Sentencia 2329-08 de marzo 26 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Rad.: 25000 23 25 000 2007 01265 01(2329-08)

Actor: Irma Gutiérrez de Rodríguez

Demandado: Caja de retiro de las Fuerzas Militares.

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «6. Consideraciones.

En primer lugar debe precisar la Sala, como lo ha sostenido en anteriores oportunidades (1) , que la competencia de la corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación contra la providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda.

Como en el caso sub lite, la recurrente se limita exclusivamente a controvertir la decisión del tribunal de declarar prescritas las mesadas anteriores al año 2004, so pretexto de que la prescripción consagrada en el artículo 174 del decreto 1211 de 1990, de cuatro años, había sido modificada a tres años, con fundamento en lo estipulado en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, la Sala en lo pertinente, procederá a efectuar el estudio de este cargo, teniendo en cuenta que fue el único punto sobre el cual alegó la demandante en la sustentación del recurso.

Para llegar a una decisión, respecto del conflicto planteado, esta corporación realizará el siguiente análisis:

Mediante el Decreto 1211 del 8 de junio de 1990, por el cual se reforma el estatuto de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, el Presidente de la República de Colombia en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 66 de 1989, para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de oficiales, suboficiales, agentes y civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en el artículo 174 establece que los derechos prestacionales allí consagrados, prescriben en cuatro (4) años que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. Según términos de la citada norma “el reclamó escrito recibido por autoridad competente sobre un derecho interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

Como es sabido, los decretos extraordinarios, también denominados decretos-leyes, eran emitidos por el Presidente de la República, requiriendo de una ley de “facultades extraordinarias” y precisas, que dictaba el Congreso, cuando la necesidad lo exigía o las conveniencias públicas lo aconsejaban, de conformidad con el numeral 12 del artículo 76 Constitucional.

Es claro entonces, que los decretos legislativos, los decretos-leyes o extraordinarios, los decretos Constitucionales y los decretos de planificación, constituyen actos administrativos de naturaleza legislativa, es decir, que gozan de fuerza igual a la de las leyes, mientras que los decretos especiales, los reglamentarios y los ejecutivos, constituyen actos de naturaleza administrativa.

Ahora bien, en desarrollo de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004, el Presidente de la República de Colombia, expidió el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, mediante el cual fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública y en su artículo 43 dispuso: “Prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las pensiones revistas(sic) en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles” Negrillas de la Sala.

De la lectura atenta de la Ley 923 de 2004, se tiene que si bien es cierto por medio de esta, se señalaron las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, también lo es que en ningún aparte de la misma se desarrolló el tema de la prescripción, aparentemente reglamentado por el Decreto 4433 de 2004, en mención.

De conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política actual, el Presidente de la República, tiene asignada la potestad reglamentaria exclusiva, que lo faculta para reglamentar las leyes, con sujeción a la Constitución y al contenido mismo de la ley que se va a reglamentar. Ese poder de reglamentación se reconoce en orden a desarrollar la ley para su correcta aplicación, cumplida ejecución y desenvolvimiento, facilitando su inteligencia, debiendo para ello obrar dentro de los límites de su competencia, sin sobrepasar, limitar, ni modificar los parámetros establecidos en aquella, pues lo contrario, implicaría extralimitación de funciones y se constituiría en una invasión al campo propio del legislador.

De modo que el Presidente de la República, al encontrarse ante una ley, puede dictar normas también generales como la ley, respetando esta última, pero que concreten más su contenido, con el fin de facilitar o hacer posible su aplicación práctica; normas que reciben el nombre de decretos reglamentarios.

Respecto del poder reglamentario esta corporación ha sostenido (2) que: “... si bien el poder reglamentario está implícito en la necesidad y obligación del Gobierno de hacer cumplir las leyes, como antes se anotó, su legitimidad deriva siempre de la ley reglamentada en donde encuentra sus límites naturales sin que pueda el Presidente de la República pretender sustituir la Ley, para buscar una aplicación conveniente a través de reglamento. En manera alguna la Constitución le otorga al Presidente de la República la función de “arreglar la ley” para modificar, limitar o extender su contenido a situaciones no previstas en ella o para hacerle producir efectos distintos a los en ella señalados; pues la atribución de dictar la ley, o de modificar la preexistente, es labor legislativa que en tiempo de paz solo compete al Congreso de la República como órgano legislativo, según lo indica la Constitución Política en su artículo 150...”.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que mal podía el tribunal dar aplicación a la modificación de la prescripción establecida en el Decreto 4433 de 2004, cuando el Presidente de la República, so pretexto de reglamentar una ley, excedió los términos de la misma, es decir cuando la legitimidad del decreto se derivaba de la ley que reglamentaba, razón por la cual es claro que debe seguir dándosele aplicación al Decreto-Ley 1211 del 8 de junio de 1990, mediante el cual el Presidente de la República de Colombia en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la ley 66 de 1989, reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, los derechos prestacionales consagrados a favor del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares prescriben en cuatro años, que se contaran desde la fecha en que se hagan exigibles. Según términos de la citada norma “el reclamó escrito recibido por autoridad competente sobre un derecho interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

Como es sabido, la ley le ha dado un tratamiento especial a las prestaciones sociales, dado su carácter de imprescriptible; por ello, es viable jurídicamente que la interesada pueda elevar solicitud de reconocimiento de su derecho en cualquier tiempo; sin embargo y no obstante que el derecho es imprescriptible; sí lo son las acciones que emanen de los derechos prestacionales; por tal virtud prescriben las mesadas pensionales, según el término señalado por el legislador.

Pues bien, para que opere el fenómeno prescriptivo se requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Dicho tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible.

En el caso sub lite, da cuenta el expediente a folios 3 a 5 de la petición que formuló el demandante en sede gubernativa el día 27 de agosto de 2007. Significa lo anterior, al tenor del citado artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, que la prescripción de las mesadas pensionales en el caso objeto de examen fue interrumpida por un lapso igual de cuatro años, en virtud del reclamó que elevó ante el director general de la caja de retiro de las Fuerzas Militares para el reconocimiento y pago del derecho reclamado; es decir, la interrupción cobijó las prestaciones causadas desde el 27 de agosto de 2003 en adelante.

Los anteriores razonamientos imponen confirmar la sentencia del tribunal que accedió a las súplicas de la demanda, excepto en lo tocante a los numerales 1º y 3º que se modificaran en el sentido de precisar que se encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 27 de agosto de 2003, no de 2004 como lo declaró el tribunal, pues el fenómeno prescriptivo para los miembros de la fuerza pública es de período cuatrienal, al tenor del artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCANSE los numerales PRIMERO Y TERCERO de la providencia apelada en el sentido de precisar que el reajuste debe efectuarse a partir del 27 de agosto de 2003, por prescripción cuatrienal.

2. CONFIRMÁSE en lo demás.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Sentencias del 21 de julio de 1993, Expediente 5943, actor: Bernardo Tovar Gómez y 30 de agosto de 1994, Expediente 6656, Actor: Luis Avelino Cabeza Paz, entre otras.

(2) Expediente 5393 del 15 de julio de 1994, Consejero Ponente Guillermo Chahín Lizcano.

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