Sentencia 23794 de octubre 12 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 23794

Acta 81

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Primer cargo

La sentencia acusada viola indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, los artículos 11, 20 y 30 del Decreto 1176 de 1991, en relación con los artículos 443, 186 a 192, 249, 306 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, y también los artículos 114 de la Ley 100 de 1993, los artículos 1625 y 1626, 1714, 1740, 1741 del Código Civil como los artículos 10, 2º y 3º de la Ley 52 de 1975. Y como normas de medio los artículos 151 del CPL y los artículos 90 y 306 del Código de Procedimiento Civil.

En la violación de las normas anteriores incurrió el tribunal por haber apreciado mal unas pruebas y haber dejado de apreciar otras.

Errores evidentes de hecho

Son errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa demandada cumplió los requisitos legales, para trasladar al nuevo régimen las cesantías de mi poderdante.

2. No dar por demostrado, siendo evidente, que en el traslado al nuevo régimen de cesantías que se intentó con mi mandante, se omitieron varias exigencias legales, sin que se cumplieran los requisitos para ese traslado.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que de la comunicación de folio 642 resulta corroborable que mi mandante se trasladó al nuevo régimen.

4. Dar por demostrado, sin ser cierto, que al momento de operarse el presunto cambio de régimen, la empresa efectuó la liquidación definitiva de esta prestación.

5. Dar por demostrado, sin ser cierto, que la demandada consignó oportunamente, el valor de la cesantía definitiva que correspondía al momento de efectuarse el presunto cambio de régimen.

6. Dar por demostrado, sin ser cierto, que en desarrollo del contrato de trabajo, las partes interpretaron que se había dado legalmente un cambio de régimen” (fls. 7, 8 y 9 del cdno. de la Corte).

En la demostración del cargo sostiene que para acogerse al nuevo régimen de cesantía se debe cumplir con los siguientes pasos o requisitos: comunicación escrita del trabajador al empleador señalando la fecha a partir de la cual se acoge al nuevo régimen, el empleador debe proceder a efectuar la liquidación definitiva del auxilio de cesantía junto con sus intereses legales, ese valor debe ser consignado antes del 15 de febrero del año siguiente en el fondo de cesantía que el trabajador elija y el 31 de diciembre de cada año el empleador debe continuar liquidando el valor definitivo de la cesantía y consignarla dentro de la fecha indicada. Aclara, que en el caso presente esos requisitos no se cumplieron, pues en los documentos que aparecen a folios 642, 234, 695 y 696, 200 y 700 no consta la fecha a partir de la cual el actor se acogió al nuevo sistema. Agrega, que esos mismos documentos no acreditan que la empresa hubiera efectuado la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, junto con sus intereses legales. Además, la empresa tampoco consignó la cesantía definitiva causada entre el 1º de marzo de 1988 y el 31 de diciembre de 1991, que el tribunal declaró prescrita. Con los documentos de los folios 362 a 385 se demuestra el salario básico del año de 1991 y con el certificado del folio 700 se acredita que solo se consignó un valor parcial de la cesantía, cuando lo que debió hacerse fue la consignación de la cesantía definitiva. De los documentos de folios 76, 78, 79, 81 y 82 se desprende el verdadero salario promedio en el año de 1991. Con fundamento en todo lo anterior, concluye que no es cierto que hubo cambio de régimen de cesantía o este fue irregular.

El opositor, presentó escrito extemporáneo.

IV. Consideraciones de la Corte

Se encuentra que en los errores evidentes de hecho que se le endilgan al tribunal, se incluyen aspectos jurídicos, como los requisitos para trasladarse al nuevo régimen de cesantía, lo que contraría la técnica del recurso extraordinario.

A pesar de que lo anterior sería suficiente para rechazar el cargo, se procede a su estudio.

El fundamento central del ataque radica en que no se cumplió con los requisitos legales para que el trabajador cambiara de régimen de cesantía.

Es cierto que el juez colegiado llegó a la conclusión de que dicho traslado se había efectuado, cuando en su providencia consignó al respecto “... cuando afirma que el actor se trasladó al (sic) y que resulta apenas corroborable con las documentales de folios 642 que da cuenta de la decisión del actor que sus cesantías fueran trasladadas a un fondo “Colpatria”, y así lo interpretaron en el desarrollo del vínculo laboral, como aparece a folios 234, así como lo acepta la parte demandante cuando en el escrito de folios 695 y 696 del expediente afirma que las cesantías de los años 91 a 94 fueron consignadas en el fondo Horizonte, como consta en el certificado de folio 200 del expediente.

De manera entonces, que, ante el traslado de régimen de cesantía del actor...” (fls. 709 y 710).

Veamos el contenido de los documentos citados por el juez ad quem:

1. El del folio 642. Se trata de una comunicación del actor a la empresa demandada fechada el 30 de enero de 1992, donde solicita que sus cesantías sean trasladadas a la corporación Colpatria, que es exactamente lo mismo que dijo el tribunal, y de la cual se desprende, lógicamente, que el señor Castillo Rodríguez se había cambiado al nuevo régimen de cesantía, y por lo tanto no se puede afirmar, como lo hace el recurrente, que se incumple con los requisitos legales al no indicar la fecha a partir de la cual se acoge, pues se podría entender que es a partir de la misma fecha de la comunicación, sin que por ello se incurra en error evidente.

2. El del folio 234. Contiene una estimación de cesantías titulada liquidación parcial de cesantías por todo el tiempo laborado, y en la que se discrimina la causada en el año de 1994, hasta el 30 de septiembre, por valor de $ 675.000, más intereses por $ 60.750; y un rubro que se designa como “valor a retirar en Colpatria”, por valor de $ 1.600.000. Acierta el tribunal cuando de él dedujo que el actor solicitó el traslado de sus cesantías a un fondo de cesantías, pues se ha de entender que la causada con anterioridad al año de 1994, año que apenas transcurría, estaba consignado en un fondo de esta naturaleza.

3. El de los folios 695 y 696. Se trata de un memorial suscrito por el apoderado del demandante y dirigido a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, donde textualmente se dijo: “En cuanto a cesantías consignadas en Horizonte, se tiene que para los años 1991 a 1994 es cierto se consignaron $ 1.402.500, conforme al certificado de ese fondo que presento” (fl. 696). Lo anterior coincide de manera exacta con lo dicho por el tribunal. Es cierto que a renglón seguido se manifiesta que esas consignaciones no se liquidaron con los verdaderos salarios (básico y comisiones), pero eso no contradice el hecho del cambio al nuevo régimen de cesantía. Además, el punto de los salarios para liquidar las cesantías es objeto de otro de los cargos.

4. El del folio 200. Le asiste razón a la censura en cuanto a que en realidad se trata es del folio 700. Contiene la comunicación de Horizonte Pensiones y Cesantías dirigida al doctor Jesús María Vega Muñoz, donde se detallan los aportes efectuados por la empresa Procam S.A. a favor del señor Pedro Pablo Castillo Rodríguez desde febrero de 1992 hasta junio de 1995. No encuentra la Sala contradicción alguna entre ese certificado y lo dicho por el tribunal al respecto.

Por lo expuesto, no incurrió el tribunal en los errores que se endilgan, y en consecuencia el cargo no prospera.

“Segundo cargo

La sentencia acusada viola directamente, por aplicación indebida, los numerales 1º y 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 98 de la misma ley, con los artículos 110, 2º y 3º del Decreto 1176 de 1991, el 249 del Código Sustantivo del Trabajo y el 1740 del Código Civil” (fl. 14 del cdno. de la Corte).

En la demostración del cargo sostiene que si el tribunal acepta que la empleadora dejó de consignar la totalidad de las cesantías correspondientes a los años 1992 a 1995, las que pagó mediante consignación dentro de este juicio, es porque no cumplió con la obligación de liquidarla los 31 de diciembre de cada año, y en consecuencia violó la norma que así lo ordena, es decir liquidación definitiva de la cesantía y consignarla antes del 15 de febrero del año siguiente.

V. Consideraciones de la Corte

El ataque se fundamenta, básicamente, en que el tribunal al establecer que las cesantías no fueron liquidadas de manera completa, al no incluir las comisiones por venta de cada período, y al haber concluido que esas diferencias quedaban cubiertas con la consignación judicial realizada en este proceso por la demandada, aplicó de manera indebida los numerales 1º y 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que ordenan realizar la liquidación definitiva de cesantía cada 31 de diciembre y consignarla antes del 15 de febrero del año siguiente.

Ha entendido la Sala que la aplicación indebida se presenta cuando la norma acusada se aplica a un caso no regulado por ella o se le hace producir un efecto que no corresponde al caso debatido, lo que no ocurre en el sub lite pues las aplicadas por el tribunal son las pertinentes.

Lo que plantea el recurrente se fundamenta en aspectos fácticos, tales como determinar el monto real de la cesantía de cada año, ajenos a la vía escogida y en consecuencia el cargo se desestima.

“Tercer cargo

La sentencia recurrida viola indirectamente, por aplicación indebida los artículos 249, y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 y los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 1176 de 1991 y como normas de medio los artículos 151 del CPL y 90 del Código de Procedimiento Civil.

En la violación de la ley que estoy señalando, incurrió el tribunal por haber apreciado mal unas pruebas y dejado de apreciar otras.

Errores evidentes de hecho

Dar por demostrado, sin ser cierto, que la cesantía causada con anterioridad al 16 de mayo de 1992, prescribió.

No dar por demostrado, siendo evidente, que el tiempo de prescripción de las cesantías causadas con anterioridad al 16 de mayo de 1992, que incluye la causada el 31 de diciembre de 1991, no se había cumplido” (fl. 16 del cdno. de la Corte).

En la demostración del cargo manifiesta que como el contrato de trabajo terminó el 6 de abril de 1995, la demanda se presentó cuando solo habían transcurrido un mes y 10 días y siendo el término de prescripción de 3 años, el tribunal se equivocó cuando le aplicó este fenómeno a los derechos causados con anterioridad al 16 de mayo de 1992.

“Cuarto cargo

La sentencia acusada viola directamente por interpretación errónea los ordinales 1º y 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 2º y el parágrafo del artículo 311 del Decreto 1176 de 1991, el inciso 1º del artículo 3º del mismo estatuto, en relación con los artículos 249 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo y como normas de medio los artículos 151 del CPL y 90 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 18 del cdno. de la Corte).

Reitera los planteamientos del cargo anterior, en cuanto a que la fecha para la exigibilidad de la cesantía es la terminación del contrato de trabajo, y no como lo entendió el tribunal que cada anualidad como obligación independiente se va haciendo exigible a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación. Aclara, que la ley lo que contempla para el empleador que no consigna oportunamente la cesantía es una sanción moratoria y no la prescripción, que sería premiarlo.

VI. Consideraciones de la Corte

En atención a que los cargos tercero y cuarto se refieren al fenómeno de la prescripción la Sala procede a su estudio y decisión de manera conjunta.

A pesar de que el cargo tercero se formula por la vía indirecta y se le atribuyen al tribunal dos supuestos errores de hecho, en realidad el punto en discusión es determinar a partir de cuándo se hace exigible el auxilio de cesantía dentro del régimen consagrado en la Ley 50 de 1990, y en consecuencia a partir de qué fecha se inicia el término de prescripción de dicho derecho, el tema es indiscutiblemente jurídico.

Es preciso recordar que a partir de la vigencia de la Ley 50 de 1990 en Colombia en relación con el auxilio de cesantía coexisten dos (2) sistemas de liquidación diferentes y excluyentes entre sí:

a) El sistema tradicional regulado por los artículos 249 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, con liquidación al terminar el contrato de trabajo, y

b) El sistema de liquidación definitiva anual y envío a los fondos de cesantías, creado por la Ley 50 de 1990.

En el presente caso, el tribunal dio por establecido y así lo acepta el recurrente, al formular el cuarto cargo por la vía directa, que el actor se acogió al nuevo régimen de cesantía es decir el establecido en la Ley 50 de 1990.

Por lo tanto, las normas que regulan la forma y oportunidad de liquidación del auxilio de cesantía del demandante son las de la mencionada Ley 50 de 1990, cuyos artículos pertinentes son del siguiente tenor:

“ART. 99.—El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. (...).

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes de 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”.

De lo anterior se desprende, de manera nítida, que en este régimen de cesantía se debe efectuar la liquidación de la misma anualmente y consignar su valor antes del 15 de febrero del año siguiente, fecha a partir de la cual se hace exigible y en consecuencia se inicia el término de prescripción de la respectiva acción, de conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del CPT y SS.

El recurrente acude a los artículos 2º y 3º del Decreto 1176 de 1991, reglamentario de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, para sostener que la cesantía se debe pagar al terminar el contrato de trabajo.

Es cierto que en el parágrafo del artículo 3º se dice que “La liquidación definitiva del auxilio de cesantía de que trata el presente artículo se hará en la forma prevista en los artículos 249 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo”.

Y la forma de liquidar la cesantía, prevista en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, es un mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por fracciones de año.

También es cierto que en ese mismo artículo se ordena pagar el auxilio de cesantía al terminar el contrato de trabajo, pero ya se vio al inicio de estas consideraciones, que el del código es el régimen tradicional que se aplica a los trabajadores vinculados por contrato de trabajo antes del 1º de enero de 1991, salvo aquellos que se hubieren acogido al nuevo sistema, como sucedió con el actor, y por lo tanto en su caso se debía liquidar anualmente y consignar antes del 15 de febrero del año siguiente, salvo el saldo de cesantía a favor del trabajador que no hubiere sido entregado al fondo, esto es el correspondiente al tiempo laborado en 1995 hasta el 10 de abril cuando terminó el vínculo laboral, cesantías que el tribunal no les aplicó el fenómeno prescriptivo. Además, el artículo citado en el cargo hace referencia a la forma de liquidar y no al momento de pagar.

Lo anterior está acorde con lo sostenido por esta Sala:

“Y se dio una modificación porque como el concepto de “obligación” es mirado desde la óptica del deudor, se deduce claramente de la regulación transcrita, que en ese nuevo régimen del auxilio de cesantía, la exigibilidad del mismo surge desde el 15 de febrero del año siguiente a aquel en que se realiza su liquidación, la que a su vez es definitiva para esa anualidad; además, si el empleador incumple con esa obligación, incurre en sanción moratoria. Estas circunstancias son las que permiten e imponen a la Sala sostener que cualquier controversia relativa a los términos en que el empleador, que es el obligado, cuantificó para el respectivo año dicha prestación social, deberá plantearse a partir de la fecha antes citada, pues el día 14 de ese mes es el límite que este tiene para depositar la cantidad correspondiente en el fondo de cesantía escogido por el trabajador y no incurrir en la sanción anotada. Sanción que se justifica porque existe una obligación a su cargo y no se ha cumplido oportunamente” (Rad. 8202-feb. 19/97).

Finalmente, anota el censor, que al aplicar la prescripción se estaría premiando al empleador incumplido y que además ya existe la sanción de pagar un día de salario por cada día de retardo.

Al respecto, es pertinente recurrir al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se consagra la indemnización por falta de pago a la terminación del contrato de trabajo, de salarios y prestaciones debidos, consistente en una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. Con fundamento en lo anterior, no se podría afirmar que el derecho a esos salarios y prestaciones no cancelados no prescribe, en atención a que se encuentran operando los llamados “salarios caídos”. Por el contrario, es claro, que el fenómeno de la prescripción tiene plena aplicación a partir del momento en que cada derecho se hizo exigible.

Resumiendo, como el actor se había acogido al nuevo sistema de cesantía, es decir, el de liquidación anual y consignación antes del 15 de febrero del año siguiente, su derecho se hizo exigible a partir de esa fecha para cada respectiva anualidad, y como la demanda se presentó el día 15 de mayo de 1995, no se equivocó el tribunal cuando le aplicó la prescripción a las cesantías causadas antes del 16 de mayo de 1992.

Los cargos tercero y cuarto no prosperan.

“Quinto cargo

La sentencia recurrida viola indirectamente, por aplicación indebida los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, los artículos 11, 21 y 31 del Decreto 1176 de 1991, en relación con los artículos 186 a 192, 249 y 306 del S.T., así como los artículos 1625, 1626, 1714, 1715 y 1716 del Código Civil

En la violación de las normas que he señalado, incurrió el tribunal por haber apreciado mal unas pruebas y haber dejado de apreciar otras.

Errores evidentes de hecho

Son errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin ser cierto, que el valor pagado a mi mandante por comisiones en 1992 fue de $ 8.600.937; cuando la verdad es que ese valor fue de $ 9.868.588. En consecuencia, afirma el tribunal la cesantía, en función de las comisiones, durante ese año fue de $ 716.744.75, cuando lo demostrado es que el valor de esa cesantía fue $ 822.382.33.

2. Dar por demostrado, sin ser cierto, que el valor de las comisiones en 1993 fue de $ 17.728.603; cuando en realidad ese valor fue de $ 20.010.196. En consecuencia concluye el tribunal que la cesantía, en función de comisiones, durante ese año fue de $ 1.477.383.58, cuando lo demostrado es que el valor de esa cesantía es de $ 1.667.51G.33 (sic).

3. Dar, por demostrado, sin ser cierto, que el valor de las comisiones en 1994 fue de $ 25.529.681, cuando en realidad ese valor fue de $ 27.157.357. En consecuencia dice el tribunal que la cesantía, en función de comisiones, durante ese año, fue de $ 2.127.473.41, cuando lo demostrado es que el valor de esa cesantía es de $ 2.263.113.08.

4. Dar por demostrado, sin ser cierto, que el valor de las comisiones 1995 fue de $ 4.000.000, cuando en realidad ese valor fue de $ 10.607.795. En consecuencia, sostiene el tribunal que la cesantía, en función de comisiones, durante ese año fue de $ 88.888.88, cuando la verdad es que el valor de esa cesantía es de $ 883.982.91.

5. Dar por demostrado, sin ser cierto, que el valor de los intereses sobre la cesantía y su sanción legal, por tos años 1992, 1993, 1994 y 1995 fue de $ 548.221.81, cuando lo que aparece acreditado es que la suma de esos intereses es de $ 1.352.878.80.

6. Dar por demostrado, sin ser cierto, que la suma consignada por cesantías resulta superior a lo que debía consignar, la demandada, cuando la verdad es que aquella suma es notoriamente inferior.

7. Dar por demostrado, sin ser cierto, que la suma consignada por primas de servicio resulta superior a lo que debía consignar la demandada por este concepto, cuando lo cierto es que aquella suma es muy inferior.

8. Dar por demostrado, sin ser cierto, que de la suma consignada para pagar cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicio, resultó a favor de la demandada un saldo de $ 824.174.95, que debía deducirse de los $ 2.553.520.06 de vacaciones, a título de compensación.

8A. No dar por demostrado, estándolo, que las sumas consignadas para pagar los conceptos a que se refiere la sentencia ni siquiera cubrieron el valor de las cesantías, intereses a la cesantía y primas de servicio que se debían, menos podía compensarse con valor compensatorio por vacaciones” (fls. 20 y 21 del cdno. de la Corte).

Con fundamento en los documentos señalados en el cargo como mal apreciados o no apreciados por el tribunal sostiene que las comisiones tenidas en cuenta en el fallo atacado no son las que realmente devengó el actor, y en consecuencia las sumas consignadas por concepto de cesantía, intereses de cesantía y primas no corresponden a lo legalmente debido.

VII. Consideraciones de la Corte

Acierta el recurrente en cuanto a los reparos que le hace a la sentencia del tribunal, en relación con los documentos visibles a folios 41 del anexo 2, y folios 24, 84, 85, 95, 115, 117, 125, 133 y 135 del cuaderno principal en cuanto a las comisiones devengadas por el actor, para efectos de liquidar el auxilio de cesantía.

En efecto para liquidar las comisiones correspondientes al año de 1992 el tribunal tuvo en cuenta los documentos que aparecen a folios 3, 28, 41 del cuaderno anexo 2, y folios 87, 89 y 91 del expediente principal, lo que le dio un total de $ 8.600.937, para un promedio mensual de $ 716.744.75.

Veamos el contenido de esos documentos:

1. Folio 3: comprobante de egreso 39482. Reajuste de fletes de los meses julio-agosto-septiembre de 1992 por valor de $ 1.500.000. Pagado el 24 septiembre de 1992.

2. Folio 28: comprobante de egreso 42350. Reajuste de fletes de julio a septiembre de 1992 por valor de $ 958.829. Pagado el 18 de diciembre de 1992.

3. Folio 41: comprobante de egreso 43898. Reajuste de fletes de octubre a diciembre de 1992 por valor de $ 1.500.000. Pagado el 16 de febrero de 1993.

4. Folio 87: comprobante de egreso 35122. Reajuste de fletes de enero-febrero de 1992 por valor de $ 1.980.299. Pagado el 11 de mayo de 1992.

5. Folio 89: comprobante de egreso 37198. Reajuste de fletes de abril-mayo y junio de 1992 por valor de $ 1.000.000. Pagado el 1º de julio de 1992.

6. Folio 91: comprobante de egreso 38710. Reajuste de fletes de abril-mayo y junio de 1992 por valor de $ 1.661.809. No aparece el sello de pagado, pero en la parte superior consta agosto 28.

Por su parte el recurrente tiene en cuenta los documentos que obran a folios 41 del anexo 2, como mal apreciado pues corresponde a comisiones pagadas el 16 de febrero de 1993, y como no apreciados los de los folios 84, 85 y 95 del cuaderno principal.

Veamos sus contenidos:

1. Folio 41: comprobante de egreso 43898. Reajuste de fletes de octubre a diciembre de 1992, por valor de $ 1.500.000. Pagado el 16 de febrero de 1993.

2. Folio 84: comprobante de egreso 32154. Reajuste de fletes de noviembre y diciembre de 1991 por valor de $ 714.842. Pagado el 2 de marzo de 1992.

3. Folio 85: comprobante de egreso 32164. Reajuste de fletes de enero a marzo de 1992 por valor de $ 1.000.000. Pagado el 2 de marzo de 1992.

4. Folio 95: comprobante de egreso 41048. Reajuste de fletes de julio a septiembre, no aparece el año, por valor de $ 1.083.211. Pagado el 20 de noviembre de 1992.

Es cierto que el pago consignado en el folio 41 del anexo 2 se hizo el 16 de febrero de 1993, pero esas comisiones correspondían a los meses de octubre a diciembre de 1992. El del folio 84 a los meses de noviembre y diciembre de 1991 que de conformidad con la fecha de presentación de la demanda ya habían prescrito y el del folio 95 no consta a qué año corresponde, pero aparece un sello de pagado el 20 de noviembre de 1992. Por lo tanto las comisiones realmente demostradas dentro del proceso son las siguientes:

1. Folio 3: $ 1.500.000

2. Folio 28 $ 958.829

3. Folio 41 $ 1.500.000

4. Folio 85 $ 1.000.000

5. Folio 87 $ 1.980.299

6. Folio 89 $ 1.000.000

7. Folio 91 $ 1.661.809

8. Folio 95 $ 1.083.211

Total $ 10.684.148 y promedio mensual de $ 890.345.66.

Para liquidar las comisiones del año de 1993 el tribunal tuvo en cuenta los certificados de los folios 101, 103, 105, 107, 109, 111 y 113 del cuaderno principal, lo que le dio un total de $ 17.728.603 para un promedio de 1.477.383.58.

El recurrente señala que no se apreció el comprobante de folio 115 y se apreció mal el comprobante del folio 41 del anexo 2.

El del folio 41 del anexo 2, aun cuando se pagó en febrero de 1993 correspondía a comisiones de los meses de octubre a diciembre de 1992, y por ello se contabilizaron dentro de las recibidas en ese año, es decir el de 1992.

En cuanto al del folio 115, es cierto que se trata de comisiones de los meses de octubre a diciembre de 1993 por valor de $ 1.500.000 y pagado el 30 de diciembre de 1993. En consecuencia las comisiones correspondientes al año de 1993 fueron:

1. Folio 101: $ 2.855.593

2. Folio 103: $ 1.500.000

3. Folio 105: $ 2.746.796

4. Folio 107: $ 3.688.906

5. Folio 109: $ 1.500.000

6. Folio 111: $ 3.218.901

7. Folio 113: $ 1.500.000

8. Folio 115: $ 1.500.000

9. Folio 117: $ 2.074.744

Total $ 20.584.940 y promedio mensual de $ 1.715.411.60.

Para liquidar las comisiones del año de 1994 el tribunal se basó en los documentos que aparecen en los folios 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133 y 135 para un promedio mensual de $ 2.127.473.41.

El recurrente anota que el tribunal omitió sumar el folio 125, apreció mal los folios 133 y 135 pues fueron pagados en el año de 1995 y dejó de apreciar el del folio 117.

Acierta en cuanto a que no se sumó el valor consignado en el folio 125 y se dejó de apreciar el folio 117, pero el valor consignado en el recibo 56970-1 se debe agregar a lo recibido en el año de 1993, pues ese pago es el valor de la diferencia de las comisiones de los meses de octubre a diciembre de 1993. En relación con los folios 133 y 135 es cierto que fueron pagados en el mes de marzo de 1995 pero correspondían a comisiones de los meses de septiembre a diciembre de 1994.

Por lo tanto las comisiones del año de 1994 fueron:

1. Folio 119: $ 1.500.000

2. Folio 121: $ 2.000.000

3. Folio 123: $ 2.000.000

4. Folio 125: $ 2.040.123

5. Folio 127: $ 3.000.000

6. Folio 129: $ 4.241.100

7. Folio 131: $ 6.837.716

8. Folio 133: $ 4.000.000

9. Folio 135: $ 1.950.865

Total $ 27.569.804 promedio mensual $ 2.297.483.60.

Para liquidar las comisiones de período de 1º de enero a 10 de abril de 1995, el tribunal tomó como valor $ 4.000.000 para un promedio mensual de $ 333.333.33 y una diferencia a favor del actor por esa fracción de $ 88.888.88.

El recurrente precisa que el tribunal apreció mal los comprobantes visibles a folios 133 y 135 y dejó de apreciar la consignación que aparece a folio 24.

En cuanto a los documentos de los folios 133 y 135 ya se dijo que a pesar de haber sido cancelados en el mes de marzo de 1995, correspondían a comisiones de los meses de septiembre a diciembre de 1994, y por ello no se equivocó el tribunal al incluirlos dentro de las comisiones del año de 1994.

Es cierto que en el folio 24 consta un reajuste de comisiones por valor de $ 656.930, pero no aparece a qué período corresponde.

En conclusión las diferencias por cesantías son:

1992: $ 890.345.66

1993: $ 1.715.411.60

1994: $ 2.297.483

1995: $ 88.888.88

Total $ 4.992.129.60 suma inferior a lo consignado por la empresa por ese concepto que fue de $ 5.096.689 (fl. 24).

El tribunal al liquidar los intereses de cesantía obtuvo la suma de $ 548.221.81. Con los datos comprobados por la Sala en sede instancia resultan $ 599.055.48, más una suma igual por concepto de sanción por mora, un total de $ 1.198.110.90.

Sostiene el recurrente que el tribunal no apreció los documentos donde constan las comisiones recibidas por el actor en el año de 1991, y no lo hizo porque consideró que ese período había prescrito, aspecto que comparte esta Sala.

En cuanto a los años 1992, 1993, 1994 y 1995 ya la corporación realizó el estudio sobre los documentos pertinentes en los apartes precedentes.

En relación con las primas de servicios el tribunal llegó a las siguientes cifras:

1. 1992: $ 716.744.75, pues la empresa había cancelado la suma de $ 320.000 (fls. 352 y 339).

2. 1993: $ 1.477.383.58, en atención a que la entidad demandada pagó $ 700.000 (fls. 327 y 315).

3. 1994: $ 2.127.473.41, que es la diferencia frente a los $ 900.000 que pagó la empresa (fls. 296 y 270 A).

4. 1995: $ 88.888.88, en consideración a que ya se había cancelado la suma de $ 24.000 (fl. 414). Con fundamento en lo anterior se obtuvo un total de $ 4.410.490.62.

El recurrente se apoya en los mismos documentos señalados en relación con el auxilio de cesantía, los que al ser estudiados por la Sala arrojaron un total de $ 4.992.129.60 suma inferior a la que consignó la empresa por concepto de primas semestrales $ 5.096.689 (fl. 24).

Por todo lo expuesto el cargo sería próspero, pero como al actuar en sede de instancia se llegaría a la misma conclusión, como se demostró con el estudio de los documentos y las operaciones respectivas, el cargo no prospera.

“Sexto cargo

La sentencia acusada viola indirectamente, por aplicación indebida el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 249 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 como los artículos 10, 2º y 3º del Decreto 1176 de 1991 así mismo los artículos 1625, 1626, 1714, 1715 y 1716 del Código Civil.

En la violación de los artículos que estoy señalando incurrió el tribunal por haber dejado de apreciar unas pruebas y haber apreciado mal otras.

Errores evidentes de hecho

Son errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin ser cierto, que el hecho de que mi mandante terminó unilateralmente el contrato de trabajo, acredita ausencia de malicia o indebida conducta de la demandada”.

2. Dar por demostrado, sin ser cierto, que la presunción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, se desvirtúa porque eran funciones de mi mandante y estaban bajo su cargo, el manejo de “las acreencias laborales” y además, “quien, disponía de la ordenación del pago de salarios tanto de los trabajadores de la demandada como de los propios suyos”.

3. Dar por demostrado, no siendo cierto, que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es aplicable al caso, porque en este proceso la demandada solo resultó deudora de “valores” que esencialmente no generan esta indemnización, cuando lo cierto es que aún se deben primas y cesantía.

4. Dar por demostrado, sin ser cierto, que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no es aplicable al caso porque la demandada pagó las diferencias prestacionales mediante título judicial; cuando la verdad es que esa consignación no cubrió el valor que aún se debe por primas y cesantía.

5. Dar por demostrado, sin ser cierto, que la presunción de mala fe que consagra el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo se desvirtúa con lo afirmado por la parte demandante en el memorial de conclusión de folio 662; cuando la verdad legal es que esa presunción se predica no del trabajador sino de la empleadora” (fls. 25 y 26 del cdno. de la Corte).

En la demostración del cargo sostiene que la presunción de mala fe que consagra el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo se refiere al empleador y en consecuencia no se puede derivar de la decisión del trabajador de dar por terminado el contrato de trabajo.

Precisa, que dentro de la funciones del gerente no aparece la de ordenar los pagos de salarios, incluyendo los suyos, pues el tesorero era el depositario de los valores pecuniarios y los títulos que los representan.

Al no haber pagado la empresa en forma completa la cesantía y primas de servicio, como se desprende de las pruebas no apreciadas o mal estimadas se generó la indemnización moratoria.

“Séptimo cargo

La sentencia acusada viola directamente, por interpretación errónea, el artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 249 del mismo código, los artículos 96 y 99 de la Ley 50 de 1990 y los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 1176 de 1991; así como los artículos 1516 del Código Civil y los incisos 2º y 3º del artículo 66 de la misma obra” (fl. 31 del cdno. de la Corte).

En la demostración del cargo sostiene que la ley presume la mala fe del empleador y por lo tanto es este quien debe presentar las pruebas que lo exoneren de esa presunción, y por ello se equivoca el tribunal cuando no aplicó el artículo 65 porque no hay evidencia de mala fe, pues esta se presume en lo casos de mora en el pago de prestaciones sociales y salarios.

VIII. Consideraciones de la Corte

En consideración a que los cargos sexto y séptimo hacen relación a la indemnización moratoria, la Sala procede a su estudio y decisión de manera conjunta.

Es cierto que la sola presentación de una renuncia por parte del trabajador no exonera al empleador incumplido de la sanción moratoria.

Pero lo que hizo el tribunal, luego de analizar el cargo desempeñado por el actor y las características especiales del mismo fue concluir que no se evidencia mala fe en la conducta de la demandada. Es innegable que el gerente de una empresa, en su calidad de tal, debe estar al tanto del manejo contable de la misma, incluyendo, lógicamente el pago adecuado de los salarios de los empleados, entre ellos los suyos.

El tribunal para absolver por concepto de indemnización moratoria, se fundó en una reiterada doctrina de esta corporación, en cuanto que dicha sanción no opera de manera automática, sino que el proceder del empleador demandado, puede demostrar que su proceder estuvo desprovisto de mala fe. En el presente caso, se tuvo en cuenta el cargo desempeñado por el actor y sobre todo que la empresa consignó las diferencias prestacionales. Por lo tanto, se puede afirmar que el entendimiento que el fallador de segunda instancia le dio al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es el adecuado.

Pero, además, de conformidad con las operaciones realizadas por la Sala ya se vio que la empresa no adeuda suma alguna por concepto de salarios y prestaciones sociales y en consecuencia no es procedente imponer la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo que se considera violado por el tribunal.

No prosperan los cargos sexto y séptimo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 12 de diciembre de 2003, en el proceso seguido por Pedro Pablo Castillo Rodríguez contra Propietarios de Camiones Sociedad Anónima, Procam S.A.

Sin costas en el recurso extraordinario, en atención a que no hubo oposición oportuna.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto, debo salvar mi voto en el presente asunto, por las razones que a continuación expongo:

Es verdad de a puño que el auxilio de cesantía es una prestación social. Y cualquiera que sea su objetivo o su filosofía, su denominador común es que el trabajador solo puede disponer libremente de su importe cuando se termina el contrato de trabajo que lo liga con su empleador, pues durante la vigencia de su vínculo, es igualmente sabido, no puede acceder al mismo sino en casos especiales que están regulados por la ley, en los cuales se ejerce fundamentalmente una tutela gubernamental que procura que sea correcta la destinación de los pagos que por anticipos parciales de cesantía recibe el asalariado. En cambio, cuando el contrato de trabajo finaliza, el trabajador puede disfrutar sin cortapisa alguna de dicha prestación, pues la obligación del empleador en ese momento es la de entregarla directamente a quien fue su servidor.

Ese denominador común no varió con la expedición de la Ley 50 de 1990, que sustancialmente cambió el sistema de liquidación del auxilio de cesantía, pues si antes se liquidaba bajo el sistema conocido como de la retroactividad, ahora, desde la vigencia de dicha ley se liquida anualmente con unas características que en seguida se precisarán.

El artículo 99 de la citada Ley 50 de 1990, contiene seis numerales, de los cuales importan al presente asunto los cuatro primeros, que analizados integralmente y aún uno por uno, llevan a la indiscutible conclusión de que la prescripción del auxilio de cesantía de la forma regulada por el citado precepto, empieza a contarse desde la terminación del contrato de trabajo.

En efecto:

El numeral 1º determina que el 31 de diciembre de cada año el empleador debe hacer la liquidación del auxilio de cesantía correspondiente al año calendario respectivo o por la fracción de este, sin perjuicio de la que debe efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. Es decir que cuando el trabajador labora todo el año calendario completo, a 31 de diciembre de ese año se le debe liquidar el auxilio, liquidación que tendrá el carácter definitivo, lo que igual ocurre cuando trabaja una fracción del año. No obstante, cuando el contrato de trabajo se termine en fecha diferente, la liquidación deberá abarcar el período comprendido entre el 1º de enero del año respectivo y el día en que el contrato de trabajo finalice.

El numeral 2º dispone que el empleador de acuerdo con la ley debe cancelar al trabajador los intereses sobre el auxilio a la tasa del 12% anual o proporcional por fracción sobre el monto liquidado por la anualidad o por la fracción de año.

El numeral 3º establece la obligación para el empleador de consignar en un fondo antes del 15 de febrero del año siguiente al de la liquidación, el monto del auxilio de cesantía correspondiente a la anualidad anterior o a la fracción de esta. Si el empleador no efectúa la consignación, deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

Y el numeral 4º, que tiene una absoluta claridad que emana de su propio tenor literal, preceptúa que si a la terminación del contrato de trabajo existieren saldos a favor del trabajador que el empleador no haya consignado al fondo, deberá pagarlos directamente al asalariado junto con los intereses legales respectivos.

Así las cosas, se reitera nuevamente que el nuevo sistema legal de liquidación del auxilio de cesantía no modificó la fecha de causación o de exigibilidad de la referida prestación social. Simplemente y desde luego de manera radical, cambió la forma de su liquidación. Pero en lo demás, mantuvo la misma orientación tradicional en cuanto solo a la finalización del vínculo contractual laboral, el ex trabajador debía recibirlo y usarlo como a bien lo tuviera sin las limitaciones exigidas en los casos en que durante la vigencia del contrato necesitara anticipos parciales o préstamos sobre el mismo.

El hecho de que el empleador renuente a la consignación le implique el pago de un día de salario por cada día de retardo, no significa que el término de prescripción como modo de extinguir una obligación, empiece desde la fecha límite que tenía para consignar, pues no es eso lo que regula el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sino otra cosa bien diferente y que ya atrás quedó manifestado, pues de otro lado tampoco debe olvidarse que dicha sanción solo va hasta la finalización del contrato de trabajo, ya que en este momento la obligación de consignar se convierte en otra, cual es la de pagar directamente al trabajador los saldos adeudados por auxilio de cesantía, inclusive los no consignados en el fondo, sin perjuicio de que la sanción por mora que de ahí en adelante se pueda imponer sea la prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por tanto, la obligación de consignar que tiene el empleador no supone que su omisión en ese sentido haga exigible desde entonces el auxilio de cesantía correspondiente a la anualidad o fracción de año en que se causó, pues la exigibilidad de esa prestación social, en estricto sentido lógico jurídico —y en ello debo ser reiterativo—, se inicia desde la terminación del contrato de trabajo, momento en que de acuerdo con el numeral 4º, del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, surge para el empleador la obligación de entregar directamente a su ex servidor los saldos de cesantía que no haya consignado en el fondo, así como los intereses legales sobre ellos que tampoco hubiere cancelado con anterioridad.

Por lo anterior, conforme a la norma en comento, la obligación de consignar para el empleador, es como se acaba de anotar, debiendo de buena fe consignarle en el respectivo fondo lo que le corresponda en forma completa al trabajador. De modo que si no lo hace, deberá someterse a la condigna sanción por la mora, sin quejamos ese incumplimiento se traduzca en un perjuicio y sanción para el trabajador, castigándolo con la prescripción extintiva cuando el operario no requiere al patrono para que consigne al fondo de cesantía, figura aquella que resultaría siendo una condena para quien por inercia en el ejercicio de las acciones para reclamar sus derechos, no las instaura en el término de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del CPL y de la SS, lo que no puede ocurrir en este evento, porque se insiste, el trabajador sólo puede reclamar la totalidad de su cesantía cuando termina la relación laboral, pudiendo acudir para su entrega, bien al fondo de cesantía o al empleador si no las ha consignado en todo el tiempo, lo que quiere decir que mientras esté vigente la relación laboral, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social, lo cual se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 25, 53 y 58 de la Carta Política; 254, 255 y 256 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º del Decreto 2076 de 1967, 1º a 7º del Decreto 22 de 1978; 83 de la Ley 79 de 1988; 46 de Ley 9ª de 1989; 166 del Decreto-Ley 663 de 1993 y 1º, 2º y 3º del Decreto Reglamentario 2795 de 1991.

Lamentablemente otra fue la conclusión mayoritaria de la Sala, en la que se confundió la obligación de consignar y la sanción moratoria con la exigibilidad del monto liquidado, lo que no corresponde con la correcta hermenéutica no sólo de las citadas disposiciones, sino del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Fecha ut supra.

Luis Javier Osorio López 

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