Sentencia 23299 de mayo 25 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 23299

Acta 53

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Gilberto Arias Herrera, Misael Pineda y Rodrigo A. Manzano Grimaldo, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de septiembre de 2003, en el juicio que adelantan en contra de la Nación – Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, Invías.

(...).

SE CONSIDERA

El cargo está planteado sobre la base de que el tribunal infringió las normas que componen la proposición jurídica, porque, según afirma el censor, “... desconoció las normas referidas al carácter vitalicio que asisten (sic) a las pensiones de jubilación cualquiera que sea su origen, convencional, voluntario o legal”.

Sobre esta base gira toda la argumentación del censor y sobre ella edifica toda la supuesta violación que le endilga a la decisión de segundo grado.

No obstante, de ninguna de las disposiciones cuya violación se denuncia, ni de ninguna otra del derecho positivo, se agrega, se desprende que las pensiones extralegales deban necesariamente concederse en forma vitalicia por el empleador, como lo plantea el censor, pues, como se ha dicho reiteradamente por esta Sala de la Corte, el mínimo de derechos de los trabajadores que obligan a respetar los artículos 53 de la Constitución Nacional, 13 del Código Sustantivo de Trabajo y 36 de la Ley 6ª de 1945, es el contenido en las leyes sociales y mientras los contratos de trabajo, los pactos o convenciones colectivas o los reglamentos de trabajo, los respeten, tienen plena validez y deben ser acatados por las partes contratantes.

En este orden de ideas y partiendo del supuesto fáctico del fallo, no cuestionado por la censura, de que el artículo 13 de la convención colectiva establece un derecho superior a los que consagra el legislador para los trabajadores, como los demandantes, pues reconoce a estos una pensión de jubilación sin cumplir el requisito legal de la edad, al completar éstos 28 años de servicio al ministerio, que además de superar la legal no la afecta, es perfectamente factible a las partes limitar su temporalidad hasta el reconocimiento de esta por parte de la Caja Nacional de Previsión y cuatro meses más, como se hizo en el párrafo 5 del aludido artículo 13 convencional, por así autorizarlas el principio de la autonomía de la voluntad privada, que tiene plena operatividad en cuestiones que van más allá de ese mínimo inamovible establecido con carácter de orden público por el legislador.

Bajo este supuesto, bien pueden las partes dentro de su capacidad de negociación, establecer el carácter vitalicio o temporal de la prestación, como es este caso, en el que según lo estableció el sentenciador se previó que la pensión convencional “solo tiene vigencia hasta que el trabajador cumpla la edad necesaria, causándose así el derecho legal a la pensión de la caja, y 4 meses más”, con lo cual no se violó la ley, ni se le puede endilgar al tribunal, por tanto, un yerro de tal naturaleza.

La prohibición que expresa, pues, el censor sobre la improcedencia de la limitación del alcance temporal por acuerdo de las partes, solo se limita a aquellas que tienen origen legal, lo cual no resulta aplicable en el presente caso, en que se determinó que la cuestionada era de origen convencional.

En igual sentido se pronunció esta Sala, en caso similar al presente, entre otros, en el fallo del 30 de julio de 2004 (rad. 21521).

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 12 de septiembre de 2003, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral que le adelantan Gilberto Arias Herrera, Misael Pineda y Rodrigo A. Manzano Grimaldo a la Nación – Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, Invías.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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