fallos precedentes; es el caso de la cosa juzgada definitiva pero parcial.

De todas maneras, ha sido incuestionable la posición de la Corte en el sentido de atribuir los efectos y la fuerza de cosa juzgada absoluta o “definitivá”a los fallos de fondo que profiere en su misión de juez de la constitucionalidad, conforme a lo previsto por el artículo 214 de la Carta anterior; otra es la situación de los fallos de exequibilidad contraídos a determinados aspectos de la constitucionalidad de una norma legal, o dictados con un alcance parcial, los que no pierden, en la precisa materia examinada, su carácter definitivo de cosa juzgada inamovible y que en los dem''as aspectos no examinados admiten un nuevo fallo sobre la norma acusada.

b) Ahora bien, esta jurisprudencia también tiene en cuenta los casos de reforma constitucional puesto que la cosa juzgada que declara la exequibilidad de una norma puede removerse ante la situación de insubsistencia, derogatoria o desaparecimiento de las disposiciones constitucionales que sirvieron de base para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la superior. En este sentido la jurisprudencia de la Corte admite la revisión de dichos fallos cuando se presenta una inconstitucionalidad sobreviniente por cambio de normas constitucionales.

Al respecto de la cosa juzgada constitucional la Corte expresó en reciente fallo:

“Esta jurisprudencia, pues, que afirma la existencia de la cosa juzgada absoluta en los fallos constitucionales de la Corte ha sido inalterable desde cuando se dictó el artículo 2º de la Ley 96 de 1936, y más aún hoy a la luz del artículo 29 del Reglamento Constitucional 432 de 1969, que dieron competencia e impusieron deber a la Corte para examinar la norma acusada frente a todas las disposiciones constitucionales y por todos los conceptos pertinentes, y encuentra, además de esto, apoyo en principios que protegen la seguridad y estabilidad jurídicas, la certeza de las relaciones sociales y el carácter de imperativo político que dichassentencias tienen y que las diferencian netamente de las sentencias ordinarias y de casación”. (Sent. 120 de nov. 17/88. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein).

c) Es oportuno señalar que cuando se trata de fallos de inexequibilidad de una norma ordinaria, éstos suponen el retiro definitivo del ordenamiento jurídico de la disposición legal sobre la que recae dicha providencia sin que sea posible remover la cosa juzgada absoluta en ningún caso, ya que la sentencia comporta hacia el futuro la inexistencia de la disposición ordinaria y hace posible, desde el punto de vista formal, un nuevo juicio sobre ella.

Así lo reafirmó el constituyente de 1991 que dispuso idéntica solución en el artículo 243 de la nueva Carta en términos que se transcriben:

“Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisprudencial hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución“.

Bajo este entendido se detiene la Corte en el examen de la situación que ocurre con el advenimiento de una reforma constitucional que como la Carta de 1991, sustituyó y modificó normas constitucionales anteriores, puesto que es preciso analizar los efectos de los fallos sobre normas ordinarias precedentes para establecer su alcance en frente de dicha reforma.

En efecto, la Carta de 1991 en su artículo 380 establece: “Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta constitución rige a partir del día de su promulgación“. En este sentido la nueva Constitución Nacional rebasa el concepto de una mera reforma,pues ha sustituido plenamente, con sus normas y principios fundamentales, el anterior Estatuto de 1886, no obstante que también sea cierto que muchas de las disposiciones y principios de éste se proyectan en la nueva normatividad. Pero no cabe duda tampoco que existe una amplia e importante normatividad, con sus principios políticos y jurídicos, que implica una gran transformación en la estructura institucional de la Nación.

Por tanto en el caso de la demanda que se resuelve hay que tener en cuenta que, aun cuando se conserven las razones jurídicas que sirvieron de apoyo al fallo precedente, la decisión de la Corte no puede ser la de estarse a los efectos de la cosa juzgada, sino que es preciso un nuevo pronunciamiento conforme a los dictados de la Carta de 1991, para que produzca sus efectos jurisdiccionales el control constitucional. Casos habrá, inclusive, en que normas juzgadas como exequibles conforme a la anterior Carta, resulten inexequibles confrontadas con los nuevos contenidos normativos de la Constitución vigente.

Así pues, para la Corte, la cosa juzgada constitucional, en el caso de la reforma a la Carta deja de ser absoluta y pasa a ser objeto de revisión dependiendo del contenido de la nueva constitución y las modificaciones profundas que en ella se han introducido».

(Sentencia 122, octubre 3 de 1991. Expediente 2322. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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