Sentencia 2336 de octubre 31 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

EXTRACTOS: «El ciudadano Humberto de Jesús Pineda Peña haciendo uso del derecho público y político que le confería el artículo 214 de la Constitución antes vigente, hoy 242 del nuevo Ordenamiento, acude ante esta corporación con el fin de solicitar que se declare inexequible la frase que se subraya del artículo 41 del Decreto 2353 de 1971, cuyo texto literal es el que sigue:

“ART. 41.—Por la naturaleza de la entidad, por estar adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y por que cumple funciones que se relacionan con el servicio público de la seguridad nacional sus empleados y trabajadores no pertenecen a la carrera administrativa ni podrán sindicalizarse; no obstante lo cual, en el escogimiento de los candidatos para integrar dicho personal prevalece el sistema de selección por méritos, aptitudes e integridad moral“.

(...).

b) El derecho de asociación en la Constitución de 1886.

El artículo 44 de la Carta antes vigente, que es la disposición que el actor considera violada, reglaba:

“Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas.

Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiásticá''.

El derecho de asociación, como se recordará, tiene su fundamento en la naturaleza humana, ya que surgió como una necesidad del hombre, quien desde estadios muy tempranos de su desarrollo comprendió que solo o en forma aislada no le era posible satisfacer ciertas necesidades o alcanzar determinadas metas biológicas, económicas y sociales, por lo que decidió agruparse o unirse con otras personas con fines específicos y fue así como nacieron las familias, clanes y tribus y después los llamados colegios romanos, las guildas, las corporaciones de oficios, los gremios, etc.

Este derecho de asociación, que se deriva de la intrínseca sociabilidad de los seres humanos, se encontraba ampliamente protegido en la disposición constitucional antes transcrita y consiste en la facultad que tiene toda persona natural o jurídica de agruparse con diferentes objetivos ya sean sociales o económicos, con la única restricción o limitación de que no sean contrarios a la moral o al orden legal.

Este orden legal permite al legislador regular o reglamentar toda forma de asociación pero sin que de manera alguna pueda llegar a prohibir, cercenar o restringir este sagrado derecho, salvo el caso de la ilicitud del objeto social.

Unida a esta disposición superior se encontraba la contenida en el artículo 12 del mismo ordenamiento que venía a ser complementaria, en la cual se defirió al legislador la tarea de señalar lo referente a la capacidad, reconocimiento y régimen general de las sociedades y personas jurídicas en general, correspondiéndole al Gobierno ejercer sobre éllas la inspección y vigilancia en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 120-15-19 de la Constitución de 1886.

Pues bien, del citado artículo 44 que consagraba el denominado derecho de asociación general, se derivó el específico de asociación sindical, que permitía a toda clase de trabajadores, salvo los miembros activos de las Fuerzas Armadas (art. 168 C. N. anterior) formar agrupaciones para la realización de objetivos que no fueren contrarios a la moral o al orden legal y que generalmente consisten en lograr mejores condiciones de trabajo, mejores prestaciones sociales, la satisfacción de necesidades en el campo de la salud, la educación, etc.

c) El derecho de asociación en la Constitución de 1991.

Dentro de este nuevo Orden constitucional se hizo una separación entre el derecho de asociación en general y el específico de sindicalización, logrando así los trabajadores un viejo anhelo como era el de que se consagrase una norma constitucional que contemplara tal derecho en forma expresa e independiente de cualquiera otra forma de asociación.

Es así como el artículo 38 del Estatuto Superior vigente prescribe:

“Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad“.

Y en el artículo 39 ibídem se dispuso:

“Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza públicá''.

Este precepto constituye un reconocimiento al papel que cumplen los sindicatos y su influencia en la vida económica y social del país, a la vez que impulsa el movimiento sindical, por cuanto permite el derecho de sindicalización no sólo para los trabajadores privados y empleados públicos, sino también a los empleadores o patronos, con la única excepción de los miembros de la fuerza pública, restricción que también existía en el Ordenamiento constitucional antes vigente, como se vio, dado el carácter no deliberante de la fuerza armada (art. 168 C. N.), pero que ahora se consagra en una forma más clara y expresa.

Con la expedición del artículo 39 antes transcrito se elevan a canon constitucional disposiciones de orden legal como las contenidas en la Ley 50 de 1990 respecto a la libertad sindical, además de que Colombia se adecúa de esta forma a lo dispuesto en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo “OIT”, en los cuales se consagra la libertad de sindicalización y la protección a dicho derecho, convenios que habían sido aprobados por el Congreso colombiano por medio de las leyes 26 y 27 de 1976.

De otra parte, es importante hacer notar que según la norma que se analiza, el Constituyente dejó en manos del legislador la regulación de los sindicatos que se formen en cuanto a su estructura interna y su funcionamiento, pues estas organizaciones deberán sujetarse a la ley en estos aspectos, y según la Carta deberán tener en cuenta también los principios democráticos, los que, en sentir de la Corte, son todos aquellos destinados a dar una mayor participación a los trabajadores en los órganos de dirección de tales agrupaciones, como en la adopción de decisiones, en los sistemas de elección para ocupar cargos de dirección, etc.

Igualmente, en la norma citada se consagra que la cancelación y suspensión de la personería jurídica de los sindicatos sólo procede por vía judicial, lo que se ajusta al clamor de los trabajadores, puesto que en su criterio el procedimiento antes existente seguido ante las autoridades administrativas a quienes en algunos casos se les había encomendado dicha función no ofrecía las mejores garantías.

d) La norma acusada.

El artículo 41 del Decreto 2353 de 1971 en la parte demandada es contrario a la Constitución en lo que prohíbe que los empleados de los fondos rotatorios de las fuerzas militares y de la policía nacional se sindicalicen, pues contraría abiertamente el ordenamiento superior antes vigente tanto como el que hoy rige.

En efecto, como se dejó anotado, la Carta Política de 1886, como la que en este momento impera, protege la libertad sindical, salvo cuando se trate de miembros de la fuerza pública (arts. 44 y 168 C.N. de 1886 y 39 C. N. de 1991).

Los fondos rotatorios de las fuerzas militares (ejército, fuerza aérea y armada nacional) y de la policía nacional, son establecimentos públicos que se encuentran adscritos al Ministerio de Defensa Nacional, dotados de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y fueron creados con la finalidad de “desarrollar la política y los planes que en materia de abastecimientos y servicios adopte el Gobiernó”respecto de cada uno de dichos cuerpos.

Dentro de las funciones específicas que tales entidades deben cumplir se pueden citar a manera de ejemplo las siguientes: Colaborar con el Ministerio de Defensa en la formulación de la política y planes de abastecimiento, servicios y bienestar para el personal; cooperar con los demás fondos en la ejecución de planes y programas del sector; contratar todo lo relativo a construcciones, reparaciones, suministros, empréstitos, compraventas, arrendamientos, servicios de conservación, mejoramiento y ampliación de instalaciones, fletes, transportes, seguros y todos los demás acordes con su finalidad; adquirir, suministrar y contratar obras y servicios; explotar y administrar predios, instalaciones y talleres, industrias, maquinarias y equipos; negociar en el país como en el exterior materiales, elementos, vehículos, equipos, semovientes, víveres, combustibles, finca raíz, repuestos, accesorios y producir toda clase de artículos o servicios indispensables para el normal funcionamiento de cada cuerpo, etc.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1984 que modificó el artículo 37 del Decreto 2353 de 1971 y atendiendo el contenido de los estatutos internos de cada uno de dichos fondos, las personas que a ellos prestan sus servicios tienen el carácter de empleados públicos con excepción de quienes en forma ocasional y transitoria se vinculan por contrato de trabajo y desempeñan actividades de construcción y mantenimiento de obrasy equipos; labores de aseo; alimentación, lavado, planchado, asistencia doméstica, ventas y empaques; labores agropecuarias; labores de cargue y descargue de vehículos, buques y aeronaves, quienes son trabajadores oficiales.

Así las cosas, los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de dichos fondos rotatorios, que son personal civil, gozan del mismo derecho que tienen los demás trabajadores del Estado de formar sindicatos, pues por el hecho de laborar para una institución armada y no obstante la reconocida importancia de los servicios que desde el ángulo operativo prestan y acaban de mencionarse, no quedan cobijados por la única prohibición constitucional contenida en el último inciso del artículo 39 que exclusivamente rige para los miembros de la fuerza pública y, valga reiterar, el personal civil no lo es, tal como se desprende del significado literal de las palabras y del entendimiento que a la expresión subrayada debe dársele conforme a los artículos 216 y ss.,de la Constitución, que les prohíbe deliberar, votar, reunirse y hacer política, al igual que les concede fuero de investigación y sancionamiento, todo dentro de ciertas condiciones.

Conviene insistir en que el legislador dentro de su competencia para regular el funcionamiento de los sindicatos no puede, sin violar el Estatuo Máximo, negar este derecho a persona alguna, salvo para los citados miembros de la fuerza pública, como en forma expresa y excluyente lo dispone la Carta Política.

De otra parte es preciso recordar lo sostenido por esta corporación en sentencia número 17 del 4 de mayo de 1989 en la que al juzgar norma similar (art. 58 del Decreto 2247 de 1984) que prohibía sindicalizarse al personal civil del Ministerio de Defensa, expresó lo siguiente a la luz de la Carta Política anterior en forma que es aún más claramente acertada bajo el precepto nuevo:

“Estima la Corte que el legislador no puede, dentro de sus competencias y a efectos de organizar el modo de reconocimiento de las personas jurídicas, suprimir el derecho de asociación en una u otra actividad sin que medien previas consideraciones que tachen por ilícita o ilegal la actividad profesional o social de que se trate.

Estas consideraciones no pueden de otra parte ser abstractas referencias a bienes jurídicos en principio altamente tutelables, al igual que todos los demás, como el servicio público y la defensa nacional, sino a precisas actividades o fines externos que los pongan en peligro o lesionen, ya que el carácter material de estos debe aparecer de tal forma evidente si no se quieren abrir amplias puertas a la discrecionalidad y al arbitrio administrativo, que harían ineficaz la expresa norma constitucional que asegura el derecho de asociación“. (M. P. Fabio Morón Díaz).

Estos argumentos resultan totalmente aplicables al caso de debate puesto que en esta oportunidad el legislador también invocó razones de servicio público relacionadas con la seguridad nacional.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previa ponencia de la Sala Constitucional y oído el parecer fiscal,

RESUELVE:

Es inexequible el aparte acusado del artículo 41 del Decreto 2353 de 1971 que textualmente reza “... ni podrán sindicalizarse; .''''

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia 136, octubre 31 de 1991. Expediente 2336. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein).

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