Sentencia 23365 de marzo 9 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 23365

Acta 23

Magistrado Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de casación de Heliodoro Oicata Combita contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovió contra Aerovías Nacionales de Colombia S.A. ‘Avianca’.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte

Por cuanto asiste entera razón a la opositora al afirmar que el único cargo de la demanda de casación incurre en algunas deficiencias técnicas que lo hacen inviable, debe una vez más reiterar la Corte el carácter extraordinario del recurso de casación, e insistir que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el impugnante sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

Precisado lo anterior, debe anotarse que la recurrente, con desconocimiento de los artículos 87 y 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (el primero de ellos en la forma como lo modificó el art. 60 del D.L. 528/64), y de la abundante jurisprudencia en la que se ha explicado cómo debe plantearse la demanda para que se ajuste a la técnica propia de la casación, incurre en la impropiedad de pedirle a la Corte en el capítulo que titula “solicitud” (fl. 15, cdno. 2), la casación total de la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, que “revoque el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, del día 19 de septiembre de 2003 y en su lugar condene ... (ibíd.), lo cual lógicamente no es posible, pues de infirmarse el fallo por razón de la prosperidad del recurso, es apenas de elemental sentido común que, por sustracción de materia, no sea dable revocar una decisión que ha sido ya anulada.

Y aun cuando la deficiencia técnica del alcance de la impugnación puede disculparla la Corte, habida consideración de ser posible entender que lo que en últimas persigue el recurrente con el recurso es la casación del fallo del tribunal y que, en sede de instancia, revocado el fallo del juzgado se impongan las condenas solicitadas en la demanda inicial, lo cierto es que a pesar de ese esfuerzo queda sin piso la pretensión inicial que involucra en el alcance de la impugnación al perseguir “la totalidad de las condenas solicitadas” (fl. 8, cdno. 2), de que se condene a la demandada a suministrarle tiquetes de rutas nacionales e internacionales, pues, sin justificación alguna, omite sustentarla al desarrollar el cargo.

Amén de la confusión del alcance de la impugnación, resulta que en la proposición jurídica del cargo incluye como infringido directamente el artículo 29 de la Constitución Política que, como es suficiente sabido, no es una norma laboral de carácter sustancial. Y a dicho defecto técnico suma el que atribuye la infracción directa de ese canon constitucional en relación con el artículo 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por Decreto 2879 del mismo año, del que más adelante afirma el juzgador hizo una interpretación errónea, entremezclando modalidades de violación de la ley, respecto de un mismo precepto, que por su naturaleza son excluyentes, como acertadamente lo destaca la réplica.

Fuera de lo dicho, cabe recordar que para el juez de la alzada, “la única manera como en este caso la demandada hubiese tenido que pagar el mayor valor era porque el actor cuando el seguro social inició la subrogación, en Bogotá el 1ºde enero de 1967, llevase más de 10 años al servicio del mismo empleador, o que la pensión hubiese sido convencional, o que se hubiese concedido en forma voluntaria sin ninguna salvedad” (ibíd.). Además, por ser la pensión concedida por el empleador de naturaleza voluntaria, “no corresponde invocar ninguna normatividad general para su regulación, ya que se gobierna únicamente por los términos de acuerdo suscrito entre las partes” (ibíd.). Para reforzar esta última afirmación dijo apoyarse en la sentencia de la Corte de 27 de febrero de 1997 (Rad. 9.139) y transcribió algunos apartes de una sentencia de esta Sala de casación de 16 de junio de 1997.

Razonamientos de los cuales no se ocupó en el cargo el recurrente y que, por sí solos, al permanecer incólumes, mantienen la presunción de acierto y legalidad de la sentencia.

Pero, si con extrema laxitud se pasaran por alto los defectos técnicos del cargo, que no es posible según se ha visto, resultaría que el mismo no tiene vocación de prosperidad por cuanto de tiempo atrás ya la Corte ha dicho claramente que las pensiones originadas en la mera liberalidad del empleador pueden sujetarse a condiciones resolutorias sin que ello constituya per se desmedro de los derechos del trabajador, tal y como en este caso sucedió, en el que se concedió porque “La empresa ha decidido otorgarle este beneficio” (fls. 2 y 54) y “a partir del 9 de diciembre de 1993 fecha en la cual usted cumple 60 años de edad, esta pensión la asumirá el s eguro social en su totalidad y Avianca quedará exonerada de dicha obligación” (ibíd.), cuestión de hecho que no discute el recurrente y que tampoco sería admisible plantear dada la vía escogida en elataque.

En efecto, en sentencia de 15 de noviembre de 2001 (Rad. 17087), cuyo criterio se reiteró en sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Rad. 22.369), así dijo la Corte:

“El reconocimiento voluntario de la pensión de carácter temporal, como sucedió en el presente caso, no quebranta derechos o prerrogativas concedidas por la ley al trabajador. Las normas laborales consagran la protección de un mínimo, y al otorgarse un beneficio extralegal, por voluntad exclusiva de la propia empleadora válidamente podía limitar su vigencia en el tiempo como lo tiene adoctrinado de manera reiterada esta corporación”.

Por manera que, siendo tema pacífico el que la pensión que Avianca le reconoció a Heliodoro Oicata Combita, a partir del 15 de diciembre de 1988, es de carácter voluntario, y que lo hizo sin desconocer su derecho a la adquisición de la pensión de vejez, la cual posteriormente le otorgó el Instituto de Seguros Sociales por cumplir los requisitos legales de esa prestación, bien podía la empleadora someter su existencia hasta el 9 de diciembre de 1993, “fecha en la cual usted cumple 60 años de edad”.

Precisando que la pensión no tuvo como origen un “Acuerdo entre las partes”, al que se refiere el parágrafo 1º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por Decreto 2879 de esa misma anualidad, sino la simple liberalidad del empleador, no resulta contrario a derecho que la existencia de esa prerrogativa estuviera sometida a la fecha del cumplimiento de la edad para acceder a la pensión de vejez que le otorgaría el Instituto de Seguros Sociales y que, cumplida la edad en que se sustentaba, se resolviera el derecho transitorio reconocido por el empleador, pues, para ese entonces, tendría todo el derecho pensional que ordinariamente le debía ser concedido por el sistema de seguridad social, esto es, la pensión de vejez.

Al carácter no vitalicio de las pensiones voluntarias que ha sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia, entre otras, en sentencia de 2 de abril de 1986 (exp. 37, acta 8), cabe agregar el de que ellas no necesariamente surgen de un acuerdo expreso de voluntades, como el que se da, por ejemplo, en algunas audiencias de conciliación, sino que, además, pueden ser resultado del ejercicio del libre albedrío del empleador, como aquí ocurrió. En este último caso, se insiste, no es contrario a su naturaleza que queden sometidas a los plazos o condiciones que aquel establezca para su disfrute pues, de elemental sentido también resulta entender que de otra manera no se concederían, y que la ley no les puede imponer mayores cortapisas o talanqueras, salvo la de que con ellas no se desconozcan los derechos mínimos que la ley concede al trabajador.

En consecuencia, con independencia de considerar los defectos técnicos de que adolece el cargo, tampoco incurrió el tribunal en el yerro jurídico que le atribuye el recurrente al fallo, por lo cual se desestima.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2003 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Heliodoro Oicta(sic) Combita promovió contra Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca”.

Costas en el recurso a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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