Sentencia 23508 de mayo 19 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 23508

Acta Nº 51

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D. C., diecinueve de mayo de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de RICARDO BAUTISTA CORREAL, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 19 de septiembre de 2003, en el juicio que adelanta en contra de la empresa BAVARIA S. A.

Antecedentes

RICARDO BAUTISTA CORREAL demandó a la sociedad BAVARIA S. A., con el fin de que, una vez se declare la ineficacia de la terminación unilateral de su contrato por parte de la demandada, sin justa causa y con violación del trámite previo convencional establecido en la cláusula sexta, fuera condenada a reinstalarlo al cargo del que fue desvinculado o a otro de igual o superior jerarquía; a pagarle todos los salarios, prestaciones sociales y demás derechos compatibles con la reinstalación; a reconocerle la indexación de todas las acreencias laborales; lo que se demuestre ultra y extra petita; y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones en que se vinculó a la demandada, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 28 de febrero de 1986; que era beneficiario de la convención colectiva 1999 –2000; que su último cargo fue el de “Maquinista de Planta de 2”, de la cervecería de Bogotá y su último salario básico diario fue de $30.588.68; que fue despedido por la demandada a partir del 24 de mayo de 2000, con fundamento en el aparte a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965; que la demandada no tuvo en cuenta para su despido, los argumentos de la Organización Sindical ni el procedimiento previo previsto en la cláusula 6ª convencional; que rindió descargos ante la demandada, quedando claro que jamás ocultó información o pretendió engañar a la empresa, por lo que no realizó conducta alguna para que se le iniciara un proceso disciplinario; que los representantes del sindicato en la misma diligencia pidieron tener en cuenta las pruebas aportadas por el trabajador, en la cuales da a conocer sobre el fallecimiento de su hija menor, el día siguiente de su deceso; que de acuerdo con la cláusula 13 convencional, la terminación de los contratos de trabajo a término indefinido está subordinada a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 2351 de 1965, literales a, b, e, f, g, e, i y a lo consagrado en el artículo 7º ibídem, lo que no se cumplió en su caso, pues su despido se hizo a título de sanción disciplinaria; que la decisión de la Empresa es injusta y desproporcionada, por cuanto, además de no existir el hecho constitutivo de la falta, desconoce los principios de buena fe y presunción de inocencia, por lo que la duda debió absolverse a favor del trabajador.

Al dar respuesta a la demanda (fls. 54 - 60), la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció la vinculación laboral y sus extremos; el último cargo desempeñado; un salario mensual de $917.660.00; y que despidió al demandante por justa causa. Lo demás, o no es cierto, o no le consta, o no es un hecho. En su defensa propuso las excepciones que denominó: carencia de la acción de reinstalación o reintegro; pago; inexistencia del derecho que el actor pretende hacer valer en el proceso; prescripción de la acción de reintegro; compensación, y cobro de lo no debido.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, a quien correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 8 de agosto de 2003 (fls. 325 - 335), declaró sin efecto la terminación del contrato de trabajo celebrado entre las partes, y, como consecuencia de ello, condenó a la demandada a reintegrar al actor al mismo cargo desempeñado o a uno de igual o superior categoría y a pagarle los salarios dejados de percibir, con sus incrementos legales y/o convencionales, teniendo como base el salario básico devengado por el trabajador para el año 2000; declaró probada la excepción de compensación y no probadas las demás. Autorizó a la demandada para descontar de la condena, el valor cancelado de indemnización y cesantía y le impuso las costas de la instancia.

La sentencia del tribunal

Al conocer, por apelación interpuesta por ambas partes, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del 19 de septiembre de 2003 (fls. 398 - 406), revocó en todas sus partes el del a quo, para, en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones de la demanda. Condenó al actor en las costas de primera instancia y no las impuso en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal transcribió las cláusulas 6 y 13 convencionales, para concluir:

“De conformidad con las disposiciones inmediatamente anteriores y como se concluye de las pruebas del proceso, encuentra la sala que en el presente caso la empresa no impuso ninguna sanción al extrabajador aquí demandante, pues lo que en verdad sucedió es que el señor Ricardo Bautista Correal fue despedido por la enjuiciada por las causas que se le señalan en la carta de despido allegada al proceso (fls. 96 a 98). En efecto, la cláusula transcrita consagra únicamente el procedimiento para aplicar sanciones disciplinarias, lo que significa que no es el caso que se conoce en este proceso, pues la jurisprudencia hace mucho tiempo, tiene definido que el despido no es sanción disciplinaria, considerando que el objetivo de una sanción es disciplinar y corregir, lo que no se logra cuando se opta por despedir. Por consiguiente, si bien el despido es la máxima sanción, no lo es de tipo disciplinario.

“En este caso lo que se hizo fue dar por finalizado el contrato de trabajo al hallar una causa que consideró lo suficientemente grave como para tomar esa medida, con las consecuencias que ello acarrea. Así las cosas es pertinente indicar por la sala que el juez de conocimiento dio una interpretación distinta a la norma indicada, ya que el parágrafo señalado se refiere expresamente ‘al procedimiento para la imposición de sanción disciplinaria’, indicando que la misma parte actora reconoce la diferencia al referirse en los hechos de la demanda (fl. 9 hecho 13), a una sentencia de la H. Cortes Suprema de Justicia de marzo 6 de 1984 en la que se dijo: ‘... La terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del patrono no puede considerarse como una sanción disciplinaria que se le impone al trabajador, sino como el ejercicio de una facultad que la ley le concede al primero (patrono) en la letra h) del artículo 6º del Decreto 2351 de 1965...’, con fundamento en ella es evidente que no era necesario cumplir el procedimiento dispuesto para despedir al demandante.

“No tiene asidero legal la determinación del juez de conocimiento al ordenar el reintegro del trabajador, pues de la revisión del expediente y concretamente de la convención colectiva de trabajo arrimada al mismo, no se puede evidenciar que haya disposición que ordene el reintegro o la reinstalación del accionante al cargo que desempeñaba aún en el evento de que hubiera sido despedido en forma unilateral y sin justa causa, pues no lo consagra la convención y no se darían los requisitos para obtener el reintegro de orden legal si se tiene en cuenta el tiempo de servicios. Por otra parte la demanda se basa solamente en la violación del derecho de defensa y de la cláusula convencional, sin que se haya debatido la existencia de la justa causa, ni se pide por otra parte la indemnización por despido injusto que le hubiere podido corresponder, pues las de la demanda solamente se refieren a la reinstalación del actor con sus consecuenciales, igualmente la indexación e intereses moratorios por las sumas de los salarios dejados de percibir”.

El recurso extraordinario

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la del a quo.

Con tal propósito formula un solo cargo que denominó “PRIMER CARGO”, por la causal primera de casación, que fue replicado y enseguida se estudia.

“Primer cargo”

Acusa la sentencia recurrida de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, el artículo 2º del Decreto 784 de 1989, en relación con los artículos 5º de la Ley 21 de 1982; 63, 1602, 1603 y 1604 del C. C.; 55, 61 (subrogado, art. 5º de Ley 50 de 1990); 62 (subrogado, art. 7º del D. 2351 de 1965); 140, 467, 468, 469, 470 y 476 del C. S. T.; 174177,187 y 305 del C. P. C.; 60, 61 y 145 del C. P. L. y 53, 55, 83, 228 y 230 de la C. P., “dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991”

Dice que la anterior violación de la ley se dio como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el despido del actor fue justificado.

“2. No dar por probado, estándolo, que el despido del demandante fue arbitrario e injusto.

“3. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador en los descargos justificó los cargos imputados.

“4. Dar por demostrado, no estándolo, que el trabajador le correspondía comunicar a la Caja de Compensación Familiar el fallecimiento de su hija menor JOHANA CATALINA BAUTISTA MORENO, desde mayo de 1990.

“5. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador informó a la Empresa sobre el fallecimiento de su hija menor JOHANA CATALINA BAUTISTA MORENO desde mayo de 1990.

“6. Dar por demostrado, no estándolo, que el trabajador ocultó la verdad para obtener un provecho ilícito.

“7. Dar por demostrado, no estándolo, que la empresa induce en error al demandante al hacerlo firmar un formulario de la Caja de Compensación Familiar CAFAM.

“8. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador adelantó los trámites para las –sic- suspensión del subsidio familiar.

“9. Dar por demostrado, no estándolo, que el trabajador carece de veracidad y de honestidad por su modo de obrar.

“10. Dar por demostrado, no estándolo, que el trabajador actuó con Dolo.

“11. Dar por demostrado, no estándolo, que el trabajador le afectó la imagen a la Empresa ante la Caja de Compensación Familiar CAFAM y por eso se le termina el Contrato de Trabajo.

“12. No dar por demostrado, estándolo, que la Empresa demandada está alegando a su favor su propia culpa, con la terminación del contrato de trabajo del demandante.

“13. Dar por demostrado, no estándolo, que la empresa demandada tenía la facultad de terminar el contrato de trabajo sin aplicar el procedimiento consagrado en la Convención Colectiva de Trabajo cuyo cumplimiento se pide.

“14. Dar por demostrado, no estándolo, que el Reglamento Interno del Trabajo, consagra como falta grave la que la empresa le imputó al trabajador para terminarle su contrato de trabajo.

“15. No dar por demostrado, estándolo que procedía la reinstalación del demandante a su puesto de trabajo así como al pago de todos sus salarios y prestaciones sociales dejados de devengar y la indexación de los valores adeudados”.

Como pruebas erróneamente apreciadas, señala: el acta de descargos (fls. 101 – 108), en la que, según afirma, aparece que el demandante informó a la Empresa del fallecimiento de su hija Johana Catalina, el 2 de mayo de 1990, en relación con el testimonio de Luis José Medina López; la carta de 3 de mayo de 1990 (fl. 121), en la que, afirma, la demandada autoriza se presten los servicios funerarios por la muerte de su hija, en relación con el testimonio de Luis José Medina López; Carta dirigida a Cafam, del 31 de marzo de 2000 (fls. 85 . 86), mediante la cual, señala, el demandante hace la devolución de los dineros cancelados por el subsidio familiar de su hija; Carta de Cafam dirigida a la Empresa, del 3 de abril de 2000, (fl. 123) sobre la irregularidad de la afiliación de la hija fallecida del demandante; interrogatorio de parte del demandante, respuesta ocho, de la que resalta, el haber afirmado éste que fue quien informó a Cafam, sobre la irregularidad de la afiliación de su hija y suministró el registro civil de defunción, el 31 de marzo de 2000; carta de terminación del contrato de trabajo (fls. 96 – 98), de acuerdo a la cual, afirma, se deduce que el trabajador informó dicha circunstancia a Cafam; Reglamento Interno de Trabajo (fls. 288 - 290); copia de la demanda, hechos 5, 6, 7, 8, literal B y 4, literal D, de los que, afirma, se demuestra que la falta fue discutida desde el punto de vista sustancial, es decir, sobre su comisión o no; copia de la convención colectiva (fls. 157 - 248).

En la demostración aduce que la demandada alegó su propia falta para despedir al trabajador, pues, en su concepto, no era éste quien tenía la carga legal de informar a la Caja de Compensación Familiar su modificación en la calidad de afiliado, sino aquella, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 784 de 1989; que si el demandante recibió el subsidio familiar de su hija fallecida, lo hizo de buena fe y no con intención dolosa, dañina o fraudulenta, ni bajo ninguno de los calificativos que se señalan en la carta de despido; que el ad quem, continua afirmando el censor, dio por probado que el trabajador recibió fraudulentamente los dineros del subsidio familiar, los cuales, dice, fueron girados a la Empresa, quien, en su concepto, tenía la responsabilidad de reportar las novedades a la Caja de Compensación Familiar CAFAM.

Que la anterior conclusión del ad quem, dice la censura, lo llevó a concluir que era justa la terminación del contrato de trabajo y, por ende, a aplicar indebidamente los artículos 467, 468, 469, 470 y 476 del C. S. del T., sobre convenciones colectivas, y los artículos 61 (subrogado art. 5 de la Ley 50 de 1990I, y 62 (subrogado, art. 7 D. 2351 de 1965), ibídem.

Transcribe luego apartes de la decisión recurrida, para afirmar que allí se consideró que la demandada sí tenía la facultad de terminar los contratos de trabajo de conformidad con el artículo 7 del D. 2351 de 1965, cuando tal facultad, como modalidad de terminación de los contratos de trabajo, está erigida con fundamento en el literal h) del artículo 6 del D. 2351 de 1965, que, según afirma, fue suprimido expresamente por la cláusula 13 de la convención colectiva de trabajo, que transcribe; que la subordinación de la terminación del contrato de trabajo, continua afirmando, a las causales allí establecidas (artículo 13 convención colectiva), le resta facultad legal (a la Empresa) para terminar el contrato por justa causa “... es decir, la justa causa debe ser demostrada y con garantía del derecho de defensa”.

Continúa su demostración el censor, afirmando que el párrafo primero de la cláusula 6ª convencional, de la cual transcribe apartes, consagra el derecho de defensa y que, en cambio, su párrafo tercero, hace referencia a las sanciones disciplinarias.

Que la Corte, dice, no ha interpretado adecuadamente el artículo 13 convencional, en lo que respecta a la aplicación del literal h) del artículo 6º del D. 2351 de 1965, en las sentencias aportadas por el apoderado de la demandada en el recurso de apelación.

Continua diciendo que la reinstalación no es una acción que se invoque como facultad legal, sino como consecuencia de la orden de cumplir la convención colectiva de trabajo, para luego transcribir apartes del fallo recurrido y terminar concluyendo:

“Si no existe la facultad de despedir, porque se desvirtuó la justa causa alegada por la demandada en la carta de terminación del contrato de trabajo, ora porque se violó el debido proceso convencional, la consecuencia de ordenar el cumplimiento de la Convención, lleva a concluir en la ineficacia de la terminación del vínculo laboral, y por lo tanto el trabajador se encuentra en situación prevista en el artículo 140 del C. S. T.

“Sobre el particular, se transcriben las sentencias producidas en un caso similar contra Bavaria, en el alegato de conclusión”.

La réplica

Dice que, al examinar las pruebas del proceso, se establece que el comportamiento del actor fue torticero, cuando “... a pesar del fallecimiento de su hija Johana Catalina, siguió beneficiándose con el subsidio familiar al que, de acuerdo con la ley, únicamente tendría derecho si la niña estuviera viva”; agrega que dicha conducta, no solo la mantuvo por más de ocho años frente a Colsubsidio, sino que en 1998, cuando la demandada le hace completar los datos del formulario, para afiliarlo a Cafam, el actor llena los espacios correspondientes a su hija muerta como si estuviera viva, para luego firmarlo, asintiendo bajo la gravedad del juramento la veracidad de los datos suministrados; que es palmaria la mala conducta de aquél, al lucrarse con un subsidio familiar al que no tenía derecho y a sabiendas que su hija había fallecido desde el 2 de mayo de 1990.

Critica la afirmación del recurrente en el sentido de que el trabajador, durante la audiencia de descargos, justificó su conducta, para la cual hace un profuso estudio de la prueba en mención; señala que la conducta observada por aquél encaja perfectamente en las conductas descritas en los numerales 1, 5 y 6 del literal A), del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965; que la cláusula 6ª de la convención colectiva, se refiere es al “Procedimiento para investigación de faltas y aplicación de sanciones disciplinarias” y que, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada de esta Sala, el despido no puede ser considerado como una sanción disciplinaria.

Termina señalando que la acción de reintegro pretendida, carece de todo sustento, pues ni la convención colectiva ni la ley, la consagran.

Se considera

No obstante la extensa lista de errores fácticos que le imputa al Tribunal y el señalamiento de algunas pruebas que dice fueron mal estimadas, lo cierto es que en el desarrollo del cargo no se ocupa el censor de demostrarle a la Corte, como es su obligación si quiere salir avante en la acusación, cuáles fueron las deficiencias en el análisis probatorio de la mayoría de los elementos referidos, que distorsionaron la realidad fáctica del proceso e influyeron decisivamente en su resolución, pues en gran parte de su argumentación emplea alegaciones más propias de las instancias que del recurso extraordinario.

Señala la censura, por ejemplo, que si el demandante recibió el subsidio familiar de su hija fallecida, lo hizo de buena fe y no con intención dolosa, dañina o fraudulenta, no obstante no indica cuáles de los medios de prueba enjuiciados, debían necesariamente llevar al Tribunal al convencimiento de esa buena fe o, por lo menos, que los tenidos en cuenta por éste, no son demostrativos de su dolo o intención dañina.

En lo que respecta a la falta imputada por la Empresa a su extrabajador, como hecho constitutivo del despido, el ataque se limita a cuestionar que la obligación de reportar las novedades a la Caja del Subsidio Familiar no era del trabajador sino de la empresa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 784 de 1989, lo cual, a ciencia cierta, constituye un argumento jurídico y no fáctico, impropio de la vía indirecta escogida.

Además, de las pruebas señaladas como indebidamente apreciadas por el Tribunal, se tiene que éste para tomar la decisión, sólo se apoyó, fuera de la demanda y su contestación, en lo que tiene que ver con el despido, en la convención colectiva de trabajo y la carta de terminación del contrato, por lo que mal pudo haber estimado erróneamente las restantes, si no las tuvo en cuenta.

Fuera de lo anterior, como ya se dijo, respecto a esas pruebas no se pronuncia el cargo en la demostración, para indicarle a la Corte cómo hubiera sido otra la decisión de haber sido apreciadas correctamente, pues simplemente se limita a señalarlas y a indicar lo que, en su concepto, demuestran, pero sin relación con la sentencia ni el sentido de la decisión.

En lo que respecta al artículo 13 de la convención colectiva, no se observa que el Tribunal hubiere incurrido en el yerro de apreciación que le endilga la censura, pues es perfectamente factible deducir de su tenor literal, que el artículo 7º del D. 2351 de 1965, sí fue incluido en la cláusula, como modalidad de la terminación del contrato de trabajo, no obstante no haberse incluido el literal h) del artículo 6º del Decreto 2351 de 1965, tal como se aprecia fácilmente de su tenor literal que es el siguiente:

“Todos los trabajadores de carácter permanente que están actualmente al servicio de la Empresa, continuarán amparados por contrato a término indefinido, pero la terminación de los contratos queda subordinada a las causales establecidas en los artículos 61 (Art. 6º Decreto Legislativo 2351 de 1965 ordinales a), b), e), f), i) y 62 (art. 7º Decreto Legislativo 2351 de 1965) del Código Sustantivo del Trabajo”.

Como se aprecia, aunque si bien es cierto que no se incluyó el literal h) del artículo 6º del Decreto 2351 de 1965, dentro de las causas de terminación del contrato de trabajo, a renglón seguido, aparece expresamente incluido el artículo 7º de ese ordenamiento, que se refiere a las causales de terminación unilateral, por lo que carecen de todo sentido las argumentaciones del censor respecto a su exclusión expresa, como modalidad de terminación del contrato de trabajo.

Tampoco son de recibo las argumentaciones del cargo, respecto a la apreciación de la cláusula 6ª convencional, toda vez que allí no se contempla un procedimiento previo para el despido de un trabajador sindicalizado, toda vez que apenas su parágrafo 3º, se refiere a un “Procedimiento para investigación de faltas y aplicación de sanciones disciplinarias” y el párrafo primero de la norma, se refiere es a reuniones de la Gerencia, o de los Directores de División Administrativa o de Relaciones Industriales, donde no exista ésta, con 6 miembros de la Directiva de Sinaltrabavaria, para estudiar “... los reclamos de personal, todas las faltas cometidas por los trabajadores, las sanciones a imponer, la provisión de vacantes...”. y como lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala de tiempo atrás, que cita el censor, la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador, no puede considerarse una sanción disciplinaria, sino como el ejercicio de una facultad que la ley le confiere a éste. 

De todas maneras, debe decirse que la reinstalación del trabajador como consecuencia del despido injusto, que también se adujo en la demanda inicial del proceso, no aparece consagrada en la convención colectiva de trabajo.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el19 de septiembre de 2003, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta RICARDO BAUTISTA CORREAL a la sociedad BAVARIA S. A.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.