Sentencia 23805 de marzo 10 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 23805 de 2005

Acta 27

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil cinco.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Rafael Castillo García, contra la sentencia del 27 de enero de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario que el recurrente le promovió al Banco Central Hipotecario —en liquidación— BCH.

Antecedentes

Rafael Castillo García demandó al Banco Central Hipotecario en liquidación, para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, se condene al reconocimiento y pago de la cesantía definitiva, los intereses a la cesantía, primas de servicio, vacaciones, indemnización por despido injusto, pensión vitalicia de jubilación con retroactividad al 22 de febrero de 1999, los salarios moratorios y las costas del proceso.

Afirma que a partir del 1º de enero de 1976 se vinculó como abogado externo de la demandada, ratificado mediante carta del 9 de junio del mismo año; que desde su vinculación se configuró clara subordinación, consistente en la permanente exigencia de informes escritos de la entidad sobre el estado de los diferentes procesos, la asistencia obligatoria a reuniones, la obligación de promover algunos procesos ejecutivos sin derecho a percibir honorarios, la asistencia obligatoria a cursos de capacitación, ajustar sus actuaciones como abogado a los procedimientos y manuales predeterminados —como el de seguir ciertos modelos en la elaboración de escritos y demandas—, el cobro de honorarios en determinadas épocas, entre otras. Que esos servicios los prestó de manera personal hasta el mes de marzo de 1999, cuando el banco, sin justa causa y por decisión unilateral, dejó de enviarle negocios, pero le siguió dando órdenes e instrucciones, como las que se aprecian en la carta del 22 de febrero de 1999; que la entidad con el objeto de prevenir cualquier demanda laboral, a principios del año 1992, le hizo llegar un modelo de escrito, fechado en octubre de 1989, en donde le manifestaba que sus servicios no implicaban dependencia laboral con ella y que únicamente tendría derecho a los emolumentos expresamente convenidos y sin lugar a prestaciones sociales; que la mencionada carta la envió a todos los abogados externos con la amenaza de que si no la “elaborábamos y presentábamos”, serían desvinculados del banco, lo cual constituye una coacción; que sus honorarios en los últimos 5 años ascendieron en promedio entre $ 4.000.000 y $ 6.000.000, lo cual constituye un verdadero salario; que no fue afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, por cuanto en esa época no existía tal entidad; que actualmente cuenta con 62 años, ya que nació el 28 de marzo de 1938, y que mediante carta del 14 de noviembre de 2000, le reclamó a la demandada el pago de sus prestaciones sociales y su pensión de jubilación, con lo cual agotó la vía gubernativa.

La entidad en la contestación de la demanda se opuso a las pretensiones impetradas; negó unos hechos y de otros dijo no constarle. Sostuvo que el actor estuvo vinculado mediante una prestación de servicios de carácter civil, sin el cumplimiento de horarios, con sus propios medios, sin subordinación y facturando a título de honorarios profesionales los servicios prestados. Como excepciones formuló las que denominó: “Prescripción” e “Inexistencia de la obligación”.

La primera instancia terminó con sentencia del 15 de noviembre de 2002, en la que se absolvió a la entidad bancaria demandada de todas y cada una de las peticiones de la demanda.

La sentencia del tribunal

Apeló el actor, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por sentencia del 27 de enero de 2004, confirmó en todas sus partes la que fue objeto de alzada.

El tribunal, luego de referirse a los documentos visibles entre folios 10 a 102, al igual que extractar algunos apartes de las versiones suministradas por Carmen Cecilia Romero de Caviedes y Fernando Herazo Girón (fls. 155 a 161), concluyó textualmente

“Todo contrato al generar obligaciones implica que cada una de las partes debe adoptar frente a la otra un comportamiento (que bien puede ser de dar, de hacer o no hacer o todas estas circunstancias combinadas) el cual limita la independencia original de cada una de ellas. Desde esta perspectiva puede afirmarse que todo contrato genera una especie de subordinación o dependencia. Desde esa perspectiva puede afirmarse que todo contrato genera una especie de subordinación o dependencia(sic).

Lo que caracteriza el contrato de trabajo es el grado de dependencia, el cual es mucho más acentuado que en otra clase de contratos, incluso en aquellos cuyo objeto es la prestación de determinados servicios por parte del obligado.

Tan cierto es lo acabado de anotar que autores como Juan D. Ramírez Gronda sostiene en su obra El contrato de trabajo que “la subordinación no es nota exclusiva del contrato de trabajo, porque en mayor o menor grado, aparece contenida también en la locación de servicios y en el mandato” (Buenos Aires, 1945, pág. 185).

De manera que dentro del desarrollo propio de los contratos de mandato cabe cierta subordinación que recientes fallos de la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia han resaltado, como lo ha recordado el a quo en la parte motiva de su sentencia al invocar los proferidos el 4 de mayo (Rad. 15678) y el 6 de septiembre de 2001 (Rad. 16062).

Y es que el que se dé cierta vigilancia o control, e incluso el que se den ciertas instrucciones, no desnaturaliza la esencia civil o comercial de aquellos contratos en que va involucrada la prestación personal de servicios.

No existe duda alguna respecto a que lo que las partes quisieron pactar fue un contrato de estirpe distinta al laboral. Ello lo subraya el mismo actor al expresar en el curso del interrogatorio de parte que absolvió que su vinculación inicial devino en laborar por haberse dado en su desarrollo, según su concepto, la subordinación propia de esta figura jurídica.

¿Ahora bien, se puede concluir que los controles, la vigilancia y las instrucciones dadas por el ente accionado desbordan el ámbito de la contratación civil?

Quien demanda se obligó a realizar una labor personal, posiblemente originada en su prestigio y su experiencia como abogado civilista o comercialista, luego nada tiene de raro que el banco le resaltara su intervención en ciertos momentos críticos y decisivos de los procesos que tenía a su cargo.

Tampoco desvirtúa la naturaleza civil o laboral de la relación el tener que rendir informes cada cierto tiempo. Lo mismo ocurre con todos los clientes que necesitan de los servicios de los profesionales del derecho sin que por ello se deba concluir que en esos casos siempre ha de estarse a un contrato de trabajo.

El que se den ciertas instrucciones respecto a la forma como deben desarrollarse las labores es circunstancia que también puede darse en prestaciones personales de servicio de carácter no laboral. Se puede, por ejemplo, contratar un retratista solicitándole emplee ciertas técnicas o resalte ciertas características de la imagen que reproduce en su pincel sin que se esté ante la subordinación propia de la relación empleaticia(sic).

En cuanto a las reuniones de convivencia o a la asistencia a seminarios o conferencias, ha de anotarse, en primer lugar, que de acuerdo a las pruebas que militan en el plenario, no tuvieron la frecuencia de que se duele el actor al sustentar el recurso ante el a quo, pues ellas apenas llegan a la decena en un lapso de más de 20 años. También debe anotarse que la preocupación por concertar políticas comunes en el manejo de los procesos y la preocupación por actualizar a los abogados externos en el manejo de temas tan complejos como el de los créditos upaquizados no constituye una manifestación categórica del elemento subordinación.

En suma, ni de los documentos allegados al plenario ni de la declaración rendida por Fernandio(sic) Herazo Girón se concluye que el control, la vigilancia y las instrucciones dadas por el Banco Central Hipotecario haya traspasado los terrenos del contrato de mandato e invadido los propios del contrato de trabajo”.

El recurso de casación

Fue propuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por esta corporación, se procede a resolver, previo estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica.

En el alcance de su impugnación el censor solicita:

“Con el presente se pretende que la honorable Corte Suprema de Justicia se digne casar la sentencia acusada y, consecuencialmente, actuando como tribunal de instancia, revoque la sentencia de primer grado y acceda a las súplicas de la demanda, condenando en costas como es de rigor”.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, dirige contra la sentencia del tribunal un solo cargo.

Cargo único

“La sentencia impugnada es indirectamente violatoria, en la modalidad de aplicación indebida de las normas sustanciales contenidas en los artículos: 1º, 11, 12 y 17 de la Ley 6ª de 1945; 1º, 4º, 20, 27 y 52 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945; 1º del Decreto Reglamentario 797 de 1949; 1º Decreto 2567 de 1946; 1.6 Decreto 1160 de 1947; 1º Decreto 2755 de 1966; 11 Decreto 3135 de 1968; 51 Decreto 1848 de 1969; 32 y 33 Decreto-Ley 1045 de 1978; 1 y siguientes; Decreto 1919 de 2002; Ley 70 de 1978 y Decreto Reglamentario 1978 de 1989; Ley 100 de 1993; artículos 25 y 53 Constitución Política”.

Afirma el recurrente, que el quebranto de la ley se produjo, como consecuencia de la apreciación equivocada de las pruebas documentales auténticas aportadas por el actor y que obran a folios 16, 20 a 25, 45, 56, 62, 63, 65, 67, 69, 85, 87, 88, 92 y 97, así como de la declaración recibida a Fernando Antonio Herazo Girón (fls. 157 a 161) y a Carmen Cecilia Romero de Caviedes (fls. 155 a 157).

El único error que le endilga a la sentencia del tribunal y que lo cataloga como evidente, es el de “no haber dado por demostrado que entre las partes existió un contrato de trabajo y, como consecuencia de ello, haber confirmado la sentencia de primer grado en tanto absolvió a la empresa demandada de todas y cada una de pretensiones (sic) deprecadas por el actor”.

En la demostración del cargo, el demandante, después de citar algunos tratadistas y extractar ciertos apartes en relación con el elemento de la subordinación en el contrato de trabajo, así como, de jurisprudencia del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, manifiesta que para demostrar la relación laboral existente entre las partes, aportó al proceso una serie de documentos provenientes del banco, los cuales son una muestra del poder de autoridad y mando que ejercitó sobre él a lo largo de su actividad profesional, para lo cual singulariza la documental que denunció en el ataque. Que con las amenazas contenidas, por vía de ejemplo a folios 56 y 92, es obvio colegir que debía cumplir órdenes e instrucciones emanadas de la demandada, esencialmente por conducto de la oficina jurídica, porque de lo contrario se le privaría de su fuente de trabajo, como en ellas claramente se advierte.

Que en consecuencia, resulta evidente la existencia del elemento o potestad subordinante ejercida por el banco en la ejecución de la relación laboral, configurándose la existencia del yerro endilgado. Que la declaración de Fernando Antonio Girón (fls. 157 a 161) confirma el ejercicio de la potestad de mando que ejercían los representantes del banco sobre los abogados externos, como si realmente fueran trabajadores suyos. Termina expresando, qué si bien en los contratos civiles y comerciales pueden existir obligaciones en la rendición de informes periódicos o la concurrencia de determinadas reuniones de evaluación y proyección del trabajo, jamás ellas pueden indicar un poder de mando y autoridad a la contraparte, en tanto tales instrucciones, órdenes o citaciones no son el producto normal de la consensualidad sino del poder subordinante propio de la relación laboral, como en el sub lite, donde la autonomía del actor no era completa ni real, ya que debió someterse a un sinnúmero de instrucciones, órdenes y prescripciones emanadas de los representantes de la entidad, hasta llegar inclusive a la prevención de concluir el vínculo laboral si a ellas no se sometía.

La réplica

Sostiene el opositor que el tribunal asentó atinadamente en la sentencia impugnada, que entre las partes no existió contrato de trabajo, sino un contrato de mandato, dentro del cual caben perfectamente ciertas instrucciones que no desnaturalizan la esencia civil o comercial en que va involucrada la prestación personal del servicio. Que el esfuerzo hecho en el desarrollo del cargo por el recurrente, resulta infructuoso por cuanto se limita a dar su opinión personal sobre la manera como ha debido el ad quem valorar las pruebas que se denuncian, alejándose de la realidad en lo que ellas demuestran. Que el hecho de no corresponder el análisis del juez con los intereses de la parte, no significa que se incursione en el yerro fáctico señalado, máxime que del acervo probatorio salta a la vista que el actor era abogado externo del banco con autonomía e independencia y nunca ostentó la calidad de trabajador subordinado.

En su apoyo transcribe algunos apartes de las sentencias del 13 de noviembre de 2003, radicación 20770 y del 4 de mayo de 2001, radicación 15678.

Se considera

Reitera la Corte, como de tiempo atrás lo ha sostenido, que el censor está en la obligación de controvertir todos y cada uno de los fundamentos de hecho o de derecho que le sirvieron de soporte al tribunal para adoptar la decisión controvertida, so pena de que la misma permanezca inalterable, por quedar cimentada en aquellos supuestos que no fueron cuestionados en el recurso.

Lo anterior, por cuanto si bien es cierto que el recurrente denuncia como equivocadamente apreciados, varios de los medios probatorios que utilizó el tribunal para inferir la inexistencia del contrato de trabajo pregonado por el actor, omite hacer lo propio en relación con otros elementos de convicción que también analizó. En este orden nada expresó respecto del interrogatorio que absolvió la parte demandante y los documentos visibles a folios 10 al 102 y 106 a 109 del expediente que, pese a que algunos relaciona en el cargo, no involucra su totalidad, como era su obligación hacerlo.

Aun cuando la anterior irregularidad sería suficiente para despachar el cargo, por quedar incólume la sentencia atacada con base en los medios de prueba que no fueron denunciados, al confrontarse la providencia recurrida con lo que emerge de la realidad procesal, igual suerte seguiría la acusación impetrada, ya que no se evidencia la configuración del yerro fáctico que se le enrostra al ad quem, y menos con la característica de ser ostensible o protuberante como se exige en casación.

Así se afirma, porque pese a que de las pruebas que se enuncian como equivocadamente apreciadas, se deduce que el banco le impartía al actor una serie de instrucciones y obligaciones que este debía cumplir, entre otras, la presentación periódica de informes, la asistencia a reuniones, la entrega de formatos sobre juicios ejecutivos hipotecarios, la manera de manejar los desistimientos y el proceder para lograr las notificaciones, tal imposición no tiene la virtualidad de configurar automáticamente el elemento subordinación que es propio de los contratos de trabajo.

La anterior inferencia adquiere mayor relevancia, frente a la figura, del contrato de mandato prevista en el Código Civil, en la que, sin existir dependencia del mandatario frente al mandante, se generan obligaciones recíprocas entre ambas partes, similares a las que acataba el demandante en este juicio, como abogado externo que fue de la entidad bancaria demandada, esto es, el cumplimiento de su gestión conforme a las instrucciones que se le impartieron, la rendición de cuentas sobre su actividad, etc.

La subordinación laboral que caracteriza el contrato de trabajo y que debe demostrarse cuando se pretenda aducir la condición de trabajador dependiente, es aquella que corresponde, según criterios doctrinarios y jurisprudenciales, a ese poder jurídico permanente del empleador para dirigir el oficio laboral del trabajador, mediante órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, respecto a la manera como este debe realizar las funciones y acatar las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa. De suerte que en tal ejercicio se destaca, no solo el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el disciplinario que el empleador ejerce sobre este para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de su organización.

Con todo, es menester precisar que aun cuando la diversidad de obligaciones que se derivan de los distintos tipos de contrato existentes en nuestro ordenamiento jurídico, representan de algún modo un grado de subordinación de quien ejecuta el servicio en relación con la persona que la contrata, no por ello, se desnaturaliza el vínculo acordado. De esta suerte, se concluye que en el caso de autos, el actor en ejercicio de una profesión liberal como lo es la abogacía, gestionó asuntos judiciales en representación de la demanda en cumplimiento de un contrato de naturaleza ajena al campo laboral.

Al efecto, vale la pena rememorar lo expuesto por la Corte en sentencia del 17 de julio de 2001, radicación 16208, donde en relación con el tema que ocupa la atención en esta oportunidad, se dijo:

“El hecho de que una persona natural o jurídica otorgue poder general a un abogado para que la represente ante las autoridades judiciales o administrativas, atienda un número indeterminado de litigios en que aquella actúe como demandante o demandada o se notifique de demandas, en modo alguno le confiere a este en forma automática la condición de empleado ni mucho menos significa que sea por ello subordinado o dependiente de su poderdante.

Es que no se puede olvidar que de conformidad con el artículo 2144 del Código Civil “Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona (y el ejercicio de la abogacía conlleva por antonomasia la facultad de representación), respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato” (entre paréntesis, fuera del texto). Tampoco puede perderse de vista que por el mandato se confía a otro la gestión de uno o más negocios, que el mismo puede ser remunerado o gratuito y que en tal virtud puede el mandante trazar instrucciones al mandatario y este queda obligado a acatarlas.

Partiendo de esos postulados legales, no constituye en todo caso error protuberante de hecho lo deducido por el tribunal, por cuanto las condiciones que han quedado descritas, por el contrario, muestran que la relación objeto de examen, estuvo más bien regida por un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil.

Puede agregarse a lo dicho, que la circunstancia de que el mandato encomendado signifique el control y la vigilancia del contratante sobre la manera en que se ejecutan las obligaciones contractuales o el deber de rendir informes periódicos sobre ellas, no constituye en sí misma prueba de una relación dependiente por cuanto todo contrato, como atrás se explicó, comporta una serie de compromisos, cuyo imperioso cumplimiento por parte del contratista no es signo de la continuada subordinación que requiere el vínculo laboral. En el evento concreto que ahora se examina la obligación del demandante de notificarse y contestar las demandas presentadas contra la empresa contratante en modo alguno supone una relación de dependencia de aquel frente a esta, sino sencillamente el cumplimiento de sus deberes como mandatario”.

Por lo visto el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario, serán a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 27 de enero de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que Rafael Castillo García le promovió al Banco Central Hipotecario en liquidación-BCH.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Gustavo José Gnecco MendozaCarlos Isaac NáderEduardo López VillegasLuis Javier Osorio LópezFrancisco Javier Ricaurte GómezIsaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

______________________________