Sentencia 23718 de agosto 23 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN INTERPUESTA POR TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Por la vía ordinaria o por la discrecional.

EXTRACTOS:«De acuerdo con los artículos 96 del Código Penal (L. 599/2000) y 46 del Código de Procedimiento Penal que rige el caso (L. 600/2000), dos grupos de personas pueden ser vinculadas al proceso penal para que respondan civil y patrimonialmente por los daños y perjuicios causados con el delito, a saber: i) los penalmente responsables en forma solidaria y ii) los que de acuerdo con la ley sustancial están obligados a reparar el daño, también en forma solidaria.

Según el artículo 140 de la Ley 600 de 2000, los terceros civilmente responsables dentro del proceso penal, son quienes no han participado en la ejecución del delito, pero que de acuerdo con la ley deben responder patrimonialmente por los daños causados por el procesado.

Por lo tanto, son responsables con carácter colateral o indirecto por las consecuencias del hecho punible de otro. Es decir, que aun cuando el tercero no es el autor del daño e inclusive es ajeno a su producción causal, debe por la vía de la denominada responsabilidad indirecta, responder solidariamente por él.

Por ello, en forma reiterada la Sala ha precisado que en atención a la naturaleza estrictamente económica de sus pretensiones, el tercero civilmente responsable debe ceñirse a la cuantía y a las causales de casación estipuladas en el Código de Procedimiento Civil, cuando “únicamente” tenga por objeto el monto de los perjuicios decretados en la sentencia, tal como lo advertía el artículo 221 del decreto 2700 de 1991, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos aquí juzgados, y lo reitera el artículo 208 de la Ley 600 de 2000, que rige actualmente el caso, del siguiente tenor:

“Cuantía. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecida en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos” (1) .

Por lo tanto, de acuerdo con esa normatividad, el tercero civilmente responsable carece de interés para interponer el recurso extraordinario de casación cuando ataque el monto de la indemnización de perjuicios y el agravio económico que le afecte no alcance el valor señalado en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 592 de 2000, esto es, 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes al tiempo de proferirse la sentencia, según lo tiene determinado la jurisprudencia nacional.

Ello resulta perfectamente razonable si se considera que en materia civil, el interés para recurrir en casación siempre va unido, en todos los casos y por cualquiera de las causales, a la cuantía del agravio determinado en la sentencia, con excepción de los fallos en los que se resuelve sobre el estado civil de las personas, única excepción estipulada en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 592 de 2000. [...].

Queriendo ser consecuente con estadoctrina, la jurisprudencia, de esta Sala ha considerado que el tercero civilmente responsable llamado a responder por los perjuiciosen el proceso penal tiene que satisfacer el requisito del interés por razón de la cuantía, no solo porque ello se desprende del anteriormente citado artículo 208 de la Ley 600 de 2000, sino porque no existe una razón jurídica para exigir unos requisitos al tercero civilmente responsable vinculado a un proceso penal, y otros diferentes al llamado ante la especialidad civil.

Pero si bien la anterior comprensión del fenómeno no tiene dificultad alguna cuando el recurso “únicamente”. tiene por objeto atacar el monto de los perjuicios decretados en la sentencia, sí la encuentra ahora la Sala cuando se trata de la casación por la vía excepcional o discrecional, sobre cuyo tópico la última postura de la Sala mayoritaria fue fijada en el auto del 8 de junio de 2005, con ponencia del honorable magistrado Mauro Solarte Portilla (4) , en la que se excluyó al tercero civilmente responsable como sujeto procesal habilitado jurídicamente para acceder a la casación por esta última vía:

“Desde esta perspectiva es claro que no hay lugar a la casación discrecional pues de acuerdo con el artículo 208 del Código de Procedimiento Penal, cuando el recurso tenga por objeto lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía para recurrir establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena establecida para el delito o delitos, y sobre este requisito no opera la discrecionalidad que establece el inciso tercero del artículo 205 ejusdem, pues, como la misma disposición lo advierte, la excepcionalidad solo resulta procedente respecto de aquellos eventos no cobijados por el inciso primero de dicha disposición, tal y como ha sido declarado por la jurisprudencia de esta Corte (Cfr. cas. jun. 25/2002, rad. 18343 y cas. sept. 23/2003, rad. 20947)”.

Aunque nadie niega que el fundamento de la obligación de reparar siempre es el mismo, a saber, el daño causado con el delito, independientemente de que su reclamación se haga en el proceso civil o en el penal, no puede desconocerse que la vinculación del tercero civilmente responsable a este último amplía sus opciones de intervención, por lo menos en materia de casación, ante el abanico de posibilidades que contempla el sistema, y de las cuales puede beneficiarse en su condición de sujeto procesal, como se reconoce en los salvamentos de voto de la honorable magistrada Marina Pulido de Barón y del honorable magistrado Yesid Ramírez Bastidas a la decisión que se acaba de reseñar, pues de conformidad con el artículo 141 de la Ley 600 de 2000 el tercero civilmente responsable es titular de “los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal”.

Pero por encima de ese reconocimiento legal, existen otras razones de orden constitucional que llevan a la Sala a prohijar ahora la tesis de que el tercero civilmente responsable tiene pleno derecho para reclamar a través de la vía de la casación excepcional la protección de sus garantías fundamentales, y también desde luego, para solicitar por esa misma vía la unificación o desarrollo de la jurisprudencia en temas propios de su interés.

Las garantías procesales, derivadas de los artículos 13 y 29 de la Carta Política, obligan de manera directa y preferente, superponiéndose a las disposiciones legales. Lo que significa que para hacer valer una garantía fundamental, reivindicarla y exigir las sanciones pertinentes por su violación, basta la fuera de la eficacia directa del texto constitucional, como bastión hermenéutico de las normas subordinadas, para cumplir el cometido anunciado, cual es el de afianzar la justicia.

Expresado de otra manera, la posibilidad de examinar en sede casacional una sentencia dictada en un juicio con hipotética violación de las garantías fundamentales de uno de los sujetos procesales, no puede quedar condicionada a un aspecto meramente formal cuando aquella ha sido planteada de manera clara, precisa y suficiente o resulta evidente a los ojos de la Corte.

En otras palabras, el factor cuantía en tales eventos, no puede constituirse en licencia para el desconocimiento de principios, valores, derechos y garantías propios del orden constitucional colombiano, entre ellos, el debido proceso, la igualdad y el acceso a una adecuada administración de justicia.

La naturaleza misma de una de las razones fundamentales de la casación por la vía excepcional, a saber, la protección de las garantías fundamentales, hace que ella pueda configurarse en relación con cualquier sujeto procesal, entre ellos, el tercero civilmente responsable, independientemente del interés que le asista por razón de la cuantía. Por lo tanto, no encuentra la Sala que exista un principio de razón suficiente que justifique su exclusión para interponer el recurso cuando, sin reunir la condición para acceder a la casación por la vía ordinaria, en los términos del artículo 208 de la Ley 600 de 2000, lo alegue como necesario para la protección de sus garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia.

Nada más contrario a los fines de un Estado social de derecho que admitir que, a pesar de que una persona fue condenada con violación de sus garantías fundamentales, no pueda acceder a este mecanismo excepcional de defensa judicial, creado precisamente para su protección, solo porque la cuantía de la condena impuesta no le alcanza para alegar su interés jurídico.

La casación, ha señalado la Corte Constitucional, no tiene como única finalidad la de preservar el interés privado que cada una de las partes procesales demanda de la administración de justicia, sino, además, el interés supremo colectivo que tiene el Estado y la comunidad en la conservación, respeto y garantía de la norma jurídica, con el fin de asegurar, conforme al preámbulo de la Constitución un marco de justicia material, efectiva, concreta y comprometida con el anhelo de orden y paz, que le asiste como derecho, a todas las personas” (5) .

Pero además, no puede obviarse por su vital importancia en la sustentación de esta propuesta interpretativa, que en materia civil los condenados con violación de sus garantías procesales, sin límites en la cuantía o a naturaleza del asunto tienen como mecanismo de defensa judicial el recurso extraordinario de revisión, que de acuerdo con el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil procede “contra la sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipales y de menores”, y cuyas causales incluyen la protección al debido proceso, entre ellas, las determinadas en los numerales 7º y 8º del artículo 380 ídem, del siguiente tenor:

“7. Estar el recurrente (en revisión) en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad.

8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”.

Precisamente, en consideración a la naturaleza de esas especiales causales de revisión en el área civil, la Corte Constitucional en el fallo C-269 de 1998, declaró inexequible el inciso final del artículo 379 del Código de Procedimiento Civil que exceptuaba del recurso a las sentencias dictadas por los jueces municipales en única instancia. [...].

Por lo tanto, si los civilmente responsables demandados en un proceso civil tienen un recurso de defensa para contrarrestar la eventual violación de su derecho al debido proceso, después de dictada la sentencia de segunda instancia, también lo deben tener los civilmente responsables demandados en un proceso penal. Y como en esta última especialidad no procede el recurso de revisión en los términos consagradosen la legislación civil, debe abrírseles la puerta de la casación por la vía discrecional, como mecanismo de defensa judicial en tales eventos, activando así el principio de igualdad que irradia el sistema procesal.

Pero de otro lado, téngase encuenta que la constitucionalización del principio de prevalencia del derecho sustancial (art. 228) se proyecta sobre el ámbito de las regulaciones procesales para adecuarlas a la defensa de la ley y de los derechos, y a la búsqueda de la vigencia de un orden justo, objetivos supremos consagrados en la Carta Política.

Por ello, la ley —artículo 216 del Código de Procedimiento Penal que rige el caso— ha facultado a la Corte para casar de oficio los fallos emitidos en procesos afectados de nulidad y aquellos donde sea ostensible la vulneración de garantías fundamentales, facultad que por supuesto y en razón del principio de igualdad, no se encuentra excluida para el caso en quela situación generadora de la nulidad o la violación de la garantía fundamental afecte al tercero civilmente responsable.

En tales casos, la competencia ilimitada de la Corte le permitirá casar el fallo impugnado, aún sin la necesidad de que el interesado solicite la admisión de la casación discrecional o cumpla los requerimientos legales para acceder a la casación común, pues bastará que el asunto arribe a esta corporación con una demanda que si bien en sentido estricto no cumple con las exigencias formales, si deja traslucir la presencia de un defecto invalidante, o por lo menos observable a simple vista por la Sala.

De las anteriores reflexiones, a luz de la normatividad contenida en la Ley 600 de 2000, se concluye lo siguiente:

a) El interés jurídico por razón de la cuantía es el principio general que gobierna la posibilidad que tiene el tercero civilmente responsable para acceder a la casación por la vía ordinaria, en los términos y las condiciones fijadas en la ley, cuando “únicamente” cuestiona los perjuicios.

b) Si lo que busca es la protección de sus garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia podrá acudir a la vía que corresponda de acuerdo a la pena fijada para el delito, con prescindencia de la cuantía de los perjuicios decretados en la sentencia. En cualquiera de tales eventos, deberá cumplir las exigencias formales inherentes al instituto, ya sea por la vía ordinaria o por la discrecional, según lo admita el caso.

c) Con base en la facultad, especial que la ley penal le otorga a la Corte, esta puede casar oficiosamente el fallo a favor del tercero civilmente responsable, prescindiendo de cualquier exigencia formal, cuando lo considere necesario para que prevalezca el derecho material y el orden constitucional».

(Sentencia de casación, 23 de agosto de 2005. Radicación 23718. Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez).

(1) Un mandato semejante fue incluido en el numeral 4º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004.

(4) Con salvamento de voto de la honorable magistrada Marina Pulido de Barón y del honorable magistrado Yesid Ramírez Bastidas.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de mayo de 2000, M.P. Antonio Barrea Carbonell.

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