Sentencia 23266 de febrero 11 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Acta Nº 08

Rad. 23266

Magistrado Ponente:

Carlos Isaac Nader

Bogotá, D.C., febrero once de dos mil cuatro.

Procede la Corte a resolver el recurso de anulación interpuesto por la apoderada de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano, Comfaoriente, contra el laudo arbitral proferido el 23 de diciembre de 2003 por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar “Sinaltracaf”, subdirectiva Cúcuta.

I. Antecedentes

El Ministerio de la Protección Social mediante las resoluciones 1598 del 20 de junio; 2305 del 21 de agosto; 2668 del 15 de septiembre y 3265 del 23 de octubre, todas del año 2003, constituyó e integró un tribunal de arbitramento para que estudiara y resolviera el conflicto colectivo mencionado, tomando en cuenta que no fue resuelto en la etapa de arreglo directo.

El tribunal se integró por los árbitros designados por las partes y un tercero nombrado de común acuerdo por los dos primeros.

II. Decisión del tribunal

Los arbitradores expidieron el laudo respectivo el 23 de diciembre de 2003, adoptando, en punto al recurso de anulación, las siguientes decisiones:

“ART. 2º—Fondo rotatorio de vivienda. Para reglamentar y asignar monto.

Comfaoriente, creará el fondo rotatorio de vivienda, por un monto de $ 100.000.000, el cual lo incrementará en un 30% por cada año de vigencia de la presente convención colectiva de trabajo. El fondo será destinado para conceder préstamos para la adquisición o compra, remodelación de vivienda, liberación de hipoteca y pago de impuesto predial de los trabajadores sindicalizados.

Créase un comité de vivienda conformado por dos representantes de Comfaoriente y dos representantes de Sinaltracaf Seccional Cúcuta, en un término no superior a dos meses contados a partir de la ejecutoria del presente laudo.

PAR. 1º—El comité de vivienda de Comfaoriente tendrá las siguientes funciones.

1. Por orden de radicación, adjudicar préstamos conforme a los fines previstos en el presente artículo.

2. Distribuir y administrar el fondo.

3. Decidir sobre la concesión de préstamos de acuerdo con su reglamento.

4. Decidir por unanimidad sobre quejas, reclamos o conflictos que se llegaren a presentar por la interpretación del presente artículo.

5. Conceder préstamos preferencialmente a los trabajadores que no posean vivienda propia, en el siguiente orden: adquisición o compra, liberación de hipoteca, pago de impuesto predial y remodelación de vivienda.

PAR. 1º(sic)—Los préstamos que se realicen por intermedio del fondo de vivienda tendrán un interés máximo del 10% anual sobre saldos. De cada cuota que cancele el trabajador se destinará el 80% para amortizar el capital y el 20% para los intereses causados.

PAR. 2º(sic)—El trabajador amortizará el capital anualmente con la liquidación parcial de cesantías, entendiéndose que al momento de salir favorecido un trabajador se le darán las cesantías parciales que se causen a partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo.

En punto a la otra disposición arbitral materia del recurso, esto es, el inciso tercero del artículo sexto del laudo, el tribunal resolvió:

Los trabajadores que renuncien a los beneficios convencionales, no recibirán incremento salariales (sic), ni podrán disfrutar de las prestaciones extralegales tales como: becas, auxilio, de igual forma perderán los permisos laborales contemplados en la convención colectiva de trabajo”.

III. Recurso de anulación

Lo interpuso la apoderada judicial de la empresa, a través del cual pretende se declare la nulidad del artículo segundo y el inciso tercero del artículo sexto del laudo arbitral.

Son fundamentos del recurso, los siguientes:

“En el artículo segundo del laudo arbitral, se crea el denominado fondo rotatorio de vivienda, por un monto de $ 100.000.000, que se incrementará en un 30% por cada año de vigencia de la convención colectiva o del laudo arbitral según el caso.

No obstante la buena intención del tribunal de arbitramento, se observa que la creación del fondo rotatorio de vivienda, contraviene la Ley 789 de 2002 artículo 21 numeral 4º, que a letra establece:

“ART. 21.—Régimen de transparencia. Las cajas de compensación se abstendrán de realizar las siguientes actividades o conductas, siendo procedente la imposición de sanciones personales a los directores o administradores que violen la presente disposición a más de las sanciones institucionales conforme lo previsto en la presente ley:

4. Remuneraciones o prebendas a los empleadores o funcionarios de la empresa diferentes a los servicios propios de la caja...”.

Es el mismo tribunal de arbitramento en la parte considerativa del laudo arbitral el que indica, refiriéndose a la petición sindical que: “... está aspirando para sus asociados y subordinados de COMFAORIENTE la creación de un fondo rotatorio de vivienda con reglamentación convencional que le de (sic) mayores garantías, independientemente de su condición de afiliado a la caja de compensación familiar; Y QUE LE DE MEJORES PRERROGATIVAS QUE LAS QUE DICHA CAJA LE OTORGA A SUS AFILIADOS” (mayúsculas y sic de la recurrente).

Y continúa: “Claro resulta entonces que la creación de un fondo rotatorio de vivienda, solo para los trabajadores sindicalizados que prestan servicios en Comfaoriente, es violatorio de la ley, pues tal como el mismo tribunal de arbitramento lo reconoce, se trata de una prerrogativa especial concedida a los trabajadores de la caja, en contravía de la previsión del artículo 21 numeral 4º de la Ley 789 de 2002. Aunado a lo anterior, si fuera posible legalmente la creación del fondo, este tendría que tener aplicación para todos los beneficiarios de la convención colectiva de trabajo y no solo para los trabajadores sindicalizados”.

Sostiene que “en cuanto hace referencia a los beneficiarios de la convención colectiva se observa que el artículo viola flagrantemente la norma constitucional relacionada con que todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, pues establece que quien renuncie a los beneficios de la convención colectiva no recibirá aumento salarial, así mismo, la norma fue creada en el laudo arbitral excediendo las facultades del tribunal, ya que anula la posibilidad que tiene la empresa para celebrar acuerdos individuales o colectivos de conformidad con la ley laboral””.

IV. Consideraciones de la Corte

1. Fondo rotatorio de vivienda.

En lo que al recurso de anulación incumbe, la competencia de la Corte, como reiteradamente se ha dicho, está determinada con entera claridad por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual le limita sus atribuciones a verificar la regularidad del laudo y a declararlo exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal “no hubiese extralimitado el objeto para el cual se le convocó” o anularlo, si desborda el objeto de su convocatoria, verificando dentro de este contexto, que la decisión arbitral no incurra en manifiesta inequidad que como tal, lesione la posición de una u otra de las partes.

Así mismo, el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los árbitros deben decidir sobre los puntos que no fueron materia de arreglo en las etapas anteriores, pero “su fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes”.

Según la recurrente el artículo segundo del laudo es violatorio del numeral 4º del artículo 21 de la Ley 789 de 2002, relacionado con el régimen de transparencia de las cajas de compensación familiar. Pues bien, estudiada la norma en cuestión, no encuentra la Corte que el impugnante tenga razón, en tanto la creación del mencionado fondo para los trabajadores sindicalizados, mediante el cual se conceden mejores condiciones de crédito para vivienda que las ofrecidas por dicha caja a los trabajadores de los empleadores afiliados, no significa la vulneración de aquella disposición, toda vez que el denominado régimen de transparencia allí contemplado (L. 789, art. 21 ibíd.), se refiere a la prohibición que tienen las cajas de compensación familiar de otorgar remuneraciones o prebendas a las empresas afiliadas o a sus funcionarios con un fin determinado, verbigracia, para conseguir la permanencia o la afiliación de empleadores, lo cual dista de la norma arbitral; además, no puede perderse de vista que la conquista del denominado fondo rotatorio, es el producto de una negociación colectiva llevada a cabo entre la organización sindical y la entidad recurrente, ajena por completo a las previsiones del artículo 21 de la citada Ley 789, cuyas prohibiciones están dirigidas a las cajas de compensación familiar, mas no a los empleados o funcionarios de estas, tal y como se colige del inciso primero del artículo en mención, cuyo tenor literal es el siguiente: “Las cajas de compensación familiar se abstendrán de realizar las siguientes actividades o conductas, siendo procedente la imposición de sanciones personales a los directores o administradores que violen la presente disposición a más de las sanciones institucionales conforme lo previsto en la presente ley...”.

De todos modos, bueno es decir que sí está dentro de las facultades de un tribunal de arbitramento imponer cargas a un empleador para atender necesidades de sus trabajadores relacionadas, entre otras, con la vivienda. En innumerables ocasiones la Corte ha aceptado que en los laudos se concedan prestaciones sociales, luego no se ve razón objetiva para restarles la posibilidad de conceder otra clase de beneficios, que aun cuando estrictamente no participen de aquella naturaleza, sí contribuyen como las prestaciones sociales a mejorar el nivel de vida de los asalariados que, en últimas, es la verdadera finalidad de la legislación social protectora de quienes viven de su trabajo subordinado.

Es que la consecución de un beneficio que únicamente propende por el mejoramiento del nivel de vida de los asalariados, es reconocer las bases mismas de nuestro ordenamiento constitucional y el desarrollo legislativo y jurisprudencial.

En consecuencia, se declarará exequible esta parte del laudo.

2. Renuncia a los beneficios convencionales.

La cláusula arbitral reproducida, es decir, el inciso tercero del artículo sexto del laudo, contempla unas consecuencias para los trabajadores que renuncien a los beneficios de la convención colectiva de trabajo, relacionadas con la pérdida de incrementos salariales y prestaciones extralegales, disposición que así concebida resulta ilegal en la medida en que regula los efectos de un tema esencialmente jurídico sobre el cual no le está permitido pronunciarse a los árbitros, en tanto ello no se enmarca dentro de un conflicto económico respecto del que sí tienen facultad para resolver.

Lo anterior significa que el tribunal de arbitramento obligatorio, en este asunto extralimitó sus funciones y, en consecuencia, se anulará parcialmente el inciso tercero del artículo sexto del laudo arbitral, en cuanto estableció como consecuencia jurídica por renunciar a los beneficios convencionales, la pérdida de unos derechos, concretamente los incrementos salariales y el reconocimiento de prestaciones extralegales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

ART. 1º—ANULAR PARCIALMENTE el inciso tercero del artículo sexto del laudo arbitral del 23 de diciembre de 2003, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio constituido para dirimir el conflicto colectivo de trabajo surgido entre la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano, Comfaoriente, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar, “Sinaltracaf”, subdirectiva Cúcuta, en aquella parte relacionada con la pérdida de incrementos salariales y a percibir prestaciones extralegales a los trabajadores que renuncien a los beneficios convencionales.

ART. 2º—DECLARAR EXEQUIBLE el artículo segundo del laudo arbitral recurrido, relacionado con la creación de un fondo rotatorio de vivienda.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al Ministerio de la Protección Social.

Magistrados: Carlos Isaac Nader—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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