Sentencia 23322 de diciembre 7 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

NUEVOS REQUISITOS PARA LA LIBERTAD CONDICIONAL

Aplicación, por favorabilidad, a condenados que antes estaban excluidos.

EXTRACTOS: «4. Mediante el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, el legislador dispuso lo siguiente:

“Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo y extorsión, no procederán las rebajas de penas por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de la pena, o libertad condicional.

Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el código de procedimiento penal, siempre que esta sea efectiva” (resaltado fuera de texto).

Esta disposición de derecho sustancial, vigente solo para los hechos cometidos a partir de la vigencia de dicha ley —por aquello tan simple de la irretroactividad de las leyes de ejecución que acotan el poder punitivo del Estado—, limitó el alcance general del sustitutivo penal de la libertad condicional previsto en el artículo 64de la Ley 599 de 2000.

En efecto, una norma de carácter general como el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, por virtud del artículo 11 de la Ley 733 de 2002 vio limitados sus alcances, en el sentido que a partir de la vigencia de esta última disposición hacia delante, los condenados por la comisión de los delitos de extorsión, no tendrían derecho a la libertad condicional, así cumplieran las tres quintas partes de la pena y muy a pesar de que su conducta en el establecimiento carcelario fuese ejemplar como consecuencia de las bondades relativas de la prevención especial y la resocialización.

De esta manera, es evidente que los artículos 64 de la Ley 599 de 2000 y 11 de la Ley 733 de 2002, conforman en materia de libertad condicional la proposición jurídica completa. En efecto, las dos disposiciones regulaban de manera integral la materia y por tanto, al disponer el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que la libertad condicional procede para todos los delitos, derogó en conjunto las disposiciones anteriores.

Ello significa que a partir de la expedición de la Ley 890 de 2004, vigente a partir del 1º de enero de 2005, los requisitos, para aquellos condenados que antes estaban excluidos de la posibilidad de acceder a la libertad condicional por la naturaleza del delito que ejecutaron, ahora la tienen, siempre que se cumplan y se superen las exigencias normativamente previstas, esto es, la valoración acerca de la gravedad de la conducta, el cumplimiento de la dos terceras partes de la pena y que su conducta en el establecimiento carcelario permita deducir que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena.

Además, haciendo énfasis en principios de justicia restaurativa, deberá acreditarse la reparación a la víctima y de otra el pago total de la multa.

La redacción de la normas en conflicto, de otra parte, permiten aseverar fundadamente que fue voluntad del legislador no excluir de la posibilidad de la libertad condicional a los condenados por el delito de extorsión. En efecto, en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, expresamente se le otorgó al juez la potestad de analizar la gravedad de la conducta, que es un presupuesto que no lo consideraba el original artículo 64 de la Ley 599 de 2000 y que le permitirá al juez en el ámbito de su autonomía ponderar la tensión entre la gravedad del injusto y los derechos del convicto para establecer la necesidad de cumplir los fines de la pena en el marco de la prevención especial y de la resocialización, como fines de la pena (L. 599/2000, art. 4º).

En otra palabras, lo dicho significa que la gravedad de la conducta no puede analizarse a partir de una interpretación simplemente histórica de las disposiciones normativas, sino desde la óptica de un lenguaje relacional en el cual se ponderen los derechos del convicto (la libertad) y la necesidad de justicia (la restricción a la libertad), para lo cual se deberá tener en cuenta la modalidad de la conducta, la entidad del injusto, la ponderación del aporte y la afectación concreta al bien jurídico en el caso concreto, entre otros aspectos.

Se requiere, además, haber cumplido las dos terceras partes de la pena —no las tres quintas como lo exigía el original artículo 64 de la Ley 599 de 2000—, reparar los agravios a las víctimas y pagar la multa impuesta en el fallo, entre otras exigencias que no se consideraban en la legislación precedente, en el marco por supuesto de las concretas posibilidades para hacerlo en cada caso concreto.

5. Como se acaba de destacar, el artículo 5º de la Ley 890 de 2004 derogó tácitamente el 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002, en lo que tiene que ver con los presupuestos relacionados con la libertad condicional (otras prohibiciones como la de acceder a la sentencia anticipada deben examinarse en concreto y respetando el instituto específico de que se trata), de manera que por virtud del principio de favorabilidad es aplicable el artículo 5º de la primera ley, en tanto genera mayores posibilidades de acceder a la libertad condicional, las cuales no se pueden rehusar con argumentos de competencia, que en nada inciden tratándose de una reforma eminentemente sustancial.

Considera la Corte, por tanto que, al no aplicar la disposición mas benéfica, el juzgado y el tribunal incurrieron en una vía de hecho judicial por infracción al principio de favorabilidad, lo cual a su vez implica, como ya se dijo, ejecutar la pena arbitrariamente e incurrir en una vía de hecho por defecto sustantivo.

Dispondrá, entonces la Sala, para restaurar las garantías vulneradas, que el juzgado dicte la decisión de acuerdo con las condiciones y presupuestos exigidos en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, en los términos aquí expuestos.

Es de aclarar, finalmente, que la tutela procede en este caso, en orden a la aplicación favorable del artículo 5º de la Ley 890 de 2004, exclusivamente con respecto a los delitos de que trata la Ley 733 de 2002, pues respecto de los demás delitos la sola mención a ella no resulta en sí mismo favorable».

(Sentencia de tutela, 7 de diciembre de 2005. Radicación 23322. Magistrado Ponente: Dr. Mauro Solarte Portilla).

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