Sentencia 23566 de mayo 25 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 23566

Acta número 52

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Se considera

En realidad asiste razón a la réplica, en cuanto afirma que los numerales 1º y 7º del artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, sobre los cuales se centra la acusación en ambos cargos, no constituyeron la base esencial de las decisiones tomadas en primera y segunda instancia, ni tampoco debían serlo, pues el tema a decidir no fue en ningún momento la cualificación del despido del trabajador, sino su derecho a la pensión convencional de jubilación, por haber reunido este los requisitos para acceder a ella, de acuerdo con la convención colectiva de trabajo vigente, estando al servicio de la empresa.

En este orden de ideas, mal pudo el tribunal haber malinterpretado unas disposiciones que no tuvo en cuenta y que ni siquiera regulaban la situación sometida a su decisión, como se denuncia en el primer ataque.

Adicionalmente, a pesar de que el primer ataque se enderezó por la vía directa, que supone la conformidad del recurrente con los supuestos fácticos del fallo, la argumentación esencialmente se dirige a cuestionar al tribunal, porque no tuvo en cuenta para tomar su decisión, la mala fe del trabajador frente a la buena fe demostrada por la empleadora, lo cual supone una discrepancia respecto a los hechos tenidos en cuenta al momento de fallar y que necesariamente debía ser planteado por la vía indirecta.

Ahora bien, la supuesta interpretación errónea que denuncia el censor en ambos ataques, no se refiere a una norma específica, pues en la demostración no se refiere a ninguna en particular, sino a la conducta de la demandada, bajo el supuesto de que, según la jurisprudencia, “... la buena fe del patrono demostrada lo exonera de cualquier condena en este caso al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional ...”, de lo cual concluye que “La interpretación correcta de la conducta de la demandada debió conducir a la negativa del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional al demandante”.

Lo anterior a todas luces resulta equivocado, toda vez que, en primer lugar, la interpretación errónea, como modalidad de infracción de la ley, se refiere es a las normas sustantivas de carácter general y no a los hechos aducidos en juicio. Porque si se trata de esto último, lo que se plantea es una violación indirecta de la ley que debe ser propuesta con las formalidades propias de esta vía.

En segundo lugar, porque lo que ha sostenido la jurisprudencia, al menos la de esta Sala, es que la sanción por mora en el pago de salarios y prestaciones a la terminación del contrato de trabajo, contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no es de aplicación automática, pues si el empleador demuestra fehacientemente con razones atendibles, que su conducta estuvo revestida de buena fe, puede ser exonerado del pago de la sanción, mas no de las prestaciones, como lo pretende el censor.

De modo que la buena fe del empleador, jamás ha sido considerado por la jurisprudencia de esta Sala como eximente del pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores, solo respecto a determinadas y muy particularizadas sanciones que pretenden castigar la conducta impropia o injustificada, es que esta corporación ha puntualizado, debe tenerse en cuenta este elemento volitivo.

En lo que respecta a la mala fe del trabajador, es el legislador que de manera taxativa fija los eventos en que puede dar lugar a la pérdida de prestaciones sociales, como es el caso del auxilio de cesantía, en los eventos previstos en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo.

Adicionalmente, en lo que respecta al segundo cargo, en la medida que está encaminado, igual que el primero, a establecer que la empleadora no estaba obligada a pagar la pensión de jubilación del actor, porque su actuar estuvo revestido de buena fe, mientras que el de este lo fue al contrario, está llamado al fracaso de acuerdo a las consideración ya hechas.

Además, las pruebas y piezas procesales a que se refiere la acusación, solo tienden a demostrar que el actor sabía de la condena impuesta por el Juzgado 37 Penal del Circuito y se lo ocultó a la empresa a pesar de ser su obligación comunicarle tal hecho. No obstante el cargo no cuestiona el fundamento del tribunal, según el cual de tal tema “... debió estar pendiente la administración, no siendo válido pretender beneficiarse de sus propias culpas o yerros ...”.

Además, de entrarse en instancia, no podría la Corte desconocer la constancia de folio 138, expedida por el secretario ad hoc del Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá, en la cual, al referirse a la notificación de la sentencia, asentó que, además del edicto notificario, la demandada fue notificada de la decisión, en los siguientes términos:

“Que revisado el proceso, no se encontró pieza procesal que indique se haya librado comunicación a la entidad Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), por cuanto dicha entidad fue notificada personalmente a través de su representante legal (parte civil suplente) la doctora Ángela Marcela Bernal, según obra en sello de notificación, folio 228 (vto.) del cuaderno original”.

En consecuencia, los cargos son inestimables.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 17 de octubre de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Gabriel Joaquín Camacho Melo a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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