Sentencia 23489 de marzo 16 de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 23489

Acta 30

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil cinco.

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso Wackenhut de Colombia S.A. contra la sentencia del Tribunal de Cartagena, dictada el 18 de noviembre de 2003, en el proceso ordinario laboral que contra esa empresa promovió la señora Mabel María Ochoa Blanco.

I. Antecedentes

Mabel María Ochoa Blanco, quien actúa en su calidad de cónyuge sobreviviente de Amaury Fabián Ochoa Torres y en representación de sus hijos menores A.J. XXXX y A.A. XXXX, demandó a la empresa Wackenhut de Colombia S.A. para obtener la reparación plena de perjuicios materiales y morales causados con ocasión de la muerte en accidente de trabajo del señor Amaury Fabián Ochoa Torres.

Para fundamentar la reclamación afirmó, en resumen, lo siguiente: Amaury Fabián Ochoa Torres, con quien contrajo matrimonio el 16 de febrero de 1991, estuvo vinculado mediante contrato de trabajo con la sociedad demandada desde el 18 de enero de 2000, como operador de barrera, en los peajes del municipio del Carmen de Bolívar. El 12 de junio de 2000, cuando se encontraba prestando el servicio, fue atacado por desconocidos que, le propinaron varios disparos causándole la muerte. El peaje había sido atacado en oportunidades anteriores, pero la empleadora no lo dotó de los elementos necesarios para repeler agresiones y preservar la integridad del trabajador. Como consecuencia del fallecimiento de Amaury Fabián Ochoa los demandantes vienen padeciendo alteraciones nerviosas y se vieron obligados a trasladar su residencia del Carmen de Bolívar a Cartagena.

La sociedad demandada se opuso a las pretensiones, admitió el hecho del deceso y propuso las excepciones de pago e inexistencia de la obligación.

El Juzgado Quinto Laboral de Cartagena, mediante sentencia del 3 de mayo de 2002, absolvió a la demandada.

II. La sentencia del tribunal

La parte demandante interpuso el recurso de apelación en contra de la providencia anterior y el Tribunal de Cartagena, en la sentencia aquí acusada, la revocó y, en su lugar, condenó a la sociedad demandada a pagar a los demandantes $249.343.470.00 por perjuicios materiales y por perjuicios morales, a Mabel Maria Ochoa 15 salarios mínimos legales y 16 para cada uno de los menores.

Después de transcribir el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, el tribunal dijo lo siguiente:

Para que el empleador esté obligado a responder por dicha indemnización plena u ordinaria, con reparación de todos los perjuicios que se hayan causado, es necesario que el mismo incurra en culpa y que esté suficientemente demostrada, o sea, que no basta demostrar que hubo accidente porque tuvo lugar un suceso imprevisto y repentino y que ese accidente fue de trabajo porque sobrevino por causa o con ocasión del trabajo, sino que es absolutamente indispensable que el empleador haya incurrido en culpa y que dicha culpa haya sido suficientemente demostrada.

No se sometió a discusión en este caso, la ocurrencia del accidente acaecido a Fabián Ochoa Torres el 12 de junio de 2000 en momentos en que prestaba sus servicios a la accionada y que produjo o trajo como consecuencia la muerte del mismo, luego, corresponde averiguar entonces, si se habían agotado por el empleador todos los medios de prevención y si tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos, pues, el presupuesto principal sobre el que descansa la indemnización total y ordinaria de perjuicios es precisamente la evidencia de que a este le faltó “la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios” para prevenir el accidente, conforme al artículo 63 del C.C. que define la culpa leve que comprende a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes.

Por el documento de folio 8 y la contestación de la demanda se sabe que la actividad ejecutada por el trabajador fallecido en desarrollo del contrato de trabajo que lo ligó a la accionada, fue la de operador de barrera en peajes del municipio del Carmen de Bolívar.

En relación con la forma en que ocurrió el hecho dañoso refieren los testigos (fls. 105 a 107) que, aquél fatídico día el trabajador se encontraba prestando sus servicios en el peaje situado entre los municipios del Carmen de Bolívar y Ovejas cuando llegaron cuatro sujetos armados y luego de despojar a unos individuos, que en ese momento pasaban por el peaje, del vehículo en el que se movilizaban le hicieron varios disparos. Precisan además, que el peaje para esa fecha solo tenía una caseta semidestruida porque anteriormente había sido atacado por grupos armados, no había vigilancia ni policiva ni privada y el trabajador fallecido no portaba arma ni ningún elemento de protección contra esta clase de riesgos.

Refuerza el dicho de los testigos en relación con la destrucción del peaje en que prestaba sus servicios el trabajador fallecido, lo registrado en el diario el Universal el día 25 de mayo de 2000 (fl. 16) respecto a que, por sexta vez en el último año, fue atacado dicho peaje por grupos subversivos.

No cabe duda, de acuerdo con las pruebas mencionadas, del peligro a que estaba expuesto el trabajador dada la frecuencia con que se presentaban dichos sucesos, sin embargo, como lo ponen de presente los testimonios citados no había en el sitio vigilancia alguna ni se suministraron al mismo elementos de seguridad. Ni siquiera una caseta donde hubiera podido guarecerse para repeler el ataque, pues, la que existía en el sitio estaba semidestruida como aseguran los declarantes.

Cabe destacar que, según dichas versiones, las personas que estaban en el sitio donde ocurrió el accidente al observar la agresión trataron de socorrer a la víctima pero, los delincuentes se devolvieron y arremetieron de nuevo contra su integridad, dato que tiene relevancia puesto que, si hubiese existido en el sitio un vigilante dotado de arma de fuego probablemente habría podido evitar este segundo ataque y hasta la muerte de aquella.

No puede perderse de vista que en los peajes se maneja y custodia dinero, lo cual los hace blanco de la actividad delincuencial, de modo que debe brindarse una protección especial a quienes trabajan en ellos.

Llama la atención además, que la accionada no se preocupara por demostrar que sí tomó las medidas tendientes a precaver cualquier accidente y a prodigar al trabajador las máximas medidas de seguridad ya que, era de su incumbencia la prueba tendiente a acreditar que se había empleado la diligencia y cuidado suministrados, para eximirse de la responsabilidad inherente al cumplimiento de la obligación.

Podría argüirse que ninguna de las medidas de seguridad posibles, como vigilancia, dotación de arma, construcción de una cabina adecuada, etc., habrían sido suficientes para evitar el hecho pero, como lo ha precisado la jurisprudencia “La previsión de los accidentes de trabajo está dirigida a que disminuyan los riesgos de pérdidas de vidas humanas o lesiones irreparables de diversa índole, mediante la aplicación adecuada de las medidas de seguridad y la correcta utilización de los elementos de trabajo” (Sent. 11158, mayo 26/99), o sea, que si bien no es posible eliminar totalmente el peligro si pueden aminorarlo.

Las pruebas analizadas muestran que la empleadora envió a su trabajador a prestar el servicio en un sitio peligroso sin proporcionarle los medios adecuados, o sea, que incumplió, su obligación de protección y seguridad, omisión que fue determinante para que se produjera el hecho dañoso y en consecuencia, debe responder por el resarcimiento de los perjuicios reclamados.

III. El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandada. Con él pretende que la Corte case la sentencia del tribunal y que en instancia confirme la del juzgado.

Con esa finalidad formula cuatro cargos contra esa providencia, que fueron replicados y serán estudiados en el orden propuesto.

Primer cargo

Acusa la sentencia por la interpretación errónea de los artículos 56, 57 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para su demostración asevera que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo solo tiene aplicación cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo, pero que de su correcta inteligencia surge que no es la culpa leve que define el artículo 63 del Código Civil la que hace que el patrono esté obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios de la que trata aquella disposición legal.

Estima que el tribunal interpretó erróneamente el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que, aparte de considerar equivocadamente que bastaba la comprobación de una culpa leve, conforme la define el artículo 63 del Código Civil, exigió de la sociedad demandada la prueba de haber agotado “todos los medios de prevención”, así como la comprobación de que efectivamente “tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos”.

Destaca que si bien el juez de la alzada asentó que le faltó la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios para prevenir el accidente, conforme al artículo 63 del Código Civil que define la culpa leve, en realidad tomó en cuenta el descuido que el precepto civil denomina culpa o descuido levísimo, razón por la cual consideró que debía establecer “(...) si se habían agotado por el empleador todos los medios de prevención y si tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos (...)”. Y agrega que es sabido, que la falta de una “esmerada diligencia” es un requisito legal para que se configure la culpa o descuido levísimo, a la que se opone la suma diligencia o cuidado, según el artículo 63 del Código Civil.

Siguiendo con el desenvolvimiento del cargo, asevera que mezclar esas dos especies de culpa constituyó un grave error conceptual del tribunal, pero que lo verdaderamente importante es que la culpa suficientemente comprobada del patrono exigida por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es la culpa grave, negligencia grave o culpa lata, la cual consiste, de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, “(...) en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios (...)”, que equivale al dolo, y es la que exige la ley laboral para imponerle al patrono la indemnización total y ordinaria por perjuicios.

Argumenta al respecto que si se entendiera que es la culpa leve lo que exige la ley, resultaría forzoso entender que para desvirtuarla bastaría la diligencia o cuidado ordinario o mediano, por lo que no podría razonablemente exigirse, para exonerarse de ella, que el empleador demostrara que efectivamente agotó “todos los medios de prevención” y que “tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos”.

Por otra parte, dice que de la culpa leve sólo está obligado a responder “el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia”, según el artículo 63 citado y agrega que ni del artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece como obligaciones generales que incumben al patrono las de protección y seguridad para con los trabajadores, ni de las obligaciones especiales consagradas en el artículo 57 ibídem, resulta que el empleador o patrono esté obligado a administrar su negocio como “un buen padre de familia”.

Adicionalmente observa que el hecho de que deba lograrse la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, no convierte al trabajador en “un hijo de familia” ni al empleador en “un buen padre de familia”; ni puede entenderse que la obligación del patrono de procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud, dé lugar a que se haga responsable inclusive de la culpa leve, o que se encuentre obligado a probar que “tuvo el esmerado cuidado que debe observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos” y que agotó “todos los medios de prevención”, para quedar exonerado de la obligación que le impone el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Señala, seguidamente, que el Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto Ley 1295 de 1994 estructuran la responsabilidad objetiva del patrono por los accidentes laborales, de modo que para desentrañar el genuino sentido del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo obliga armonizar lo previsto en tal norma con la definición que de accidente de trabajo hacía el artículo 199 ibídem, pues así como desaparece el accidente cuando el suceso ha sido provocado deliberadamente por la víctima, o por su culpa grave, hay que entender que únicamente cabe predicar culpa suficientemente comprobada del empleador o patrono en la ocurrencia del infortunio cuando el hecho obedece a una culpa grave suya, en razón de haber actuado con un descuido tal que ni siquiera las personas negligentes o de poca prudencia suelen incurrir en sus propios negocios.

Y manifiesta la recurrente que si la ley estatuye que el patrono solo queda obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios cuando exista culpa suficientemente comprobada en el accidente de trabajo, es porque no basta una culpa leve en la ocurrencia del mismo, sino que es menester que el suceso repentino obedezca a la culpa grave que en materia civil equivale al dolo.

Con base en lo anterior la impugnante sostiene que la especial protección que brinda el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no llega al extremo de reputar como accidente de trabajo un hecho doloso cometido por terceros que no están vinculados a la empresa, de cuyos actos no debería normalmente responder el empleador o patrono por no ser subordinados suyos quienes ocasionaron el daño, como, dice, aquí ocurrió.

La oposición

El opositor anota que al mostrarse la recurrente de acuerdo con los hechos que dio por establecidos el tribunal, aceptó la culpa leve deducida por el sentenciador. De otro lado, juzga equivocada la tesis de que los empleadores culpables de accidentes de trabajo solo responden por la culpa grave y sobre el tema se remite a la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la cual cita y transcribe algunos casos.

Estima, además, que en el campo del derecho laboral, la responsabilidad es contractual, y como el empleador tiene las obligaciones de protección y seguridad, así como la de procurar locales apropiados y elementos para la protección en caso de accidentes en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud del trabajador, cuando las incumple como consecuencia de negligencia o por culpa leve, es obvio que tiene que responder por la indemnización total y ordinaria de los perjuicios.

IV. Consideraciones de la Corte

El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo establece: “Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”. 

Efectivamente, como lo anota la oposición, según la jurisprudencia de la Corte, la culpa a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es la culpa leve. La corporación ha considerado que, para los efectos legales, el artículo 63 del Código Civil distingue tres especies de culpa y descuido: la culpa grave, negligencia grave, culpa lata; la culpa leve, descuido leve, descuido ligero; y la culpa o descuido levísimo. Como ese precepto dispone que la culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve, esa regla debe aplicarse al interpretar el artículo 216 del código antes citado, porque allí se alude a la culpa, pero sin calificarla. De otro lado, si en la responsabilidad contractual civil, el artículo 1604, que la rige, dispone que el deudor es responsable de la culpa leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes, con mayor razón debe aplicarse esa norma a los contratos laborales, no solo porque se celebran para beneficio del empleador y del trabajador, sino porque hacen parte de un sistema proteccionista del trabajo humano subordinado. 

Así lo ha precisado de tiempo atrás esta corporación, que en la sentencia del 26 de febrero de 2004 radicado 22175, en la que reiteró su añejo criterio sobre el particular, explicó lo que a continuación se trascribe:  

El Tribunal en el fallo acusado, estimó que en materia laboral y concretamente en tratándose de accidentes de trabajo, el empleador responde “hasta por la culpa leve” que se establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”. 

Ese entendimiento del grado de culpa por la cual responde el patrono en caso de accidentes de trabajo conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, resulta acorde con lo que ha interpretado la jurisprudencia al respecto con apoyo en las disposiciones pertinentes del Código Civil, concretamente el artículo 63 que define la culpa leve, descuido leve, descuido ligero como “la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente es sus negocios propios” y el artículo 1604 que se refiere a que en los contratos conmutativos es decir, aquellos que se hacen para beneficio recíproco de las partes, condición de la cual participan los contratos de trabajo, el deudor es responsable hasta de la culpa leve. 

Desde antaño esta Sala de Casación Laboral ha sostenido el criterio de que la responsabilidad que origina la obligación de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, para efectos de determinar el grado de la culpa es de naturaleza contractual, pues se trata de la culpa de un contratante que en virtud de la ejecución de un contrato laboral le causa un perjuicio al otro contratante; y esta conclusión lleva a que deba acudirse a las disposiciones que en materia civil regulan la culpa contractual, para colegir que por ser el contrato laboral oneroso, en caso de culpa patronal se responde hasta por la culpa leve. 

Así, en fallo de 16 de febrero de 1959, G.J. tomo XC, p. 242, se señaló textualmente: 

“En este orden de ideas es menester aclarar que si bien cierta clase de culpas determinantes del incremento del riesgo profesional creado o extrañas a este, originan una responsabilidad plenaria semejante a la del título XXXIV del libro IV del Código Civil, al tenor del artículo 12 literal b) in fine de la Ley 6a de 1945 y del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, (Cfr. cargo anterior) ello no significa que se trate de la culpa aquiliana o extracontractual, sino de la culpa contractual que por mandato expreso de la ley genera en estos casos la responsabilidad plena y la indemnización ordinaria (resaltado en el texto). 

No se trata aquí de la culpa de un tercero que le produce un daño a otro tercero. Se trata de la culpa de un contratante, que dentro de la ejecución de un contrato laboral, le causa un perjuicio al otro contratante, y que por ministerio de la ley origina no ya la indemnización correspondiente al riesgo creado (propia del accidente de trabajo), sino la indemnización “total y ordinaria” por el perjuicio causado. 

En caso de culpa contractual, y dentro de un contrato oneroso como era el del sub lite, el artículo 1604 ordena que: “El deudor (…) es responsable de la (culpa) leve en los contratos que se hacen en beneficio recíproco de las partes”. 

Luego, en sentencia de 10 de abril de 1975, dijo esta corporación: 

“Las indemnizaciones prefijadas que consagra el Código Sustantivo del Trabajo para los prejuicios provenientes del accidente de trabajo, tienen fundamento en el riesgo creado, no provienen de la culpa sino de la responsabilidad objetiva. Pero la indemnización total y ordinaria prevista en el artículo 216 de dicha obra, exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes”. 

Más recientemente dicha tesis fue reiterada en fallo de 13 de diciembre de 2001, radicado 16782. 

Por otra parte, la división tripartita de la culpa es un método de apreciación de la conducta humana, elevado a la categoría de norma legal. Cuando el artículo 63 del Código Civil toma como punto de referencia al padre de familia, le impone al juez el deber de examinar la culpa en abstracto, es decir, lo conmina a preguntarse qué habría hecho otra persona ubicada en las mismas circunstancias del demandado. A la culpa in abstracto se opone la teoría de la culpa en concreto, que es subjetiva, de mayor aplicación en el derecho penal. Como la división tripartita de la culpa es un método de valoración del comportamiento de las personas, no se ve de qué manera incida para convertir al empleador en un buen padre de familia y al trabajador en un hijo de familia. 

En este caso es claro que el fallador aplicó la división tripartita de la culpa en abstracto y tuvo en cuenta lo que habría hecho cualquier empleador en las mismas circunstancias de la sociedad demandada. 

Afirma la recurrente que así como en el régimen del Código Sustantivo del Trabajo no existía accidente de trabajo indemnizable cuando el suceso había sido provocado deliberadamente por la víctima, o por su culpa grave, hay que entender que únicamente cabe predicar culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo cuando el hecho obedece a una culpa grave suya. Pero otra fue la posición del legislador al establecer en el artículo 216 que el empleador responde por la culpa suficientemente comprobada en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, culpa que, por lo antes explicado no puede ser otra que la leve. 

Por esa razón no es atendible la pretensión de la impugnante según la cual para desentrañar el sentido del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo debe acudirse a la definición que sobre accidente de trabajo traía el artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo porque esta norma actualmente no se halla vigente al ser expresamente derogada por el artículo 98 del Decreto 1295 de 1994, de suerte que no sirve de parámetro válido de interpretación y, contrariamente a lo que sugiere la recurrente, la norma que actualmente define el accidente laboral difiere de la que consagraba el Código Sustantivo del Trabajo precisamente en cuanto no contiene una disposición de similar naturaleza sobre las consecuencias de la culpa grave del trabajador en la ocurrencia del accidente. 

Aparte de ello, esa disposición aludía a la culpa grave del trabajador como elemento que impedía la configuración jurídica del accidente de trabajo, cuestión que desde luego es diferente al tipo de culpa que debe exigirse al otro sujeto de la relación laboral para achacarle la responsabilidad de la reparación integral de los perjuicios ocasionados por la ocurrencia de un infortunio laboral. 

Ahora, aunque en algún aparte de su sentencia el tribunal dijo que le correspondía averiguar si se habían “(...) agotado por el empleador todos los medios de prevención y si tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esa clase de riesgos (...)”, en realidad no exigió de la sociedad demandada la prueba de haber agotado “todos los medios de prevención”, así como la comprobación de que efectivamente “tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos”, como lo asegura la sociedad recurrente. 

La lectura integral de la sentencia pone de presente que, para el juez de segundo grado, el empleador incumplió la obligación que incumbe al patrono de procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales. Pero no le exigió a la demandada la prueba de “todos los medios de prevención”, porque lo cierto es que no encontró la prueba de uno solo. Por eso no tuvo necesidad de determinar si alguna medida preventiva que en efecto hubiera adoptado (y probado) la sociedad convocada al proceso se correspondía con la que habría tomado otro empleador situado en las mismas circunstancias de dicha empresa. 

Y también por esa razón el cargo bajo ninguna circunstancia habría podido tener éxito, porque de hallarse fundado, en sede de instancia se concluiría que a la demandada no la respalda ninguna prueba que establezca que cumplió, siquiera medianamente, las obligaciones de protección, seguridad y suministro de locales apropiados y elementos para la protección en caso de accidentes, para garantizar, al menos razonablemente, la seguridad y la vida del trabajador. 

De modo que incluso si el juez de la apelación hubiese asumido como propia la tesis que informa el cargo, o sea, que el empleador solo debía procurar al trabajador condiciones mínimas de seguridad en el sitio de trabajo; o, incluso, si efectivamente, y no solo formalmente, hubiera exigido plenas medidas de seguridad para ese sitio, la realidad que encontró demostrada el sentenciador es, como se observó, que la empresa demandada no hizo nada para proteger al trabajador, porque el tribunal, y así debe aceptarse porque el cargo está formulado por la vía directa, encontró demostrado que la caseta estaba semidestruida, que no había vigilancia privada ni de la policía, que el trabajador no contaba con medio alguno de protección personal y, lo más grave, que a pesar de que el demandante debía ser el depositario de dineros del público, era la sexta ocasión en que se repetía un asalto de la guerrilla a la caseta en la que prestaba servicios. 

En el cargo se finaliza arguyendo que la especial protección que brinda el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no llega al extremo de reputar como accidente de trabajo un hecho doloso cometido por terceros que no están vinculados a la empresa, de cuyos actos no debería normalmente responder el empleador o patrono por no ser subordinados suyos quienes ocasionaron el daño, como, dice, aquí ocurrió. Pero este planteamiento nada tiene que ver con la interpretación errónea de la ley, como que remite al problema de la responsabilidad compartida, esto es, cuando hay coautores del daño, cuestión jurídica que no fue abordada por el tribunal. 

En consecuencia, el cargo no prospera. 

Segundo cargo 

Acusa la sentencia por haber infringido directamente el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y por la consecuencial aplicación indebida de los artículos 56, 57 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Afirma que la violación directa de los preceptos legales sustantivos aplicados indebidamente por el tribunal fue consecuencia de la inaplicación de la regla legal de la carga de la prueba, por haber ignorado el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil o por haberse rebelado contra lo que claramente dispone dicha norma, ya que, invirtiendo el onus probandi, asentó en el fallo que “(...) corresponde averiguar entonces, si se habían agotado por el empleador todos los medios de prevención y si tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos (...)” (fls. 16 y 17, cdno. tribunal), siendo que, agrega la recurrente, de conformidad con la regla legal sobre carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, y aunque el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo es claro al disponer que solo cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. 

Afirma que, de acuerdo con el artículo 177 citado, los demandantes tenían la carga de establecer en el juicio que existió culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo, y no que Wackenhut de Colombia tuviera que probar que agotó “todos los medios de prevención” y que “tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos”. 

Resulta indiscutible, dice la recurrente, que el fallador invirtió la carga de la prueba y que para justificar dicha inversión partió de una presunción de culpa del empleador o patrono que fundó en el hecho de que el trabajador realizaba una actividad peligrosa o que trabajaba en un sitio peligroso. 

Agrega que el tribunal no solo infringió la regla legal sobre carga de la prueba y aplicó indebidamente el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que fundó su ilegal sentencia en una mera suposición suya, conforme resulta del aserto según el cual “(...) si hubiese existido en el sitio un vigilante dotado de arma de fuego probablemente habría podido evitar ese segundo ataque y hasta la muerte de aquella(sic) (...)”. 

La oposición 

Por su parte, el opositor sostiene que el hecho de que en un aparte aislado de la providencia se haya dicho que correspondía averiguar si se habían agotado por el empleador todos los medios de prevención y si él tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos, no es incidental, pues el presupuesto principal de la indemnización fue la evidencia de que le faltó la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios para prevenir el accidente, de manera que no hubo inversión de la carga de la prueba. 

Considera, de otro lado, que el tribunal no derivó una presunción de culpa del hecho del accidente de trabajo, sino que examinó todo el acervo probatorio, poniendo énfasis en las declaraciones de testigos, en las que apreció que la empresa no adoptó ninguna medida de protección tendiente a prevenir el fatal infortunio en el que perdió la vida el señor Amaury Fabián Ochoa Torres. 

Y observa que la expresión en la que el cargo pretende vanamente hallar una tabla de salvación, es una frase aislada y una circunstancia consecuencial, porque lo que ella evidencia es que ante el resultado fáctico categórico de inseguridad del trabajador, esto es, ante la indiferencia e indolencia de la demandada respecto del nefasto accidente, acreditada con las pruebas pertinentes, el tribunal quedó perplejo, además, de que la parte demandada exhibiera una indiferencia probatoria y no se preocupara ni siquiera por demostrar que adoptó las medidas tendientes a precaver el accidente y a prodigarle al trabajador la seguridad. 

Y concluye que el aspecto medular del fallo no fue la carga de la prueba, sino los elementos de convicción obrantes en el proceso. 

V. Consideraciones de la Corte 

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil contiene una regla de juicio que le indica a las partes qué deben probar. Al mismo tiempo, sirve al juez para determinar quién corre con las consecuencias de la falta de prueba de un supuesto de la norma jurídica que una parte invoque en su favor. 

Como aquí la recurrente asume que el tribunal invirtió la carga de la prueba, es cuando menos dudoso que hubiera ignorado el artículo 177 citado o que se hubiera rebelado contra él. 

Pero haciendo a un lado esa cuestión, el examen de la sentencia pone de presente que no hubo la tal inversión pregonada por la impugnante, quien asevera que el ad quem presumió su culpa, fundada en el hecho de que el trabajador realizaba una actividad peligrosa o que trabajaba en un sitio peligroso. 

Este litigio plantea un caso de culpa por abstención, de negligencia: la sociedad demandada dejó que ocurriera un hecho que no contribuyó a crear. El tribunal determinó en forma acertada que la sociedad tenía una obligación legal específica, de protección, seguridad y suministro de locales y elementos apropiados para la protección. Como la culpa por abstención abarca todas las gamas de la negligencia, para decidir un caso de este tipo el juez debe preguntarse lo que habría hecho una persona cuidadosa situada en las mismas circunstancias de la sociedad demandada. Por eso el tribunal consideró que, como se encontraba establecido que hubo un accidente de trabajo y que, como ese accidente ocurrió por causa del presunto incumplimiento de una obligación general (consagrada por la ley) de protección, le correspondía determinar qué medidas de seguridad habría adoptado otro empleador en las mismas circunstancias de la sociedad demandada y cuáles adoptó esta. 

La sociedad recurrente asume que la parte demandante tenía la carga de la prueba de la culpa y no que ella tuviera que probar que agotó todos los medios de prevención y que tuvo el esmerado cuidado que debía observar frente a su subordinado para precaver esta clase de riesgos. Pero en la culpa por abstención no se sigue forzosamente ese método. No hay dos pasos, sino uno solo, la prueba de la culpa es el incumplimiento de la obligación, en este caso de índole legal, que le impone al empleador ofrecerle a su trabajador medidas de seguridad. Nada más. Probado el incumplimiento, el empleador, como todo deudor, solo se libera de responsabilidad si acredita que obró con mediana diligencia en la adopción de las medidas de seguridad. 

Recientemente al explicar cómo opera la carga de la prueba de la culpa de un empleador a quien se le reprocha su negligencia y memorar el criterio de antaño expuesto sobre ese asunto por el Tribunal Supremo del Trabajo, precisó esta Sala de la Corte en la sentencia del 10 de marzo de 2005, radicación 23656: 

Ciertamente, una vez se demuestra que la causa eficiente del infortunio fue la falta de revisión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente, como medida de seguridad adoptada al efecto por la empresa, la carga dinámica de la prueba se traslada a esta, dada su calidad de obligada que no cumple satisfactoriamente con la prestación debida, de conformidad con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con las normas que regulan la responsabilidad contractual. 

Así lo enseñó el Tribunal Supremo del Trabajo, en sentencia del 16 de febrero de 1959, cuando dijo: 

En este orden de ideas es menester aclarar que si bien cierta clase de culpas determinantes del incremento del riesgo profesional creado o extrañas a este, originan una responsabilidad plenaria semejante a la del título XXXIV del libro IV del Código Civil, al tenor del artículo 12 , literal b) in fine de la Ley 6a de 1945 y del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, (Cfr. cargo anterior), ello no significa que se trate de la culpa aquiliana o extra-contractual, sino de la culpa contractual que por mandato expreso de la ley genera en estos casos la responsabilidad plena y la indemnización ordinaria. 

No se trata aquí de la culpa de un tercero que le produce un daño a otro tercero. Se trata de la culpa de un contratante, que dentro de la ejecución de un contrato laboral, le causa un perjuicio al otro contratante, y que por ministerio de la ley origina no ya la indemnización correspondiente al riesgo creado (propia del accidente de trabajo), sino la indemnización “total y ordinaria” por el perjuicio causado. 

En caso de culpa contractual, y dentro de un contrato oneroso como era el del sub lite, el artículo 1604 ordena que: “El deudor (...) es responsable de la (culpa) leve en los contratos que se hacen en beneficio recíproco de las partes”. 

El último inciso dispone que: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”. G.J., tomo 90 Nº 2207 a 2209, enero a marzo 1959, p. 242. 

Esta tesis sobre la culpa patronal, fue ratificada por la Sala mediante sentencia del 8 de Abril de 1988, (Rad. 0562), cuando expresó: 

El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que la víctima de un accidente acaecido por causa o con ocasión del trabajo que se obligó a realizar, pueda reclamarle a su patrono indemnización plena de los perjuicios que haya sufrido, siempre que le demuestre culpa en la ocurrencia del siniestro. 

Esa responsabilidad del patrono se deriva necesariamente de su incumplimiento de las obligaciones de darles protección y seguridad a los trabajadores y de suministrarles locales higiénicos y adecuados para la prestación del servicio y elementos indispensables para precaver accidentes o enfermedades profesionales. Dichas obligaciones se las imponen al empleador el contrato de trabajo y la ley laboral. 

De allí se desprende que la culpa que debe demostrarse para obtener el resarcimiento de los daños sufridos es de naturaleza contractual y no extracontractual. 

Bien ha entendido la jurisprudencia que cuando el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo exige para que proceda la indemnización plena que la culpa sea suficientemente comprobada por el trabajador; pero esta regla no supone una modificación en contra suya de las relativas a la carga probatoria, de manera que, tratándose del deber de prueba de la diligencia contractual, ha de valer la que impone el artículo 1604 del Código Civil según la cual la prueba de la diligencia incumbe al que ha debido emplearlo. Inferir del artículo 216 el deber del trabajador de allegar las pruebas sobre la diligencia del patrono contraría no solo el expreso sentido de la citada norma civil sino el sentido común que la inspira. 

Aquí, en este caso, el tribunal encontró que hubo incumplimiento de las medidas de seguridad, porque no se tomó una sola. Esto, además de demostrar que no invirtió la carga de la prueba, pone de presente que el cargo por ninguna circunstancia habría podido prosperar, porque, formulado por la vía directa, implícitamente reconoce la culpa patronal y porque no está apoyado en hechos, admitidos por el sentenciador, que indiquen el cumplimiento, siquiera razonable, de medidas de seguridad. 

El cargo, en consecuencia, no prospera. 

Tercer cargo 

Denuncia la sentencia por la aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Dice que esa violación fue consecuencia de los siguientes errores de hecho: 

1. Haber dado por probado, sin estarlo, que Amaury Fabián Ochoa Torres “(…) como operador de barrera en los peajes de Carmen de Bolívar (...)” (fl. 17, cdno. del tribunal) debía portar un arma o contar con un “(...) elemento de protección contra esa clase de riesgos (...)” (ibídem). 

2. No haber dado por probado, estándolo fehacientemente, que los “cuatro sujetos armados” que el 12 de junio de 2000 asesinaron a Amaury Fabián Ochoa Torres, “(...) luego de despojar a unos individuos, que en ese momento pasaban por el peaje, del vehículo en el que se movilizaban (...)” (fl. 17, cdno. del tribunal), actuaron por su propia cuenta sin tener relación alguna con la sociedad anónima Wackenhut de Colombia. 

3. No haber dado por probado, estándolo fehacientemente, que por tratarse de un imprevisto al que no es posible resistir, el hecho en el cual murió Amaury Fabián Ochoa Torres constituye laboralmente una fuerza mayor o caso fortuito. 

4. Haber dado por probado, sin estarlo, que el accidente de trabajo en el que murió Amaury Fabián Ochoa Torres ocurrió por “culpa suficientemente comprobada del patrono”. 

5. Haber dado por probados, sin estarlo, los perjuicios morales que fijó en la sentencia en “(...) una suma equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales a la fecha de esta sentencia (...)” (fl. 21, cdno. del tribunal) para la cónyuge supérstite Mabel María Ochoa Blanco y para los menores A.J. XXXX y A.A. XXXX en “(...) el valor equivalente a 16 salarios mínimos legales vigentes a la fecha de esta sentencia para cada uno (...)” (ibídem). 

Afirma la sociedad recurrente que esos errores derivaron de la falta de apreciación del acta de levantamiento de cadáver número 94 (fls. 13 y 14), el acta de la necropsia del folio 15, los dos ejemplares del diario El Universal de 13 de junio de 2000 y 10 de abril de 2001 (fls. 17 y 18), la constancia del secretario de la Unidad Seccional de Fiscalías del folio 22, el formato del folio 83 y el alegato de conclusión del apoderado de los demandantes (fls. 143 y 153); y que derivaron, igualmente, de la confesión contenida en la demanda inicial (fls. 1 a 4), el ejemplar del diario El Universal de 25 de mayo de 2000 (fl. 16) y los testimonios de Milton César Benítez Ricardo y Julio Alfonso Cárdenas Montes (fls. 105 a 107). 

Para demostrar los errores comienza con una crítica a las informaciones periodísticas como medio de formar el convencimiento en el proceso judicial. 

Dice que en la demanda inicial del proceso se afirmó que “(...) el día del trágico suceso de su muerte, se acercaron varios delincuentes al peaje para arrebatarle el vehículo a un conductor que se encontraba cancelando la tarifa intimidando al difunto en presencia de varias personas, para que no alzara la barra, una vez lograron su objetivo le ordenaron alzarla a lo cual él accedió, propinándole seguidamente varios disparos que acabaron con su vida (...)” y que esa afirmación constituye confesión de que los “cuatro sujetos armados” que el 12 de junio de 2000 asesinaron a Amaury Fabián Ochoa Torres actuaron por su propia cuenta sin tener relación alguna con la empresa demandada y se trata de un imprevisto al cual no es posible resistir, por ser un hecho similar a uno de los que, a manera de ejemplo, enuncia el artículo 10 de la Ley 95 de 1890: “el apresamiento de enemigos”. 

En seguida argumenta la recurrente que, ya fuere que los cuatro asesinos de Amaury Fabián Ochoa Torres hicieran parte o no del grupo de terroristas al cual se refiere el periódico El Universal en la noticia que publicó el 25 de mayo de 2000, no es sensato entender que si Wackenhut de Colombia le hubiera suministrado el arma echada de menos en la sentencia, hubiera cumplido con la obligación especial de protección y agrega que no hay prueba de que la actividad que según la demanda realizaba el trabajador el 12 de junio de 2000 requiriera de un arma como elemento de protección contra esa clase de riesgos. 

Esta prueba, dice, de cuya falta adolece el proceso, debían aportarla los demandantes, por ser ellos quienes persiguen los efectos jurídicos previstos en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y al no haber dado por probado, estándolo, que los sujetos que asesinaron a Amaury Fabián Ochoa Torres actuaron por su propia cuenta y sin que tuvieran relación alguna con Wackenhut Colombia, y que, por las mismas circunstancias en que ocurrió el hecho, dicho imprevisto constituye uno al que no es posible resistir, debe forzosamente concluirse que el tribunal cometió el dislate de haber dado por probado que el accidente de trabajo ocurrió por culpa suficientemente comprobada del empleador. 

Afirma que todos los documentos que se indican como inapreciados por el tribunal señalan que uno de los orificios de entrada de los proyectiles fue hecho mediante un disparo “a corta distancia en región malar izquierda” (fl. 15), y de conformidad con la información que suministran el acta de levantamiento del cadáver y la necropsia, los cinco disparos fueron todos en la cabeza del occiso y por lo menos uno de ellos se hizo a quemarropa, lo que indica sin lugar a dudas que la muerte se originó en una acción que tipifica un homicidio doloso, por lo que esta acción criminal claramente dirigida a quitarle la vida a alguien inerme y que no opuso resistencia, según lo declarado por los testigos, permite concluir que el propósito de los cuatro facinerosos no fue principalmente apoderarse de un vehículo de una persona ajena a Wackenhut de Colombia, sino el de asesinarlo. 

Y agrega que “(...) si fue esa la causa y el móvil de la acción criminal en la que murió Ochoa Torres, la única conclusión a la que se impone llegar es la de que el juez colegiado incurrió en un garrafal desatino cuando atribuyó tal suceso imprevisto a una culpa suficientemente comprobada del patrono, pues lo plenamente probado es un homicidio doloso cometido por cuatro forajidos que ninguna relación tienen con la empresa en donde trabajaba ese 12 de junio de 2000 el hoy difunto”, con lo que se prueba, agrega, que la muerte fue ocasionada por un imprevisto que por ser una acción dolosa cometida por terceros, no puede, ni racional ni legalmente, calificarse como un accidente de trabajo que ocurrió por culpa suficientemente comprobada del patrono. 

Manifiesta a continuación que en el escrito que contiene el alegato de conclusión del apoderado judicial de los demandantes se afirma que “(...) en cuanto al hecho se encuentra probado: que el finado Amaury Fabián Ochoa Torres pereció en día 12 de junio del año 2000 a las 12 p.m. en el peaje ubicado en el municipio del Carmen de Bolívar, en donde lo envió el empleador a prestar sus servicios como operador de barras en dichas instalaciones deceso que fue consecuencia de el (sic) asalto practicado por cuatro individuos que procedieron a hurtar un vehículo automotor a uno de los usuarios de dicho peaje y para el efecto primeramente le ordenaron al fallecido bajar la barra y posteriormente la volviera a subir una vez se apoderaron de dicho vehículo procedieron en forma inmisericorde a dispararle al señor Amaury Fabián Ochoa Torres causándole la muerte en forma inmediata (...)” y asegura que esa afirmación resulta determinante en la demostración de los errores de hecho evidentes, por cuanto los hechos que allí se narran como efectivamente ocurridos no fueron objeto de debate, por lo que mal podía el tribunal desconocerlos en su sentencia, y mucho menos extraer conclusiones diferentes a lo que clara y expresamente se acepta en el escrito, que no es nada diferente a la manifestación de que la muerte de Amaury Fabián Ochoa Torres no ocurrió en un accidente de trabajo en que hubiera existido culpa del patrono, sino que fue el resultado de un acto delictuoso cometido por cuatro individuos que ninguna relación tienen con la empresa, y por ello no puede su acción dolosa dar lugar a una responsabilidad laboral que obligue a la indemnización total y ordinaria de perjuicios. 

Respecto de la prueba testimonial afirma que los declarantes Milton César Benítez Ricardo y Julio Alfonso Cárdenas Montes se limitaron a referir exactamente lo mismo que resulta establecido con las pruebas antes analizadas. 

La oposición 

Aduce la parte opositora que saber si el trabajador “debía portar un arma o contar con un elemento de protección contra esa clase de riesgos”, es asunto de estirpe jurídica y no fáctica, por lo que el primer yerro imputado está mal formulado; que, igualmente, atañe a la carga de la prueba saber si la prueba de la necesidad del arma de dotación para el trabajador, correspondía aportarla a los demandantes, como lo afirma el cargo. 

Observa que el quinto error de hecho no puede ser decidido por la Corte, porque la impugnante no dijo nada conducente a su demostración. 

Respecto de las informaciones del diario El Universal, asegura la oposición que la recurrente no acreditó por qué fue mal apreciada, sino que se limitó a insinuar que no es medio de prueba señalado en la ley, lo que tendría que haber controvertido por la vía de puro derecho por presunta infracción de las normas procesales que consagran cuáles son las probanzas legalmente admisibles. E hizo notar que la acusación no demostró que la verdad que fluye de las informaciones periodísticas, sea contraria a la realidad ni que el tribunal hubiera cometido un desacierto fáctico en su valoración. 

Considera fútil la argumentación contenida en la acusación acerca de quiénes fueron los victimarios del homicidio agravado, de cuáles sus móviles, o la crueldad que emplearon, ya que lo pertinente es la verdad indiscutible que dedujo el sentenciador ad quem, en punto al incumplimiento absoluto de parte de la demandada de sus deberes de protección y seguridad. 

Y agrega: “El fallecimiento del trabajador ocurrió el 12 de junio de 2000 y el 25 de mayo de ese año era nada menos que la “sexta vez” que se asaltaba vilmente el peaje. En verdad es inexplicable que eso sea irrelevante a efectos de culpa patronal. No puede quedar exculpada la demandada cuando estaba suficientemente advertida del riesgo del trabajador al laborar en el mismo sitio en condiciones de peligro inminente y no adoptar ninguna medida de protección o de seguridad para evitarlo. Indiscutiblemente procede con culpa el patrono que envía a un indefenso trabajador a fungir como operador de barras de un peaje en el mismo lugar de trabajo donde hacía menos de un mes era la sexta ocasión en que era asaltado por terroristas quienes nuevamente asesinan vilmente a un empleado ante la mirada indiferente e indolente del empresario, que no brinda ninguna medida de seguridad ni protección, ni siquiera las más elementales tendientes siquiera a disminuir el riesgo, ya que no existe la más mínima prueba en contrario”. 

Termina diciendo que los testimonios fueron la base esencial del fallo y no son pruebas idóneas para la configuración de un desacierto fáctico. 

VI. Consideraciones de la Corte 

Efectivamente, como lo observa la oposición, respecto de las informaciones de prensa el cargo se limita a criticarlas como medio de formar el convencimiento en el proceso judicial. Además, el sentenciador se refirió a tales notas periodísticas únicamente para corroborar los hechos que encontró demostrados con la prueba testimonial. 

En la demanda inicial del proceso ciertamente se afirmó que “(...) el día del trágico suceso de su muerte, se acercaron varios delincuentes al peaje para arrebatarle el vehículo a un conductor que se encontraba cancelando la tarifa. Intimidando al difunto en presencia de varias personas, para que no alzara la barra, una vez lograron su objetivo le ordenaron alzarla a lo cual él accedió, propinándole seguidamente varios disparos que acabaron con su vida (...)”; pero la admisión de que los sujetos le causaron la muerte a Amaury Fabián Ochoa Torres, e incluso la aceptación de que actuaron por su propia cuenta, no es confesión del hecho básico del proceso, que lo es la falta de adopción de las medidas de seguridad por la demandada. De esa supuesta confesión también extrae la recurrente que la acción de los sujetos armados es un imprevisto al cual no es posible resistir, lo cual constituye un planteamiento inadmisible, como quiera que según la sentencia era la sexta vez que la guerrilla asaltaba el puesto del peaje, de manera que el asalto era previsible. 

La impugnante sostiene que no se puede entender que si le hubiera suministrado el arma echada de menos en la sentencia, hubiera cumplido con la obligación especial de protección; pero el argumento, que en realidad no es demostración de un error de hecho derivado de la prueba, es inconsistente en tanto se advierte que para el tribunal la sociedad accionada no adoptó medida de seguridad alguna, como, sin duda, surge de los siguientes pasajes de la sentencia: 

Llama la atención además, que la accionada no se preocupara por demostrar que sí tomó las medidas tendientes a precaver cualquier accidente y a prodigar al trabajador las máximas medidas de seguridad ya que, era de su incumbencia la prueba tendiente a acreditar que se había empleado la diligencia y cuidado suministrados, para eximirse de la responsabilidad inherente al cumplimiento de la obligación. 

Podría argüirse que ninguna de las medidas de seguridad posibles, como vigilancia, dotación de arma, construcción de una cabina adecuada, etc., habrían sido suficientes para evitar el hecho pero, como lo ha precisado la jurisprudencia “La previsión de los accidentes de trabajo está dirigida a que disminuyan los riesgos de pérdidas de vidas humanas o lesiones irreparables de diversa índole, mediante la aplicación adecuada de las medidas de seguridad y la correcta utilización de los elementos de trabajo” (Sent. 11158, mayo 26/99), o sea, que si bien no es posible eliminar totalmente el peligro sí pueden aminorarlo. 

Las pruebas analizadas muestran que la empleadora envió a su trabajador a prestar el servicio en un sitio peligroso sin proporcionarle los medios adecuados, o sea, que incumplió, su obligación de protección y seguridad, omisión que fue determinante para que se produjera el hecho dañoso y en consecuencia, debe responder por el resarcimiento de los perjuicios reclamados. 

Por otra parte, para la sociedad recurrente los documentos que se señalan como inapreciados por el tribunal indican que uno de los orificios de entrada de los proyectiles fue hecho mediante un disparo “a corta distancia en región malar izquierda” y asume que por eso la muerte se originó en una acción que tipifica el homicidio doloso y que la acción criminal fue para asesinar al trabajador Amaury Fabián Ochoa Torres. De allí deduce que la única conclusión a la que se impone llegar es que el juez colegiado incurrió en garrafal desatino cuando atribuyó tal suceso imprevisto a una culpa suficientemente comprobada de la empleadora. 

Aunque el tribunal hubiera apreciado la prueba documental que demuestra que los orificios de entrada de los proyectiles fueron consecuencia de un disparo a corta distancia, y hubiera calificado, sin más, el hecho como homicidio doloso, e incluso que la acción tuvo como propósito asesinar al señor Amaury Fabián Ochoa, la conclusión no es, necesariamente, la que propone la censura, o sea que se trató de un imprevisto que descarta la culpa empresarial. El disparo a corta distancia no demuestra el móvil que tuvieron los asesinos. La conjetura, por eso, está en la argumentación del cargo. Y dentro del contexto de la sentencia, conforme al cual la caseta del peaje estaba en un sitio peligroso, semidestruida, y el trabajador totalmente indefenso, también sugiere el hecho que se examina, que era tal el grado de indefensión del trabajador, que sus asesinos, por la causa que fuere, tuvieron toda la libertad de acción para acercarse a él para matarlo, lo cual confirmaría la conclusión del tribunal: por causa del incumplimiento total de la obligación de brindar protección, por causa de no existir la más mínima medida disuasiva, los asesinos del trabajador pudieron acercarse a él para quitarle la vida, incluso con sevicia. Lo anterior demuestra que la única conclusión no es la que propone el recurrente y que el tribunal no incurrió en error de hecho, por omisión en el examen de la prueba documental. 

Un alegato de conclusión no es prueba de los hechos. No es confesión. El artículo 197 del Código de Procedimiento Civil solo valida la confesión por apoderado judicial cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, que se presume para determinados casos, pero no para alegar de conclusión. Por eso, la acusación por no haber apreciado el alegato que presentó el apoderado judicial de la parte demandante no es útil para configurar el error manifiesto de hecho en casación. Y los testimonios de Milton César Benítez Ricardo y Julio Alfonso Cárdenas Montes, de los cuales también se ocupa el cargo, no pueden utilizarse para ese propósito de conformidad con el artículo 7º de la Ley 16 de 1969. 

El cargo, en consecuencia, no prospera. 

Cuarto cargo 

Acusa la infracción directa de los artículos 51, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil y la consecuencial aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, “al condenar como parte de la indemnización total y ordinaria por perjuicios por las cantidades expresadas en salarios mínimos legales que denominó ‘perjuicios morales’”. 

Para la demostración dice que el tribunal se fundó en el dictamen pericial para formar el convencimiento que le permitió determinar el monto de la condena que fulminó por concepto de perjuicios materiales; pero en lo que respecta a los que denominó perjuicios morales, fundó la condena en una argumentación de índole puramente jurídica, habiendo incurrido, por ello, en una violación de las normas procesales que lo obligan a valerse de pruebas para formar su convencimiento y no de lucubraciones teóricas. 

La oposición 

Sostuvo que no le asiste razón a la censura porque, según reiterada jurisprudencia, para la condena a perjuicios morales se aplica el prudente arbitrio judicial, y no está demostrado que los 15 salarios mínimos legales para la cónyuge ni los 16 a cada uno de sus menores hijos desborde esos parámetros, dada la grave aflicción que necesariamente sufre todo ser humano ante la pérdida irreparable de su esposo y padre en trágicas circunstancias. 

VII. Consideraciones de la Corte 

Para proferir la condena el ad quem se basó en una consideración jurídica que ha sido aceptada por la jurisprudencia de esta Sala de la Corte Suprema, que de manera reiterada ha considerado la gran dificultad de hacer una valoración del daño moral y por eso, reconociendo que ese daño se produce bajo determinadas circunstancias y para determinadas personas, como sucede en un caso como el presente, deja al arbitrio del juez la prudente estimación del valor del que produce la pérdida de un ser querido. 

Así lo sostuvo esta corporación en la sentencia de casación del 15 de febrero de 1995 (Rad. 6803), que reitera otras del 14 de marzo de 1991 (Rad. 3985), 10 de mayo de 1991 (Rad. 3735) y 9 de marzo de 1993 (Rad. 5247). 

Como el tribunal se ajustó a esa jurisprudencia y no encuentra la Corte en la acusación argumento alguno que permita modificarla, el cargo no prospera. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Cartagena, dictada el 18 de noviembre de 2003 en el proceso ordinario laboral que promovió la señora Mabel María Ochoa Blanco en su calidad de cónyuge sobreviviente de Amaury Fabián Ochoa Torres y en representación de sus hijos menores A.J. XXXX y A.A. XXXX contra la sociedad Wackenhut de Colombia S.A. 

Costas en casación a cargo de la sociedad demandada. 

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. 

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz 

María Ismenia García Mendoza, secretaria.