Sentencia 23226 de junio 29 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación 23226 de 2005

Acta 52

Magistrada Ponente:

Dra. Marina Pulido de Barón

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil cinco

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte

Dado que, según se expresó en la providencia mediante la cual se admitió discrecionalmente el libelo y se ordenó surtir el correspondiente traslado al Ministerio Público, es “necesario ahondar a efectos del desarrollo de la jurisprudencia en punto de establecer las diferencias entre el delito de usurpación de tierras, por el que fueron condenados los procesados, y otras conductas punibles que comparten algunos componentes afines pues, como lo indica el casacionista, resulta importante el elemento subjetivo que contiene el primero de los comportamientos señalados, según el cual el agente debe tener el propósito de apropiación del inmueble, bien sea total o parcial, o por lo menos la intención de obtener un provecho de él, para diferenciarlo de tipos penales como el de daño en bien ajeno, hurto, u otras conductas”, tal será la temática que corresponde dilucidar a la Sala, en cuyo marco jurídico se tiene:

El delito de usurpación de tierras tipificado de manera idéntica tanto en el artículo 365 del Decreto 100 de 1980 como en el artículo 261 de la Ley 599 de 2000, constituye un atentado contra el bien jurídico del patrimonio económico, en virtud del cual, quien lo comete realiza uno o varios de los verbos rectores alternativos consistentes en destruir, alterar, suprimir o cambiar de lugar las señales que trazan un lindero entre bienes inmuebles.

Para que tales conductas sean punibles, es preciso que el agente actúe determinado por el ingrediente subjetivo de apropiarse de la totalidad o un fragmento del inmueble, o bien, de conseguir un provecho para sí.

Ahora bien, no basta con la destrucción de los hitos para que se configure el delito objeto de estudio, pues si la finalidad pretendida por el autor es ajena a los referidos ingredientes subjetivos, se configurará entonces el delito de daño en bien ajeno, de una parte, porque en tal situación no se afecta el derecho patrimonial que se tiene sobre el inmueble y, de otra, porque lo que se lesiona es el patrimonio económico de la persona a quien corresponde el derecho de propiedad sobre los mojones, en cuanto objetos materiales sobre los cuales recae el comportamiento destructivo.

De la misma manera, si la modificación del lindero constitutiva de la alteración exigida en el tipo analizado es ajena a los ya mencionados ingredientes subjetivos, la conducta podría adecuarse al tipo penal de daño en bien ajeno, en la medida en que los hitos resulten deteriorados, sin que, por tanto, se cometa el delito de usurpación de tierras.

Si el comportamiento ejercido sobre los mojones consiste en suprimirlos, solo será punible cuando la finalidad pretendida por el agente se ajuste a alguno de los ingredientes subjetivos ya citados, esto es, apropiarse de todo o parte del bien inmueble colindante u obtener un beneficio para sí, de modo que cuando la supresión de los mogotes obedece a motivaciones diversas, se podría presentar un delito de hurto agravado por concurrir la circunstancia específica establecida en el numeral 8º del artículo 241 de la Ley 599 de 2000, es decir, por recaer la apropiación de cosa mueble ajena sobre cerca de predio rural, siempre que tal sea la característica del fundo en el cual tiene lugar la mencionada acción.

La diferencia entre la supresión de las mugas que constituyen el lindero y su alteración, radica en que en el primer comportamiento las señales son desaparecidas, con lo cual, también desaparece la línea divisoria entre los inmuebles, en tanto que en la segunda acción, las marcas no son retiradas definitivamente sino que son objeto de modificación en procura de conseguir la apropiación de un terreno ajeno o derivar provecho de él, como ocurre cuando se varía el curso de una quebrada que separa dos heredades.

Cuando el comportamiento consiste en cambiar de sitio los mojones, se reitera, es imprescindible para que un tal proceder se adecue al tipo penal de usurpación de tierras la presencia de uno de los tantas veces mencionados ingredientes subjetivos.

Como además el censor afirma que la conducta investigada corresponde “al ejercicio arbitrario de las propias razones”, es necesario efectuar dos precisiones: La primera, que para el año 1997, época de comisión de los hechos que motivaron este diligenciamiento, la conducta de hacer justicia por sí mismo en lugar de recurrir a la autoridad no constituía un delito, sino una contravención especial de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 228 de 1995, cuyo conocimiento correspondía a los jueces penales o promiscuos municipales del lugar donde se cometió el hecho, disposición aún vigente de acuerdo con lo preceptuado en las disposiciones finales (art. trans.) de la Ley 600 de 2000.

La segunda, que tal comportamiento exige “la presencia de un elemento subjetivo específico, cual es el fin de ejercer un derecho, y de una concreta circunstancia de realización de la conducta —hacerse justicia arbitrariamente por sí mismo—, la que en tales condiciones solo puede ser ejecutada por un sujeto activo cualificado, cual es el titular del derecho cuyo ejercicio emprende en forma violenta, obviando las vías legales establecidas para el efecto”; “presupone, por tanto, la existencia de un derecho que constituye un presupuesto y, al mismo tiempo, un elemento del tipo(1) (negrilla fuera de texto).

Una vez efectuadas las anteriores precisiones conceptuales en procura de desarrollar la jurisprudencia, procede la Sala a abordar la censura formulada sobre el particular por el censor.

Juan de Jesús Santiago Santiago afirmó bajo la gravedad del juramento lo siguiente: “Álvaro Sastoque Pinzón, José Vicente Sastoque y Bertilda Clavijo” “metieron seis (6) novillas de raza normando las cuales pastan en el lote de mi propiedad, dicho ganado está en la finca desde el día lunes 22 de septiembre de este año (1997, se aclara)”. Además, expresó que el daño sufrido se concretó en la ocupación del predio y que los sindicados no querían retirar el ganado de allí (2) .

En otra ocasión afirmó en un escrito: “Álvaro Sastoque Pinzón, Vicente Sastoque Clavijo, Fernando Sastoque Clavijo y Bertilda Clavijo Gutiérrez”, “rompieron la cerca que da acceso a la carretera y entraron abusivamente unas quince reses a comerse el pasto de mi propiedad, esto sucedió recientemente o sea el día sábado primero del corriente mes de marzo y hasta la fecha de hoy cinco de este mes (marzo de 1997, se aclara) las están manteniendo en el potrero de mi propiedad” (3) .

De lo expuesto se concluye sin dificultad que el comportamiento adelantado por los procesados Bertilda Clavijo de Sastoque y Fernando y José Vicente Sastoque Clavijo consistió en tumbar la cerca divisoria entre el predio poseído por estos y el de propiedad de Juan de Jesús Santiago Santiago, dando lugar a que semovientes de su propiedad ingresaran a terreno ajeno a pastar durante algún tiempo y en varias ocasiones.

Siendo ello así, estima la Sala que acertó el ad quem al exponer que “en las ocasiones en que se produjo el derribamiento del cableado se procedió por parte de los acriminados a introducir ganado vacuno a su finca a pastar, con lo cual se pregona derivación de provecho del inmueble ya que las reses se alimentaron de la hierba existente en este terreno, comportamiento que igualmente se ve reprimido en la norma, motivo por el cual la separación de su base de los pilotes y el alambre, fue necesaria para poder derivar provecho del pastizal existente en el predio de Juan de Jesús” (negrilla fuera de texto), de lo cual concluyó que “el comportamiento ejecutado por los procesados es constitutivo del delito de usurpación de tierras y no de ningún otro”.

En efecto, no hay duda que si bien el fallecido Álvaro Sastoque Pinzón también participó en el derribamiento del referido lindero, la intervención de sus hijos José Vicente y Fernando, así como de su esposa Bertilda Clavijo es incuestionable, según puede establecerse con las intervenciones que mediante escritos o declaraciones realizó Juan de Jesús Santiago en el desarrollo de la actuación, más aún cuando el proceder de los incriminados se presentó por lo menos en tres ocasiones, motivo por el cual no se aviene con el recaudo probatorio el decir del defensor de que el responsable de la conducta que motivó este diligenciamiento fue precisamente el fallecido Álvaro Sastoque Pinzón y que los acusados son ajenos a tal comportamiento.

Ahora, en cuanto se refiere a la alegación de la defensa, referida a que no se presentó el elemento subjetivo exigido por el tipo penal de usurpación de tierras, estima la Sala que sí se encuentra acreditado que los procesados al derribar la cerca ingresaron varias reses al terreno de Juan de Jesús Santiago a pastar, consiguieron el propósito de derivar provecho del inmueble, es decir, concretaron uno de los dos motivos definidos por el legislador como elementos subjetivos del tipo de usurpación de tierras, sin que entonces tenga importancia alguna aducir que su pretensión no era la de apropiarse en todo o en parte del mencionado fundo.

Con relación a que el único comportamiento que podría imputarse a los procesados era el de ejercicio arbitrario de las propias razones, baste señalar que tal conducta, como ya se advirtió, supone que quien la realiza cuenta con un derecho cuyo ejercicio adelanta por fuera de los canales judiciales, situación que no se presenta en el caso de la especie, pues mediante sentencia del 24 de septiembre de 1991 el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera ordenó la restitución del inmueble sobre el cual recayó la usurpación a Juan de Jesús Santiago Santiago, a la diligencia de entrega se opuso sin éxito Bertilda Clavijo de Sastoque, quien a través de apoderado impugnó tal decisión, la cual fue confirmada en segundo grado el 19 de febrero de 1996 por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá.

Por tanto, es evidente que si ningún derecho asistía a los procesados respecto del inmueble de propiedad de Juan de Jesús Santiago, dado que las autoridades judiciales ya se habían pronunciado sobre el particular en favor de este, no se configura el presupuesto esencial para que el comportamiento de destruir la cerca e ingresar semovientes a pastar al referido predio, pueda adecuarse a la conducta de ejercicio arbitrario de las propias razones como lo pretende el censor.

Así las cosas, estima la Sala que el cargo postulado y desarrollado por el recurrente no está llamado a prosperar y, por tanto, la consecuencia que de ello se deriva es que no se dispondrá la casación del fallo atacado.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

(1) Providencia del 13 de noviembre de 1999. Radicación 12064. M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll.

(2) Fl. 1, cdno..1.

(3) Fl. 58, cdno.1.

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