Sentencia 23798 de febrero 24 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 23798 de 2005

Acta 16

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación que interpuso María Paulina Restrepo de Arroyave contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, proferida el 28 de enero de 2004, en el proceso ordinario laboral promovido contra el Instituto de Seguros Sociales, seccional Valle del Cauca.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la oposición cuando afirma que la recurrente involucra aspectos fácticos en el desarrollo de los cargos enfilados por el sendero del puro derecho, porque en realidad sólo se refieren a una cuestión jurídica relacionada con la vigencia en el tiempo de la ley, aparte de que al comienzo la impugnante dijo estar de acuerdo con las conclusiones fácticas del tribunal.

En esencia, como argumento central de la decisión que adoptó, el tribunal sostuvo que teniendo en cuenta que la actora cumplió los 55 años de edad el 1º de enero de 1990 y el Acuerdo 49 de 1990, que se expidió el 1º de febrero de 1990, no es una norma de carácter retroactivo, en relación con el derecho de aquella a la pensión de vejez debe aplicarse el artículo 1º del Acuerdo 29 de 1983, según el cual, en lo que es pertinente al caso, para tener derecho a la pensión de vejez se requiere acreditar un mínimo de semanas de cotización, pagadas durante los últimos 20 años anteriores a la fecha de solicitud. Y como encontró que entre el 5 de junio de 1975 y el 5 de junio de 1995, fecha en que reclamó la pensión por vejez, la demandante acreditó 312.8571 semanas, concluyó que no tenía derecho a esa prestación.

Por su parte, la recurrente sostiene que su situación pensional debe ser gobernada por el Acuerdo 49 de 1990, por cuanto el cumplimiento de los 55 años bajo la vigencia del Acuerdo 29 de 1983 no significa que su derecho quedó definido bajo el amparo de esa normatividad.

En el derecho del trabajo y en el de la seguridad social ha prevalecido la tesis según la cual las normas legales que consagran derechos laborales o prestacionales son inmediatamente aplicables sin ser verdaderamente retroactivas. Se ha admitido que la nueva ley pueda regular contratos de trabajo o situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a su promulgación pero que se hallen en curso, esto es, que no se hayan extinguido o consolidado. A este fenómeno jurídico, bien se sabe, se le ha denominado retrospectividad de la ley.

En tratándose de derechos para cuya adquisición se precisa del transcurso de un período de tiempo prolongado, cual acontece con las prestaciones que atienden la vejez, es claro que una reciente ley que se expida modificando los requisitos para obtener el derecho, necesariamente deberá mirar hacia el pasado, pues habrá de encontrarse con una o varias situaciones que se encuentren en desarrollo; así, el tiempo de prestación de servicios o de cotizaciones al sistema y, desde luego, la edad de quien aspira a beneficiarse de la prestación.

No puede considerarse, entonces, que exista una aplicación retroactiva de la ley nueva cuando se utilice respecto de situaciones surgidas con anterioridad a su vigencia, pero que no estén consumadas, porque sería tanto como admitir que el deudor de la obligación consolidó, estando en vigor la ley antigua, un derecho a no pagar.

Por esa razón, ha dicho esta Sala de la Corte:

“una cosa es tomar en consideración hechos acaecidos en el pasado para hacerles producir efectos futuros y otra muy diferente, y que nuestra ley no consagra, es la transformación ex post facto de tales hechos por virtud de una ley que no regía al momento en que tuvieron ocurrencia” (Sent., Sec. Segunda, mayo 14/87, Rad. 0574).

La circunstancia de que una norma cambie los requisitos que establecía la disposición que la antecedió para adquirir el derecho a la pensión de vejez, no significa en modo alguno que las nuevas exigencias que se fijen no puedan ser cumplidas por los afiliados al régimen de pensiones que no tuvieron posibilidad de satisfacer las instituidas por la norma modificada, pues, como es apenas natural, dado su carácter retrospectivo, el nuevo precepto tendrá plena aptitud jurídica para gobernar las situaciones que estén avanzando, con mayor razón, como quedó dicho, si se trata de una disposición que establece requisitos que para ser cabalmente adquiridos precisan de un largo lapso y que, por esa razón, pueden verse alterados por nuevas regulaciones. A juicio de la Corte, no entenderlo de esa manera entrañaría que los destinatarios de la norma nueva no puedan beneficiarse de los cambios que esta introduzca, lo que, desde luego, no se compadecería con la especial naturaleza de las prestaciones que atienden el riesgo de vejez, ni con los principios, que, desde la Ley 90 de 1946, orientan la seguridad social en Colombia.

Así las cosas, no existe ninguna razón para que se impida que el derecho a la pensión sea cobijado por las disposiciones de una nueva normatividad, pues en cuanto el afiliado mantenga esa condición y no haya cumplido los requisitos para obtener tal prestación, podrá seguir avanzando hacia la consolidación de ellos, porque quien pretenda pensionarse, si no ha satisfecho las exigencias reclamadas por la ley, tiene el derecho a continuar en su búsqueda.

Por otra parte, el cumplimiento de la edad determinada en las normas que establecen los requisitos para acceder a las prestaciones que para cubrir el riesgo de vejez otorga el sistema de seguridad social no puede ser considerado como un hecho que dé lugar a una situación jurídica concreta porque, de ser así, no sería posible que los afiliados a dicho sistema pudiesen cumplir los restantes requisitos con posterioridad a la llegada de la edad respectiva.

Es claro que, frente a los requisitos exigidos en el Acuerdo 29 de 1983 la posibilidad de la demandante para obtener el derecho a la pensión deprecada quedó definido, en cuanto no cumplió la densidad de cotizaciones en las condiciones allí exigidas, ni le era posible hacerlo en vigencia de ese precepto. Pero no puede predicarse lo mismo respecto de las normas que sucedieron al mencionado acuerdo porque, de conformidad con lo explicado en precedencia, tenían vocación jurídica para regular las situaciones que venían en desarrollo.

Fuerza entonces concluir que la situación pensional de la demandante no quedó definida cuando cumplió los 55 años de edad. Y si la forma de contabilizar las cotizaciones requeridas para obtener el derecho a la pensión fue modificada después de ese suceso, es claro que por mantener la condición de afiliada y no haberse extinguido jurídicamente la posibilidad de seguir cotizando al sistema, no puede considerarse que la eventualidad de acceder a un beneficio prestacional para atender su vejez quedó para ella extinguida con la derogatoria del Acuerdo 29 de 1983.

En consecuencia, como el derecho para adquirir su pensión no se había consumado cuando entró a regir el Acuerdo 49 de 1990, las disposiciones de este estatuto eran aplicables.

De suerte que el tribunal incurrió en los desaciertos que le reprocha la censura al considerar que para efectos de establecer si la actora tenía derecho a la pensión que demanda no resultaba pertinente el antedicho Acuerdo 49 de 1990.

Los cargos, por lo tanto prosperan y habrá de casarse la sentencia en los términos solicitados por la recurrente, sin que sea necesario estudiar el tercero.

Para mejor proveer y previamente a proferir el fallo de instancia, se ordena oficiar al Instituto de Seguros Sociales seccional Valle del Cauca para que certifique los salarios semanales sobre los cuales cotizó en las últimas cien (100) semanas la afiliada María Paulina Restrepo de Arroyave, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 29.637.222.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, de fecha 28 de enero de 2004, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por María Paulina Restrepo de Arroyave contra el Instituto de Seguros Sociales seccional Valle del Cauca.

Se ordena que por secretaría se libre el oficio señalado para, una vez obtenida la certificación a que allí se alude, pronunciar el respectivo fallo de instancia.

Sin costas en casación.

Se reconoce a la doctora Mirna Montealegre Cornejo, con tarjeta profesional Nº 116418, como apoderada del Instituto de Seguros Sociales, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 69 del cuaderno de la Corte.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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