Sentencia 23774 de noviembre 24 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADORES A QUIENES SE LES CONSERVÓ EL DERECHO AL REINTEGRO

NO ESTÁN INCLUIDOS LOS TRABAJADORES OFICIALES

EXTRACTOS: «1. Las normas sobre trabajo producen efecto general inmediato, de suerte que están llamadas a gobernar los contratos de trabajo que estén en ejecución o en curso al momento en que aquellas comiencen su vigor jurídico.

Por mandato categórico del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, las disposiciones legales de trabajo carecen de efecto retroactivo y, por tanto, no tienen virtud para disciplinar situaciones jurídicas definidas o consumadas al amparo de leyes anteriores. En consecuencia, no pueden proyectar su imperio a relaciones o situaciones jurídicas agotadas o extinguidas al abrigo de preceptivas anteriores.

Como lo ha explicado la Sala, “deben imponerse a todas las situaciones jurídicas que existan cuando comienzan su vigencia y a los efectos jurídicos que se deriven de ellas en el futuro; mas no deben afectar aquellas relaciones o situaciones que han quedado definidas o consumadas conforme a leyes anteriores” (Sent., sep. 22/97, Rad. 9.876).

A voces del parágrafo transitorio del artículo 50 de la Ley 50 de 1990, los trabajadores que, a la fecha en que cobró aliento jurídico dicha norma legal, hubiesen laborado 10 o más años continuos al servicio de un empleador, conservan el derecho al reintegro que consagraba el ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965.

Importa precisar que la hipótesis normativa se aplica a los trabajadores particulares, de suerte que sus efectos no pueden extenderse a los trabajadores oficiales pues no puede perderse de vista que las normas del Código Sustantivo del Trabajo que disciplinan las relaciones individuales de trabajo, al igual que las disposiciones legales que las han modificado, adicionado o subrogado, solo cobijan a los trabajadores particulares, por mandato expreso y categórico de su artículo 3º. En consecuencia, no son aplicables tales disposiciones a los trabajadores oficiales, salvo norma que disponga expresamente lo contrario y, como lo ha precisado la Corte, las que establecen los principios del aludido código, que tienen alcance general.

Precisamente por tal razón, aunada al principio del efecto general inmediato de las leyes laborales, la Sala ha considerado que uno de los supuestos fácticos del reintegro mantenido por el parágrafo transitorio del artículo 50 de la Ley 50 de 1990 es el carácter de trabajador particular, a la fecha en que entró a regir este texto legal, de quien pretenda ese derecho. En sentencia de 11 de julio de 2003, Rad. 20.290, se asentó:

“Si por expresa definición legal y dentro de las hipótesis que la ley en principio regula, el ordinal 5º del artículo 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965, solo se aplica a los trabajadores particulares, es forzoso concluir que esta clase de servidores, para poder pretender con fundamento en dicha norma el restablecimiento de su contrato de trabajo, deben necesariamente acreditar que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990, no solo eran servidores particulares, sino que llevaban 10 o más años de servicio continuo a su empleador, por ser además, un hecho indiscutible, que los trabajadores oficiales no tienen contemplada la garantía del retorno a su empleo, a menos que sea pactado con apoyo en el mecanismo de la contratación colectiva”.

No escapa al criterio de la Corte que, según las previsiones del artículo 41 de la Ley 142 de 1994, los trabajadores que sirven los intereses de las empresas de servicios públicos domiciliarios, privadas o públicas, ostentarán la calidad jurídica de trabajadores particulares y estarán sometidos al Código Sustantivo del Trabajo y a lo que disponga dicha ley.

Empero, de cara al reintegro establecido en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, y conservado por el parágrafo del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, nada dispuso la norma en relación con los trabajadores oficiales que, cuando cobró vigor jurídico aquella, tenían esa calidad jurídica. Es decir, no diseñó el legislador una fórmula para que los servicios prestados por aquellos se apreciaran como si lo hubiesen sido por trabajadores particulares.

3. Por lo expuesto, se exhibe evidente que el tribunal se apartó de la inteligencia correcta del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que le hizo producir al artículo 41 de la Ley 142 de 1994 efectos retroactivos al tomar en consideración los servicios prestados por el actor como trabajador oficial antes de comenzar a regir dicha ley, para los efectos del reintegro conservado por el parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990. Con ese proceder, en verdad, desconoció situaciones o relaciones jurídicas consumadas al amparo de disposiciones anteriores a la Ley 142 de 1994, lo que le está prohibido por el citado artículo 16 de aquel tejido normativo.

Conforme se dejó sentado, el reintegro mantenido por el parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990 es un derecho que asiste a los trabajadores particulares o privados, de suerte que no se consagró a favor de los servidores vinculados al Estado por una atadura contractual de estirpe laboral».

(Sentencia de casación, 24 de noviembre de 2004. Radicación 23.774. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza).

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