Sentencia 23507 de marzo 29 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 23507

Acta 30

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 19 de septiembre de 2003, en el proceso que le sigue Antonio Sánchez Cajamarca.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte

Como se anotó en los antecedentes, para el tribunal confirmar la sentencia del juez de primer grado, una vez centró el tema de discusión del proceso en la compatibilidad pensional entre las otorgadas por la demandada y el Instituto de Seguros Sociales mediante los reconocimientos que hicieron al demandante de la pensión de jubilación —la primera— y la pensión de vejez —el segundo—; y dio por probado que este nació “el 25 de agosto de 1927” (fl. 194 cdno. 1), aseveró (i) que a partir de la expedición del Acuerdo 029 de 1985 originario del ISS, se consagró la posibilidad de compartir la pensión convencional mediante el pago de las cotizaciones para el riesgo de vejez por parte del empleador, pero solo para aquellas pensiones causadas con posterioridad al 17 de octubre de 1985; (ii) que la pensión otorgada al actor es de origen convencional y no legal debido a que esta prestación fue reconocida con una edad inferior a la contemplada en el artículo 68 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, norma aplicable a los trabajadores oficiales; (iii) que “no podría unilateralmente la demandada modificar el texto convencional como lo hizo folio 16 en ordenar compartir la pensión, aspecto no dispuesto ni en la ley, ni por convenio interpartes; y (iv) que se está en presencia “de la compatibilidad de la pensión dado el carácter extralegal” (fl. 147 ibídem).

Precisado lo anterior, no queda duda que el eje central de la discusión del impugnante apunta a que el tribunal se equivocó puesto que la pensión reconocida al actor es de naturaleza legal y no convencional, ya que los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 no son aplicables al asunto sometido a escrutinio de la Corte, dado que el demandante ostentó la calidad de trabajador municipal y no del orden nacional, que es precisamente el campo de aplicación de dicha normatividad.

Pues bien, observa la Corte que del simple examen de la Resolución 83 del 2 de marzo de 1978 por medio de la cual se le reconoció la “pensión vitalicia de jubilación” al actor, se extrae que el otorgamiento de la prestación se produjo porque el demandante acreditó ante la demandada 50 años de edad y más de 20 años de servicios, la cual, en principio, debía ser liquidada con el 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicios, pero que “en el caso presente y de acuerdo con el artículo vigésimo tercero, literal b) (pensión de jubilación) de la Convención Colectiva (...) el porcentaje es del 100%”, de donde es palmario inferir que la naturaleza jurídica de la prestación es legal, regida por la Ley 6ª de 1945, habida consideración que consagra idénticos supuestos fácticos para la estructuración del derecho pensional, que los cumplidos por el demandante para que la Empresa de Energía de Bogotá se la atorgara; y la verdad es que en la resolución solo se hace mención de la convención colectiva de trabajo para efectos de incrementar la cuantía de la pensión.

En lo concerniente con este último aspecto la Corte en sentencia de 13 de marzo de 2002 (rad. 16.817), asentó: “el mero hecho de que el porcentaje del salario base de liquidación de la pensión legal de jubilación sea superior al previsto por el legislador, no es suficiente para aseverar, válidamente, que se trata de una pensión distinta a la legal, pues con ello, además de desconocerse la posibilidad de que por factores particulares del contrato de trabajo, como por ejemplo un mayor tiempo de servicio al indicado como mínimo por la ley, el empleador asuma el mayor valor que voluntariamente, por pacto colectivo o convención se haya establecido en beneficio de quien le prestó su fuerza laboral, se altera la naturaleza jurídica de la prestación”.

Adicional a lo que antecede, se hace pertinente recordar que la calificación de “convencional” que el tribunal dio a la pensión que la Empresa de Energía de Bogotá le reconoció a Antonio Sánchez Cajamarca, la dedujo de la circunstancia que el trabajador no estaba amparado por la Ley 6ª de 1945, por cuanto el precepto legal que cobijaba el asunto es el Decreto 1848 de 1969, cuando es sabido que su campo de aplicación se restringe a los trabajadores oficiales del orden nacional y no cubre a los del orden territorial.

En sentencia de marzo 18 de 2004, radicación 21597, al resolver un proceso similar, precisamente en contra de la Empresa de Energía de Bogotá, la Sala razonó:

“Para las fechas en las cuales empezaron los disfrutes de las pensiones de jubilación reconocidas por la Empresa de Energía de Bogotá, estaba vigente el artículo 17, literal b) de la Ley 6ª de 1945, que establecía el derecho a la pensión de jubilación para el empleado u obrero que haya llegado o llegue a 50 años de edad, después de 20 años de servicio continuo o discontinuo, requisitos que igualmente contempló la cláusula convencional que reprodujo el tribunal en la sentencia aquí recurrida. Dicha disposición legal era la aplicable a los servidores distritales como los que fueron objeto de la concesión pensional por parte de la empresa demandada.

Siendo evidente que la normatividad legal que regulaba el derecho a la pensión de jubilación de los aludidos servidores públicos era el artículo 17, literal b) de la Ley 6ª de 1945 que, como ya se dijo, exigía como requisitos para dicha prestación 50 años de edad y 20 años de servicio continuo o discontinuo, bien puede decirse que existe identidad de requisitos pensionales entre la convención colectiva de trabajo y la Ley 6ª de 1945, difiriendo la una de la otra solamente en cuanto al valor de la mesada pensional, que en el convenio colectivo es superior al legalmente establecido.

Así las cosas, el solo hecho de que en el caso de Desiderio Moreno se hubiera tenido en cuenta el monto pensional previsto en el régimen contractual colectivo y de conformidad con el tiempo de servicio, no por ello puede afirmarse que su derecho tiene origen extralegal.

(...).

Lo expuesto patentiza el error del tribunal, cuando consideró que no eran legales las pensiones reconocidas por la empresa demandada y cuya compatibilidad con las pensiones de vejez otorgadas por el ISS es el tema en debate. Y siendo legales por lo tanto las primeras pensiones mencionadas, es indiscutible que no pueden ser compatibles con las segundas, esto es las de vejez, sino compartidas de acuerdo con las previsiones reguladas por los reglamentos de la citada entidad de previsión social.

Y recientemente en fallo del 24 de febrero de 2005, radicación 24067, la Corte dispuso:

Por lo tanto, no podía acudir el tribunal al artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 para determinar los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación que correspondía a los actores, por cuanto esa no era la norma que regulaba su situación pensional.

De otra parte, cabe precisar respecto del fenómeno jurídico que se ha denominado “subrogación pensional” que ha dicho la Corte que cuando el Instituto de Seguros Sociales reconoce al trabajador la pensión de vejez, el empleador oficial solo está obligado al cubrimiento del mayor valor o monto de la pensión, como aquí ocurrió, puesto que si una de las finalidades de la Ley 90 de 1946 fue establecer un sistema de seguro social obligatorio orientado por principios técnicos y razones de equidad y justicia social, que reemplazara el de las prestaciones patronales de origen legal, liberando al empleador de la cobertura de determinados riesgos laborales y del respectivo pago de los derechos surgidos de ellos para que fueran asumidos por los seguros sociales creados por dicha ley, carecería por completo de sentido que, pese a afiliar a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales y realizar los aportes exigidos en los reglamentos de dicha entidad, esa subrogación en el pago de las prestaciones legales no pudiera ocurrir y continuara de todas maneras el empleador obligado a satisfacerlas, por cuanto ello iría en contra de los principios orientadores de ese sistema de seguridad social, al permitir una injustificada y doble cobertura tratándose de la misma prestación social.

Así lo explicó en la sentencia del 7 de febrero de 2002, radicación 16891, que fue tomada en consideración por el fallador de segundo grado:

“En torno al tema de la subrogación de las pensiones de jubilación del sector oficial del orden nacional y territorial por la de vejez a cargo del ISS es oportuno anotar que desde la organización del seguro social obligatorio, se estableció la sustitución de la pensión de jubilación patronal por la de vejez a cargo del ICSS (ver L. 90/46, art. 76) y así quedó definido para el sector particular en los términos del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, que previó la liberación del patrono respecto a aquellas pensiones, “... cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo a la ley ...”. No obstante para los trabajadores oficiales no sucedió lo mismo, en vista de que no se previó, como en el sector particular, un principio de transitoriedad del régimen pensional a cargo del empleador para derivar en la asunción total del riesgo por el seguro, sino que por el contrario subsistieron estatutos especiales que no contemplaban tal asunción y se expidieron nuevos como el Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el 1848 de 1969 que tampoco previeron tal subrogación, sin perjuicio de que los trabajadores oficiales pudieran ser afiliados al ISS conforme lo autorizó el régimen de este.

Respecto a este tema, la Sala en sentencia del 10 de agosto de 2000, radicación 14163, explicó:

“... en vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de estos (ver por ejemplo los D. 3135/68, D.R. 1848/69 y la L. 33/85) que el sistema del seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como sí aconteció para los particulares en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la seguridad social. Por consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para esta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez ...”.

Entonces, es claro que para efectos de establecer la compactibilidad de la pensión de jubilación conferida por la demandada a los actores, debe considerarse que esa prestación les fue reconocida por el cumplimiento de los requisitos legales, contrario a lo establecido por el juzgador de segundo grado, prestación que, en consecuencia, para efectos de la subrogación por el seguro social, debe considerarse de naturaleza legal, razón por la cual el tribunal incurrió en violación de la ley al concluir que podía percibirse simultáneamente, con la reconocida por ese instituto”.

El tribunal, entonces, incurrió en el yerro de apreciación jurídica y probatoria que se le endilga, pues es claro que la prestación reconocida por el ente demandado lo fue por el cumplimiento de los requisitos legales, en consecuencia, las referidas pensiones no pueden ser compatibles y percibirse simultáneamente, según lo preceptuado en los reglamentos del instituto; por lo que habrá de casarse la sentencia, sin que sean necesarias mayores consideraciones en sede de instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa totalmente la sentencia dictada el 19 de agosto de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso instaurado por Antonio Sánchez Cajamarca contra la Empresa de Energía de Bogotá S.A. —ESP—, y en sede de instancia revoca íntegramente el fallo dictado el 22 de julio de 2003 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar absolver a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. —ESP— de todas y cada una de las pretensiones incoadas en el libelo introductorio.

Sin costas en el recurso. Las de las instancias a cargo de la demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, nos permitimos manifestar nuestra discrepancia en torno a la conclusión que se consigna respecto a la naturaleza de la pensión de jubilación reconocida al demandante por parte de la entidad demandada, que a juicio de la mayoría es de carácter legal y por ende no compatible con la de vejez que otorga el Instituto de los Seguros Sociales.

Contrario al criterio mayoritario, consideramos que la jubilación otorgada por la empresa accionada es de naturaleza extralegal y, en consecuencia, compatible con la posteriormente concedida por el Instituto de Seguros Sociales, puesto que aquella fue reconocida con anterioridad al 17 de octubre de 1985, mediante Resolución 83 de marzo de 1978 (fls. 16 y 19), prueba esta de la que clara y palmariamente se deduce, que la jubilación fue concedida de acuerdo no solo con la ley sino con los parámetros previstos en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa demandada y su sindicato de trabajadores.

Es que la sola variación del porcentaje de la pensión del 100%, como se lee en la mencionada resolución, conduce a concluir que su origen es extralegal, aun en el supuesto de que las normas legales vigentes para ese momento previeran los mismos requisitos de edad y tiempo de servicios.

Estimamos que si las partes negociadoras de un pliego de peticiones (representantes de la empresa y de los trabajadores), se reúnen y acuerdan consagrar el derecho a la pensión en un precepto convencional, aun estableciendo para su disfrute los mismos presupuestos señalados en la ley, es indudable que su motivación no es otra que la de prever que, si eventualmente desaparece o se modifica la norma legal, continúe vigente el beneficio convencional, en la medida en que las partes pactantes no pueden ignorar la existencia y vigencia del principio del mínimo de derechos consagrados en la ley, así como que la convención colectiva es un medio de negociación que indefectiblemente tiende siempre a mejorar los beneficios previstos en la ley para los trabajadores.

En los anteriores términos dejamos consignada nuestra posición sobre el tema controvertido.

Cordialmente,

Francisco Javier Ricaurte Gómez 

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