Sentencia 2363 de mayo 25 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Medina López

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil.

Expediente 2363

Actor: Édgar Espíndola Niño

Acción pública de nulidad

EXTRACTOS: Se demanda la nulidad del Decreto 106 del 22 de enero de 1992, expedido por el Gobierno Nacional, “Por el cual se determina el número de diputados que puede elegir cada departamento”, por infracción de los artículos 1º y 287 de la Constitución Política y 6º y 7º del Decreto-Ley 1222 de 1986; subsidiariamente se proponen los cargos de falsa motivación y desviación de poder.

El acto demandado

Mediante el Decreto 106 del 22 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial 40.299 del día siguiente, el Gobierno Nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 211 del Decreto 2241 de 1986, determinó el número de diputados de cada una de las asambleas departamentales, teniendo en cuenta el incremento de la población resultante del censo nacional de 1985, adoptado por el artículo 54 transitorio de la Constitución Política de 1991, aumentando las bases fijadas por el artículo 27 del Decreto 1222 de 1986 en un 71.94%, “que corresponde al incremento de la población de 1985 con respecto a la de 1964” según se expresa en el inciso cuarto de su parte motivada.

Las normas infringidas

1. En primer lugar se señala como infringido, por errónea interpretación, el inciso segundo del artículo 27 del Decreto-Ley 1222 de 1986, porque el porcentaje de incremento de las bases para determinar el número de diputados de los departamentos que debería haberse aplicado no podía ser jamás el de toda la población colombiana sino el que experimentó cada departamento en particular.

El Decreto-Ley 1222 de 1986 o Código de Régimen Departamental establece en su artículo 27:

“ART. 27.—Para determinar el número de diputados de que se componen las asambIeas departamentales, dentro de los límites señalados por el artículo 185 de la Constitución, se aplicarán las reglas siguientes: los departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes tendrán asambleas de 15 diputados y aquellos que pasen de dicha población elegirán uno mas por cada 150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar el máximo de 30.

Cada vez que un nuevo censo fuere aprobado las bases anteriores se aumentarán en la misma proporción del incremento de población que de él resultare” (*) .

(*) Como la norma transcrita fue expedida antes de la vigencia de la Constitución de 1991, debe entenderse citado el artículo 299 de la nueva Carta, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 1996, según el cual las asambleas departamentales estarán integradas por no menos de 11 miembros ni mas de 31.

La Sala no comparte el criterio del Ministerio Público en el sentido de que hay armonía entre el acto acusado y la realidad del censo, pues no se puede interpretar que el inciso segundo del artículo 27 del Decreto 1222 de 1986 dispuso una operación general y no hizo distinción alguna respecto de la forma como debía aplicarse el incremento de población. Por el contrario, según el inciso primero del referido artículo 27 el número de diputados de las asambleas departamentales se supedita de manera directa e inmediata a la realidad poblacional del respectivo departamento, por consiguiente las bases para su cálculo, a partir de un nuevo censo, también deben reflejar esa realidad, aumentándose en la proporción del incremento de la población que para cada departamento en particular arrojó el censo de 1985 y no la del incremento global del país.

Lo cual además es consecuente con la disposición del artículo 26 del mismo Código de Régimen Departamental en el sentido de que el número de integrantes de las asambleas departamentales se debe determinar por la ley con base en la población del respectivo departamento. Su texto es el siguiente:

“En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental, integrada por no menos de quince ni mas de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva...” (resaltado fuera de texto).

Por lo anterior se concluye que el acto acusado infringe el inciso segundo del artículo 27 del Código de Régimen Municipal por errónea interpretación en su aplicación que conduce a un cálculo irreal de la población de cada departamento, de gran trascendencia por constituir el factor determinante del número de diputados.

2. La errada aplicación del resultado del censo poblacional conlleva el desconocimiento de la autonomía e individualidad de los departamentos, específicamente en cuanto afecta el derecho de sus habitantes a elegir el número de diputados que corresponde conforme a la ley.

En efecto, a partir de la definición del nuevo Estado colombiano, señalado en el artículo 1º de la Constitución Política como: “...un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista...”, los principios de la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales se consolidan en los artículos 287 y 298 de la misma Constitución, como la facultad de gestión de sus propios intereses y el poder, entre otros, de gobernarse por autoridades propias, derecho que se realiza a partir del voto directo de los habitantes del respectivo territorio, elemento esencial de la descentralización y de la capacidad representativa de las autoridades territoriales en la toma de decisiones sobre los asuntos de su competencia, en beneficio de los intereses seccionales.

Es así como el artículo 287 de la Constitución Política reconoce que las entidades territoriales gozan de autonomía para Ia gestión de sus intereses, en virtud de lo cual tienen, entre otros derechos, el de gobernarse por autoridades propias, que lo ejercen mediante sufragio directo de los habitantes del respectivo territorio, como lo dispone el artículo 299 de la Carta. Igual reconocimiento hace, específicamente respecto de los departamentos; el artículo 298 ibídem, que elevó a canon constitucional la previsión del artículo 6º del Decreto 1222 de 1986.

Se concluye entonces que es acertada la afirmación del demandante de que el acto acusado, al recurrir al incremento global de la población para calcular el número de diputados por cada departamento viola las normas superiores citadas, que consagran la autonomía e independencia de los departamentos en la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución. Por tanto el cargo tiene vocación de prosperidad.

Por lo anterior se procederá a declarar la nulidad del acto acusado, sin que sea necesario analizar los restantes cargos propuestos en la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Declárase la nulidad del Decreto 106 del 22 de enero de 1992 del Gobierno Nacional, mediante el cual se determinó el número de diputados que puede elegir cada departamento.

Reconócese al doctor José Rogelio Cano Caballero como apoderado de la Nación —Ministerio del Interior—, en los términos del poder otorgado que obra a folio 72.

Archívese expediente una vez ejecutoriada esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Este fallo fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

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