Sentencia 23349 de marzo 2 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Acta 23

Rad. 23349

Magistrado Ponente:

Carlos Isaac Nader

Decisión de instancia

Bogotá D.C., dos de marzo de dos mil cinco.

En el proceso ordinario laboral instaurado por Martha Bedoya contra el Instituto de Seguros Sociales, la Corte mediante sentencia del 24 de noviembre de 2004, casó la decisión proferida el 30 de septiembre de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. En sede de instancia y para mejor proveer, dispuso librar oficio al instituto demandado con el fin de que allegara al proceso la historia laboral de Carlos Arturo Sabogal Flórez (q.e.p.d.), cónyuge de la demandante y, certificación sobre el monto de la pensión de vejez que el mismo señor devengaba para la fecha de su deceso, esto es, para el 1º de abril de 1998, reconocida a través de la Resolución 1647 del 19 de abril de 1989.

Consideraciones de la Corte

Es preciso recordar que lo pretendido por la accionante era la pensión de sobrevivientes del pensionado por vejez que a su cónyuge le había reconocido el ISS mediante la Resolución 1647 del 19 de abril de 1989, por haber cotizado 690 semanas y tener 60 años de edad (fIs. 11 a 13 del cdno. ppal.).

También es del caso tener en cuenta que de conformidad con la prueba arrimada al proceso a solicitud de la Corte, la empresa Otis Elevator Company reconoció al cónyuge de la accionante una pensión de jubilación desde el 1º de septiembre de 1982 (fIs. 260 y 262, cdno. de la Corte), pensión que quedó a cargo del ISS a partir del mes de enero de 1992, a consecuencia de la conmutación pensional que operó entre la empresa mencionada y dicho instituto, según se desprende de la Resolución 6740 del 18 de diciembre de 1991, obrante a folios 244 a 249 del mismo cuaderno.

De igual manera aparece demostrado que el señor Sabogal Flórez (q.e.p.d.) falleció el 1º de abril de 1998, según se colige de la prueba documental que reposa a folio 135, repetida en el 179 del cuaderno de instancias y 164 del cuaderno de la Corte.

Por su parte, y de conformidad con la Resolución 2635 del 17 de enero de 2000 vertida a folios 20 a 23, repetida en los folios 85 a 88 y 117 a 120 del cuaderno de instancias, el ISS reconoció la sustitución de la pensión por conmutación que en vida disfrutaba el cónyuge de la demandante, a partir del 1º de abril de 1998, en cuantía de $ 834.829; acto administrativo a través del cual el mismo instituto confirmó en segunda instancia la decisión de negar la pensión de sobrevivientes a la señora Bedoya, por considerar que para la época en la que el pensionado adquirió el derecho a la pensión de vejez, esto es, noviembre de 1987, aquella aún no convivía con el señor Sabogal Flórez.

Así las cosas, y como se anotó desde un comienzo, la controversia se circunscribe a la pensión de sobrevivientes del pensionado por vejez.

En ese orden de ideas, y como quedó dicho en sede de casación, es claro que se trata de dos pensiones a cargo del ISS cuyo origen es completamente diferente: una, que es la pensión de vejez que este instituto reconoció al cónyuge de la demandante a partir de 1987 por haber cotizado 690 semanas y por tener 60 años de edad y, la otra, que correspondió inicialmente a la pensión de jubilación que el empleador reconoció directamente al esposo de la accionante a partir del mes de septiembre de 1982, cuya conmutación fue aceptada por el ISS mediante la Resolución 6740 de 1991 desde el mes de enero de 1992.

Bien, sobre la compatibilidad de estas dos pensiones, es preciso anotar que sobre la figura de la conmutación pensional, esta Corte ha estimado que los reglamentos generales del Instituto de Seguros Sociales no subrogan riesgos de cualquier manera frente a los peligros propios de la insolvencia económica o desaparecimiento del empleador.

Para ello, existen disposiciones expresas como la Ley 25 de 1971 y los decretos 2677 de 1971 y 1572 de 1973 sobre conmutación de las pensiones de jubilación del sector privado, la cual procede en casos excepcionales tanto para las pensiones de jubilación legales como para las convencionales. Mediante esta figura el ISS puede sustituir a la empresa obligada en el pago de la jubilación y demás derechos accesorios a ella. Opera principalmente en los casos de empresas en proceso de liquidación, cierre, notorio estado de descapitalización, disminución de actividades o desmantelamiento que pueda hacer nugatorio el derecho de jubilación de los trabajadores.

También ha dicho la Sala que las pensiones conmutables no son solamente las causadas, sino también las que están en curso de adquisición por trabajadores que tengan más de diez (10) años de servicios a la respectiva empresa. A esta figura pueden acudir, debidamente legitimados: el trabajador de manera independiente, éste y la empresa, o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este, una vez ordenada la conmutación, no debe autorizar la liquidación ni el cierre de la empresa hasta tanto se le acredite la constancia del pago respectivo expedida por el Instituto de Seguros Sociales.

Como se puede apreciar, en dichas normas existen mecanismos apropiados para que el empresario en épocas de crisis conmute las pensiones a su cargo con el Instituto de los Seguros Sociales.

Fue lo que ocurrió en el sub lite, pues de conformidad con la Resolución 6740 de marras, el Instituto de Seguros Sociales aceptó la conmutación, entre otras, de la pensión de jubilación que la empresa international Elevator Inc. había reconocido a favor del cónyuge de la demandante a partir del mes de septiembre de 1982.

De la resolución aludida, cuyo texto completo obra a folios 245 a 249 del cuaderno de la Corte, también se desprende que el ISS aceptó la conmutación de las pensiones del personal totalmente jubilado por la empresa —del cual hacía parte el cónyuge de la demandante, señor Carlos Arturo Sabogal Flórez—; del personal jubilado con pensión compartida; del personal retirado con tiempo de servicio entre 10 y 20 años y, de los beneficiarios de sustitución pensional, lo cual significa que desde el momento en que aceptó la aludida conmutación, el propio ISS a través del acto administrativo que así lo estableció sabía que tal pensión no era de aquellas que compartiría.

Compartibilidad que entre otras cosas no podía darse, pues como quiera que la conmutación se dio por notable estado de disminución de actividades y desmantelamiento de la empresa International Elevator Inc., tal y como se dice en la resolución aludida, lo que hacía suponer el cierre de la misma, necesariamente implicaba la imposibilidad de compartir la cual procediera tal figura.

Es que precisamente la conmutación pensional opera en casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, esto es, cuando la empresa por estar atravesando una grave dificultad económica se ve en peligro de un cierre total y definitivo, situación que podría truncar el pago de las pensiones de jubilación que el empleador había reconocido, o que la expectativa pensional que tenían los trabajadores podría verse cercenada por el cierre de la empresa.

Por otra parte, y como se colige de la misma resolución, y por así disponerlo el conjunto normativo que regula la figura de la conmutación pensional, el pago de las pensiones de jubilación que tenía a su cargo la empresa y que por efectos de la susodicha conmutación debe seguir sufragando el ISS, está garantizado con el capital que para esos efectos la firma International Elevator Inc. puso a disposición del instituto mencionado, el cual ascendió a la suma de mil trescientos treinta y siete millones quinientos diecisiete mil doscientos noventa y nueve pesos ($ 1.337.517.299), de donde surge que el importe que viene haciendo el ISS de esta prestación no obedece a las cotizaciones realizadas para el cubrimiento del riesgo de vejez, sino del capital que la empresa puso a disposición del ISS con el propósito de que éste instituto se convirtiera en un diputado para el pago de las mencionadas pensiones de jubilación a través de la tantas veces mencionada conmutación pensional, luego no sería de recibo exonerar al ISS de la pensión de sobrevivientes, cuando tal y como ha quedado visto, ésta tuvo una causación y origen distinto de la pensión de jubilación que había reconocido el empleador bajo su exclusivo cargo y que conmutó con el ISS a cambio de la constitución y giro de un capital.

Confirma la conclusión de que se trata de dos pensiones de naturaleza y origen distintos, el contenido de las certificaciones expedidas por la jefatura del grupo de novedades a la nómina coordinación nómina de pensionados del Instituto de Seguros Sociales, de fecha 22 de marzo de 1996, obrantes a folios 227 y 228 del cuaderno de la Corte, pues las mismas dan cuenta que para el año de 1996 el monto de la pensión de jubilación conmutada ascendía a la suma de $ 583.249 y la de vejez a $ 144.542.

Ahora bien, y frente al argumento del ISS para negar la pensión de sobrevivientes, expuesto en las resoluciones 826 del 24 abril, 2367 del 8 de junio y 2635 del 17 de agosto, todas de 1999, relacionado con la afirmación de que la accionante no hacía vida marital con su compañero para la fecha en la cual éste adquirió el derecho a la pensión de vejez, esto es para el 25 de noviembre de 1987 según da cuenta la prueba recaudada en el proceso y, que por haber fallecido el pensionado el 1º de abril de 1998 era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 el aplicable al sub lite, según el cual, antes de la declaratoria de inexequibilidad parcial, era requisito que la cónyuge o la compañera permanente, estuviera haciendo vida marital con el pensionado para la época en que éste adquirió el derecho a la pensión de vejez, es oportuno anotar que independientemente de la fecha del fallecimiento del pensionado y de que la convivencia se haya iniciado con anterioridad o no a la data en que adquirió su derecho pensional, esta Corte ha estimado que la normatividad aplicable es la vigente al momento en que el pensionado adquirió el derecho a disfrutar de su pensión de vejez, que en el caso de autos corresponde al año de 1987, luego al presente asunto aplica el conjunto normativo que regía para esa anualidad.

En la sentencia del 13 de febrero de 2004, radicación 21363 respecto del tema, esto dijo la Corte:

“En torno al tema de la pensión de sobrevivientes, reclamada en uno u otro caso, por la cónyuge o la compañera permanente del causante que fallece en vigencia de la Ley 100 de 1993, en el evento en que la convivencia se inicia después del reconocimiento de la pensión al trabajador, la Corte tiene decidido que la condición de pensionado del fallecido y la de cónyuge o compañera permanente de éstas estructuraron un derecho adquirido, en la medida que ese derecho ingresó al patrimonio del pensionado, y por ello estaba legalmente autorizado para transmitirlo a los causahabientes que la normatividad aplicable determine, sin que una nueva ley, pueda desconocerlo o conculcarlo mediante la variación de las reglas normativas existentes al momento de su consolidación.

“En sentencia reciente, de 9 de julio de 2003, radicada con el número 19943, esto dijo la Sala:

“No es cierto que el tribunal se hubiese rebelado en contra de la norma acusada, pues del texto de la misma se desprende que no desconoció el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al punto que en principio consideró que esa era la disposición que se avenía a la situación de autos, pero que atendiendo la fecha en que se reconoció la pensión (1982) y la del matrimonio del pensionado con la demandante (1989), el precepto aplicable era el anterior a dicha Ley 100, es decir, el Acuerdo 49 de 1990.

“Desde esa perspectiva que es la que corresponde tomar en consideración, hay que decir que ningún dislate cometió el juzgador de segundo grado ya que de conformidad con el disentimiento que el recurrente plantea en el cargo en relación con la sentencia de segunda instancia, todo se centra en la decisión de conceder a la demandante, como cónyuge supérstite del pensionado Diofanador Grajales, la pensión de sobrevivientes que le impetró al ISS, a pesar de que a juicio del mismo censor no reúne el requisito de convivencia de que da cuenta el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, precepto con el que considera se debió dirimir la contención, pues era el vigente a la muerte del causante.

“En efecto, no existe discusión en torno a que al cónyuge de la demandante, el ISS le reconoció una pensión de vejez el 16 de diciembre de 1982; que el matrimonio entre la reclamante y el pensionado se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1988 y que éste falleció el 12 de abril de 2000, es decir, más de once años después de que aquel vínculo de pareja se estableció, luego no existe fundamento jurídico para sostener que la normatividad aplicable para dirimir la contención, no sea la del acuerdo 49 de 1990, específicamente sus artículos 25 y 26, sino la posterior, esto es, la incorporada en la Ley 100 de 1993, artículo 47, pues a juicio de la Sala es irrebatible que cuando esta última normativa entró en vigencia, el 1º de abril de 1994, la condición de pensionado del causante y de cónyuge de la reclamante, ya habían surgido a la vida del derecho a través de sendos actos jurídicos, como son: el respectivo reconocimiento pensional por parte del ISS y el matrimonio, circunstancias que estructuran un derecho adquirido, en tanto en este caso para el pensionado ese derecho ingresó a su patrimonio, y por ello estaba legalmente autorizado para transmitirlo a los causahabientes que la ley aplicable determine, sin que una nueva ley, pueda desconocerlo o conculcarlo mediante la variación de las reglas normativas existentes al momento de la consolidación de aquellos dos presupuestos.

“En el anterior sentido se pronunció la Corte en su sentencia 10406 del 17 de abril de 1998, reiterada en la 18306 del 11 de septiembre de 2002, en la que además expuso:

“Así mismo, conforme al artículo 26 del Acuerdo 49 de 1990 el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa cuando se reúnen los requisitos establecidos en ese reglamento, y se reconoce y paga a partir de la fecha del fallecimiento del pensionado, con los que se evidencia claramente la distinción normativa entre la causación del derecho y el momento en que debe reconocerse y pagarse.

“De tal suerte que en el caso de los pensionados, la pensión de sobrevivientes susceptible de transmisión no configura un derecho nuevo a favor de los causahabientes, sino un derecho derivado, una verdadera “sustitución pensional” del mismo derecho adquirido a la pensión de vejez o invalidez causado en su favor. Tan es así que el propio artículo 48 de la Ley 100 establece que “el monto de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba”.

”En consecuencia, los pensionados antes de la vigencia de la nueva ley, que tenían el período de convivencia permanente señalado en las disposiciones precedentes, consolidaron el derecho a transmitir la pensión que devengaban a favor de su cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente o hijos con derecho, según el caso, en el mismo monto y condiciones estatuidos en la legislación vigente al momento en que se consolidaron las circunstancias mencionadas. Esos pensionados, al haberse definido antes de la Ley 100 de 1993 una situación jurídica en su favor, originada en el derecho a la pensión y la convivencia permanente, tienen derecho a seguir amparados por la normatividad anterior”.

“Fortalecen todo lo expresado los principios jurídicos superiores, especialmente los instituidos en los textos 42, 48, 53 y 58 de la Constitución Política, que protegen al núcleo familiar, los derechos irrenunciables a la seguridad social, los derechos de los trabajadores y los derechos adquiridos. Ellos impiden la aplicación automática de la nueva exigencia a los pensionados anteriores, sin que ello suponga, en manera alguna, la creación de una excepción imprevista a la norma en cuestión (se hace referencia a la L. 100/93, art. 48), pues siendo principio de derecho universal el que los efectos emanados de una condición jurídica —para el caso concreto el status de pensionado— deban regirse por la ley sustancial vigente cuando se consolidó tal derecho, es ella, por tanto, la que debe hacerse obrar, por cuanto, además así está expresamente consagrado en el artículo 11 de la propia Ley 100 de 1993, el cual para los efectos de aplicación del sistema general de pensiones dispone el respecto y conservación de los derechos nacidos conforme a normas anteriores, resaltando específicamente los que les asisten a “quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes (...) del Instituto de Seguros Sociales”.

“Lo anterior guarda plena armonía con el artículo 272 de la misma ley, con arreglo al cual “El sistema integral de seguridad social establecido en la presente ley, no tendrá, en ningún caso, aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores”” (Sent., feb. 13/2004, Rad. 21363).

Así las cosas, y de conformidad con el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, en armonía con el 55 ibídem, vigentes para el 25 de noviembre de 1987, fecha en la cual el pensionado adquirió el derecho a la pensión de vejez, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes la compañera del pensionado tenía que haber hecho vida marital con éste por un lapso no inferior a tres (3) años inmediatamente anteriores al fallecimiento de aquél, y como quiera que dicho deceso se produjo el 1º de abril de 1998 y que de acuerdo con la prueba que reposa en el proceso, en especial la testimonial que corre a folios 201 a 203, 233 y vuelto, 242 y 243 del cuaderno principal, tal convivencia se inició por lo menos desde el año de 1988, resulta de una meridiana claridad que a la accionante le asiste el derecho a disfrutar de la pensión de sobrevivientes reclamada en el sub lite, debiéndose, en consecuencia, confirmar la decisión condenatoria del a quo.

Sin embargo, la cuantía de la misma habrá de modificarse en tanto el monto de la mesada por la cual el juez fulminó condena ($ 834.829), no corresponde a la pensión de vejez sino a la de jubilación reconocida por el empleador de Sabogal Flórez y conmutada por la institución demandada, pues así se infiere de la certificación que obra a folio 223 del cuaderno de la Corte, expedida por la coordinadora nacional de nóminas de pensionados, que aunque carece de firma la misma funcionaria en el oficio remisorio de la prueba documental requerida por la Sala, anuncia el envío de 172 folios de los cuales hace parte esa certificación (fI. 276 ibídem), amén de que del texto de la Resolución 2635 del 17 de agosto de 2000, vista a folios 103 a 106 del mismo cuaderno, con toda claridad se infiere que dicha cuantía se refiere a la mesada pensional de la pensión de jubilación que fue objeto de conmutación.

Como quiera que de la certificación que reposa a folio 228 del Cuaderno de la Corte se establece que el monto de la pensión de vejez reconocida a través de la Resolución 1647 de 1989 para el año de 1996 ascendía a la suma de $ 144.542 mensuales, efectuados los reajustes de ley de conformidad con lo estatuido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, dicha mesada para el año de 1998 asciende a la suma de $ 206.872 monto por el cual se impartirá condena, quedando así modificada en esa parte la sentencia de primer grado.

Las costas en ambas instancias estarán a cargo de la entidad demandada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede de instancia, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral 1º de la sentencia proferida el 4 de abril de 2003 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso adelantado por Martha Bedoya contra el Instituto de Seguros Sociales en cuanto condenó a reconocer a favor de la demandante la pensión de sobrevivientes en cuantía de $ 834.829, para en su lugar fijar dicha cuantía en la suma de doscientos seis mil ochocientos setenta y dos pesos ($ 206.872) mensuales a partir del primero (1º) de abril de 1998, la cual deberá ser reajustada anualmente en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del a quo.

Las costas de ambas instancias estarán a cargo de la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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