Sentencia 23865 de mayo 5 de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad: 23865

Acta 48

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo dos mil cinco (2005).

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia del Tribunal de Barranquilla, dictada el 11 de diciembre de 2003 en el proceso ordinario laboral que promovió CLAY HENRY CARDONA HERNÁNDEZ contra la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLÁNTICO LTDA., Coolitoral, y contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

I. Antecedentes

Clay Henry Cardona Hernández demandó a Coolitoral para que se declare que tiene con esa empresa un contrato de trabajo que se inició el 8 de mayo de 1992 y en virtud del cual prestó sus servicios como conductor y para el momento de la presentación de la demanda como “intermedio despachador”; que se declare igualmente que es afiliado del Seguro Social, Seccional Barranquilla y que sufrió un accidente de trabajo el 14 de junio de 1996 como consecuencia del cual perdió el ojo izquierdo.

Con base en esas declaraciones pidió que Coolitoral y/o el Seguro Social fuesen condenados a pagarle la indemnización por pérdida del ojo izquierdo por causa de accidente de trabajo y de conformidad con la tabla establecida en el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuantía de $12.000.000, indemnización de perjuicios materiales y morales en cuantía de $48.000.000 y la pensión de invalidez.

Para fundamentar las pretensiones afirmó que entre él y Coolitoral se suscribió un contrato de trabajo para desempeñar el cargo de conductor y despachador, contrato que se inició el 8 de mayo de 1992 (y que se encontraba vigente para la fecha de presentación de la demanda); que el 14 de junio de 1996 sufrió un accidente de trabajo en el parqueadero donde Coolitoral guarda los vehículos automotores de transporte de pasajeros que le produjo la pérdida de la visión por el ojo izquierdo. Afirma que el día del accidente llegó al parqueadero donde guardaba el automotor y al remover los tanques del aire acondicionado para expulsar el agua y el aceite acumulado recibió un golpe fuerte en el parietal izquierdo que le produjo visión borrosa. Agrega que en varias oportunidades su señora acudió a pedir cita al Seguro Social, donde encontró dificultades por la entrega tardía de las tarjetas de afiliación. Finalmente fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas que dieron como resultado la imposibilidad de recuperar la visión, como consecuencia de la falta de atención originada en que la empresa demandada no se encontraba a paz y salvo con el Seguro Social y porque la pérdida del ojo no fue reportada por la empleadora como accidente de trabajo sino como enfermedad general.

Coolitoral contestó la demanda diciendo que no le constaba el hecho del accidente de trabajo y poniendo de presente que el Seguro Social ha venido tratando el caso del demandante como enfermedad general y no como accidente de trabajo, como resulta de los documentos aportados al proceso con la demanda. De otro lado, propuso las excepciones de falta de causa e inexistencia de la obligación.

El Seguro Social también se opuso a las pretensiones del actor e invocó la excepción de inexistencia del derecho sobre la base de que no le fue reportado el accidente de trabajo y que atendió al demandante mediante un extenso y costoso tratamiento. Por otra parte, dijo que el demandante reclama un derecho que no se ha consolidado porque no está demostrado que haya sufrido la pérdida parcial o total del órgano izquierdo de la visión.

El Juzgado Segundo Laboral de Barranquilla, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2001, absolvió a los demandados.

II. La sentencia del tribunal

La parte demandante interpuso el recurso de apelación en contra de la providencia anterior y el Tribunal de Barranquilla, en la sentencia aquí acusada, la confirmó.

En la sentencia el Tribunal le dio inició a las consideraciones que fundamentaron su decisión con la definición de enfermedad profesional del artículo 11 del Decreto 1295 de 1994 y con una referencia al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo relativo a la culpa patronal en el accidente de trabajo.

Sin ofrecer precisión alguna sobre la incidencia de esas normas sobre la enfermedad profesional y el accidente de trabajo en el caso de autos, dijo el Tribunal que la controversia gira alrededor del reconocimiento de una indemnización por la pérdida del ojo izquierdo, producto de un accidente de trabajo, ocurrido el día 14 de junio de 1996, del pago de la indemnización de perjuicios materiales y morales por la dicha pérdida y del reconocimiento de la pensión de invalidez.

Observó que los testigos Andrés Osorio Mesa y Eliécer Bonadiez Pernett fueron acordes en declarar que “el demandante llegó al parqueadero entre las 6:00 y 7:00 p.m. a guardar el bus y que cuando se metió debajo a abrir las mangueras del carro le cayó encima un líquido y que cuando se echó para atrás se golpeó con el chasis del carro la cabeza del lado izquierdo, y que el demandante no se había dado cuenta de que estaba sangrando hasta que ellos le dijeron y que una vez transcurrió esto, se fue”.

Y anotó el Tribunal:

“Por lo cual le es dable a la Sala concluir que el accidente tuvo ocurrencia cuando ya había terminado la jornada laboral por lo cual no pudo ser comunicado en forma inmediata el suceso a la empresa y en el expediente tampoco se observa que obre documento alguno que demuestre que el trabajador manifestó a la demandada acerca del acaecimiento del hecho. Por lo cual la demandada no puede hacerse responsable de la agravación que se presente en las lesiones por no haber dado el trabajador este aviso o haberlo demorado sin justa causa”.

En seguida examinó el Tribunal el testimonio del Dr. Daniel Alvis González quien fuera médico tratante del demandante y expresó que al ser interrogado el testigo si el padecimiento del actor “fue consecuencia de una enfermedad común o un accidente de trabajo, o que si por el contrario existía duda y no la plena convicción de cuál fue la causa que dio origen a esta respondió que en medicina no hay absolutos”.

Igualmente examinó el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, del cual extractó que el absolvente afirmó que en forma verbal reportó la ocurrencia del accidente porque el doctor Reales le hizo caer en cuenta que había pasado mucho tiempo y que al preguntársele el por qué si había sido incapacitado por más de cinco meses por enfermedad general no había reclamado al Seguro, contestó que no había tenido quién lo orientara.

Analizó los documentos de folios 199, 202 y 282 emitidos por el Seguro Social, que indican, según la sentencia, que una vez estudiado el puesto de trabajo se recomendó su reubicación y que en ellos se diagnosticó una enfermedad de origen común. Y el del folio 226 del médico laboral de la seccional del Atlántico donde se dice que el demandante fue remitido para una posible pensión por enfermedad común.

En seguida anotó:

“Entonces al realizar el análisis del acervo probatorio encontrado en el expediente se puede concluir que en el proceso se afirma, contrario a lo dictaminado por el ISS, que su enfermedad no es de origen común, sino de origen profesional, lo cual debía ser demostrado en el proceso, pero no se hizo, ya que no hay dictamen médico del ISS o de médico laboral que así lo determine, además que al demandante se le realizaron en forma oportuna todos de los beneficios de la asistencia médica para el tratamiento de su enfermedad de origen común. Y al no existir comunicación del accidente por parte del trabajador a la empresa se le dio el trámite que ordinariamente se presenta cuando se dan este tipo de situaciones, y una vez se le otorgó incapacidad por enfermedad de origen común la demandada hizo lo propio cancelando el valor de la misma, por lo cual mal podría concederle pensión de invalidez máxime si tampoco demostró que hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

III. El recurso de casación

Persigue que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y en su lugar acceda a las súplicas de la demanda, así: 1. Que se declare que el demandante sufrió un accidente de trabajo el 14 de junio de 1996 que repercutió en la pérdida de la visión del ojo izquierdo; 2. Que por la sobreviniente incapacidad del demandante se condene al Seguro Social o a Coolitoral al reconocimiento y pago de la pensión que corresponda por invalidez. Y 3. Que se condene a los demandados al pago de la indemnización por los perjuicios morales y materiales por la pérdida del órgano visual.

Con esa finalidad el recurrente formula tres cargos contra la sentencia del Tribunal, que fueron replicados por Coolitoral. No hizo lo propio el Seguro Social.

Primer cargo

Acusa la aplicación indebida indirecta del artículo 11 del Decreto 1295 de 1994 “...al interpretar erróneamente las pruebas, es decir, por que niega el mérito de convicción de las pruebas...”.

Al final del cargo precisa los errores de hecho manifiestos. En efecto, bajo el título “INCIDENCIAS EN EL FALLO”, el recurrente dice que el Tribunal incurrió en error fáctico “consiste en no hallar probado, estándolo, que efectivamente se produjo un accidente de trabajo, en haber tenido un juicio erróneo sobre lo vertido por los declarantes médicos del Seguro Social y por qué no halló la información del accidente, cuando cierto es, como se desprende del conocimiento de los médicos que asistieron al demandante y que reconocen haberse equivocado en su dictamen inicial, que si sabían de que no se trataba de una enfermedad común y que el lugar del accidente de trabajo fue en el parqueadero utilizado para guardar los vehículos al terminar la jornada de trabajo. Que lo más probable es que la pérdida de la visión del ojo izquierdo obedeció a un trauma y éste implicó también, la pérdida de la retina. Que si existen dictámenes y conceptos médicos obrando en el proceso, contrario a lo afirmado en la sentencia recurrida”.

Señala como medios de convicción erróneamente apreciados por el Tribunal el oficio de remisión y valoración del folio 199, los testimonios de Andrés Miguel Osorio Mesa, Eliécer Bonadiez Pernett y Oscar Daniel Alvis González, así como el interrogatorio del demandante.

Bajo el título “CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA” la censura presenta una serie de transcripciones de la sentencia impugnada en orden a mostrar cuáles fueron las probanzas que fundamentaron la decisión.

En seguida aborda el análisis de las pruebas acusadas, que a su juicio demuestran lo siguiente:

1. La prueba de remisión y valoración del Seguro Social de folios 199 y siguientes ponen en evidencia: a) Que el demandante perdió la visión del ojo izquierdo; b) Que además se presentó desprendimiento de retina, siendo ésta una enfermedad común; c) Que la miopía del ojo derecho se encuentra en estado avanzado; y d) Que la capacidad visual total es de un 25%.

Dice el recurrente que ese documento, que posteriormente fue allegado al expediente mediante comunicación firmada por el Dr. Rubén Darío Vega, médico laboral de la Seccional Atlántico (folios 225 y siguientes) no fue tachado de falso y está autenticado, por lo que ha de dársele valor probatorio.

2. Los testimonios de Andrés Miguel Osorio Mesa, Eliécer Bonadiez Pernett, personas que trabajaban en el parqueadero donde, según ellos dentro de la jornada de trabajo el demandante se golpeó con el chasis del automotor que conducía, le sirven al recurrente para presentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales ocurrió ese hecho.

3. El Testimonio del médico del Seguro Social Oscar Daniel Alvis González, médico del Seguro Social que trató al demandante, que presenta el recurso en algunos pasajes de su declaración y del cual concluye que el problema del ojo izquierdo del demandante no fue consecuencia de una enfermedad de origen común sino de un trauma que lógicamente debe entenderse como una consecuencia del accidente de trabajo.

4. La declaración de parte rendida por el actor, que según el cargo demuestra que el trabajador le informó a los demandados sobre la ocurrencia del accidente de trabajo, “De tal manera que si el trabajador dio aviso de lo ocurrido verbalmente ha de creérsele pues no existe rigurosidad ni solemnidad alguna para tal efecto. Entonces lo aplicable son las normas sobre accidentes de trabajo y no las de enfermedades profesionales que son cosas diferentes”.

Después anota:

“Como la exoneración de las demandadas se fundamenta frente a la Empresa Coolitoral, en que no existe responsabilidad, según artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo porque presuntamente el trabajador no informó oportunamente, pero sí se enteró la demandada de la situación que padecía su trabajador, entre otras cosas por las incapacidades que al pronto se conocieron. Se trata de observar si el hecho de no informarse oportunamente exonera a la demandada de la obligación de dar el trámite correspondiente, informar al ISS, cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo como en el caso sub judice.

“En cuanto al Seguro Social, qué responsabilidad tiene si conocía, como conocieron los médicos, anestesistas, etc., al operar de urgencia, cinco días después del accidente al señor CLAY HENRY CARDONA HERNÁNDEZ. ¿Por qué no ofició a la empresa para que informara lo que había ocurrido con el trabajador? El vaticinio equivocado del médico oftalmólogo que remitió con supuesta luxación del cristalino que terminó en otra enfermedad probablemente ocasionada por trauma parietal no debe exonerar, tampoco, a esta institución. Ahora si el golpe sufrido en el lado izquierdo de la cabeza al comienzo no fue considerado como grave por el trabajador, es a los médicos a quienes corresponde dar el diagnóstico preciso, pero, como queda establecido, se equivocaron, y dieron al paciente un tratamiento de enfermedad común, cuando lo probado es que se trataba de un accidente profesional, pero distorsionaron la situación por yerro en el concepto médico”.

Sostiene, además, que se probó la pérdida de la capacidad laboral del 50% o más, por cuanto se diagnosticó la pérdida de la visión del ojo izquierdo y su reducción en un 25%.

Anota, por último:

“Por lo que de tenerse en cuenta lo vertido y probado en cuanto a los hechos, el Tribunal ha debido aplicar no el artículo 11 del Decreto 1295 de 1994, que habla de las enfermedades profesionales sino aquellas que se refieren a los accidentes de trabajo; en el caso de la Empresa Coolitoral por no informar al Seguro Social oportunamente o aun extemporáneamente sobre el accidente de trabajo conforme al artículo 21 del 1295 de 1994 y en consecuencia a reconocer las obligaciones por culpa comprobada del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo o a Seguro Social por ocultar las condiciones del accidente de trabajo y las consecuencias conocidas para el paciente”.

En el escrito de oposición Coolitoral solicita la desestimación del cargo mediante un planteamiento que resume la cuestión probatoria del proceso orientado a defender la sentencia acusada.

IV. Consideraciones de la Corte

El cargo no cumple la exigencia del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que le impone al recurrente la necesidad de indicar la norma sustancial que se estime violada, ya que el artículo 11 del Decreto 1295 de 1994 define la enfermedad profesional y no los derechos que el actor reclama le sean reconocidos, dado que según el alcance de la impugnación y el desarrollo mismo del cargo, con este recurso extraordinario pretende, además de una declaración judicial sobre el accidente de trabajo, el reconocimiento de la pensión de invalidez y el pago de perjuicios materiales y morales, lo que obligaba la denuncia de las normas sustanciales que establecen esos derechos.

De otro lado, la censura acusa la errada apreciación del documento del folio 199, así como la equivocada apreciación de testimonios y del interrogatorio de parte rendido por el demandante.

Pero, como la finalidad del cargo es la demostración del accidente de trabajo, el aviso del mismo al empleador y al Seguro Social y la pérdida de la capacidad laboral, el documento del folio 199 está lejos de cumplir ese objetivo porque se trata simplemente de una recomendación que hiciera el médico de salud ocupacional al Seguro Social para que la empleadora reubicara a CARDONA HERNÁNDEZ en un puesto distinto al de conductor, poniendo de presente que no debía ser expuesto a radiaciones solares y habría de realizar el trabajo exclusivamente bajo sombra y en jornada diurna.

Por cuanto el citado documento del folio 199 no demuestra los supuestos básicos de la cuestión litigiosa, no es posible superar la limitación prevista por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 para examinar la prueba testimonial, como quiera que conforme a tal precepto legal en la casación del trabajo el error manifiesto de hecho sólo puede fundarse en la falta de apreciación o en la apreciación errónea de la confesión judicial, el documento auténtico y la inspección judicial y porque la jurisprudencia de esta Sala sólo ha admitido el examen de otras pruebas, como la testimonial, cuando el recurrente ha demostrado que en el fallo acusado se ha incurrido en error de hecho manifiesto derivado de la valoración de la prueba calificada.

De otro lado, el interrogatorio de parte que rindiera el demandante no es prueba de las declaraciones que emitió en su propio beneficio, ya que según el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil es requisito de la confesión que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.

Segundo cargo

Acusa la infracción indirecta de los artículos 11 del Decreto 1295 de 1994 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, “...aplicación indebida que hizo incurrir al Tribunal en error de hecho por falta de apreciación de pruebas allegadas oportunamente y que a continuación relaciono”:

Reseña como pruebas dejadas de apreciar el examen médico de admisión del folio 171, el certificado del 21 de octubre de 1991 extendido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Regional Atlántico, donde se establece que el demandante padece de miopía, la certificación de la óptica 84 de 16 de octubre de 1991, la hoja de remisión a Medicina Laboral, de la División Médica del Seguro Social de folios 203, 204 y 205 y la copia de autoliquidación del Seguro Social de folios 249 y 250.

Para la demostración dice:

1. El examen médico de admisión indica que el demandante no padecía enfermedad alguna al momento de firmar el contrato de trabajo.

2. La certificaciones del Ministerio de Trabajo y de la óptica 84 de Barranquilla revelan que efectivamente el demandante padecía de la miopía y renunció a las prestaciones de conformidad con al artículo 340 del Código Sustantivo del Trabajo derivadas de esas condiciones de la visión.

3. La Hoja de remisión a Medicina Laboral establece: “Pérdida de visión del ojo izquierdo secundario a desprendimiento de retina y que padece miopía avanzada en el ojo derecho” (folio 203), lo que es una prueba evidente de la pérdida de la visión del ojo izquierdo. Además, señala al respaldo de ese folio que la etiología es un trauma, con pronóstico “reservado” y “se solicita después con la Empresa la conducta a seguir con ese paciente”.

Y agrega que en el siguiente folio, el 204, se indica que al “paciente que según certificado adjunto del retinólogo ha perdido la visión del ojo izquierdo” se le recomienda cambio de oficio dentro de la empresa, “pero al parecer la empresa ha hecho caso omiso de la recomendación” por lo que se pone de presente un pronóstico “malo” del paciente.

4. Los documentos de autoliquidación del Seguro Social pretenden probar que Coolitoral siempre estuvo a paz y salvo, pero no desvirtúan la demanda, en el sentido de que esa empresa no se encontraba a paz y salvo, razón por la cual no reportó el accidente de trabajo al Seguro. Los documentos citados dejan entrever la fecha de pago bancario que corresponden al 11 de julio de 1996 y al 22 de agosto del mismo año (folio 249) y como el pago es oportuno dentro de los primeros diez días de cada mes, en la de julio hay un retraso de un día, en la de agosto de once días y en la de junio, fecha del insuceso no se aportó la correspondiente autoliquidación, por lo cual, dice el recurrente, si no informaron del accidente es porque la empresa no se encontraban a paz y salvo y la atención que le dieron al trabajador fue común por no estar con la calidad de afiliado activo del Seguro Social, por lo cual la sociedad demandada no quedó exonerada de culpa como lo dijo el sentenciador.

Bajo el título “INCIDENCIA EN EL FALLO” anota el recurrente:

“Estas pruebas tienen una gran incidencia en el fallo acusado. Por cuanto considera el ad quem que <su enfermedad, (la del demandante) no es de origen común, sino de origen profesional, lo cual debía ser demostrado en el proceso pero no se hizo, ya que no hay dictamen médico del ISS o de médico laboral que así lo determine,...>. Como se aprecia si hay pruebas no sólo de la ocurrencia del accidente sino de la pérdida de visión del ojo izquierdo y además de la visión general del actor, del 25% que establece una evidente disminución de su capacidad laboral. Además de la urgencia como fue atendido por el ISS. Los conceptos son de personal médico del ISS o adscrito como los del Dr. Carlos. Abdala Caballero (fol 12, 54, 55, 56) entre otros.

“Es relevante lo que manifiesta uno de estos documentos: Al respaldo del (fol. 203) se informa sobre la causa de las condiciones del paciente que la etiología es un trauma, que el pronóstico es “reservado” y “se solicita después con la Empresa la conducta a seguir con ese paciente”. Es claro que al ser operado el paciente se desvirtúo el diagnóstico inicial pero, al comprobarse que se trataba de un accidente de trabajo el ISS procuró mantener al paciente con diagnóstico de “enfermedad común”; “la conducta a seguir con el paciente”, es muestra de su equivocación inicial y del problema que se había generado por no haber requerido a la empresa desde el resultado de la primera operación y de COOLITORAL por no haber informado aun extemporáneamente. La H. Corte ha dicho que hay enfermedades que no pueden preverse en el tiempo pueden ocurrir posterior a la fecha del accidente, pero en mi concepto no quiere decir que el accidente no ocurrió, o atribuir responsabilidad al trabajador, como lo hace el ISS por no cumplirse con la ritualidad de la información, que indica en la contestación de la demanda, cuando se sabe que el trabajador insistió en su accidente y en que fuera atendido y posteriormente intervenido con carácter de urgencia, denotando la gravedad del diagnóstico conocido por los médicos que le asistieron.

“Por lo cual el error en que incurre el ad quem es el de dejar de estimar el examen médico de admisión y la certificación del Ministerio de trabajo, indispensable “Para, como dice la Resolución 6398 de 1991, artículo 3, parágrafo, determinar el carácter profesional de enfermedades o de invalidez de los trabajadores que ingresen con posterioridad a la vigencia de la presente resolución...” Al respecto cabe recordar que el ingreso a la empresa COOLITORAL se efectuó el ocho (8) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992), es decir, después de promulgada dicha norma.

“Como la litis se traba fundamentalmente en determinar si la pérdida de la visión del ojo izquierdo obedeció o no a un accidente de trabajo la estimación de estas pruebas constituye una necesidad para el estudio del contexto probatorio con los alcances ya indicados. Desestimar, como lo hizo el Tribunal, las pruebas que obran a folios 203 y s.s. del ISS, inciden en el fallo notablemente, pues comparado con el examen médico de admisión nos indican cómo ingreso al trabajo el paciente, sin evidencias de enfermedad o lesión en la visión y fue considerado apto para ejercer su profesión, (fol. 171). Y en qué condiciones se encuentra luego del accidente, máxime cuando no padecía ninguna enfermedad patológica anterior, de donde se prueba que sí se encontraba en excelentes o buenas condiciones de salud. Algo pasó, para que de urgencias haya sido atendido e intervenido quirúrgicamente y no fue la miopía ni las cataratas sino un hecho mayor que terminó con pérdida total de la visión y de manera intempestiva. Por lo que cabe concluir que efectivamente se trató de un accidente de trabajo y que tanto los facultativos del ISS incluidos los de medicina laboral sabían no se trataba de enfermedad común sino de un accidente de trabajo, así mismo lo conocía la Empresa Coolitoral.

“En cuanto a la Empresa Coolitoral, no demostró que estaba a Paz y Salvo con el ISS, razón por la que no informó del accidente al ISS, y este hecho que lo encubre el fallador con un no oportuno aviso, pero que si sabían de sus incapacidades y de sus sufrimientos, por lo que esta actitud patronal no debe servir para exonerar a la empresa de su culpabilidad, según el artículo 216, porque está probado el accidente y la negligencia para informar de éste al ISS.

“De tal manera, queda demostrado que la norma que sirve de sustento de la sentencia recurrida, artículo 11 del Decreto 1295 de 1994 no se acuña o es indebidamente aplicada al caso objeto de la litis y en consecuencia las normas aconsejables son las concernientes a los accidentes de trabajo bien para la Empresa Coolitoral o bien para el ISS”.

En el escrito de oposición Coolitoral presenta un planteamiento similar al que presentó en el cargo anterior para defender la sentencia del Tribunal.

V. Consideraciones de la Corte

En este cargo la proposición jurídica es insuficiente pues igualmente se omite citar las normas legales que consagran los derechos que pretende el demandante e involucra adicionalmente con norma violada el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, con lo que genera dudas acerca de si realmente la acusación debe resolverse bajo los supuestos que consagra esa disposición legal que, como es sabido, establece que cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado el empleador a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de manera que para reclamar con buen suceso los perjuicios materiales y morales el trabajador asume la carga de afirmar y probar que hubo un accidente de trabajo y que ese accidente se debió a culpa del patrono.

Sin embargo, en ninguno de los hechos de la demanda se planteó esa culpa patronal, que es específica, es decir, comprende hechos u omisiones imputables al empleador que inciden necesariamente en un daño físico en la humanidad del trabajador, lo que en este asunto consistiría en que el golpe que el demandante sufrió en el parietal izquierdo fue el resultado de acciones u omisiones culposas de Coolitoral. Con esto se quiere significar que la culpa patronal a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no es la negligencia de la empresa en dar oportuno aviso al Seguro Social y menos la negligencia del Seguro en atender oportunamente a quien requiere de su asistencia médica, quirúrgica u hospitalaria, como equivocadamente y como único argumento lo alega una y otra vez el recurrente.

Además, como es claro que en la propia demanda inicial del proceso el demandante no alegó hecho alguno relativo a la culpa patronal del artículo 216 citado, la reclamación de los perjuicios materiales y morales habría sido improcedente, de manera que en instancia y con mayor razón en este recurso extraordinario, la pretensión indemnizatoria estaría llamada al fracaso.

Y como en este cargo se denuncia la sentencia por la violación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y está demostrado que la indemnización allí prevista no podía tener acogida ni en instancia y por fuerza tampoco en casación, esta acusación adolece de una manifiesta falla estructural.

Con todo, aun cuando la formulación del cargo no es lo suficientemente clara, entiende la Corte que el recurrente le censura al Tribunal que no hubiera dado por demostrado que la pérdida de visión de su ojo izquierdo obedeció al accidente de trabajo que sufrió. Sin embargo, todo el discurso que informa la acusación es inútil. Plantea el estado de sanidad total del trabajador desde cuando ingresó a la empresa; recurre a demostraciones que son simplemente indiciarias; introduce el tema del aviso del accidente, de la supuesta mora patronal en el pago de los aportes, etc., sin advertir que toda esa argumentación a nada conduce, aparte de que no demuestra el desacierto que le atribuye el fallo impugnado, como surge de un examen objetivo de los medios de convicción que se consideran dejados de apreciar:

1. El examen médico de admisión del demandante fue elaborado el 17 de octubre de 1991, de modo que nada puede acreditar sobre las consecuencias de un accidente de trabajo ocurrido el 14 de junio de 1996.

2. Según el impugnante, el certificado de folio 21 expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la certificación de la óptica de folio 84 —que no es prueba hábil en casación en cuanto es dable entender que corresponde a una declaración de un tercero— acreditan que el actor padece de miopía, pero ello es a todas luces insuficiente para demostrar que la pérdida de visión que él alega que padece estuvo originada en el infortunio laboral.

3. El propio impugnante afirma que la hoja de remisión a medicina Laboral de folios 203 a 205 prueba la pérdida de visión en el ojo izquierdo, secundario a desprendimiento de retina, mas, cumple advertir, el Tribunal no puso en duda la enfermedad padecida por el actor, sino su origen profesional, cuestión respecto de la cual no ofrece ningún elemento de convicción el citado documento.

4. La copia de la autoliquidación al Instituto de Seguros Sociales de folios 249 y 250, servirían para establecer, según el cargo, la mora de la demandada Coolitoral en el pago de los aportes a la seguridad social, pero ese hecho no guarda ninguna relación con el soporte central del fallo del Tribunal en torno a la falta de prueba del origen profesional del padecimiento sufrido por el actor.

En consecuencia, no prospera el cargo.

Cargo tercero

Acusa la infracción directa de los artículos 7º y 9º del Decreto 1295 de 1994.

El recurrente toma apartes de la sentencia del Tribunal, unos que hablan del accidente de trabajo y otros de enfermedad, pero observando, el recurrente, que el Tribunal debió decir accidente en lugar de enfermedad.

En todo caso, sobre la base de que la sentencia del Tribunal calificó el hecho ocurrido el 14 de junio de 1996 como accidente de trabajo, en la censura se alega que “Al encontrar probado el accidente de trabajo es obvio que el Tribunal ha debido aplicar las normas citadas en cuanto en tanto los hechos se ajustan a ellas”.

Y agrega:

“El artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, precitado debió aplicarse por cuanto los hechos se subsumen y encuentran la calificación adecuada en esta norma; y el artículo 7º ibídem, por cuanto y como consecuencia necesaria de los hechos calificados emana el derecho a obtener una de las cinco prestaciones económicas, dentro de las cuales se encuentran la pensión de invalidez que hace parte del petitum de la demanda. Tratase en mi entender de una aplicación clara que no requiere mayor explicación”.

VI. Consideraciones de la Corte

Es cierto, como lo afirma el recurrente, que en la sentencia el Tribunal consideró el insuceso que sufrió el demandante el día 14 de junio de 1996 como accidente; pero no es cierto que hubiera definido la controversia sobre la base de dar por demostrado que la pérdida de la capacidad visual se hubiera producido como consecuencia de ese suceso, llámese accidente o no.

La sentencia del Tribunal se resume así:

1. El primer planteamiento es la invocación de la definición de enfermedad profesional del artículo 11 del Decreto 1295 de 1994 y una referencia al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo relativo a la culpa patronal en el accidente de trabajo.

2. El planteamiento probatorio toca estos temas:

a) Las declaraciones de Andrés Osorio Mesa y Eliécer Bonadiez Pernett, los compañeros de trabajo del demandante, que declararon sobre el suceso del 14 de junio de 1996. Aquí el Tribunal habla de accidente y agrega que no se dio el aviso al patrono y que por eso no se puede deducir responsabilidad del empleador en la “agravación” de las lesiones que se le presentaron al trabajador.

Textualmente dijo el Tribunal:

“Por lo cual le es dable a la Sala concluir que el accidente tuvo ocurrencia cuando ya había terminado la jornada laboral por lo cual no pudo ser comunicado en forma inmediata el suceso a la empresa y en el expediente tampoco se observa que obre documento alguno que demuestre que el trabajador manifestó a la demandada acerca del acaecimiento del hecho. Por lo cual la demandada no puede hacerse responsable de la agravación que se presente en las lesiones por no haber dado el trabajador este aviso o haberlo demorado sin justa causa”.

b) La declaración del médico tratante doctor Daniel Alvis González, del cual destaca el Tribunal que este testigo calificado manifestó cierta duda sobre si el origen de la pérdida de la visión fue consecuencia de una enfermedad de origen común o consecuencia del accidente de trabajo, vale decir, del golpe que el demandante recibió en el parietal izquierdo.

c) Documentos emanados del Seguro Social (folios 199, 2022 y 282) que indican, según la sentencia, que una vez analizado el puesto de trabajo se recomendó la reubicación laboral del actor y que diagnosticó el problema visual como enfermedad de origen común.

3. El último planteamiento, que es el concluyente, es el siguiente:

“Entonces al realizar el análisis del acervo probatorio encontrado en el expediente se puede concluir que en el proceso se afirma, contrario a lo dictaminado por el ISS, que su enfermedad no es de origen común, sino de origen profesional, lo cual debía ser demostrado en el proceso, pero no se hizo, ya que no hay dictamen médico del ISS o de médico laboral que así lo determine, además que al demandante se le realizaron en forma oportuna todos los beneficios de la asistencia médica para el tratamiento de su enfermedad de origen común. Y al no existir comunicación del accidente por parte del trabajador a la empresa se le dio el trámite que ordinariamente se presenta cuando se dan este tipo de situaciones, y una vez se le otorgó incapacidad por enfermedad de origen común la demandada hizo lo propio cancelando el valor de la misma, por lo cual mal podría concederle pensión de invalidez máxime si tampoco demostró que hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

Como puede advertirse, en esta conclusión el Tribual no dijo, como lo sostiene el recurrente, que la pérdida de la visión fuera consecuencia de un accidente de trabajo. Inequívocamente sostuvo que el demandante sufrió una enfermedad de la cual no pudo establecerse su origen profesional.

Cómo debe entenderse la sentencia, mirado su contexto?: Que el suceso del 14 de junio de 1996 fue un accidente. Pero que la pérdida de la visión no fue la necesaria consecuencia de ese insuceso, porque de otra manera el Tribunal no habría hecho énfasis en la declaración testimonial del médico tratante, quien puso en duda que el golpe incidiera en la disminución de la visión, para lo cual seguramente contó el antecedente de miopía que tenía el demandante, es decir, una patología progresiva, alterada o no por el golpe.

Ahora, el fallador de la alzada no desconoció que el demandante sufrió una pérdida visual considerable, pero indiscutiblemente se la atribuyó a la enfermedad y, además, tomó su decisión absolutoria ante la falta de prueba de la incapacidad. Entonces, no sólo planteó un origen que el recurrente discute en este cargo directo, sino que informó su resolución judicial en la falta de prueba de la incapacidad, que el recurrente equivocadamente identifica con la pérdida de la visión. Esta pérdida indiscutiblemente genera una incapacidad para laborar, pero no demuestra hasta qué punto impide la ejecución del trabajo, comprobación indispensable, entre otras cosas, porque desde la demanda inicial el propio demandante afirmó que continuó trabajando y que recibió el beneficio de incapacidades temporales y la reubicación laboral acorde con su situación.

Y como el cargo acusa por la vía directa la inaplicación de las normas sobre responsabilidad objetiva del asegurador en accidentes de trabajo, sin advertir que esa denuncia sólo puede formularse cuando el recurrente acepta los hechos tal como el sentenciador los dio por demostrados, es clara su ineficacia.

En consecuencia, se desestima el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Barranquilla, dictada el 11 de diciembre de 2003 en el proceso ordinario laboral que promovió CLAY HENRY CARDONA HERNÁNDEZ contra la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLÁNTICO LTDA., Coolitoral, y contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas en casación a cargo del demandante y a favor de Coolitoral.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

Secretaria: María Ismenia García Mendoza.