Sentencia 23483 de enero 19 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

ANTIJURIDICIDAD EN EL DELITO DE FALSO TESTIMONIO

Nada importa que la declaración falsa sea o no apreciada en la providencia en que debía valorarse.

Sentencia 23483 de 2006 

Aprobado Acta 3

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Bogotá, D.C., diecinueve de enero del dos mil seis.

Asunto

Se decide el recurso de casación interpuesto por el defensor de los señores María Diva Reyes Rodríguez, Leonor Mendoza Sabogal y Édgar Cruz Prada contra el fallo dictado por el Tribunal Superior de Ibagué el 17 de junio del 2004, mediante el cual confirmó la condena impuesta el 4 de diciembre del 2001 por el Juzgado 2º Penal del Circuito de esa ciudad.

Hechos y actuación procesal

María Diva Reyes Rodríguez, Leonor Mendoza Sabogal y Édgar Cruz Prada fueron denunciados por Segundo Leonidas Rodríguez porque en un proceso laboral promovido por este contra Gustavo Ramos Arjona, declararon que entre ellos no existía vínculo laboral.

El 1º de diciembre de 2000, la Fiscalía 11 Seccional de Ibagué formuló resolución acusatoria contra los procesados por el delito de falso testimonio, decisión que fue confirmada el 21 de marzo del 2001 por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué.

Mediante sentencia del 4 de diciembre del 2001, el juzgado 2º penal del circuito los condenó a un año de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. La sentencia fue ratificada en su integridad por el Tribunal Superior de Ibagué, el 17 de junio del 2004.

Las demandas

El defensor de los procesados interpuso recurso de casación excepcional, que la Corte admitió por auto del 6 de abril de 2005 porque consideró necesario desarrollar la jurisprudencia en torno a la antijuridicidad en el delito de falso testimonio, dada la variación normativa que introdujo el artículo 11 de la Ley 599 de 2000.

Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, el demandante acusó la sentencia de segunda instancia por haber violado de manera indirecta la ley sustancial debido a los errores de hecho que en su criterio cometió el ad quem, uno por falso raciocinio y otro por falso juicio de identidad.

Así lo hizo en las tres demandas presentadas, las que desarrolló de manera similar si bien en el primero de los yerros se refirió a lo que cada uno de los procesados dijo en la declaración que dio origen al proceso penal.

Con relación al falso raciocinio, dijo que el tribunal se equivocó en la valoración de los testimonios rendidos ante la jurisdicción laboral, pues simplemente se afirma que faltaron a la verdad pero sin explicar por qué y de su contenido tampoco puede deducirse.

Leonor Mendoza dijo no tener ningún conocimiento si hubo o no vínculo laboral entre Segundo Leonidas Rodríguez y Gustavo Ramos, que la única vinculación sería que Rodríguez se mantenía en los terminales pidiéndole a otros conductores que lo dejaran hacer una vuelta, un relevo, y que su afiliación al Seguro Social se hizo porque solicitó ayuda al comité social de la empresa para atender el embarazo de su compañera.

María Diva Reyes declaró que Rodríguez trabajó haciendo unos relevos accidentales pero solicitados por los conductores de las busetas, de manera que no tuvo ninguna relación laboral con Ramos, y que, como ella no tenía nada que ver con la administración de personal, no sabía por qué aquel aparecía vinculado al Seguro Social a nombre de este.

Édgar Cruz afirmó que no existía vínculo laboral entre Rodríguez y Ramos, aunque reconoció que esporádicamente trabajaba en la empresa.

Si los testigos manifestaron no saber si existía vínculo laboral o no, o que en efecto este no existía, concluir que faltan a la verdad porque sí había esa especie de relación constituye un falso raciocinio, ya que se transgrede la regla lógica de la identidad según la cual una cosa es esa y no otra.

El error por falso juicio de identidad lo hizo consistir en la tergiversación de los fallos laborales, porque el sentenciador concluyó que los testigos faltaron a la verdad pues, como se demostró ante la justicia laboral, esa relación sí existió.

Pero si se examinan las sentencias, se advierte que en la de primera instancia no se menciona a ninguno de esos testigos y en la de segunda se dice que se trata de testigos sospechosos, atendiendo a la resolución acusatoria que ya se había dictado en este proceso.

Los fallos declararon probado el vínculo laboral a partir de la confesión ficta del demandado y las inferencias que se hicieron sobre otros testimonios y algunas pruebas documentales. Afirmar que con ellos se demuestra la mentira en que incurrieron los procesados implica tergiversarlos, porque no aluden a los testigos.

La repercusión de estos errores, agrega el demandante, consiste en que se reconoce la idoneidad per se de esos testimonios para poner en peligro el bien jurídico de la administración de justicia, con independencia de la idoneidad del medio.

Pero como el tipo debe integrarse con el tipo general de antijuridicidad previsto en el artículo 11 del Código Penal para que se verifique la tipicidad completa del comportamiento, la tipicidad no se cumple si se examina la idoneidad per se del medio probatorio falso.

La idoneidad no es sino una —agrega— y está referida a la aptitud de la prueba para exponer a peligro el bien jurídico de la administración de justicia. Este peligro, a términos de la consagración normativa del principio de antijuridicidad en el nuevo código —insístese, aplicable al caso— no puede ser presunto o imaginado, sino efectivo, que es tanto como decir con verificación de la clase y grado de peligro a que queda expuesto el bien jurídico. Esto es, asumiendo la composición del bien jurídico e indicando cómo o en qué corre riesgo. Es ello, según se entiende, la exigencia que hace el código de 2000 en el sentido de que el peligro sea efectivo.

Al entender el sentenciador que un testimonio como el de características del rendido por Leonor Mendoza Sabogal, (y lo mismo dice de los que corresponden a los otros procesados, se anota) es lo suficientemente idóneo para satisfacer la tipicidad del falso testimonio, no solo aplica indebidamente el tipo en su visión de tipo de acción (arts. 442-172, cds. 2000-1980) en cuanto lleva al marco de su regulación una declaración en la que no se ha mutado u ocultado la verdad, sino también en su visión integrada con el tipo de antijuridicidad o lesividad (arts. 11-4, cds. 2000-1980) de la cual aquella depende. Esto, porque un testimonio así, además, es inidóneo para la puesta en peligro efectiva del bien jurídico de la administración de justicia, de donde, entonces, termina, explícita o implícitamente, haciendo coincidir el supuesto normativo del juicio de antijuridicidad con una situación que con él no se corresponde.

El tribunal supuso que los testimonios incidieron en las declaraciones hechas en los fallos laborales y que el bien jurídico de la administración de justicia fue expuesto a peligro efectivo. Pero si los testimonios no fueron considerados en esas sentencias, apoyadas en la confesión ficta y en otras pruebas, el peligro no podía presentarse y menos con la efectividad que exige la norma.

La antijuridicidad no se puede suponer o entender como un implícito, sino que debe ser objeto de un juicio en el que se establezca la capacidad del medio y la puesta en peligro del bien jurídico. Contrario a ello, la sentencia impugnada suplió el análisis por la falsedad de los medios.

El recto entendimiento del juicio de antijuridicidad —concluye— habría llevado a comprobar que en cuanto las pruebas que se reputan falsas no fueron consideradas en el litigio laboral y, por tanto, no sustentan, como no podían sustentar dado los términos del juicio emitido por el juez de la materia, ninguna decisión, la función; esa, la de resolver litigios laborales por vía jurisdiccional, no se ha visto expuesta a peligro alguno, y menos a uno efectivo. Cuando el sentenciador opta por otra vía, se desentiende de la comprensión que a la norma corresponde, termina regulando hechos que no son los que el precepto refiere. Por eso aplica indebidamente el artículo 11 del código de 2000, sustitutivo del 4º del código del 80 y el 442, sustitutivo del 172 ibídem.

De no haberse incurrido en esos errores, la sentencia habría sido absolutoria por atipicidad de la conducta.

A estos errores, comunes a las tres demandas, el defensor agregó otros dos respecto del procesado Cruz Prada: uno por falso raciocinio en la estimación de la copia de una constancia expedida por él, y otro por falso juicio de identidad por supresión del contenido de las declaraciones de John Wilson Cortés y Norby Corrales.

Con relación al primero, de una constancia en la que se dice que Rodríguez se desempeñó como conductor de vehículos en Cotoltrán, el tribunal infiere que está demostrada la existencia del vínculo laboral entre aquel y Ramos, de manera que haberlo negado Cruz Prada implica haber incurrido en falso testimonio.

Se desconoce así el principio lógico de identidad, pues si la constancia se refiere a la vinculación de Rodríguez con esa empresa, de ella no se puede inferir la existencia de otras relaciones. Por eso, el ad quem incurre en falso raciocinio cuando pretende derivar de esa constancia el contrato con Ramos.

Respecto del falso juicio de identidad por supresión, dice que se produjo porque se cercenaron las declaraciones de Cortés y Corrales para apreciar solo los datos que acreditan la relación laboral con Cotoltrán y con ellos mismos como propietarios de vehículos para derivar de allí la existencia del contrato con Ramos, pero sin tomar en cuenta que explícitamente los testigos dijeron que de los datos suministrados no se podía acreditar el contrato o que no estaban en condiciones de afirmar que entre Rodríguez y Ramos existiera ese vínculo.

Si el tribunal hubiera examinado los aspectos suprimidos, no les habría otorgado el mérito que les dio y habría tenido que reconocer su impertinencia para demostrar el mencionado vínculo laboral.

Como corolario de las tres demandas, el defensor solicita se case el fallo y, en su lugar, se expida otro de carácter absolutorio a favor de todos los procesados.

El Ministerio Público

Después de examinar los principios de lesividad y de intervención mínima, recordar la clasificación de los delitos en tipos de peligro y de lesión, ubicar el falso testimonio entre los primeros y concluir que estos no pueden ser aplicados por el legislador haciendo abstracción del elemento material de la lesividad, el procurador primero delegado para la casación penal sugiere que no se case la sentencia porque los procesados faltaron a la verdad y con ello pusieron en peligro la administración de justicia como bien jurídico tutelado.

Contrario a lo dicho por el casacionista, los testimonios rendidos por los procesados sí fueron considerados por los jueces laborales

[y] una vez cotejados con la restante prueba testimonial y documental, se desestimaron por sospechosos, de donde se infiere que el bien jurídicamente tutelado de la administración de justicia estuvo en peligro efectivamente, y sin justa causa, pues dichos testimonios engañosos revestían potencialidad e idoneidad para la obtención de fines legales e injustos a favor de Gustavo Ramos (demandado en el proceso laboral), finalidad que se vio truncada por la existencia y apreciación de otros medios de convicción que los desvirtuaron, impidiendo que se dictara una providencia contraria a derecho, y en perjuicio de Leonidas Rodríguez Giraldo.

Si los procesados voluntaria y conscientemente pretendieron favorecer a su patrón pues conocían la aptitud probatoria de sus declaraciones y la eficacia que podrían tener sus testimonios frente a la decisión laboral y aun así faltaron a la verdad, potencialmente pusieron en peligro efectivo el bien jurídico de la administración de justicia.

[e]n el delito de falso testimonio, dice el procurador, es típica la conducta del testigo que falta a la verdad en causa judicial, con independencia de que su testimonio haya sido desestimado por otras pruebas. No se hace necesario ningún otro requisito relacionado con el falso testimonio, porque no se exige que se cause ninguna lesión efectiva; de ahí su clasificación como delito de mera conducta, actividad o de peligro. Distinta sería la situación si la normatividad exigiera para la tipificación del punible, o para agravarlo, que la declaración falsa fuera fundamento de una decisión condenatoria, y que en caso de no serlo, no se daría la antijuridicidad material o principio de lesividad...

No es verdad, como se afirma en las demandas, que los jueces laborales no hubieran apreciado los testimonios y la prueba documental aportada, incluida la constancia expedida por el señor Cruz Prada, sino que los desestimaron porque fueron desvirtuados por la confesión ficta y los demás medios de convicción valorados en las instancias.

Sobre la falta de idoneidad de los tres testimonios para ser considerados como prueba que sirviera de apoyo a una condena laboral, el delegado sostiene que el error no se debió presentar como de falso raciocinio sino de legalidad, aunque en realidad se recibieron según los requisitos legales, bajo juramento y en presencia del apoderado de la parte demandada, de manera que sí eran aptos para poner efectivamente en peligro el bien jurídico de la administración de justicia.

Concluye que ni los testimonios ni los fallos laborales fueron tergiversados por los juzgadores, ni tampoco fueron cercenadas las declaraciones de Cortés y Corrales.

Simplemente otorgaron a esas pruebas un mérito diferente del pretendido por el casacionista, lo que no es susceptible de ser atacado en casación dado el amplio poder del que dispone el juez para valorar la prueba, limitado solo por la sana crítica.

Consideraciones

1. Admitida la demanda porque se consideró necesario que la Corte se ocupara de examinar el tema de la antijuridicidad respecto del delito de falso testimonio en cuanto se refiere a la supuesta variación normativa que introdujo la Ley 599 del 2000 frente a la fórmula consagrada en el Decreto 100 de 1980, a ese concreto análisis se dedicará la Sala dejando de lado otras preocupaciones del casacionista, que han sido planteadas ahora pero que no fueron invocadas cuando fue incoada la demanda.

Si el afán del censor era que se reflexionara, como lo entendió la Corte y lo dejó reseñado en el auto admisorio,

a) Sobre la idoneidad del testimonio que se reputa falso, en especial desde la definición de antijuridicidad que trae el artículo 11 del Código Penal del 2000 que exige que la conducta ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien tutelado. Se debe concretar entonces si es suficiente la validez formal del testimonio y su contenido de falsedad, o si se requiere la efectividad del peligro.

b) Sobre la idoneidad del medio: el testimonio falso. Es preciso analizar lo relativo a la trascendencia que el servidor público conceda, o no, a aquel para acceder o negar las pretensiones discutidas.

No resulta admisible que luego se discuta si en realidad las declaraciones faltaron o no a la verdad, pues se parte del predicado que, en principio, objetivamente se ha realizado el tipo del falso testimonio, solo que la conducta no es punible porque no puso efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídico tutelado.

Por eso, en otra oportunidad dijo la Sala:

Sin embargo, es evidente que los motivos que aduce el recurrente para persuadir a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda, deben guardar plena correspondencia con los cargos que formule contra la sentencia. De lo contrario no podría entenderse cumplido el requisito de sustentación, pues si se reclama el pronunciamiento de la corporación sobre un específico tema o se busca la protección de los derechos fundamentales, es apenas obvio que la censura le permita a la Sala examinar en concreto ese preciso punto. Dicho de otra forma, debe haber perfecta ilación entre el fundamento de la casación excepcional —búsqueda de evolución de la jurisprudencia y/o protección de las garantías—, el cargo o los cargos que se hacen al fallo y, desde luego, el desarrollo de los mismos (Auto abr. 4/2003, Rad. 20.575).

2. La cuestión que debe resolver la Sala es si, como sostiene el demandante, la Ley 599 del 2000 introdujo una sustancial variación al concepto de antijuridicidad que consagraba el Decreto 100 de 1980, al punto que la noción de poner efectivamente en peligro el bien jurídicamente tutelado implicaría que en este caso no es posible predicar la tipicidad del comportamiento imputado a cada uno de los procesados.

El artículo 4º del anterior Código Penal establecía:

ART. 4º—Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el interés jurídico tutelado por la ley.

Sobre el entendimiento de este precepto, dijo la Sala el 16 de junio de 1981:

No basta la sola contrariedad formal de la conducta con la norma penal para predicar la antijuridicidad de la misma, sino que es necesario establecer la lesión o peligro potencial injustificado del interés que tutela la ley (M.P. Alfonso Reyes Echandía).

Luego, en sentencia del 4 de octubre de 1993, radicado 5.005, expuso:

La antijuricidad toma parte y se particulariza en el desvalor del acto o por mejor decir, en la afectación real o puesta en peligro de un bien jurídicamente tutelado. Importa, pues, en esta concepción, la efectiva verificación de un daño o peligro a los intereses vitales de la colectividad o del individuo protegidos por las normas jurídicas (destaca la Sala, ahora).

Y el 3 de junio de 1998, radicado 10.422, agregó:

No obstante la claridad de este criterio doctrinal, el demandante erróneamente lo entiende en el sentido de que podría haber delito sin daño, pero no es eso lo que dice la jurisprudencia, todo lo contrario, el hecho de que allí se clasifique la falsedad documental como un delito de peligro es precisamente porque se advierte que se necesita que produzca un “daño” que al menos consista en poner en peligro el interés tutelado.

En otras palabras, el impugnante se equivoca al creer que desde el punto de vista jurídico la única forma de daño que existe es el “real”, con lo que deja de lado el “potencial”, e incurre en el error que le atribuye al tribunal, pues con ese entendimiento contraría el artículo 4º del Código Penal, que establece como antijurídica la conducta que “lesiona” o pone en “peligro” sin justa causa el interés jurídico tutelado por la ley.

En el ámbito naturalístico el “daño” se identifica con la “lesión” o efectivo menoscabo, destrucción o disminución que se causa al objeto material en el cual se concreta el interés protegido, pero en el plano jurídico el “daño” que amerita la intervención del derecho penal puede manifestarse a través de la “lesión” o la puesta en “peligro”.

En la sentencia del 1º de febrero de 2001, radicado 16.362, se señaló:

Por otra parte, la antijuridicidad formal es una simple contrariedad de la conducta con lo dispuesto normativamente y el artículo 4º del Código Penal hace referencia a la antijuridicidad material, consistente en la afectación del bien jurídico protegido, al lesionarlo o ponerlo en peligro, por medio de un comportamiento consagrado como punible (se resalta).

La Corte, según estas muestras, seguía el rumbo que había tomado frente a la antijuridicidad inclusive desde antes del Código Penal de 1980. Así, por ejemplo, en fallo del 19 de agosto de 1976, expuso:

Se ha dicho con fundamento que la ley no puede erigir en delito, un hecho que no cause perjuicio efectivo o que sea, por lo menos, apto para producirlo, pues fuera de las infracciones de daño y peligro no hay otras en derecho penal (M.P. Mario Alario Di Filippo, G.J. t. CLII —2ª parte—, Nº 2393, pág. 505) (resalta la Sala, hoy).

El artículo 11 de la Ley 599 de 2000, preceptúa:

ART. 11.—Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley.

La norma, según lo señaló la Corte en la sentencia del 18 de febrero del 2003, radicado 16.262, recogió como uno de los elementos esenciales del delito “el principio de lesividad, acuñado por la doctrina jurídico penal”.

Al examinar esta disposición, dijo la Sala en sentencia del 15 de septiembre de 2004, radicado 21.064:

[f]rente a delitos de peligro como el del porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, el juez ha de tener claro cuál es el ámbito de protección de la norma: prevenir actos que signifiquen potencial o inminente peligro a las condiciones de mantenimiento de la paz, de la convivencia social, de la seguridad ciudadana y, a través de estos valores, de bienes personales como la vida, el patrimonio económico, etc., luego de lo cual, en cada caso concreto, también debe establecer si el comportamiento sometido a su consideración, significó una efectiva puesta en peligro al bien jurídico así conformado.

Lo anterior no envuelve una graciosa o desenvuelta concesión, pues al exigir el precepto mencionado —artículo 11 del Código Penal— que se requiere que la conducta típica lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídico protegido por la ley penal, armoniza la necesidad abstracta de protección satisfecha con la creación del tipo penal y la garantía de protección al justiciable, bajo el entendido que su conducta solo será punible en cuanto con ella cree situaciones de riesgo inadmisibles, efectivas, al señalado interés.

Puede aducirse, además, una consideración de orden semántico. Si lo efectivo es, según el Diccionario de la Lengua Española, lo “Real y verdadero, en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal”, es válido entender que cuando el artículo 11 en cita exige, para configurar la antijuridicidad de un comportamiento típico, la puesta efectiva en peligro del bien jurídicamente tutelado, hace referencia a que el riesgo que en abstracto previó el legislador al emitir el tipo penal se verificó de modo real y verdadero.

De esta forma el principio de lesividad ha de operar no en la fase estática de la previsión legislativa, sino en la dinámica de la valoración judicial de la conducta, habida cuenta que el cambiante mundo de las interferencias comunicativas de que se ha hablado, hace que vivencialmente, en un momento sociohistórico determinado, ciertos actos tengan una específica significación social que los hacen dañinos por la potencialidad que tienen de afectar un ámbito de interrelación, como la convivencia pacífica en este caso, o que el mismo comportamiento no tenga la virtualidad de impresionar las condiciones que la permiten en un ámbito témporo espacial diferente.

3. Si se ha hecho un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala en torno a la regulación positiva de la antijuridicidad en los códigos penales de 1980 y del 2000, es para destacar que en realidad no ha habido una variación sustancial del concepto pues, tanto como ahora, también en la norma anterior la afectación por puesta en peligro debía ser real y no meramente formal.

Tan cierto es ello, que no obstante referirse el adverbio efectivamente a la expresión ponga en peligro, del hecho de que igual vocablo no preceda a la expresión lesione contenida en el mismo artículo 11 no podría derivarse que mientras la puesta en peligro debe ser verdadera, real, efectiva, el daño pueda ser formal o aparente.

Esta conclusión también tendría soporte en los antecedentes inmediatos de los dos estatutos que, se reitera, son iguales porque precisan como norma rectora de la ley penal colombiana el principio de “antijuridicidad”, entendido, desde luego, como antijuridicidad material, es decir, como aquel comportamiento que, en verdad, causa un daño o un riesgo para el bien jurídico.

Por eso, en la relación explicativa del proyecto que finalmente fue el Código Penal de 1980, se dijo lo siguiente:

De otra parte, según el artículo 4º la sola contrariedad formal de la conducta con la norma, no genera antijuridicidad, pues es necesario de todas maneras, que “lesione o ponga en peligro sin justa causa, el interés jurídico tutelado por la ley”. La ilicitud, pues, tiene que ser, a la vez, formal y material. Es el criterio fundamental de la lesividad de la acción (se resalta).

El mismo derrotero fue seguido por quienes confeccionaron el Código Penal del 2000. Por eso, por ejemplo, en la exposición de motivos que acompañó al proyecto de Código Penal elaborado por la Fiscalía General de la Nación, se expresó esto:

Al referirnos al bien jurídico, obligatoriamente fue preciso hacer mención a la antijuridicidad material o principio de vulneración. Obliga el concepto de Estado social de derecho a un cambio de mentalidad. En la creación de la norma penal, no solo debe acogerse el principio de legalidad, como tipicidad objetiva, sino que las conductas reputadas como punibles deben poseer relación directa con el bien jurídico tutelado. En la aplicación de la norma penal, no basta la antijuridicidad formal, es decir, la mera contradicción entre el comportamiento y el bien-norma, sino que debe existir la vulneración, bien por lesión o peligro referible a la acción o la omisión. Ya este principio había sido aceptado y elevado a norma en el Código Penal de 1980, art. 4º; ahora, es exigencia de carácter constitucional, en virtud de los artículos 2º, 86 y 228 de la Carta (resalta la Sala).

Como se desprende de lo anterior con toda claridad, la situación es idéntica. Por eso, en esencia, durante los debates en el Congreso en torno a lo que fuera el Código Penal de 2000, se dijo que se mantenía la norma sobre antijuridicidad.

Así se expuso, por ejemplo, en la ponencia para primer debate en el Senado de la República, en la que, además, se hizo énfasis en que la afectación debería caer precisamente sobre el bien jurídico:

Se mantiene la norma sobre antijuridicidad, no obstante, se resalta la necesidad de abandonar la presunción “iuris et de iure” de peligro consagrada en algunos tipos penales. Se clarifica que el interés jurídico, cuando toma relevancia penal, se designa como bien jurídico; con lo cual se establece que necesariamente sobre el mismo debe caer la afectación (destaca la Corte).

Luego, en la ponencia para primer debate y pliego de modificaciones en la Cámara de Representantes, se quiso ser más claro y más explícito:

El principio político-criminal de lesividad, que dogmáticamente resulta aprehendido por la antijuridicidad material, guarda la denominación tradicional que viene desde el Código Penal actual, puesto que ya no aparece como un mero referente para la construcción de la dogmática, sino que se trasluce en sus propias categorías con efectos sustanciales. Queda fortalecido con la introducción de la expresión “efectivamente” en cuanto a la afectación al bien jurídico, lo cual obliga a replantear la discusión en torno a la existencia y efectos de la admisión de la categoría de los delitos de peligro presunto, precisando también que aquel debe ser entendido desde la perspectiva de los bienes que protege el derecho penal.

Como se percibe sin esfuerzo, el Código Penal del 2000 sigue el sendero del de 1980 en tema de antijuridicidad material, tanto formal como sustancialmente. Sus creadores simplemente quisieron hacer hincapié en que era menester relacionar la conducta con la ofensa real o potencial al bien jurídico. Por eso se dijo que ahora quedaba “fortalecido” el punto.

4. En este orden de ideas, si el bien jurídico que se pretende proteger tipificando como delito el falso testimonio es la administración de justicia, que se vería afectada en cuanto a su eficacia, credibilidad y confiabilidad por las decisiones que eventualmente pudieran basarse en las declaraciones contrarias a la verdad que en el curso de los procesos y actuaciones judiciales y administrativas rindieran los testigos, la conducta no solo sería antijurídica cuando la declaración falsa cumpla su cometido de engañar al juez sino también cuando ha tenido la potencialidad de hacerlo. O, dicho con las expresiones del artículo 11 del Código Penal, la conducta será antijurídica tanto cuando lesione la eficaz y recta impartición de justicia —como reza el título XVI del Código Penal— como cuando la ponga efectivamente en peligro.

Una vez rendida la declaración que desconoció la verdad —o que la ocultó total o parcialmente— con el lleno de los requisitos de validez que la hacen apta para ser valorada por el juez, en ella se encuentra implícita su aptitud de dañar, sin que sea preciso que en efecto produzca en el funcionario que habrá de apreciarla el error que pretendía crear.

Por eso el artículo 173 del Código Penal vigente para la fecha en que se rindieron los testimonios que dieron lugar a este proceso, disponía:

Si el responsable de los hechos descritos en el artículo anterior se retracta en el mismo asunto en el cual rindió la declaración, de tal modo que dicha retractación pueda ser tenida en cuenta antes de la sentencia de primera instancia, la pena imponible se disminuirá hasta en la mitad.

Norma semejante, aunque más limitada en cuanto a la oportunidad para la retractación, consagró el nuevo estatuto en su artículo 443, a cuyo tenor:

Si el responsable de las conductas descritas en el artículo anterior se retracta en el mismo asunto en el cual rindió la declaración antes de vencerse la última oportunidad procesal para practicar pruebas, la pena imponible se disminuirá en la mitad.

En este sentido, nada importa para determinar la antijuridicidad del comportamiento que la declaración falsa sea o no apreciada en la providencia en que debía valorarse.

Cuestión diferente es que sea tan manifiestamente increíble, tan palmariamente contraria a los principios de la lógica o a las leyes de la ciencia, que su ineptitud para generar el error se aprecie de bulto, sin necesidad de realizar ninguna valoración, porque en tal caso ni siquiera potencialmente era apta para afectar la eficaz y recta impartición de justicia, no llevaba en sí misma la aptitud de dañar y, por lo tanto, ni por lesión ni por puesta en peligro podía vulnerar el bien jurídico tutelado.

5. Con todo, en el caso concreto, no obstante que el juez laboral no se refirió a los testimonios de los procesados más que para señalar que se habían recibido en la cuarta audiencia de trámite —pero lo mismo hizo respecto de los testigos del demandante, aunque en las consideraciones aludió a ellos de manera bastante lacónica (“los testigos traídos al asunto dan certeza indiscutible que el señor Segundo Leonidas Rodríguez Giraldo sí prestó los servicios... dichos testigos no lograron con exactitud recordar...”)— el tribunal, instado por las partes en virtud del recurso de apelación interpuesto por ambas, sí los valoró expresamente.

Dado que el actor reclamaba, apoyado en los testimonios que favorecían su posición, la plena prosperidad de sus pretensiones económicas; y el demandado pedía la revocatoria del fallo porque no existía el vínculo laboral declarado en la sentencia de primera instancia sino una actividad de relevos, justamente lo afirmado por sus testigos ahora procesados, para el tribunal fue forzoso hacer una valoración de todos los testimonios para concluir:

Dentro de este proceso la prueba testimonial es abundante pero son claramente perceptibles dos grupos antagónicos de testigos. El primero corresponde Jaime Ancízar Ramírez y José Roberto Ramírez, conductores de Cotoltrán, quienes dan fe del servicio prestado por el actor al demandado desde junio de 1994 hasta la primera semana del mes de enero de 1997, en un horario de 6 a.m. a 11 p.m., hecho este último del cual da fe también el conductor Gustavo Adolfo Ramos, quien se vinculó a la empresa en abril 15 de 1996; también hacen parte de este grupo los señores (...) usuarios del servicio por haber laborado en la planta de Caracolito, personas que ubican la relación entre el año 1994 y diciembre de 1996 o enero de 1997 y aducen que los recorridos a dicho lugar los hacía el conductor demandante por turnos, entre las 6 a.m. y las 11 p.m.

El segundo grupo de declarantes niega la existencia de la relación laboral que se dio entre el actor y el demandado Ramos, alegan un trabajo esporádico de turnos que hacía el demandante a los conductores titulares de las busetas; entre ellos se encuentran Édgar Cruz Prada, jefe de personal, Leonor Mendoza Sabogal, secretaria, y María Diva Reyes, empleada de la empresa, así como Nidia García de Ramos, esposa del demandado, testimonios que amén de no desvirtuar la existencia del vínculo han de tomarse como sospechosos, no solo por la vinculación laboral que tienen con el demandado. Sino por cuanto respecto a los tres primeros la fiscalía 11 profirió resolución de acusación por el delito de falso testimonio...

De los dos grupos, considera la Sala más verosímiles las declaraciones de los primeros, conductores de la empresa y beneficiarios del servicio prestado por el demandante en los recorridos que hacía a la planta de Caracolito pues, amén que no aparece asomo de parcialidad alguna en sus aseveraciones, sus versiones son responsivas, exactas y completas.

Es decir, los examinó, los confrontó, acogió unos y desechó otros, lo que permite concluir también por este aspecto —como lo señala el procurador delegado—

que el bien jurídicamente tutelado de la administración de justicia estuvo en peligro efectivamente, y sin justa causa, pues dichos testimonios engañosos revestían potencialidad e idoneidad para la obtención de fines legales e injustos a favor de Gustavo Ramos (demandado en el proceso laboral), finalidad que se vio truncada por la existencia y apreciación de otros medios de convicción que los desvirtuaron, impidiendo que se dictara una providencia contraria a derecho, y en perjuicio de Leonidas Rodríguez Giraldo”.

Los cargos, en consecuencia, no están llamados a prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón—Jorge L. Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez,Secretaria.

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