Sentencia 23286 de febrero 28 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 23286

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Acta 19

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Gabriel Carvajal Tarazona contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 14 de marzo de 2003, en el proceso que le sigue a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero - Caja Agraria en liquidación.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte

Como se desprende de la sinopsis que se hizo de la providencia acusada, para absolver de las pretensiones incoadas en la demanda, el tribunal concluyó que (i) no “aparece acreditado dentro del expediente que después del 10 de marzo de 1993 el actor hubiera desempeñado las funciones de subdirector administración y aportes y las funciones propias del mismo, como tampoco durante el período de noviembre de 1991 a septiembre de 1992” (fl. 500, cdno. 1); y (ii) y que tampoco obra dentro del plenario la autorización del superior que exige la norma convencional para que el actor “desempeñara el cargo de subdirector administración y aportes durante el lapso de tiempo no reconocido por la entidad, requisito que resulta de carácter fundamental, en tanto que la norma convencional que establece la sobre-remuneración, así lo exige” (fl. 501, ibíd.).

Aduce la censura que el yerro del tribunal consistió, esencialmente, en no tener por acreditado, estándolo, que el demandante desempeñó el cargo de subdirector de administración y aportes grado seis de la unidad de negocios subsidio familiar durante períodos de noviembre 15 de 1991 hasta septiembre 30 de 1992 y de marzo 11 hasta el 31 de julio de 1994.

Hecha la anterior precisión, objetivamente analizadas las pruebas en que el cargo funda el ataque a la sentencia acusada, se tiene lo siguiente:

1. De la respuesta que el representante legal de la demandada dio a la pregunta 3ª del interrogatorio de parte que le fue formulado, en la cual se le cuestionó sobre si era cierto o no que el actor estaba desempeñando el cargo de subdirector de administración y aportes grado seis de la unidad de negocios subsidio familiar durante el período de noviembre 15 de 1991 a octubre 13 de 1993, con claridad observa la Corte que ese hecho no fue admitido por la accionada, pues, por el contrario, categóricamente afirmó que no es cierto como “está planteada la pregunta, de acuerdo con lo que reposa en la tarjeta de personal del ex funcionario, en la fecha mencionada estaba desempeñando el cargo de promotor de subsidio grado 3. Vale la pena manifestar que de acuerdo con lo que reposa a folio 21 del expediente, copias informales de la comunicación 2163 de octubre 13 de 1993, lo que se hace es una solicitud de promoción al cargo que venía desempeñando en calidad de encargado, pero esto no obliga a la entidad para que en efecto se procediera a cumplir la solicitud, es decir que es potestativo de la misma tomar esta medida (...) En relación con la comunicación 2163 de octubre 13 de 1993 y 2297 de septiembre 17 de 1992 me permito manifestar al despacho en aclaración a la tercera pregunta que dichas comunicaciones en ningún caso establecen la calidad de encargado, sino que lo que hace es una distribución de funciones debido a la escaces (sic) de personal para dar pronta solución a los problemas” (fls. 129 y 130, cdno. 1), y tampoco de la misma es dable establecer realmente si el actor estuvo desarrollando dicho cargo y durante qué lapso de tiempo. De donde se concluye que no incurrió el tribunal en el desacierto que el impugnante le endilga en la valoración de esa probanza.

2. En cuanto a los documentos que obran a folios 24 a 71 y 78 a 94, que informan sobre las contabilizaciones de aportes en subsidio familiar y SENA, contabilizaciones de operaciones varias, certificaciones sobre consignaciones, legalizaciones de caja menor, y aunque de estimarse que fueron suscritos por el actor de ellos no aflora a primera vista la calidad con la que actuaba, pues sus rúbricas aparecen con un sello que dice “Caja de Crédito Agrario Industrial, y Minero - subsidio familiar” y en algunas, debajo el texto de “reviso”. Igualmente, de los citados escritos no brota con exactitud los extremos temporales en que se desempeñó en el cargo que discute, y en realidad tampoco se logra desquiciar la sentencia en cuanto a las conclusiones del tribunal en relación con la ausencia de probanzas para establecer que ocupó el cargo de subdirector de administración y aportes grado seis de la unidad de negocios subsidio familiar durante el período de noviembre 15 de 1991 a octubre 13 de 1993.

3. Las comunicaciones 2163 de octubre 13 de 1993 de folio 21, de junio 22 de 1994 —fls. 417 a 418— y marzo 24 de 1994 —fl. 16— (proveniente del demandante), dan cuenta de la solicitud del actor para reconocimiento de la sobre-remuneración por haber asumido de “hecho la totalidad de las funciones del cargo de subdirector de administración y aportes” y la respuesta dada por la demandada en la cual niega la petición por considerar que no se cumple con los requisitos exigidos en la convención colectiva de trabajo y en la reglamentación interna; documentos de los que no es dable inferir el período en que realmente se desempeñó en el cargo objeto del debate; los efectos frente a los requerimientos convencionales de haber actuado según el demandante como “funcionario de hecho”; y ni siquiera la continuidad en el mismo.

4. En cuanto al reproche por la omisión de valoración del documento de folio 21, resulta intrascendente, por cuanto su contenido como documento debe estimarse en su integridad, como un todo, y dada su presentación en fotocopia con párrafos y palabras ilegibles, ello impide su lectura de manera total y coherente.

5. Del anterior examen no se colige que el sentenciador se hubiera equivocado en la apreciación o en la falta de valoración de las pruebas, al concluir entre otras, que no existe certeza que “después del 10 de marzo de 1993 el actor hubiera desempeñado las funciones de subdirector de administración y aportes y las funciones propias del mismo, como tampoco durante el período de noviembre de 1991 a septiembre de 1992” (fl. 500 cdno. 1), al igual que no se logró establecer el tiempo de los períodos de ocupación en dicho cargo y por lo mismo la evidencia de que hubiera cometido el error fáctico ostensible que se endilga en el ataque. Y esto parece entenderlo con total claridad el recurrente en la medida en que en la demostración del cargo afirma que “en escrito del folio 269 que fue incorporado en el acta de audiencia del folio 271, en los literales a), b) y c) se solicita certificación a la entidad demandada sobre los períodos reales en los que estuvo encargo(sic) el demandante de la plaza de mayor categoría, la vacancia de dicho cargo y los sueldos realmente devengados por el trabajador y los del cargo de superior categoría para establecer las diferencias adeudadas” (fls. 14 a 15 cdno. 2) (resaltado fuera de texto).

6. En lo que atañe con la prueba testimonial, sabido es que ella, por sí sola, según las previsiones del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, no se considera idónea para fundar error de hecho en casación, pues no es una de las calificadas como tal, como sí lo son la inspección judicial, el documento auténtico y la confesión judicial.

7. Referente a las misivas de folios 17 y 18, es del caso anotar que por tratarse de documentos declarativos emanados de terceros, se asimilan a la prueba testimonial (CPC, art. 277). Por tal razón, como se anotó en el numeral que antecede, no es viable su examen en casación por estar limitado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, como ya se dijo.

8. En lo concerniente con la equivocada apreciación del artículo 15 del acuerdo colectivo, es deber de la Corte reiterar que el objeto del recurso de casación no es fijarle el sentido que pueda tener una convención colectiva de trabajo, ya que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás puede participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance.

Precisamente en atención al origen y finalidad de la convención colectiva de trabajo, carece ella del alcance nacional que tienen las leyes del trabajo sobre las cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho manifiesto, es corregir la equivocada valoración como prueba de tales convenios normativos de condiciones generales de trabajo.

También cabe recordar que por imperativo legal los contratos y convenios entre particulares —y la convención no es otra cosa diferente a un acuerdo de voluntades sui generis — deben interpretarse ateniéndose más a la intención que tuvieron quienes lo celebraron, si dicha intención es claramente conocida, que a las palabras de que se hayan servido los contratantes. Esta regla de interpretación está expresada en el artículo 1618 del Código Civil, y aun cuando referida en principio a los contratos de derecho común, también debe ser tomada en consideración por los jueces del trabajo; y dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, como sucede en el sub examine , respetar las apreciaciones razonadas que de la convención colectiva de trabajo —mirada ella como prueba de las obligaciones que contiene— haga el tribunal.

9. Por último, la discusión sobre la aducción, decreto y práctica de los medios de convicción es asunto eminentemente jurídico, solo susceptible de ser discutido en la casación del trabajo por la vía directa de violación de la ley por infracción medio que conduce a la trasgresión de las normas sustanciales en esta materia, por ello, los reproches que el recurrente hace a la sentencia del tribunal en el primer cargo, en torno a la renuencia de la inspección judicial y sus efectos, pasará la Corte a estudiarlos en el segundo, por cuanto en este los reitera.

En armonía con lo discurrido, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Acusa la sentencia de violar directamente en el concepto de infracción directa los artículos “56 del Código Procesal del Trabajo, como violación medio que condujo a la aplicación indebida de las siguientes normas sustantivas: artículos 1º, 5º, 11, 36 y 46 de la Ley 6ª de 1945; artículos 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo, 51 del Decreto 2127 de 1945; Decreto 797 de 1949; artículos 8º y 11 del Decreto-Ley 3135 de 1968; Decreto 3118 de 1968; artículos 43 y 51 del Decreto 1848 de 1969” (fl. 16 cdno. 2).

Según el impugnante pese al reiterado anuncio que “hace el despacho de primera instancia acerca de la aplicación del precepto consagrado en el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo, finalmente no aplica sus efectos, como tampoco la sentencia de segunda instancia recoge de ninguna forma lo que a ese respecto expone el actor en su recurso de apelación. No se trata de un error de apreciación de las piezas procesales, sino la actitud proclive de los jueces de instancia a no utilizar dicho precepto en contra de entidades estatales, no obstante su diáfana claridad (...) tal proceder indudablemente configura una infracción directa de la disposición procesal porque se le niega su aplicación práctica y efectiva, con la cual el sentenciador hubiera contado con elementos de juicio para apoyar una sentencia condenatoria vista la renuncia de la parte demandada a facilitar los medios para la práctica de la inspección judicial” (fl. 17 ibíd.).

La réplica

Señala que el cargo carece de cualquier fundamento fáctico, debido a que no se entiende la razón del disenso del recurrente “cuando en la audiencia citada no se opuso al cierre del debate probatorio y ahora pretenda corregir su olvido en esta instancia” (fl. 25 ibíd.).

V. Consideraciones de la Corte

Para desestimar el cargo basta recordar que no es dable imputarle al tribunal la infracción directa del artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, toda vez que en el sub judice , no fue el juez de segunda instancia a quien correspondió la práctica de la prueba y por ende tampoco a quien le incumbió determinar los efectos de la eventual renuencia y consecuencialmente declarar la confesión ficta o presunta.

Se afirma lo anterior, por cuanto de acuerdo con el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la reforma introducida por el artículo 26 de la Ley 712 de 2001, es del juez quien practicó la diligencia, el que está facultado para dar fe y consignar la conducta de eventual renuencia desplegada por la parte y con soporte en esa atestación plasmada en el acta respectiva establecer las consecuencias legales de tal comportamiento, desde luego antes de la sentencia, para que, se reitera, el contumaz tenga presente los hechos sobre los cuales recayó la presunción ficta, y así poder hacer uso de los medios de impugnación instituidos en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, contra los autos interlocutorios que así lo establecieron.

Sobre la hermenéutica del artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en sentencia de octubre 27 de 1993, radicación 6155, dijo esta corporación:

“El pronunciamiento previo, propio del juez laboral instructor, también es forzoso respecto de la renuencia a la inspección judicial (CPL, art. 56), porque aquí también es tema esencialmente controvertible el del desacato y esta calificación de renuencia no puede quedar para la sentencia cuando ya no existe la posibilidad de controvertirla”.

En consecuencia el cargo se desestima.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 14 de marzo de 2003, en el proceso instaurado por Gabriel Carvajal Tarazona contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero - en liquidación.

Costas a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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