Sentencia 23645 de enero 31 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CAPACIDAD PARA PRESENTAR EL PLIEGO DE PETICIONES

CORRESPONDE AL SINDICATO QUE TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN COLECTIVA

EXTRACTOS: «Entrando al fondo de las acusaciones, debe advertirse que el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, que modificó el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, reguló inicialmente tres hipótesis sobre la representación sindical en una misma empresa. La primera prohibía en cada una de estas la coexistencia de dos o más sindicatos de base, hoy denominados de empresa, disponiendo que si por cualquier motivo llegaran a coexistir, debería subsistir el que tuviera un mayor número de afiliados, el cual debía admitir a los miembros de las otras asociaciones sin restricción alguna. La segunda contempló la coexistencia de un sindicato de empresa con uno gremial o de industria, precisando que en tal evento la representación de los trabajadores, para efectos de la contratación colectiva, correspondería al sindicato que agrupare la mayoría de los trabajadores y la tercera aludía al caso en que ninguno de los sindicatos coexistentes agrupara la mayoría de los trabajadores, de la empresa, determinando que la representación sindical correspondería conjuntamente a todos ellos de acuerdo con la reglamentación que expidiera el gobierno.

Dicha disposición fue sometida a examen de exequibilidad, encontrando la Corte Constitucional que la primera y la tercera eran contrarias a la Carta Superior, tal cual lo decidió en la sentencia C-567 de 2000. Es decir, que la segunda de las mencionadas hipótesis quedó incólume, por lo cual el susodicho artículo quedó consolidado con el siguiente contenido:

“Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa”.

Ahora bien, es sabido que entre los fines fundamentales inmediatos del sindicalismo como organismo representativo de los intereses profesionales de los trabajadores, está el atinente a las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores, en cuanto a la fijación de mejores condiciones en sus distintas actividades, de remuneración y participación de la empresa; anhelos que solo se encuentran a través de la contratación colectiva, la que generalmente se concreta con la firma de la convención, fruto de las partes en conflicto, o a falta de dicho convenio por un laudo arbitral el cual en últimas define las contradicciones o desavenencias presentadas en la etapa del arreglo directo.

Para llegar a tal ocurrencia o en su defecto a la decisión arbitral, debe seguirse un procedimiento que está claramente reglado y bien definido en la ley que no es otro que el señalado en el título II, capítulos I a VIII de la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo artículos 25 y 26 del Decreto 2351 de 1965, artículo 11-2 del Decreto 1373 de 1966, artículo 14 del Decreto-Ley 616 de 1954, artículo 36 del Decreto 1469 de 1978, artículo 3-5 de la Ley 48 de 1968, artículo 61 de la Ley 50 de 1990, Ley 584 de 2000, artículos 55 y 56 de la Carta Suprema y demás disposiciones que en una u otra forma tienen que ver con el conflicto colectivo de trabajo.

En lo que respecta al nacimiento del conflicto colectivo de trabajo, ha de entenderse que este se inicia con la presentación a la empresa, del pliego de peticiones por parte de la delegación que los trabajadores comprometidos deben designar para ese efecto. Dicho pliego, cuya adopción y aprobación es de atribución exclusiva de la asamblea general del sindicato o de los trabajadores, debe ser presentado dentro de los dos meses siguientes al momento en que es aprobado por dicha asamblea, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 11 de 1984, que modificó el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo.

Pero la presentación de ese pliego debe ser realizada, además, en el caso de que en el conflicto esté involucrado un sindicato de empresa con uno gremial o de industria, por la organización que sea titular de la representación sindical; es decir, que lleve la representación de los trabajadores para todos los efectos de la contratación colectiva, que de conformidad con el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, no es otra que la que agrupe a la mayoría de los trabajadores de la empresa.

Quiere decir lo anterior, que para que el conflicto tenga viabilidad jurídica, se hace imperativo que el pliego petitorio se presente por quien tenga la capacidad jurídica de representación; que esté aprobado por el organismo competente y se presente en el término que consagra la ley. Sin el cumplimiento de estos requisitos, mal puede hablarse de la existencia de un conflicto colectivo, generador de derechos y obligaciones.

Pero además, no debe perderse de vista la regulación específica que sobre el punto en cuestión contempla el artículo 3º, numeral 5º de la Ley 48 de 1968, en cuanto determina que cuando el sindicato gremial tenga afiliados el 75% o más de los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad, puede presentar y discutir directamente el pliego de peticiones con la empresa, y en caso de existir solución por la autocomposición, el acuerdo formará un capítulo especial de la convención colectiva de trabajo.

Aquí debe precisarse que en aquel evento, de existir la posibilidad de que un sindicato de esas características pueda presentar y discutir directamente su pliego de peticiones, no significa que válidamente pueda iniciar el conflicto colectivo; pues la titularidad, aun en (sic) con esa hipótesis excepcional, se recuerda, para todos los efectos de la contratación colectiva, sigue correspondiendo al sindicato que agrupe la mayoría de los trabajadores de la empresa, quien en consecuencia, es el que está legitimado para iniciar dicho conflicto.

Sobre el particular tiene dicho la Corte:

“Lo importante de esta decisión es que desentraña de las normas legales el concepto fundamental de la negociación que es, a saber, que su titularidad corresponde al sindicato mayoritario. Por eso puede observarse que lo que la Corte afirma del sindicato gremial, en esta hipótesis, es que tiene una especial capacidad de negociación, pero no de contratación, que es una cuestión muy diferente. Obsérvese que, como la propia Corte lo señala, las atribuciones del sindicato gremial en este caso, consisten en hacer una separata en las negociaciones para efectos de conversar sus propios problemas y encontrar fórmulas con los empresarios correspondientes para ello, pero no las de concluir una convención colectiva respecto de estas formulas, que obtenidas ellas, debe presentarlas al sindicato mayoritario de la empresa que existe en este caso, para que él como titular del derecho de negociación, celebre la respectiva convención colectiva. En tal caso, todo lo convenido por el sindicato gremial debe pasar a convertirse en un capítulo de la convención colectiva celebrada por el sindicato mayoritario, pues en este reside la trascendencia de la modificación legal” (Sent. de homologación, sep. 23/71).

En este caso, resulta que quien presentó el pliego de peticiones lo fue la subdirectiva con sede en el municipio de Itagüí (Ant.) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas en Colombia —Sinaltrainbec—, a la cual pertenecían los demandantes; agrupación que no era mayoritaria en la empresa demandada, siéndolo en efecto la cobijada por el Sindicato de Trabajadores de Cervecería Unión —Sisntracervunión—, con la que existe vigente una convención colectiva, de derechos y beneficios a favor de los actores. De esto resulta, entonces, que el único órgano con facultad representativa para la contratación colectiva, lo es el último ente sindical, acorde con las preceptivas del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 como ya se dijo, y en consecuencia no era admisible considerar la existencia del fuero reclamado.

Sobre el tema esta corporación, en sentencia del 25 de octubre de 2004, con radicación 22919, dijo:

“... precisa la Corte que en manera alguna puede desconocerse la estabilidad laboral que contiene el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, para todos los trabajadores de una empresa que han presentado un pliego de peticiones, durante el período comprendido entre la fecha de su presentación y la de finalización del conflicto colectivo, que se da en el momento de la firma de la convención colectiva o cuando el laudo arbitral adquiere ejecutoria.

Sin embargo, es claro que la aludida garantía para su materialización supone la validez de todos los actos previos a la iniciación del conflicto, es decir, que el pliego de peticiones sea adoptado válidamente y presentado al empleador en su oportunidad, de manera que este quede obligado a recibir el pliego y a iniciar lo más pronto posible la etapa de la negociación directa. Pero la validez de la adopción del pliego de peticiones está sujeta a que quien la realice tenga legitimación para ello, pues de lo contrario, la presentación de dicho escrito no tendría efecto alguno y el empleador puede negarse a recibirlo y de la misma manera resistirse a iniciar las conversaciones directas sin responsabilidad alguna de su parte. En estas condiciones, cuando dichos actos no se ejecutan conforme a la ley, no puede hablarse válidamente de que se está en presencia de un conflicto colectivo económico y en esas situaciones tampoco puede alegarse la existencia del denominado por la doctrina fuero circunstancial.

Así las cosas, lo acotado es suficiente para concluir que el tribunal incurrió en la violación de la ley que se le imputa, pues en la situación fáctica que dejó reseñada, resultaba incuestionable que el pliego de peticiones presentado a la sociedad demandada no era válido, ya que la organización sindical que lo presentó y a la cual pertenecen los demandantes, no tenía en la empresa la capacidad de representar para la contratación colectiva, por ser minoritario, todo lo cual hace inexistente el pretendido fuero por despido injusto ocurrido durante el trámite de un conflicto colectivo.

Corolario de todo lo acotado es, que prosperan las acusaciones y en consecuencia se casará la sentencia recurrida».

(Sentencia de casación, 31 de enero de 2005. Radicación 23.645. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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