Sentencia 23476 de noviembre 25 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INFORMACIONES NEGATIVAS DEL EMPLEADOR SOBRE UN EX TRABAJADOR

LOS PERJUICIOS QUE CAUSEN, SI SE PRUEBAN, SE DEBEN INDEMNIZAR

EXTRACTOS: «La censura orienta estos cargos a que se determine jurídicamente que la prohibición del empleador de utilizar bajo cualquier modalidad el sistema de “lista negra” para impedir a sus ex trabajadores la obtención de empleo en otras empresas, establecida en el numeral 8º del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, es absoluta y no admite excepción alguna.

La citada norma preceptúa:

ART. 59.—Prohibiciones a los patronos. Se prohíbe a los patronos: (...)

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio...”.

De igual modo el ordinal 7º del artículo 57 reza:

“Son obligaciones especiales del patrono: (...).

Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado...”.

Armonizando estos preceptos legales, su correcta intelección consiste en que el empleador está en la obligación de certificar al trabajador que lo solicite, por lo menos el tiempo de servicios, la índole de la labor y el salario, utilizando términos que tiendan a hacer constar objetivamente lo relacionado con su trabajo y demás datos que interesen al peticionario, absteniéndose de emplear expresiones lesivas o que atenten contra sus derechos, libertades y prerrogativas, prohibiendo expresamente el uso de “signos convencionales” o la denominada “lista negra” con el fin exclusivo de perjudicar al empleado o impedirle que se pueda ocupar en otras empresas o con otros empleadores.

Cualquier modalidad que se utilice por parte del empleador con el ánimo de vetar a quien fuera su trabajador e imposibilitarle a que acceda a un nuevo empleo resulta reprochable, con mayor razón si se acude a informaciones contrarias a la verdad real, que sin justificación alguna, distorsionen lo que realmente hubiera acontecido entre las partes en el curso o a la terminación de un vínculo laboral, o conlleve imputaciones deshonrosas o de otra índole carentes de fundamento, hasta el punto de violentar no solo disposiciones legales sino de rango constitucional como son los derechos inherentes a la persona o los llamados personalísimos o fundamentales tales como el derecho a la honra y al buen nombre previstos en los artículos 15 y 21 de la Carta Política.

La información certificada o suministrada con respecto a un determinado trabajador, ofrecida luego de finalizado el vínculo laboral, para que se considere una violación de la obligación contenida en los términos del numeral 8º del artículo 59 del Código Sustantivo de Trabajo, que pueda llegar a generar perjuicios que deban ser resarcidos, requiere del respectivo análisis con buen grado de objetividad para cada situación, pues su simple manifestación escrita o verbal no conduce a que se hayan sufrido, y por consiguiente deben mostrar una realidad irrefutable y categórica como es el daño causado por esa conducta de la empleadora y lógicamente la relación de causalidad entre el daño, el perjuicio y su relación de causalidad.

En este punto, es pertinente traer a colación lo puntualizado de antaño por el Tribunal Supremo del Trabajo, en sentencia del 19 de diciembre de 1947, rememorada por esta Corte en sentencia del 28 de julio de 2003, radicado 20225, oportunidad en la cual se expresó:

“Es verdad como ya se dijo, que siempre que una parte infringe un contrato se supone que le ha causado perjuicios a la parte contraria, pero es también cierto que para que se ordene el pago de dinero por dicho concepto debe comprobarse el daño. Para este tribunal es jurídica la siguiente doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia: “Sean tan solo en virtud de las disposiciones generales, sea por las especiales de cada contrato confirmatorias de aquellas, la falta del cumplimiento puntual de las obligaciones de una de las partes contratantes determina en principio acción de perjuicios en la otra parte contratante; pero esto no significa que precisamente haya habido perjuicios; de suerte que quien ejercita esta acción tiene que demostrar haberlos sufrido, suministrando así la materia indispensable para un decreto de indemnización” (Casación, oct. 1º/43, “G.J.”, 2001-2005, pág. 176)” (resalta la Sala).

En estas circunstancias no cometió ningún yerro jurídico el tribunal, al no encasillar per se, la información telefónica suministrada por una agente, representante o empleada de la accionada a la Flota Mercante Gran Colombiana, relativa al demandante quien se había retirado tiempo atrás de la compañía, dentro de la prohibición contemplada en el numeral 8º del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que como se dejó sentado en el cargo anterior, el juzgador estimó que no se demostró el daño del que supuestamente dimanan los perjuicios reclamados, con base en conclusiones fácticas que no fueron derrumbadas con prueba calificada y apta en casación.

En consecuencia, es por esto que los cargos segundo y tercero no prosperan».

(Sentencia de casación, 25 de noviembre de 2004. Radicación 23.476. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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