Sentencia 23754 de febrero 3 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 23754

Acta 12

Magistrado Ponente:

Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., tres de febrero de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Inés Elvira Uribe Scioville contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 17 de octubre de 2003, proferida en el proceso ordinario laboral promovido contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero —Caja Agraria— en liquidación.

(...).

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

El reparo que la oposición le hace a la proposición jurídica del cargo no es de recibo, toda vez que de acuerdo con el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el 142 de la Ley 446 de 1998, es suficiente para que la Corte acometa el estudio de la acusación que se indique una sola disposición sustancial que haya sido soporte de la sentencia o que haya debido serlo.

Lo anterior en razón de que en el caso presente la censura señaló el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue la norma que aplicó el tribunal, lo cual es suficiente toda vez que en aquél también está comprendida la convención colectiva, fundamento de lo pretendido por la impugnante.

Empero, razón le asiste al replicante en cuanto destaca que la recurrente no cuestiona la base fundamental del fallo, pues es lo cierto que dedica toda su argumentación a criticar una consideración marginal del ad quem que sirvió de respaldo a su conclusión principal, pero deja esta libre de reproche.

En efecto, luego de transcribir la cláusula cuarta de la convención colectiva de trabajo vigente para el período comprendido entre el 1º de enero de 1996 y del 31 de diciembre de 1997, asentó el juez de la alzada que por haber desempeñado la actora el cargo de directora grado 26, “... no se encuentra cobijada por los beneficios contenidos en la convención colectiva de trabajo por expresa disposición de la propia norma de carácter convencional”, expresión de la cual surge incontrastablemente que basó su decisión en el entendimiento que otorgó a la convención colectiva de trabajo.

Y apoyó la anterior inferencia, por sí sola suficiente para darle sustento a su decisión, en el hecho de no haberse acreditado el carácter mayoritario del sindicato de trabajadores.

Tal situación pone de presente que la impugnante omitió criticar el verdadero soporte valorativo del fallo que impugna, de suerte que, por esa razón, debe permanecer vigente, pues como lo ha explicado esta Sala de la Corte, es deber inexcusable del recurrente en casación desquiciar todos los argumentos que hayan servido de apoyo al sentenciador para adoptar la decisión cuya anulación pretende, pues nada conseguirá si se limita a cuestionar razonamientos distintos o a combatir solo una parte de la argumentación plasmada en la providencia acusada, puesto que así tenga razón en la crítica que formula, al dejar libres de cuestionamiento los verdaderos pilares del fallo, seguirán ellos sirviendo de cimiento a la decisión censurada.

Por lo tanto, de cara a lo pretendido por la censura ninguna incidencia tiene que el tribunal se equivocara por no tener por probado que la organización sindical a la cual pertenecía la demandante agrupaba más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa demandada. Con mayor razón si se toma en cuenta que admitió ese hecho en gracia de discusión, pero consideró que de todos modos no era posible por extensión legal aplicar el convenio colectivo a la demandante, por cuanto, afirmó, “... ha sido reconocido que las estipulaciones consagradas en la convención colectiva de trabajo —tales como restricciones en su aplicación— son normas válidas que nacen de la voluntad de las partes, no siendo posible que las condiciones de los trabajadores sean idénticas, sin tener en consideración a su rango jerárquico u otros factores” (fl. 298).

El anterior argumento tampoco fue criticado por la impugnante, por manera que sigue dándole apoyo al fallo impugnado, aún cuando importa advertir que no podía ser reprochado por la vía de ataque elegida, en cuanto involucra consideraciones de orden jurídico, respaldadas en una sentencia de esta Sala de la Corte, de modo que su crítica solo era posible por la vía de puro derecho.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Cargo segundo

Acusa la sentencia del tribunal por falta de aplicación del artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 38 del Decreto 2351 de 1965, respecto de la extensión de la convención a terceros.

Dice que la violación se produjo de forma directa, por falta de aplicación de la referida norma.

Para su demostración afirma que la sentencia del ad quem da a entender que está probado que el sindicato agrupa más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa y para el efecto la reproduce parcialmente.

Enseguida dice que el tribunal se apoya en una sentencia de la Corte ajena al caso estudiado, y que cuando arguye “y aún en gracia de discusión” de estar acreditado que el sindicato agrupa más de la tercera parte de los trabajadores, no saca la conclusión legal de que por ese hecho debe aplicarse la convención colectiva 1996-1997 a la demandante, por lo que es palpable la violación de la ley por la vía directa al dejar de aplicar al asunto el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965.

La réplica

Sostiene que contrario a lo afirmado por la recurrente el ad quem sí aplicó el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo cuando afirma: “... Por otra parte, el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 38 del Decreto 2351, dispone: ...”, por lo que el cargo no tiene prosperidad dado que el juzgador sí aplicó la referida normatividad.

V. Consideraciones de la Corte

La razón acompaña a la réplica en el reparo que le formula al cargo, porque indiscutiblemente el tribunal tomó en consideración lo establecido en el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo, reformado por el 38 del Decreto 2351 de 1965, pues no solo lo trascribió, sino que indagó sobre el número de trabajadores que agrupaba el sindicato de trabajadores de la demandada al cual se hallaba afiliado la actora.

Y si bien es cierto que pese a que en gracia de discusión admitió el carácter mayoritario de la aludida organización sindical, no extendió los beneficios establecidos por la convención colectiva a la demandante, no fue porque se rebelara contra el mandato del referido artículo o porque ignorara su contenido, sino porque, con apoyo en un criterio expuesto por esta Sala de la Corte, que la censura no controvierte, entendió que las restricciones establecidas en una convención colectiva de trabajo son normas válidas que nacen de la voluntad de las partes, de modo que no es posible que las condiciones de todos los trabajadores sean idénticas.

Con todo, no encuentra la Corte en el razonamiento del tribunal un desacierto jurídico pues la disposición consagrada en el susodicho artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo, según la cual “cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean no sindicalizados”, no puede ser entendida como lo hace el recurrente, pues en modo alguno significa que esa extensión de beneficios dispuesta por mandato legal implique modificación de las restricciones especiales que sobre el campo de aplicación del convenio colectivo hayan pactado las partes.

En efecto, que las normas de la convención colectiva se apliquen a todos los trabajadores de la empresa no significa que desaparezcan del mundo jurídico las excepciones que en materia de beneficiarios acordaran quienes la celebraron. Lo que busca el comentado artículo es lograr uniformidad en el régimen laboral aplicable a los trabajadores de una empresa, de tal suerte que aquellos que por no ser miembros del sindicato carecerían de vocación jurídica para ser beneficiados con las normas de la convención, puedan llegar a serlo por razón de que dicha organización sindical agrupe más de la tercera parte del total de los trabajadores. Pero tal como lo precisó la Sala en la sentencia que citó en su apoyo el tribunal, de ese precepto legal no puede derivarse que aquellos trabajadores que las propias partes convinieron que no fuesen favorecidos con los preceptos convencionales por ellos pactados, puedan llegar a serlo en atención al número de sindicalizados, pues ello iría en contra de la naturaleza contractual del convenio colectivo.

Así, en conformidad con las consideraciones transcritas, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 17 de octubre de 2003, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por Inés Elvira Uribe Scioville contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero —Caja Agraria— en liquidación.

Costas en casación a cargo de la recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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