Sentencia 23533 de noviembre 23 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

NO LOS CUBRE EL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Berta Nodier Taborda Madrigal, quien actúa en su nombre y en representación de sus menores hijos Juan Camilo, Damián y Mariano Andrés Chavarría Taborda, contra la sentencia de fecha 25 de diciembre de 2003 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra Danilo Atehortúa M., Javier Restrepo Parra, Darío Jaramillo, municipio de Angostura y la Asociación de Carniceros, Matarifes y Ganaderos Asocamg.

I. Antecedentes

La actora mencionada demandó a los citados señores, con el fin, en cuanto interesa al recurso de casación, se les condenara al pago de la indemnización plena de perjuicios y en subsidio a la pensión de sobrevivientes.

Como fundamento de sus pretensiones manifestó que el señor Octavio de Jesús Chavarría le prestó servicios personales subordinados a los demandados entre el 3 y el 28 de noviembre de 1998. Su oficio consistía en cambiar las tejas de eternit del techo del matadero y las labores de aseo y botada de escombros correspondientes. Su jornada de trabajo era de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y devengaba el salario mínimo legal. El día 25 de noviembre de 1998, cuando realizaba su oficio habitual en las instalaciones de los demandantes, dentro de la jornada de trabajo, sufrió un gravísimo accidente por falta del suministro de las medidas de seguridad industrial. A causa de las lesiones padecidas falleció el 28 de noviembre de 1998. Precisa que las condiciones ambientales donde debía desempeñar sus actividades contractuales eran muy peligrosas y por ello había un riesgo creado y el empleador debió tomar especiales medidas de seguridad y no lo hizo, de allí su culpa grave en la ocurrencia del accidente de trabajo que le ocasionó la muerte al señor Chavarría. El trabajador no fue afiliado a la seguridad social. Anota, que el mencionado señor vivía en unión libre con ella, con quien procreó tres hijos, todos menores de edad y dependían económicamente de él. Aclara, que los demandados habían recibido el matadero de manos del municipio de Angostura por medio de un contrato de comodato y se comprometieron a contratar y pagar con sus propios recursos el personal que se requiera para el funcionamiento del matadero. Los demandantes han sufrido muchos perjuicios de orden material y moral.

Los demandados Darío Jaramillo Mora, Danilo Atehortúa Mesa y Francisco Javier Restrepo Parra y Asocamg en la contestación de la demanda negaron la mayoría de los hechos, precisando que no fue contratado por ellos sino por una asociación para el municipio de Angostura, con dinero que la asociación le prestó al ente municipal. Se opusieron a todas y cada una de las pretensiones de la demanda y propusieron las excepciones de inexistencia por pasiva y pretensión indebida.

El municipio de Angostura en la contestación de la demanda manifestó no constarle los hechos o solicitó su prueba. Solo reconoció como cierto el contrato de comodato. Propuso las excepciones de falta de legitimación en causa por pasiva y culpa exclusiva de la víctima.

Mediante sentencia del 28 de agosto del 2003 el Juzgado Civil del Circuito de Yarumal absolvió a los demandados de todos los cargos formulados en su contra. No impuso costas.

II. Sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante el Tribunal Superior de Antioquia, en sentencia del 25 de noviembre del 2003, confirmó la sentencia del juzgado y no impuso costas en la instancia.

Consideró, el tribunal, con fundamento en la contestación de la demanda dada por el señor Danilo Atehortúa Mesa y en el contrato de comodato suscrito entre el municipio y la Asociación de Carniceros, Matarifes y Ganaderos Asocamg, que esta última entidad se comprometió a administrar el matadero municipal en nombre propio y bajo su responsabilidad. Además, en el material probatorio con que se cuenta en el expediente no se encuentra evidencia alguna que el extinto Chavarría hubiese sido enganchado por el ente territorial y en consecuencia descartó la calidad de trabajador oficial y la responsabilidad solidaria que se pretende.

Precisa, que quedó suficientemente probado en autos que el demandante fue contratado por la asociación para realizar trabajos completamente ajenos a las actividades normales del matadero relacionadas con el sacrificio de ganados y dado el corto tiempo en que fueron ejecutados encajan en la definición de contrato ocasional que trae el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia está excluido de las prestaciones sociales y por sustracción de materia la Sala queda relevada de pronunciarse sobre las pretensiones de la parte demandante que tengan relación con esos rubros.

III. Demanda de casación

Inconforme con la anterior determinación, la parte demandante interpuso el recurso de casación, con el siguiente contenido:

Alcance de la impugnación

Se pretende con la interposición del recurso extraordinario que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la sentencia de primera instancia y absolvió de la indemnización plena de perjuicios deprecada y de la pretensión subsidiaria tendiente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, para que una vez constituida en sede de instancia REVOQUE el fallo de primer grado exclusivamente en cuanto absolvió de la indemnización plena de perjuicios y en subsidio de la pensión de sobrevivientes y condene a los demandados a pagar a los demandantes uno u otro concepto”.

(...).

Cargo sexto enunciado

Acuso la sentencia impugnada de violar directamente y por infracción directa de los artículos 1º, 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 13, 49 y 50 del Decreto 1295 de 1994 y el artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 6º del mismo estatuto, el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965 y el artículo 249 de la Ley 100 de 1993.

Desarrollo del cargo

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia consideró que en el caso concreto (relación laboral del señor Oscar de Jesús Chavarría con la Asociación de Carniceros, Matarifes y Ganaderos del municipio de Angostura - Asocamg) se estructuraban los requisitos necesarios para la configuración de un trabajo ocasional, en los términos del artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo.

Apoyándose en tal conclusión el tribunal consideró que al tratarse de un trabajador ocasional no había lugar a reconocer la indemnización plena de perjuicios deprecada, ni la pensión de sobrevivientes pedida de forma subsidiaria, en aplicación del artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor prescribe que las normas del capítulo II del Título VIII no se aplican a los trabajadores accidentales o transitorios.

En este cargo no se discute que el señor Octavio de Jesús Chavarría hubiese tenido la condición de trabajador ocasional o transitorio de la asociación demandada (vale decir, tal conclusión se acepta).

Lo que se plantea en este cargo es que las normas consagradas en el sistema general de riesgos profesionales (L. 100/93, art. 249, D. 1295/94) se aplican al trabajador transitorio.

El artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo establece como una de las modalidades posibles de un contrato de trabajo la del trabajo ocasional, accidental o transitorio.

El entendimiento de que el trabajo ocasional, regulado por el Código Sustantivo del trabajo corresponde a una modalidad de contrato de trabajo implica reconocer que en dicho caso se está en presencia de un trabajo que se presta en condiciones de subordinación (de lo contrario no se configuraría el contrato de trabajo).

El Decreto 1295 de 1994 que establece las normas que regulan el sistema general de riesgos profesionales es claro al establecer que el mismo cobija a todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo.

El artículo 1º de dicho decreto preceptúa que el objeto del sistema general de riesgos profesionales es el de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos derivados de los accidentes que puedan ocurrirles como consecuencia o con ocasión del trabajo que desarrollan.

El artículo 3º del mismo estatuto determina que el sistema general de riesgos profesionales se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, y a todos los trabajadores, contratistas, subcontratistas de los sectores público y privado.

El artículo 4º de la normatividad analizada prescribe que “La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores”, sin consagrar excepción alguna en relación con los trabajadores ocasionales o transitorios.

Los artículos 5ºy 7ºdel Decreto 1295 de 1994 son precisos al advertir que “Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional” tiene derecho a prestaciones asistenciales y económicas. Igualmente la noción de accidente de trabajo (art. 9º ib.) es coherente con lo que se ha expuesto.

Finalmente, el artículo 13 del Decreto 1295 de 1994 es contundente al consagrar que son afiliados al sistema general de riesgos profesionales en forma obligatoria los trabajadores dependientes vinculados mediante contrato de trabajo.

Las normas invocadas, coherentes con el principio de universalidad que rige el sistema de seguridad social en Colombia, establecen en forma diáfana la sujeción de todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo al sistema general de riesgos profesionales.

Las normas referidas no establecen un tratamiento de excepción para los trabajadores ocasionales o transitorios, no pudiendo el fallador deducir una situación de excepción (que por lo demás implica desprotección) para inaplicarles a ellos dichas disposiciones.

En el presente caso el fallador de segundo grado ignoró, o se rebeló contra las normas analizadas al establecer que el artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo constituía el fundamento para excluir a los trabajadores ocasionales del reconocimiento de la indemnización plena de perjuicios y de la pensión de sobrevivientes reclamadas en la demanda.

Por lo menos en lo que atañe a la pensión de sobrevivientes derivada de un riesgo profesional (más adelante se efectuarán precisiones en torno a la indemnización plena de perjuicios), el artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo no puede constituir una base para que se excluya a un trabajador ocasional de las prestaciones establecidas por el sistema general de riesgos profesionales.

Las normas de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994 derogaron las normas del Código Sustantivo del Trabajo en los aspectos en ellas regulados, no solo por su especialidad, sino por su posterioridad.

Por ello, el Tribunal Superior de Antioquia infringió directamente las normas del Decreto 1295 de 1994 (antes citadas), pues desconoció la existencia de las mismas, cuando lo cierto es que ellas le hubieran permitido entender que los trabajadores ocasionales tienen derecho al reconocimiento de las prerrogativas establecidas por el sistema general de riesgos profesionales.

Correlativamente infringió en forma directa el artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo al apoyarse en dicha disposición para negar la prestación económica (pensión de sobrevivientes derivada del accidente de trabajo) consagrada por el sistema general de riesgos profesionales.

De lo anterior puede concluirse:

— Los trabajadores ocasionales o transitorios no están excluidos del sistema general de riesgos profesionales.

— Es obligación de los empleadores afiliar a los trabajadores ocasionales al sistema general de riesgos profesionales.

— Si el trabajador (incluido el transitorio u ocasional) sufre una contingencia laboral, y no se encuentra afiliado a una ARP, el empleador debe asumir las prestaciones consagradas por el sistema general de riesgos profesionales (D. 1295/94, art. 4º, lit. e).

Los argumentos precedentes permiten concluir que a los demandantes les asiste por lo menos el derecho a que les sea reconocida la prestación deprecada en forma subsidiaria (pensión de sobrevivientes de origen profesional).

Se solicita por lo tanto a la H. Corte casar la sentencia impugnada, pues el Tribunal Superior de Antioquia no podía basarse en el contenido del artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo para negar la pensión de sobrevivientes” (fls. 29, 30, 31 y 32).

VII. Consideraciones de la Corte

El argumento central del recurrente consiste en afirmar que la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994 derogaron las normas del Código Sustantivo del Trabajo en los aspectos en ellos regulados, y en consecuencia no era procedente aplicar el artículo 223 de dicho código, sino imponer la pensión de sobrevivientes de origen profesional.

Al respecto bastaría anotar que el Decreto 1295 de 1994 no derogó el literal b del artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo, y en consecuencia en caso de muerte no existe el derecho a la pensión de sobrevivientes para los trabajadores accidentales y transitorios en razón de que para ellos no se aplican las normas de ese capítulo II (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

Es cierto que el trabajo ocasional, accidental y transitorio se encuentra incluido dentro de la clasificación del contrato de trabajo atendiendo a su duración (CST, art. 45), pero no es menos cierto que la reglamentación de los riesgos profesionales exige una cierta continuidad en el pago de las cotizaciones, lo que no sería posible en este tipo de contratos donde una de las exigencias es su corta duración, no mayor de un mes (Ib., art. 6º).

Además, otro de los requisitos de este tipo de contratación es que se refiera a labores distintas de las actividades normales del patrono, según lo establece el mismo artículo 6ºde la codificación sustantiva laboral, lo que dificultaría la clasificación de la empresa en cada caso concreto y en consecuencia el valor de las cotizaciones acorde con la clase de riesgo.

Entiende la Sala, que para este tipo de trabajadores existe la opción de afiliarse al sistema general de riesgos profesionales en forma voluntaria como trabajadores independientes, como se permite en el artículo 13 del Decreto 1295 de 1994.

La naturaleza de un sistema de riesgos profesionales concebido para realizar entre sus finalidades principales la del control de los riesgos ocupacionales, no puede entenderse cobije a quienes realicen labores ocasionales accidentales y transitorias, ajenas a las de la empresa y de corta duración.

Ciertamente, las mismas razones que llevan a estimar los contratos tipificados en el artículo 6º del Código Sustantivo de Trabajo como ajenos al objeto social de la empresa conducen a considerarlos incompatibles con un sistema de la protección de riesgos profesionales que para su cabal cumplimiento ha de sujetar a la supervisión suya los sitios de trabajo para propender en ellos a la adopción de medidas de prevención de riesgos.

Las reglas para la determinación de las tarifas de cotización basadas en la actividad económica de la empresa y en las políticas y ejecución de programas de salud ocupacional, y tasadas sobre la base de una remuneración mensual, carecería de referentes y no serían de pertinente aplicación en relación con actividades ajenas a las de empresa y en contratos cuya duración no puede alcanzar al mes.

No pasa por alto la Sala que el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo incluye dentro de los contratos laborales los previstos en el artículo 6º de la misma preceptiva, y que dicha categoría contractual es a la que acude el artículo 13 del Decreto 1295 de 1994 para designar la clase de trabajadores que deben ser obligatoriamente afiliados al sistema de riesgos profesionales; pero la lectura de las normas así individualizadas, a la luz de la naturaleza del sistema al que se incorporan, conducen a la conclusión de la protección a los riesgos profesionales de quienes desempeñan laborales accidentales y transitorias se ha de obtener bajo la segunda modalidad de afiliación prevista en el citado, esto es, la afiliación voluntaria para trabajadores independientes.

Esta interpretación hace valer equivalentes razones a las que llevaron al legislador a excluir a los trabajadores ocasionales accidentales y transitorias de la protección prevista para todos los trabajadores en los capítulos II —accidentes de trabado y enfermedades profesionales— y V —seguro de vida colectivo obligatorio— del título VIII del Código Sustantivo del Trabajo; y a mantener este régimen de exclusión del sistema de riesgos profesionales, al no derogar ni disponer nada en contrario en relación con las exoneraciones al empleador de las prestaciones otorgadas en los mencionados acápites.

Se reitera que el hecho de estar los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios incluidos dentro de las distintas formas del contrato de trabajo en cuanto a su duración, significa que la ley, en atención a sus especiales características pueda excluirlos de determinadas prestaciones, como sucede con lo ordenado en el artículo 223 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por lo tanto, hizo bien el tribunal al no aplicar las normas que se señalan en el cargo como infringidas directamente, y en consecuencia el mismo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema. de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 25 de noviembre de 2003, en el proceso seguido por Berta Nodier Taborda Madrigal, quien actúa en su nombre y en representación de sus menores hijos Juan Camilo, Damián y Mariano Andrés Chavarría Taborda, contra Danilo Atehortúa M., Javier Restrepo Parra, Darío Jaramillo, municipio de Angostura y la Asociación de Carniceros, Matarifes yGanaderos Asocamg.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto no hubo oposición».

(Sentencia de casación, 23 de noviembre de 2004. Radicación 23.533. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas).

SALVAMENTO PARCIAL

Con el acostumbrado respeto, me aparto de la decisión que no le dio prosperidad al sexto cargo, por las razones que expongo brevemente a continuación:

1. No cabe duda de que respecto de los principios constitucionales que informan a la seguridad social uno de los que reviste mayor trascendencia es el de la universalidad, a través del cual se busca proteger a toda persona frente a los riesgos y contingencias a que se puede ver expuesta. Este principio tiene cabal aplicación para el sistema general de riesgos profesionales en los términos establecidos por el literal b del artículo 2º de la Ley 100 de 1993 y se encuentra desarrollado en el Decreto 1295 de 1994 que, como es sabido, es la norma que actualmente gobierna lo referente a ese sistema con el objetivo, entre otros, de mejorar las condiciones de salud y de trabajo de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos de la organización del trabajo que puedan afectar la salud, tal como lo proclama con claridad su artículo 1º.

2. Siguiendo ese criterio general, inspirado en el referido principio constitucional, el literal bdel artículo 4º del Decreto 1295 de 1994 dispone que la afiliación de trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores. Por su parte, el artículo 13 de esa célula normativa establece que son afiliados al sistema general de pensiones en forma obligatoria los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo.

El trabajo ocasional, accidental, o transitorio es, a no dudarlo, una figura jurídica cuya reglamentación en el Código Sustantivo del Trabajo siempre ha causado desconcierto, por cuanto, a pesar de ser considerado como una actividad llamada a ser gobernada por el derecho del trabajo, quien la desempeña queda excluido de muchos de los derechos prestacionales que en tal estatuto sustantivo se consagran, entre otros, en una época anterior a la vigencia del Decreto 1295 de 1994, los relacionados con las consecuencias del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional, según lo dispuso el artículo 223 del señalado estatuto sustantivo.

Pero, a pesar de su confuso tratamiento legal, es claro en mi opinión que una persona que bajo la subordinación laboral de quien lo contrató, desempeña un trabajo ocasional, accidental o transitorio, se halla ligada jurídicamente por un vínculo, que aunque, sui generis, sin duda es de índole laboral y, como tal, constitutivo de un contrato de trabajo. Así lo confirma el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como se acepta en la decisión de la que me separo.

Por manera que si quien presta sus servicios subordinados para desempeñar un trabajo ocasional, accidental o transitorio está atado con quien lo empleó por medio de un contrato de naturaleza laboral, a mi juicio forzoso es concluir que se encuentra dentro de los afiliados obligatorios al sistema de riesgo profesionales, en cuanto es un trabajador dependiente, vinculado mediante contrato de trabajo.

3. Se afirma en el fallo del cual me aparto que “la naturaleza de un sistema de riesgos profesionales concebido para realizar entre sus finalidades propias la del control de los riesgos ocupacionales, no puede entenderse cobije a quienes realicen labores ocasionales accidentales y transitorias, ajenas a las de la empresa y de corta duración”. Considero que ese aserto pudo tener validez en el sistema prestacional a cargo de los empleadores regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y de ahí lo previsto en el artículo 223 de ese estatuto, como también en el sistema a cargo del Seguro Social, pues el numeral 1º del artículo 8º del Acuerdo 155 de 1963, por medio del cual se expidió el reglamento general del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales excluyó de ese seguro a las personas que ejecutaran trabajos ocasionales extraños a la empresa o actividad propia del patrono.

Empero, tal aseveración no se corresponde con los objetivos del actual sistema de seguridad social porque precisamente uno de los designios tanto de la Constitución Política de 1991 como de la Ley 100 de 1993 fue el de ampliar la cobertura de ese sistema e involucrar bajo su manto protector a sectores de la población que en las normas anteriores contaban con un nivel precario de protección. Aparte de ello, esas normas del Código Sustantivo del Trabajo y del referido reglamento del Seguro Social no tienen vigencia, toda vez que el estatuto que gobierna en su integridad lo relacionado con la prevención y reparación de las consecuencias de los riesgos profesionales es el Decreto 1295 de 1994, que no reprodujo una disposición en un similar sentido excluyente a las precitadas, pues a diferencia de éstas, no exceptuó expresamente de su campo de aplicación a los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios. Por ello, resulta razonable entender que están cobijados por dicho conjunto normativo.

4. Aparte de lo expuesto, esa consideración de la mayoría también resulta contraria a los principios que sirven de faro orientador a la seguridad social en nuestro país que, en mi sentir, no permiten que una persona que presta sus servicios bajo subordinación y dependencia, esté desprotegida de los infortunios que esa actividad laboral le pueda generar.

Por otro lado, si se admite que un trabajador ocasional, accidental o transitorio tiene un contrato de trabajo, debe concluirse que quien lo emplea asume obligaciones en materia de protección y de seguridad, de acuerdo con el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, de tal suerte que no resulta lógico afirmar que no es posible exigir la supervisión del trabajo que realizan ni, mucho menos, la adopción de medidas de prevención de riesgos.

5. No desconozco que la afiliación, el pago de cotizaciones, la clasificación del grado del riesgo de la actividad económica del empleador y la prevención de los riesgos de trabajo en relación con un trabajador ocasional, accidental o transitorio, pueden llegar a presentar dificultades de orden práctico ante la falta de una regulación específica para ese tipo de trabajadores. Pero esa situación en mi criterio no es razón suficiente para dejar sin el amparo que brinda la seguridad social a ese grupo de empleados, pues igualmente se darían en relación con otros trabajadores vinculados por contratos de corto tiempo, como, por ejemplo, los vinculados a término fijo inferior a un mes o los contratados para la realización de una obra de breve duración. También se presentarían respecto de los empleadores que tienen más de un centro de trabajo, mas para solucionar esa dificultad se han expedido normas especiales, como el Decreto 1530 de 1996, de suerte que estimo que no es de tal entidad que impida que el sistema de riesgos profesionales cobije a los trabajadores ocasionales por las razones que se exponen en el fallo del que parcialmente me distancio.

6. Se sostiene en la providencia que los empleados en comento pueden afiliarse en forma voluntaria al sistema de riesgos profesionales como trabajadores independientes, desconociendo con ello, como lo señalé en precedencia, que tales trabajadores en realidad deben ser afiliados forzosos, de modo que su vinculación a ese sistema no es opcional. Adicionalmente, el Decreto Reglamentario 2800 de 2003, que regula la afiliación de los trabajadores independientes al sistema de riesgos profesionales, no resulta aplicable a trabajadores que tengan un vínculo laboral, pues su artículo 1º precisa que tal reglamentación está dirigida a quienes realicen contratos de carácter civil, comercial o administrativo, y señala como requisito que el trabajador independiente adelante de manera personal y por su propia cuenta la actividad contratada. De igual modo, el artículo 2º de ese decreto, define, para los efectos de su aplicación, al trabajador independiente como “toda persona natural que realice una actividad económica o preste sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo, mediante contratos de carácter civil, comercial o administrativo, distintos al laboral”, con lo cual de manera diáfana se excluye de tal descripción a quien este contratado laboralmente.

Las anteriores consideraciones, reitero, me llevan a salvar parcialmente mi voto.

Gustavo José Gnecco Mendoza 

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