Sentencia 2325-07 de abril 28 de 2010

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado 11001010200020100116000(2325-07)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según acta de Sala 47 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil diez.

Asunto

Procede la Sala a dirimir conflicto negativo de jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío-Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Séptima de Decisión, quienes aduciendo falta de competencia se niegan a conocer de la demanda agraria abreviada de extinción y/o modificación de servidumbre, instaurada a través de apoderado por el señor Tito Hernández Barrera contra la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol.

Antecedentes y actuación procesal

1. El señor Tito Hernández Barrera, por intermedio de apoderado judicial presentó demanda agraria abreviada de extinción y/o modificación de servidumbre, contra la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol, teniendo como pretensiones, entre otras, las siguientes:

— Declarar que la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol, tiene sobre el predio rural de su mandante, adjudicado por Resolución del Incora 1752 del 15 de septiembre de 1983, denominado “Los Jazmines”, ubicado en el km 5, corregimiento de San Luis, municipio de Yondó, departamento de Antioquia, con matrícula inmobiliaria 0027-0005036, una servidumbre desde hace más de 20 años.

— Como consecuencia de lo anterior, declarar que la mencionada servidumbre ha causado grave e irreparable daño al predio sirviente, de propiedad de su poderdante, ya descrito.

— Declarar extinguida o en su defecto modificada la servidumbre que el predio sirviente, descrito e individualizado, viene prestando a la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol.

— Ordenar al demandado que se abstenga de continuar utilizando la mencionada servidumbre.

— Ordenar a la demandante Ecopetrol, a título de indemnización, el pago de los daños causados (lucro cesante y daño emergente) al señor Hernández Barrera, debidamente indexada, desde el día que estableció la servidumbre (fls. 1-16).

2. En principio le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío, la demanda agraria abreviada de extinción y/o modificación de servidumbre, instaurada a través de apoderado por el señor Tito Hernández Barrera contra la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol, admitiéndose por parte del citado despacho mediante auto del 19 de diciembre de 2008 (fl. 17).

3. Con auto del 24 de agosto de 2009, el citado juzgado concedió a la demandante un término para subsanar la demanda, so pena de rechazo de la misma (fl. 24), la cual fue subsanada dentro del mismo, allegando certificado de existencia y representación legal de la demandada (fls. 25-37).

Concepto de la jurisdicción ordinaria

El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío, mediante providencia del 5 de noviembre de 2009, resolvió por falta de competencia, declarar la nulidad de todo lo actuado en este asunto, a partir inclusive del auto del 19 de diciembre de 2008 que admitió la demanda, disponiendo la remisión de las diligencias al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, por considerar ser el competente para conocer de este proceso.

Argumentó dicho operador judicial lo siguiente:

1. El artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, dispone en su numeral 1º que los jueces civiles del circuito, sin perjuicio de la competencia que se asigna a los jueces de familia, conocen en primera instancia “De los procesos contenciosos que sean de mayor cuantía, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

2. Por su parte el Código Contencioso Administrativo dispone en su artículo 82: “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los diferentes órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley...”.

3. El artículo 134 D de la misma codificación, adicionado por la Ley 446 de 1998, al determinar la competencia por el factor territorial prescribe: la competencia por razón del territorio se fija con sujeción a las siguientes reglas: “1. Por regla general, la competencia territorial se determina por el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o por el domicilio del particular demandado. 2. e) En los asuntos agrarios que no estén atribuidos al Consejo de Estado, conocerá el tribunal de ubicación del inmueble”.

Señaló que el conflicto sometido a consideración de ese despacho, está relacionado con las diferencias que se presentan entre un particular y una entidad estatal del orden nacional, domiciliada en Bogotá, D.C., relacionada con una servidumbre legal que afecta un inmueble situado en el municipio de Yondó (Antioquia), circunstancia que de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, debe ser dirimido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no por esta jurisdicción (fIs. 82-85).

Concluyó de lo anterior, que el criterio actual para asignar la competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa es el orgánico de conformidad con la reforma introducida por la Ley 1107 de 2006, y en ese sentido, toda controversia relacionada con entidades de Estado, salvo norma en contrario, es competencia de esa jurisdicción.

Concepto de la jurisdicción contenciosa

Arrimadas las diligencias al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, a quien llegó el asunto por reparto, mediante auto adiado el 3 de marzo de 2010, resolvió declarar su falta de competencia para conocer del proceso de la referencia, al considerar que corresponde a la jurisdicción ordinaria seguir conociendo del referido asunto fundamentando su decisión en las siguientes razones:

1. La Ley 1107 de 2006, dispone:

ART. 1º—El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

2. “ART. 82.—“Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los diferentes órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”.

3. Es clara la norma en precisar que se trata de controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas (...) y de las personas que ejerzan funciones públicas”, afirmación que de entrada determina la competencia bajo el criterio orgánico, en cabeza de la jurisdicción contenciosa, cuando se encuentre involucrada una “entidad pública”.

No obstante, es indispensable precisar que en casos estudiados en su momento por el Consejo Superior de la Judicatura, además de que una de las partes sea una entidad pública, converge otra circunstancia como es que puedan ser resueltos en vía jurisdiccional a través de una de las acciones establecidas por el legislador, tales como las de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, controversias contractuales, ejecutivos derivados, etc., de conformidad con los artículos 84 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Eso explica el hecho que no puede pasarse al “rompe” de una acción ordinaria civil, en este caso, demanda abreviada de extinción y/o modificación de servidumbre a cualquiera de las que trata el proceso contencioso, sin tener en cuenta el tipo de acción perseguida por el demandante; aspecto este que ha venido adquiriendo relevancia en las últimas decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que tratándose por ejemplo de acciones reivindicatorias, esa corporación dejó claro la asignación del conocimiento a la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo con lo anterior, se reitera, el Código Contencioso Administrativo tiene previamente definidas las acciones y características de procedencia de las mismas, esto es, la acción de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa, contractuales, la definición de competencias, etc.; dentro de las cuales no podría enmarcarse los hechos propios de una extinción o modificación de servidumbre, que constituye el objeto principal de las pretensiones del demandante.

En este orden de ideas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del Código Contencioso Administrativo, ordenó la remisión del expediente al honorable Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, para su decisión (fls. 88-90).

De esta manera, reunidos como se encuentran los prepuestos esenciales que provocan la presente colisión, esto es, los pronunciamientos de dos autoridades judiciales de distinta jurisdicción, que respectivamente niegan su competencia para conocer del asunto, procede la Sala a resolver la controversia.

Consideraciones

1. Competencia.

Es competente esta corporación para conocer del presente conflicto negativo de jurisdicción en ejercicio de las facultades legales y constitucionales atribuidas por el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política Nacional y el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996”.

Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, la ley la divide en diversas clases, según la naturaleza del derecho objetivo cuya pretensión se invoca, por tanto, corresponde a cada una de las jurisdicciones el conocimiento de las controversias de conformidad con su naturaleza, bien sean de orden civil, laboral, familia, penal, contencioso administrativo o disciplinario.

“Por otra parte, la competencia ha sido definida como la facultad que tiene el juez o el tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto.

Así, se tiene que el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, bien porque ambos funcionarios estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar que no le corresponde evento en el cual será negativo, y para que este se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos:

a) Que el funcionario judicial se le haya asignado o esté tramitando determinado proceso.

b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo, y

c) Que el asunto se encuentre en trámite, es decir que no se haya proferido fallo definitivo.

En tal orden de ideas, se tiene que en el caso de ocupación se reúnen los presupuestos fácticos y jurídicos para que esta superioridad proceda a resolver el presente conflicto entre jurisdicción es puesto a consideración.

2. Del objeto de la colisión.

Se trata de establecer la jurisdicción competente para conocer de la demanda agraria abreviada de extinción y/o modificación de servidumbre, instaurada a través de apoderado por el señor Tito Hernández Barrera contra la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol, quien es titular del derecho de dominio sobre el predio rural adjudicado por Resolución del Incora 1752 del 15 de septiembre de 1983, denominado “Los Jazmines”, ubicado en el km 5, corregimiento de San Luis, municipio de Yondó, departamento de Antioquia, con matrícula inmobiliaria 0027-0005036, a fin que se declare extinguida o modificada la servidumbre que sobre el predio sirviente tiene la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol, desde hace más de 20 años.

3. Caso en concreto.

El asunto sometido a consideración de la Sala está relacionado con la demanda presentada mediante apoderado por el señor Tito Hernández Barrera contra la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol, con el fin que se declare extinguida o modificada la servidumbre que sobre el predio sirviente tiene la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol, desde hace más de 20 años; propiedad adjudicada al demandante por Resolución del Incora 1752 del 15 de septiembre de 1983, denominado “Los Jazmines”, ubicado en el km 5, corregimiento de San Luis, municipio de Yondó, departamento de Antioquia, con matrícula inmobiliaria 0027-0005036.

Así pues, tenemos que la normatividad contencioso administrativa establece entre otras las siguientes acciones para materializar el ejercicio de los derechos, estas son la de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, controversias contractuales, ejecutivos derivados de contratos estatales y condenas impuestas por la Nación y definición de competencias administrativas, de conformidad con los artículos 84 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Ahora bien, dentro de la gama de acciones relacionadas por el legislador en el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo, como competencia de la jurisdicción contencioso administrativa no se encuentra alguna vinculada con la imposición o levantamiento de servidumbres.

Así las cosas, desde este punto de vista, como se dijo, la competencia para conocer de las servidumbres está radicada en la jurisdicción civil ordinaria, pues en el sub judice, la pretensión no está relacionada con la nulidad de acto administrativo alguno, sino con la imposición de servidumbre, es decir, aquí no existe actividad de la administración demandable mediante una cualquiera de las acciones determinadas en el Código Contencioso Administrativo como competencia de esa jurisdicción, menos se está en presencia del evento previsto en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, que exige precisamente esa actuación administrativa susceptible de controversia judicial, así vemos:

“ART. 33.—Facultades especiales por la prestación de servicios públicos. Quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren pera el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos”.

Por otra parte, el artículo 32 de la citada ley prevé:

“ART. 32.—Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la Constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce... ”.

Por tanto, para efectos del presente conflicto resulta claro que la acción que originó el conflicto objeto de pronunciamiento, es la de extinción o modificación de servidumbre legal, es decir, se trata de un proceso abreviado que no se encuentra contemplado en los referidos artículos, pues esta clase de asunto judicial se encuentra regulado por lo dispuesto en el artículo 408 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice:

“ART. 408.—Asuntos sujetos a su trámite. Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos, cualquiera que sea su cuantía:

Los relacionados con servidumbres de cualquier origen o naturaleza y las indemnizaciones a que hubiera lugar, salvo norma en contrario (resaltado fuera de texto).

Aunado a lo anterior, es dable resaltar que el legislador en el artículo 12 ibídem estableció que “Corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no esté atribuido por la ley a otras jurisdicciones”.

En consecuencia la Sala observa que como la pretensión solicitada por el demandante, es que se dicte sentencia a su favor para extinguir o modificar la servidumbre legal administrativa de conducción de hidrocarburos, sobre una franja del lote de terreno cuya propiedad es del señor Tito Hernández Barrera, lo cual debe tramitarse mediante proceso abreviado” siendo esta acción reglamentada por la legislación civil de conformidad a las normas antes descritas; al igual la Ley 56 de 1981, la cual regula la imposición de servidumbres legales en cuanto a conducción de energía, nos remite a la legislación civil para lo pertinente tal y como consta en su artículo 27, así vemos:

“ART. 27.—Corresponde a la entidad de derecho público que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecución, promover en calidad de demandante los procesos que sean necesarios para hacer efectivo el gravamen de servidumbre de conducción de energía eléctrica.

Sin perjuicio de las reglas generales contenidas en los libros 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil, que le serán aplicables en lo pertinente, el proceso de servidumbre de conducción de energía eléctrica se sujetará a las siguientes reglas:

1. A la demanda se adjuntará el plano general en que figure el curso que habrá de seguir la línea objeto del proyecto con la demarcación específica del área, inventario de los daños que se causen, con el estimativo de su valor realizado por la entidad interesada en forma explicada y discriminada, que se adjuntará al acta elaborada al efecto y certificado de tradición y libertad del predio.

Es aplicable a este proceso, en lo pertinente, el artículo 19 de la presente ley.

2. Con la demanda, la entidad interesada pondrá a disposición del juzgado la suma correspondiente al estimativo de la indemnización.

3. Una vez, admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado por el término de tres (3) días.

Se reitera así, que el conocimiento de este tipo de procesos no está enmarcado en las acciones contenciosas administrativas ni en la norma especial correspondiente a la imposición de servidumbres legales de conducción de energía, por lo tanto el conflicto objeto de estudio se dirimirá en el sentido de atribuir el conocimiento a la jurisdicción ordinaria civil, en cabeza del Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío, Antioquia, e igualmente deberá enviarse copia de esta decisión al Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Séptima de Decisión en la ciudad de Medellín, para su correspondiente información.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto suscitado entre el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío, Antioquia y el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Séptima de Decisión de la ciudad de Medellín, declarando que el conocimiento de la presente actuación corresponde al primero de los mencionados, a donde se remitirá la actuación.

2. ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Séptima de Decisión en la ciudad de Medellín, para su correspondiente información.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Julia Emma Garzón de Gómez, Presidenta—Henry Villarraga Oliveros, ausente por comisión—José Ovidio Claros Polanco—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.