Sentencia 23656 de marzo 10 de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 23656

Magistrados Ponentes:

Dr. Eduardo López Villegas

Dr. Luis Javier Osorio López

Acta Nº 27

Bogotá D.C., diez de marzo de dos mil cinco.

Resuelve la corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la sociedad Central Tumaco S.A. contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2003 por la sala laboral del tribunal superior del distrito judicial de Buga en los procesos seguidos por Martha Luz Vallesteros y Francia Elena Valencia Avenia contra la sociedad recurrente.

l. Antecedentes

En lo que interesa a los efectos del recurso extraordinario basta señalar que Martha Luz Vallesteros Galván, en nombre propio y en representación de sus hijos menores Jonathan y Estefanía Obando Vallesteros y Francia Elena Valencia, en representación del menor Jhon Alexander Obando Valencia, adelantaron sendos procesos contra la sociedad demandada con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios económicos por lucro cesante y daño emergente, al igual que los perjuicios morales, ocasionados por la muerte de su compañero permanente, Luis Daniel Obando Ospina.

El fundamento de sus pretensiones se sintetiza así:

Obando Ospina trabajó al servicio de la demandada entre el 22 de diciembre de 1995 y el 12 de junio de 1999, fecha en que sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó la muerte. El infortunio se produjo cuando Obando se encontraba montando un disco de corte en una cosechadora de caña y la causa desencadenante del accidente fue la falta previsión y descuido del mecánico lubricador, quien avisó al encargado de operar el equipo que podía encender la máquina, sin advertir las riesgosas condiciones en que se encontraba el causante. La empresa incumplió con su obligación de seguridad industrial. Dependían económicamente del causante. La ARP Alfa S.A. reconoció la pensión de sobrevivientes (fls. 17 cdno.2 y 41 cdno.1).

La demandada advirtió que la “instrucción de seguridad estaba a cargo del señor Leónidas Domínguez Sánchez quien por indicación de su supervisor debía advertir de la no presencia de ningún trabajador en el área” e hizo énfasis en que es “totalmente ajena” a las pretensiones de la demanda “y más aún, trasladó el riesgo profesional a la ARP Alfa, quien así lo asumió y respondió, pagando oportunamente la pensión de sobreviviente”. Por lo demás propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, compensación y pago, carencia de acción o derecho para demandar e ilegitimidad de personería sustantiva en la parte demandante (fls. 84 cdno.2 y 94 cdno.1).

Acumulados los procesos (fl.184 cdno.1), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira resolvió, mediante sentencia del 13 de febrero de 2003, condenar a la sociedad demandada a pagarle a la demandante Martha Luz Vallesteros y a sus hijos Jhonatan y Estefanía Obando Vallesteros, así como al menor Jhon Alexander Obando Valencia, sendas sumas por concepto de perjuicios materiales y morales (fl.373 cdno.1).

II. Sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada y por la demandante Francia Elena Valencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga modificó la anterior determinación en el sentido de aumentar el valor de la condena impuesta a favor del menor Jhon Alexander Obando Valencia por concepto de perjuicios materiales. En lo demás confirmó la decisión y condenó “a Cigna Seguros de Colombia S.A. hoy Ace Seguros S.A., a que reembolse a Central Tumaco S.A., en todo o en parte, lo que esta pague por concepto de esta sentencia y de acuerdo con la responsabilidad asumida por la aseguradora en la póliza de responsabilidad civil Nº 1112”.

Luego de determinar que el 12 de junio de 1999 el señor Obando Ospina “sufrió un accidente de trabajo que le trajo como consecuencia la muerte, cuando estaba dedicado a la reparación de una máquina cosechadora de propiedad de la empresa demandada”, expresó el tribunal en relación con la culpa que a este respecto le pudiere caber a la demandada:

“Carlos Humberto Tirado, tal como lo reconoce la demandada en su apelación, hizo un curso en Estados Unidos para capacitarse sobre el montaje, operación y mantenimiento de la máquina cosechadora con que se produjo el accidente de trabajo. Pero ello no significa que, como lo quiere hacer parecer dicha parte, no hubo imprevisión y descuido de la empresa, o mejor, de sus agentes; ello solo quiere decir que, dado el conocimiento que Tirado adquirió sobre la cosechadora, cuando se fueran a realizar reparaciones, máxime cuando se trataba de varias (el mantenimiento ese día estaba dirigido a la revisión del sistema eléctrico y comunicaciones, mantenimiento general, reparación del conductor primario, cambio de barra trasera de dirección, enderezamiento del plato y enderezamiento de cuchillas dobladas), cada una de las cuales estaba asignada a distintos grupos de trabajadores, debía tenerse el máximo cuidado. Y por eso, como medida para prevenir cualquier percance en que se viera comprometida la integridad de cualquier trabajador, a falta de aquellas medidas que reclama el a-quo (sirenas, pitos, campana, llamado a lista, en general, un reglamento de obligatorio cumplimiento), se acordó que Leónidas Domínguez Sánchez, antes de que Carlos Humberto Tirado pusiera en movimiento la máquina cosechadora, se percatara, mediante revisión de la misma, que ninguno de los trabajadores asignados para las distintas reparaciones estuviera en el sitio a efectuar el mantenimiento, después de lo cual debía anunciarle a Tirado que podía poner en marcha la cosechadora.

“De la citada medida de prevención, que la Sala encuentra suficiente para prevenir cualquier accidente sin necesidad de acudir a las reclamadas por el a-quo en su sentencia, se da cuenta en el reporte del accidente que obra a folio 25, en la declaración de Carlos Humberto Tirado Aristizabal (folio 242) y así lo admite la demandada al contestar la demanda (folio 94) y la misma representante judicial de la empresa al interponer el recurso de apelación (folio 391 y siguientes)”.

“La pregunta que cabe hacerse, entonces, es: si se había establecido una medida que, en consideración de la Sala, era suficiente para prevenir un accidente de trabajo, ¿por qué sucedió el que causó lesiones a Luis Delio Obando Ospina y que determinaron su muerte?”

“La Sala, después de analizar la prueba allegada, llega a la conclusión de que el percance acaeció porque una de las personas encargadas de cerciorarse de que en los sitios de la máquina cosechadora donde se le realizaban reparaciones no se hallaba persona alguna antes de poner en marcha la misma, no cumplió cabalmente su cometido, pues de haberlo hecho observa la presencia del Luis Delio Obando ocupado en su labor que le había sido asignada (el enderezamiento del plato) y así no hubiere dado aviso a Carlos Humberto Tirado que podía poner a funcionar la cosechadora y, desde luego, el accidente no hubiese sucedido. Obsérvese cómo en el informe que sobre el accidente obra a folios 72 a 75 se señala como una de las posibles causas del accidente el que Leónidas Domínguez le solicita Carlos Humberto Tirado que prenda la máquina sin verificar si alguien se encontraba dentro de ella, y, aunque allí se señalan otras posibles causas, la Sala encuentra que, según el material probatorio allegado, la omisión de Domínguez en comprobar, previo al aviso a Tirado para que pusiera en marcha la cosechadora, si algunas de las personas que se ocupaban de realizar las reparaciones estaba ocupado en ello, fue lo que originó el accidente”.

Hizo referencia a las declaraciones de Leónidas Domínguez Sánchez, John Jairo Sepúlveda Salazar, Carlos Humberto Tirado, Jorge Eliécer Rivera Osorio y Carlos Julio Herrera Rodríguez y advirtió:

“(…) de acuerdo con la prueba a que se ha aludido, el accidente sucedió porque Leónidas Domínguez, persona encargada de avisar a quienes se ocupaban en las distintas reparaciones sobre el momento en que se iba a poner en marcha la máquina, y, además, de revisar si alguien se encontraba dentro de ella, no cumplió a cabalidad su misión, pues se limitó a avisarle a dos de sus compañeros que se encontraban con él en la parte de atrás de la cosechadora, mas no revisó la parte delantera de la misma. Y si esto es así, y si Leónidas Domínguez Sánchez, quien era una de las personas encargadas de conservar la medida de seguridad dispuesta para prevenir cualquier accidente mientras estuviera realizando las reparaciones en la máquina cosechadora, era un empleado o dependiente de la empresa Central Tumaco S.A., se está en presencia de una responsabilidad directa de esta en el accidente, pues la falta de sus empleados o dependientes, es falta del (sic) empresa”.

Transcribió a continuación apartes de pronunciamiento de esta Corporación sobre el referido particular y luego de examinar la liquidación de los perjuicios materiales que respecto del apelante Jhon Alexander Obando realizara a quo expresó textualmente:

“(…) debe resolverse la tercera de las inquietudes de la demandada consignada en la sustentación del recurso, esto es, si de la condena hay lugar a descontar lo pagado por la administradora de riesgos profesionales Alfa S.A. y Seguros de Vida Alfa, sobre lo cual el a-quo, para denegar ese deseo de la demandada, argumentó que la ARP se encarga de prestaciones asistenciales, subsidio por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez y sobreviviente y auxilio funerario (Decreto 1295 de 1994), y, además, es sabido que el trabajador puede sufrir perjuicios que no fueron cubiertos en su totalidad con los dineros que pagó la ARP, entre ellos daños morales sufridos por el trabajador y su familia, los perjuicios fisiológicos sufridos por el trabajador y algunos perjuicios materiales del trabajador y su familia, perjuicios que están a cargo del patrono, no de la ARP, cuando mediante sentencia judicial se declara que e accidente ocurrió por negligencia en la prevención de los riesgos, lo cual apoya en sentencia de enero de 1987 de la Corte Suprema de Justicia”.

En este orden de ideas, “acogiendo jurisprudencia de la Corte Suprema” el tribunal consideró que “no procede descuento alguno por las pretensiones que pagó la ARP Alfa —administradora de riesgos profesionales— Seguros de Vida Alfa S.A.”. En su apoyo transcribió apartes de pronunciamiento de noviembre 9 de 2002 de esta corporación (fl.84 cdno.tribunal).

III. Recurso de Casación

Inconforme la entidad demandada, pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto a las condenas que le fueran impuestas con el fin de que, en sede de instancia, revoque la decisión condenatoria de primer grado para que, en su lugar, la “absuelva (…) de todas las condenas impuestas en su contra” o, en subsidio, “ordene descontar el valor de lo pagado por la ARP por concepto de pensión de sobrevivientes (…)”.

Con tal propósito presenta tres cargos los que, por razones de método, se proceden a examinar, el primero, relacionado con la responsabilidad directa del empleador por la culpa de su trabajador, de manera independiente y los dos siguientes, referentes al descuento de lo pagado por la ARP por concepto de pensión de sobrevivientes, en forma conjunta.

CARGO PRIMERO. Por vía directa, acusa la “interpretación errónea del artículo 216 del CST, en relación con los artículos 8º, 9º, 34, 49, 50 y 51 del Decreto 1295 de 1994, 108 y 348 del CST, 47 de la Ley 100 de 1993, 8º de la Ley 153 de 1887, 1º y 12 del Decreto 1771 de 1994; 1604, 1614, 2341 y 2349 del Código Civil”.

En su demostración afirma compartir los asideros fácticos de la decisión recurrida y alega textualmente: “La tesis en que se afianza el fallo gravado, conforme a la cual la culpa de los trabajadores o agentes de un empleador, conlleva la culpa de este, es equivocada. Dicho en otros términos, para el fallador, cuando alguno de los trabajadores de la empresa padece un accidente de trabajo por culpa de otro trabajador, independientemente del nivel jerárquico de este, esa culpa se traslada al empresario quien debe responder por la indemnización total y ordinaria de los perjuicios irrogados a la víctima.

“Si bien es cierto que en algunos casos la actuación culposa de algunas personas que fungen como representantes directos del empleador, compromete a este por ejecutar actos jurídicamente (sic) pueden tener ese alcance, ese principio no opera frente a la actuación negligente de cualquier agente o trabajador de la empresa, porque se instauraría así un contagio de culpas que no tiene prohijamiento en nuestro ordenamiento positivo. Esto es, la culpa de un trabajador no genera de manera automática la culpa del empleador”.

“es explicable entonces que en algunos eventos la actuación culposa de vicepresidentes, subgerentes o altos empleados de una empresa comporte culpa para el empresario que consintió de manera expresa o tácita esa irregular conducta, pero de ahí a pretender que ese postulado se extienda a todos los casos de actuaciones culposas de cualquier agente del empleador es un despropósito que apareja condenas injustas y socava los cimientos que sustenta toda la teoría de la culpa aquiliana”.

“Es fácilmente comprensible que en el mundo moderno, con las extensas y complejas estructuras empresariales, es menester que para el logro de los objetivos institucionales se utilicen muchos trabajadores de diverso nivel jerárquico, que como seres humanos están sometidos a fallas, errores y eventualmente culpas, en las cuales no tiene nada que ver el empleador porque son conductas negligentes que se producen sin su consentimiento o anuencia, de modo que tales actuaciones culposas no salpican necesariamente al patrono, sino en la medida en que este las autorice o cohoneste. Si fuera verdad que “la falta de sus empleados o dependientes, es falta de la empresa”, como lo dijo textual y erróneamente el tribunal, sencillamente no habría necesidad de la responsabilidad objetiva porque siempre que haya esa falta de cualquier empleado o dependiente habría culpa patronal, lo que es abiertamente contrario al sentido y alcance del artículo 216 del código del trabajo.

“No puede perderse de vista que la culpa patronal prevista en el artículo 216 del CST dimana de una responsabilidad contractual, como igualmente lo ha sentado la Corte, y adicionalmente debe presumirse la buena fe del empleador por disponerlo así tanto el artículo 55 del CST, como el 83 de la Constitución Política.

“Entonces, si el tribunal aceptó paladinamente que el accidente ocurrió por culpa del trabajador Leónidas Domínguez Sánchez, no podía trasladar esa culpa de manera automática e inexorable al empresario, porque para que ella se configure debe ser directa del empleador y comprobada de modo suficiente”.

Advirtió que el sentenciador no solo entendió equivocadamente la ley, “sino también la jurisprudencia de la Sala Laboral (…) pues no es cierto que en la transcrita sentencia (…) se haya acogido la postura jurisprudencial expuesta en el fallo (…) ya que basta leer el texto de la providencia de la Corte para darse cuenta sin ninguna dificultad, que precisamente lo que en ella se enseña es todo lo contrario, es decir, que ni siquiera la culpa de un piloto compromete a una compañía de aviación, por lo que mucho menos la ‘falta de un empleado o dependiente es falta de la empresa’”.

Transcribió apartes del pronunciamiento de la Corte en cuestión y concluyó:

“Como se ve, al contrario de lo asentado por el ad quem, la Corte distingue claramente, sin lugar a hesitación alguna entre la culpa del empleador y la culpa de un trabajador de esta, incluso en el caso estudiado en ese entonces, en que se trataba nada menos del accidente producido por culpa de un piloto de una compañía aérea, y aún así estimó esa respetable Corporación que esa conducta no comportaba culpa del empleador, para los efectos del artículo 216 del CST.

“Esas claras ideas de la Corte Suprema iluminan el protuberante error hermenéutico del Tribunal, que a pesar de reconocer que el accidente de trabajo se produjo por culpa de Leónidas Domínguez Sánchez, conforme se lee en el aparte atrás trascrito, concluyó que esa culpa es ‘culpa directa’ del empleador, lo que es todas luces opuesto a los textos enlistados en la proposición jurídica y a la reiterada jurisprudencia de esa respetable Corporación (…)”.

La demandante Francia Elena Valencia, a su turno, arguye que el sentenciador en manera alguna interpretó erróneamente el artículo 216 del CST y destaca que “el poder subordinante de la empresa en cuanto tenga que ver con toda la actividad de la empresa en sus diferentes órdenes conlleva inevitablemente a que responda por lo que ocurra al trabajador con arreglo al artículo 23 del CST Porque además la indemnización o reparación por el accidente de trabajo tiene origen en la responsabilidad objetiva, y esta solamente se enerva en caso de que (…) en su ocurrencia se demuestre que el empleador tuvo la negligencia (sic) y el cuidado requerido para evitar esas eventualidades”.

IV. Consideraciones de la Corte

Arguye la censura que si el tribunal aceptó que el accidente ocurrió por culpa del trabajador Domínguez Sánchez, “no podía trasladar esa culpa de manera automática e inexorable al empresario (…)” pues no es cierto que, como lo afirma el sentenciador, “la falta de sus empleados o dependientes, es falta de la empresa” en tanto tal postulado en manera alguna puede hacerse extensivo a “todos los casos de actuaciones culposas de cualquier agente del empleador (…)”. 

Sin embargo, si bien es cierto que el ad quem encontró que el accidente ocurrió porque Domínguez “no cumplió a cabalidad su misión”, no lo es que diera por sentado que se trataba de “cualquier trabajador”, sino que entendió que, por disposición de la empresa y falta de otras medidas, era la persona encargada de revisar que no hubiera ningún trabajador en los sitios donde se realizaban las reparaciones. En este sentido advirtió el sentenciador que como medida para prevenir cualquier percance en que se viera comprometida la integridad de cualquier trabajador, a falta de otras medidas como “sirenas, pitos, campana, llamado a lista, en general, un reglamento de obligatorio cumplimiento” que echara de menos el a quo, “se acordó que Leónidas Domínguez Sánchez, antes de que Carlos Humberto Tirado pusiera en movimiento la máquina cosechadora, se percatara, mediante revisión de la misma, que ninguno de los trabajadores asignados para las distintas reparaciones estuviera en el sitio a efectuar el mantenimiento (…)” y destacó que Domínguez “era una de las personas encargadas de conservar la medida de seguridad dispuesta para prevenir cualquier accidente mientras estuviera realizando las reparaciones en la máquina cosechadora”. 

Se ha de postular que cuando se da por establecido que el accidente de trabajo “acaeció porque una de las personas encargadas de cerciorarse de que en los sitios de la máquina cosechadora donde se realizaban reparaciones no se hallaba persona alguna antes de poner en marcha la misma, no cumplió cabalmente su cometido”, como sucedió en el sub lite, se prueba, en primer lugar, el nexo causal entre la actividad laboral y el daño por el que se reclama la indemnización y, en segundo lugar, la culpa patronal prevista en el artículo 216 del CST como condición del derecho del trabajador a recibir del empleador una “indemnización total y ordinaria por perjuicios”. 

Ciertamente, una vez se demuestra que la causa eficiente del infortunio fue la falta de revisión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente, como medida de seguridad adoptada al efecto por la empresa, la carga dinámica de la prueba se traslada a esta, dada su calidad de obligada que no cumple satisfactoriamente con la prestación debida, de conformidad con el artículo 216 del CST en concordancia con las normas que regulan la responsabilidad contractual. 

Así lo enseñó el Tribunal Supremo del Trabajo, en sentencia del 16 de febrero de 1959, cuando dijo: 

En este orden de ideas es menester aclarar que si bien cierta clase de culpas determinantes del incremento del riesgo profesional creado o extrañas a este, originan una responsabilidad plenaria semejante a la del título XXXIV del libro IV del Código Civil, al tenor del artículo 12 , literal b) in fine de la Ley 6ª de 1945 y del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, (Cfr. Cargo anterior), ello no significa que se trate de la culpa aquiliana o extra-contractual, sino de la culpa contractual que por mandato expreso de la ley genera en estos casos la responsabilidad plena y la indemnización ordinaria. 

No se trata aquí de la culpa de un tercero que le produce un daño a otro tercero. Se trata de la culpa de un contratante, que dentro de la ejecución de un contrato laboral, le causa un perjuicio al otro contratante, y que por ministerio de la ley origina no ya la indemnización correspondiente al riesgo creado (propia del accidente de trabajo), sino la indemnización total y ordinaria por el perjuicio causado. 

En caso de culpa contractual, y dentro de un contrato oneroso como era el del sub-lite, el artículo 1.604 ordena que: El deudor (...) es responsable de la (culpa) leve en los contratos que se hacen en beneficio recíproco de las partes

El último inciso dispone que: La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo. G. J. tomo 90 Nº 2207 a 2209 enero a marzo 1959 - Pág. 242

Esta tesis sobre la culpa patronal, fue ratificada por la sala mediante sentencia del 8 de Abril de 1988, (Rad. 0562), cuando expresó: 

“El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que la víctima de un accidente acaecido por causa o con ocasión del trabajo que se obligó a realizar, pueda reclamarle a su patrono indemnización plena de los perjuicios que haya sufrido, siempre que le demuestre culpa en la ocurrencia del siniestro. 

Esa responsabilidad del patrono se deriva necesariamente de su incumplimiento de las obligaciones de darles protección y seguridad a los trabajadores y de suministrarles locales higiénicos y adecuados para la prestación del servicio y elementos indispensables para precaver accidentes o enfermedades profesionales. Dichas obligaciones se las imponen al empleador el contrato de trabajo y la ley laboral. 

De allí se desprende que la culpa que debe demostrarse para obtener el resarcimiento de los daños sufridos es de naturaleza contractual y no extracontractual”. 

Bien ha entendido la jurisprudencia que cuando el artículo 216 del CST exige para que proceda la indemnización plena que la culpa sea suficientemente comprobada por el trabajador; pero esta regla no supone una modificación en contra suya de las relativas a la carga probatoria, de manera que, tratándose del deber de prueba de la diligencia contractual, ha de valer la que impone el artículo 1604 del C.C. según la cual la prueba de la diligencia incumbe al que ha debido emplearlo. Inferir del artículo 216 el deber del trabajador de allegar las pruebas sobre la diligencia del patrono contraría no solo el expreso sentido de la citada norma civil sino el sentido común que la inspira. 

De esta manera, e independientemente de que se comparta o no la consideración del ad quem en el sentido de que la medida de seguridad adoptada en este caso por la empresa para evitar cualquier accidente mientras se realizaran reparaciones a la máquina cosechadora —la revisión por parte de uno de sus trabajadores— era suficiente, es lo cierto que al consentir o disponer la empresa que tal fuera la medida de seguridad, se ha de entender que, en este caso, la culpa de ese trabajador compromete necesariamente la responsabilidad del empleador. 

De conformidad con lo dicho, no incurrió el sentenciador en el yerro jurídico que le atribuye la censura. 

CARGO SEGUNDO. Acusa la “violación directa, por interpretación errónea de los artículos 216 del CST y 12 del Decreto 1771 de 1994; en relación con los artículos 8º, 9º, 34, 49, 50 y 51 del Decreto 1295 de 1994; 108 y 348 del CST; 47 de la Ley 100 de 1993; 8º de la Ley 153 de 1887; 1º del Decreto 1771 de 1994; 1604, 1614, 2341 y 2349 del Código Civil”.

En su demostración advierte que si bien la tesis jurisprudencial en que se apoyara el ad quem para concluir que no procedía descuento alguno por las pretensiones que pagó la administradora de riesgos profesionales “tiene plena validez antes de la instauración del sistema de seguridad social, dada la impresión de las normas anteriores y la ausencia de una verdadera protección social institucional en casos de siniestros profesionales (…) en la actualidad el tema amerita una nueva reflexión pues desde la instauración del sistema integral de seguridad social en riesgos profesionales gobernado por las leyes 100 de 1993 y 776 de 2003 y por el Decreto 1295 de 1994, la pensión de sobrevivientes que ellas consagran cubren con creces los eventuales perjuicios que hubiere podido padecer un afiliado al sistema como consecuencia de una accidente de trabajo, así este sea resultado de una culpa patronal”. 

“Naturalmente, habrá casos en los que los daños irrogados por la conducta del empleador sean superiores en su monto a la suma de indemnizaciones o de prestaciones previstas en el sistema de seguridad social integral, en cuyo caso el excedente de esa indemnización total y ordinaria de perjuicios debe satisfacerla el empleador culpable y en tales hipótesis queda incólume la obligación patronal de reparar el menor valor”. 

“Pero distinta debe ser hoy en día la solución de cara a un sistema que procura la protección universal e integral de las contingencias de los afiliados, como en efecto es el cometido de todo el acervo legislativo que floreció de 1993 en adelante, que se identifica con la auténtica noción de seguridad social, en el que el conjunto de los amparos ahí instituidos no puede divorciarse de la temática tratada en el artículo 126 del CST, a fortiori frente a una nueva regulación que gobierna de manera diferente la materia”. 

“En efecto, la filosofía y razón de ser de la pensión de sobrevivientes consagrada a favor de los beneficiarios de un afiliado que como consecuencia de un infortunio laboral perdió la vida, no es otra que resarcir la capacidad de ganancia que como consecuencia del deceso padeció el grupo familiar. De análoga manera el cometido del lucro cesante que cubre los perjuicios materiales ocasionados por ese hecho es idéntico. De suerte que en la actualidad pensión de sobrevivientes por riesgos profesionales y lucro cesante por culpa patronal, no tienen ninguna diferencia en su naturaleza y cometido, por lo que en el escenario de ya nueva filosofía y normativa, ya no se justifica la duplicidad de beneficios, que no conduciría sino a un enriquecimiento sin causa en aquello que exceda la indemnización plena de los perjuicios”. 

Se remite a lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 y concluye: 

“En consecuencia, bajo la nueva regulación, cuando los causahabientes de la víctima logran, como en el caso de autos, la indemnización total y ordinaria de perjuicios por demanda instaurada contra el empleador responsable de la contingencia profesional, del monto respectivo debe descontarse necesariamente el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales, lo que traducido al caso bajo examen significa que de indemnización total y ordinaria de perjuicios fulminada por el juez colegiado debe ‘descontarse’ (porque así lo ordena la norma) el valor de lo pagado por la ARP por concepto de pensión de sobrevivientes, siempre que este último valor sea igual o inferior al de la susodicha indemnización. 

“El invocado artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 está vigente, no ha sido derogado, suspendido, ni anulado, luego goza de la presunción de legalidad que reclama la plenitud de sus efectos en el caso concreto, por lo que considero que el tribunal incurrió en el defecto enrostrado, lo que conduce al prosperidad del cargo, porque solo como consecuencia del alejamiento del sentido de las normas aplicables, no ordenó el descuento del ‘valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales’, como lo solicito en el alcance de la impugnación subsidiario (…)”. 

La parte opositora pone de presente que “es jurisprudencia de la Corte – Sala Laboral que no proceden los descuentos por las prestaciones que se pagan de riesgos profesionales y seguros de vida con ocasión de los accidentes de trabajo, posición esta que no ha sido modificada y que se mantiene incólume después de la expedición de la Ley 100 de 1993”. 

CARGO TERCERO. Acusa la “Violación directa, por infracción directa del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994; en relación con los artículos 216 del CST; 8º, 9º, 34, 49, 50 y 51 del Decreto 1295 de 1994; 108 y 348 del CST; 47 de la Ley 100 de 1993; 8º de la Ley 153 de 1887; 1º del Decreto 1771 de 1994; 1604, 1614, 2341 y 2349 del Código Civil”. 

Transcribe el texto del artículo 12 del decreto 1771 de 1994 que advierte no fue aplicado por el sentenciador y alega: 

“Como se ve, tal precepto goza de la presunción de legalidad pues no ha sido suspendido, anulado ni derogado, y dispone que cuando los causahabientes de la víctima logran, como en el caso de autos, la indemnización total y ordinaria de perjuicios por demanda instaurada contra el empleador responsable de la contingencia profesional, del monto respectivo debe descontarse necesariamente el valor de las pretensiones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales, lo que traducido al caso bajo examen significa que de la indemnización total y ordinaria de perjuicios fulminada por el juez colegiado debe ‘descontarse’ (porque así lo ordena la norma) el valor de lo pagado por la ARP por concepto de pensión de sobrevivientes, siempre que este último valor sea igual o inferior al de la susodicha indemnización”. 

“Si el Tribunal hubiera aplicado el mentado articulo 12 del Decreto 1771 de 1994, habría ordenado el descuento del ‘valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales’, como lo solicito en el alcance de la impugnación subsidiario (…)”. 

La oposición considera que este cargo tampoco está llamado a prosperar pues el tribunal “lo que ha hecho es estar acorde con lo explicitado en reiteradas ocasiones con la sala laboral (…)”. 

Se considera 

Los cargos se estudian conjuntamente dado que básicamente plantean el mismo problema, es decir si en los casos de responsabilidad del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, puede dicho empleador descontar lo pagado por la administradora de riesgos profesionales. 

Los argumentos que informan la referida tesis, tienen su sustento jurídico, según la censura, en la nueva normatividad que regula el sistema de la seguridad social integral, para lo cual cita las Leyes 100 de 1973 y 776 de “2003” (sic) y el Decreto 1295 de 1994. 

Pues bien, la doctrina de la Corte sobre el particular está consignada en la sentencia del 9 de noviembre de 2000, radicación 14847, en la que dijo: 

“El tribunal se basó en la sentencia de la Corte del 8 de mayo de 1997 (expediente 9389) para decir que las prestaciones que el Seguro Social reconoció a la cónyuge del trabajador fallecido (la pensión para sobrevivientes), no podían afectar el lucro cesante que judicialmente le reconoció. 

Transcribió el tribunal un aparte de esa sentencia, en el cual textualmente se dice: “Es por ello que se mantiene el criterio jurisprudencial expresado por la entonces denominada Sala Plena de Casación Laboral, conforme al cual en ninguna de las hipótesis consagradas por los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963, le es dado a quien causó el perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de Seguros Sociales, pues, se insiste en este aspecto, dicha entidad de previsión social cubre el riesgo laboral propio de la denominada responsabilidad objetiva del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, mas no la responsabilidad que se deriva de la culpa del empleador en la causación del accidente o de la enfermedad (Sentencia 08/05/97– Expediente 9389)”. 

Es cierto, como lo anota la sociedad recurrente, que la reseñada sentencia de la Corte corresponde a un hecho ocurrido en el año 1992, y por lo mismo, anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y a la de los decretos señalados en la proposición jurídica. Por ello es admisible el examen de fondo que propone. 

El artículo 216 del CST dice que, cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en el capítulo que la contiene. 

Hasta el año 1993, y en número plural de providencias, la Corte sostuvo que el patrono sí podía descontar del valor de la indemnización ordinaria de perjuicios las prestaciones pagadas por el Seguro Social. Pero la Corte en Sala Plena (integradas las dos Secciones que conformaban la Sala Laboral), decidió, con la sentencia del 12 de noviembre de 1993, que el Seguro Social no había asumido, para entonces, el riesgo del daño que al trabajador le sobreviniera por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional imputable a culpa suficientemente comprobada del patrono. 

Ahora, en este recurso, la sociedad recurrente sostiene que la interpretación del artículo 216 del CST, puesta en relación con el nuevo ordenamiento de la Ley 100 de 1993 y con los decretos de la proposición jurídica, debe ser esta: que el empleador culpable del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sí puede deducir las prestaciones económicas que haya pagado el Seguro Social al trabajador o a sus causahabientes de lo que adeude por su propia responsabilidad ordinaria de perjuicios. 

Se procede a examinar esa argumentación de la recurrente, en este orden: 1. El alcance de la sentencia de la Corte que citó el tribunal; 2. El alcance de la normatividad que acusó el cargo en casación. 3. La relación de los dos temas anteriores, en orden a precisar si el tribunal transgredió o no la ley sustancial; o mejor, para determinar el alcance del artículo 216 del CST. 

La sentencia de la Corte del 8 de Mayo de 1997 que invocó el Tribunal, destacó que los reglamentos del Seguro Social vigentes para la época de los hechos analizados, y concretamente el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963, no autorizaron al patrono a descontar de la indemnización ordinaria las sumas que el Seguro Social reconociera al trabajador o a sus derecho habientes, por prestaciones en dinero. 

El artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 del seguro, que fuera aprobado por el Decreto 3170 de 1964, y para cuya expedición invocó el Presidente de la República los artículos 9º de la Ley 90 de 1946 y 5º del Decreto 1695 de 1960, disponía: 

“El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del Instituto exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono procederá a demandar el pago de esta indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo, si lo hubiere. 

“Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con las normas de este reglamento”. 

Pese a la equívoca redacción de la norma transcrita, ella no permitía la tesis de la sociedad recurrente, que desde luego se funda en otro sistema legal. Pero la Corte despejó el equívoco en la sentencia del 8 de mayo de 1997. Es importar recordar, en resumen, las razones que tuvo en cuenta para fundar su tesis: 1. El poder normativo de los reglamentos del Seguro está limitado por su objeto social: es entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados; la ley no le dio al seguro la atribución de determinar las consecuencias de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues esas consecuencias corren a cargo exclusivo del empleador culpable. 2. La competencia que le reconoce la ley al seguro para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales está dentro del ámbito de las prestaciones, de los servicios sociales o de las medidas de seguridad social que deben amparar a sus beneficiarios, como lo prescribe el artículo 7º del Decreto-Ley 433 de 1971; pero el seguro no está legalmente facultado para regular las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por la culpa suficientemente comprobada del patrono. El seguro tampoco está legalmente facultado para aminorar la carga patrimonial del patrono en esa materia, por lo cual, asume toda la responsabilidad ordinaria por mandato del artículo 216 del CST; y, por lo mismo, el seguro subroga al patrono únicamente en el riesgo que da lugar a la denominada responsabilidad objetiva. 3. Si, por su equívoca redacción, el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 consagrara el derecho del empleador culpable del accidente para descontar del monto de la indemnización ordinaria lo pagado por el Seguro por prestaciones en dinero, la norma sería inaplicable, al igual que el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964 que lo aprobó. 4. El seguro reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicios, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, la vida probable, etc. En cambio, no toma en cuenta los perjuicios realmente producidos, lo cual marca una diferencia entre la indemnización a que se refiere el artículo 216 del CST, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable, con la actividad aseguradora del instituto. 5. No es cierto que el trabajador se beneficie doblemente (con la indemnización plena y con las prestaciones económicas del seguro), puesto que el seguro ha sido tomado por el mismo accidentado, de modo que el patrono no puede restar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios lo pagado por el Seguro Social en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado por él. 

Ahora, procede el examen del régimen de la Ley 100 de 1993, empezando por su reglamentación, como lo propone el cargo: 

El Decreto 1771 de 1994 es reglamentario del 1295 del mismo año (estatuto con alcance legal). Su artículo 12 dispone: 

“Subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero”. 

“Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”. 

Es una redacción similar a la de su antecesor, el 83 del Acuerdo 155 de 1963, de manera que por este solo aspecto, si el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 fuera puesto en relación con el 216 del CST, no sería útil para dar por sentada la posibilidad de descontar las prestaciones económicas del Seguro Social de la indemnización ordinaria de perjuicios. 

Ninguna de las normas cuya acusación plantea el cargo permite concluir en la tesis de la censura. 

En efecto: 

El artículo 139-11 de la Ley 100 de 1993 confirió al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias pro tempore para “Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”; luego nada indica que en esta atribución de facultades legales, el Presidente de la República pudiera regular las consecuencias de la culpa patronal del artículo 216 del CST. 

El Decreto-Ley 1295 de 1994, según su encabezamiento, determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales. El artículo 13 se limita a señalar quiénes son los afiliados al dicho sistema; el 34 consagra el derecho a las prestaciones; el 49 establece que, en caso de muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos; pero esa norma nada dice sobre la responsabilidad por culpa patronal en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional. El artículo 50 se limita a fijar el monto de la pensión de sobrevivientes y el 53 a precisar las condiciones de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva cuando ocurre la muerte del asegurado. El artículo 78 dice que el Instituto de Seguros Sociales continuará administrando los riesgos profesionales de conformidad con sus reglamentos, lo cual no le da la razón a la sociedad recurrente. Pero sí conviene precisar que la tesis de los opositores sobre esta norma no es acertada, puesto que ella no remite a los reglamentos anteriores de una manera incondicional sino subordinada a lo dispuesto en el decreto 1265 que se estudia, puesto que la norma dice que los reglamentos del Seguro Social “(…) deberán ajustarse a lo dispuesto en este decreto (…)”. Y el 97 fija la vigencia del sistema general de riesgos profesionales. 

Como ninguna de las normas acusadas, puestas en relación con el artículo 216 del CST, permite concluir que haya variado el sistema legal que informó la jurisprudencia de la Corte, la conclusión es que sigue vigente la interpretación que allí se consignó”. 

En igual sentido pueden consultarse las sentencias con radicación 9981 de mayo 15 de 1991, 4097 de marzo 21 de 1991, 5865 de noviembre 23 de 1993, 7716 de octubre 17 de 1995, 6666 de agosto 9 de 1999, 18520 de julio 25 de 2002 y 18515 de marzo 7 de 2003, las cuales no permiten el descuento del cual se ocupa el censor precisamente porque no es posible argumentar su propia culpa y menos que puedan beneficiarse de ella, pues nadie debe lucrarse del daño ajeno. 

Ahora, en el segundo cargo la censura incluye dentro de su argumentación la Ley 776 de 2002, que frente a las normas analizadas por la Corte en la sentencia transcrita en lo pertinente, es nueva. Sin embargo, además de no plantear en concreto motivación alguna en respaldo de su tesis, lo cierto es que dicha ley tampoco tiene la fuerza para variar la actual jurisprudencia de la Corte, ya que simplemente dictó normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales, pero sin que en su articulado aparezca una disposición que haga mención siquiera al tema aquí debatido. 

En síntesis, como no logra la censura desquiciar las orientaciones de la Corte en la materia objeto de análisis, los cargos no prosperan.  

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha doce (12) de diciembre de dos mil tres (2003) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en los procesos seguidos por Martha Luz Vallesteros y Francia Elena Valencia Avenia contra la sociedad Central Tumaco S.A. 

Sin costas en el recurso extraordinario. 

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal. 

Magistrados: Eduardo López Villegas—Gustavo José Gnecco mendoza—Carlos Isaac Nader—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz. 

María Ismenia García Mendoza, Secretaria. 

Salvamento parcial de voto 

Del Magistrado Eduardo López Villegas 

Disiento, respetuosamente, del criterio de la mayoría sobre el que se fundamenta la decisión en lo que respecta al descuento de lo pagado por la administradora de riesgos profesionales (cargos segundo y tercero), por las siguientes razones: 

Tal como lo advierte la censura, a partir de la instauración del sistema integral de seguridad social en riesgos profesionales, la pensión de sobrevivientes por tales riesgos y el lucro cesante por culpa patronal no presentan diferencia en lo que respecta a su naturaleza y cometido gobernado por las leyes 100 de 1993 y 776 de 2003, de modo que resulta inadmisible la acumulación de indemnizaciones a favor del trabajador con invalidez total a causa de accidente de trabajo por culpa patronal. 

En efecto: en la acumulación de prestaciones se desconocen los principios que informan el sistema de seguridad social integral, a los cuales se debe acudir en el sub lite, por cuanto aquí no se resuelve únicamente sobre la responsabilidad patronal, sino que también se discierne sobre las consecuencias del cubrimiento de una contingencia propia de la seguridad social hecha con cargo al sistema. 

En el principio de la universalidad descansa el elemento inherente al diseño de un sistema de seguridad social; ha de tener por vocación comprender a toda la población con el fin de protegerla de la totalidad de los riesgos o contingencias. Para mayor énfasis la Ley 100 de 1993, en el literal d) de su artículo 2º, formuló independiente este segundo aspecto, bajo el principio de la integralidad, según el cual el objetivo del sistema es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población; su significación queda resaltada al ser incorporado en la denominación del sistema. 

La eficacia del principio se ha de traducir en orientación para resolver a favor de la inclusión en el sistema, las controversias sobre si una determinada contingencia está o no bajo el amparo de la seguridad social. 

El artículo 193 el Código Sustantivo del Trabajo introduce en el título VIII el de las prestaciones patronales comunes, para establecer su carácter transitorio, no en cuanto al contenido esencial de ellas, sino respecto al sujeto obligado al pago, cuando dispone: Estas prestaciones dejarán de estar a cargo del patrono cuando el riesgo de ellas sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto. Y dentro de ellas sin lugar a dudas está incluida la pensión de sobrevivientes originada en accidente de trabajo, sin interesar, para efectos de determinar el ámbito de la seguridad social, el que este acontezca por culpa patronal. 

El principio de la unidad que proclama el literal d) de la Ley 100 de 1993, responde a la condición propia de lo que es un sistema y a la necesidad de saldar la bifurcación con que la Ley 90 de 1946 había diseñado la seguridad social. Ciertamente, desde entonces se previó que esta estaría a cargo de entidades especializadas, pero mientras estas fueran creadas y tuvieran capacidad operativa, la prestación del servicio público de la seguridad social quedaba a cargo del patrono. 

Entre soluciones que se inclinan por perpetuar la transitoriedad de la ley, o las que propugnan por que la entidad de la seguridad social asuma en toda su extensión la cobertura de los riesgos, el principio de unidad debe persuadirnos de la última de las opciones. 

A la conclusión de que es al sistema al que le corresponde la protección de todas las contingencias, va aparejada la de que a él se deben verter los recursos disponibles para el efecto. 

Con sentido previsivo el artículo 193 del CST señala que la subrogación prestacional se ha de realizar dentro de los reglamentos que dicte el instituto, simple y llanamente porque la obligación prestacional que así asume debe ser acompañada de las medidas que aseguren la financiación del sistema. 

Y en lo tocante el punto en cuestión, el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, para la debida realización del principio de unidad, establece reglas puente cuando obran concurrentemente las dos maneras de ofrecer las prestaciones de seguridad social -por la vía del empleador y la del sistema- para cuando se presenta un accidente de trabajo con culpa patronal; y aquellas normas adoptan previsiones para las dos formas de reclamo: a) cuando demanda el pago la entidad administradora de seguridad social; y b), cuando quien demanda es la víctima o sus causahabientes. En uno y otro caso, la previsión es igual: preservar en la fuente del pago el derecho a la seguridad social a que dichos recursos lleguen al sistema. 

Falta al principio de unidad del sistema de seguridad social tesis adoptada por el ad quem según la cual las normas sobre descuento de indemnizaciones a favor del sistema no tienen aplicación en los eventos de accidentes de trabajo por culpa patronal, y en lugar de ello, consiente la acumulación de indemnizaciones a favor del trabajador. 

Las normas que establecen una subrogación indemnizatoria a favor de las entidades administradoras de los riesgos profesionales previstas en el artículo 12 del Decreto 1771, no se pueden dejar de aplicar so pretexto de que los reglamentos del ISS o los decretos reglamentarios del sistema general de pensiones no tienen la capacidad de modificar una norma de rango legal, como es el artículo 216 del CST. 

Se debe puntualizar que las leyes que instituyen las prestaciones patronales para la contingencia de los accidentes de trabajo, nacieron por virtud de leyes temporarias, con vigencia condicionada: hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo, como lo preceptúa el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, que para no dejar duda de esta restricción, concluye: Desde esta fecha empezaran a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos y dejaran de aplicarse aquellas disposiciones anteriores. 

Este es exactamente lo que se dispone en el artículo 193 del CST: normas que otorgan derechos cuya existencia está supeditada al agotamiento de la misión que se proponía, una protección transitoria y precaria a cargo de los empleadores, la que se cumple cuando la protección en seguridad social fuera entregada a mejores manos: un sistema especializado; en otras palabras, la ley pierde vigencia por el surgimiento de la condición que se realiza con normas reglamentarias, acuerdos del ISS o de decretos reglamentarios del ISS, que consagran la obligación de satisfacer las prestaciones a las entidades de seguridad social. 

Así entonces, la tesis que acoge el ad quem confunde el sentido y alcance de las normas que supone enfrentadas; las legales perdieron su vigencia y por sustracción de materia, los reglamentos del ISS o del sistema no tienen validez temporal que afectar; y estas normas reglamentarias tienen la virtualidad de regular, de conformidad con las normas legales, la prestación del servicio público de seguridad social en sustitución del que aquellas había previsto en su temporaria vigencia y como condición para su extinción. 

De otra parte, para sustentar la tesis a favor de la acumulación indemnizatoria a favor del trabajador, se ha invocado el principio del enriquecimiento sin justa causa desde una perspectiva meramente laboral, sin contextualizarla con el ámbito de la seguridad social, al considerar que si admitiera el descuento del valor de las prestaciones sociales o de seguridad social de la indemnización debida por el empleador al actor, ello conduciría a que el empleador culpable resultara a la postre obteniendo beneficios del daño que causó, o al menos exonerándolo de la responsabilidad en un riesgo producido por su acto intencional o culposo (sentencia del 12 de noviembre de 1993). 

Esta posición doctrinaria parte de una equivocada apreciación sobre la finalidad del descuento prevista en el artículo 193 del CST en concordancia con el Decreto 1771 de 1994: como la muerte o la invalidez es una contingencia amparada por el sistema de seguridad social, aún ella sea resultante del accidente de trabajo con culpa patronal, los descuentos que disponen deben ser hechos en beneficio del Sistema de Seguridad Social, no del patrono. La subrogación a favor del empleador en la obligación de cubrir prestaciones tiene como correlato la subrogación a favor de las entidades administradores de riesgos profesionales de obtener la indemnización equivalente a lo que a ella le correspondiere pagar; y si se autoriza que el patrono haga descuentos cuando paga a la víctima, es para asegurar el derecho a la subrogación de la entidad administradora, y evitar que el empleador sea compelido a pagar dos veces por la misma causa. 

No se trata de que el asegurador se vuelva contra el asegurado. Ciertamente corresponde al empleador proteger a sus trabajadores contra el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales afiliándolo a entidades administradoras de estos riegos, y pagar la totalidad de las cotizaciones respectivas. Pero el valor de estas está tasado respecto a un grado de riesgo especialmente medido, que no incluye la actuación culposa o dolosa del empleador; así por tanto no puede entender que este sea un riesgo cubierto por ellas. Es este el alcance restringido que ha de tener la diferenciación de causas respecto al mismo hecho dañoso. 

Así, considero se han debido rectificar los criterios que en ocasiones anteriores se han esbozado sobre el tema y casarse parcialmente el fallo en cuanto se abstuvo de descontar lo reconocido por la ARP del monto de la condena que por concepto de perjuicios impuso a la demandada. 

Fecha ut supra.