Sentencia 23878 de julio 13 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 55

Magistrado Ponente

Dr. Mauro Solarte Portilla

Bogotá, D.C., trece de julio de dos mil cinco.

EXTRACTOS:«Se considera

1. Competencia

La Corte es competente para resolver la recusación propuesta por la defensa contra los magistrados de la Sala Penal de descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, doctores David Humberto Pastrana Alarcón y Nelly de Jesús Mena Murillo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 341 del estatuto procesal penal que rige a para el sistema acusatorio. Las normas en mención, dicen textualmente:

“ART. 57.—Trámite para impedimento. Cuando el funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de impedimento deberá manifestarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o a la Sala Penal del Tribunal de Distrito, según corresponda, para que sea sustraído del conocimiento del asunto.

“ART. 341.—Trámite de impedimentos, recusaciones e impugnación de competencia. De los impedimentos, recusaciones, o impugnaciones de competencia conocerá el superior jerárquico del juez, quien deberá resolver de plano lo pertinente dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de lo actuado.

“En el evento de prosperar el impedimento, la recusación o la impugnación de competencia, el superior deberá remitir la actuación al funcionario competente. Esta decisión no admite recurso alguno”.

Como puede claramente verse, las nuevas normas introducen dos modificaciones sustanciales en materia de trámite y conocimiento de los impedimentos y acusaciones. De una parte, abandona el sistema tradicional de trámite horizontal de las causales de inhibición (asignación del conocimiento a un funcionario de la misma categoría), para acoger el de trámite vertical (asignación del conocimiento al superior jerárquico).

De otra, radica en cabeza de los tribunales superiores y en la Sala de Casación Penal de la Corte, la competencia para conocer de ellas.

A estos dos órganos corresponde, entonces, de manera privativa, su definición. Ahora bien, si es aplicado el segundo criterio que la ley establece para la asignación del conocimiento (que se tenga el carácter de superior jerárquico), se concluye que los tribunales deben conocer de los impedimentos y recusaciones de los jueces, cualquiera sea su categoría (penales municipales, penales de circuito, penales de circuito especializados, o de ejecución de penas), y la Corte de los impedimentos y recusaciones de los magistrados de los tribunales de distrito. Esta regla se aplica en todos los eventos, salvo de aquellos en los cuales no existe superior jerárquico, como acontece con la Sala de Casación Penal de la Corte, en cuyo caso el conocimiento corresponde a la misma Sala.

En cuanto dice relación al procedimiento que debe cumplirse en cada caso, no se presentan variaciones sustanciales. En tratándose de impedimento, una vez manifestado, la actuación se suspende, y debe ser remitida al funcionario competente (tribunal o corte) para que decida dentro de los tres días siguientes. Si el impedimento es admitido, se ordenará la separación del funcionario y se remitirá la actuación a quien deba asumir su conocimiento. Si es rechazado, se devolverá al mismo funcionario para que continúe su curso.

En tratándose de recusación, una vez presentada se suspende la actuación. El funcionario recusado deberá manifestar si la acepta o la rechaza. Si la acepta, deberá separarse del conocimiento del asunto. Si la rechaza, la actuación deberá ser remitida al superior (tribunal o corte) para decisión. Si es declarada fundada, se ordenará su separación del conocimiento del asunto. En caso contrario, se ordenará que continúe con el conocimiento.

Existen opiniones que se inclinan por considerar que la decisión del superior debe ser tomada en audiencia, en virtud del principio de oralidad que preside el sistema acusatorio. La Corte no lo entiende así. De una parte, porque el código no lo dispone, pero también, porque de su examen sistemático no surge que este deba ser el procedimiento a seguir. Todo lo contrario, el artículo 341, que viene de ser trascrito, establece que el superior debe resolver de plano, es decir, sin intervención de los sujetos procesales.

Sobre la oportunidad pata manifestar el impedimento, o formular la recusación, deben distinguirse dos situaciones: si la causal recae sobre funcionario que debe actuar antes de la audiencia de formulación de acusación, o si recae sobre el funcionario que ha de asumir el conocimiento del asunto a partir de dicha audiencia. En la primera hipótesis debe plantearse dentro de la audiencia en la cual el funcionario debe actuar o decidir, como ocurrió en el presente caso. En el segundo, debe ser propuesto en la audiencia de formulación de acusación, antes de la presentación de los cargos por parte de la fiscalía (art. 339 ejusdem).

Hechas estas precisiones, la Corte entrará a decir lo pertinente en relación con el motivo de recusación propuesto en el caso estudiado.

2. Análisis de la causal de recusación alegada.

La causal de recusación que se plantea por la defensa en el presente caso, es la prevista en la segunda parte del numeral 4º del artículo 56 del estatuto procesal penal, que literalmente dice: “Que el funcionario judicial (...) haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. Su contenido es sustancialmente idéntico al consagrado en el numeral 4º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, y en el numeral 4º del artículo 103 del Decreto 2700 de 1991.

En relación con el alcance de este motivo de inhibición, la Corte ha sostenido tradicionalmente que para su configuración es necesario (1) que la opinión o concepto que la origina haya sido dado por fuera del proceso, o lo que es igual, por fuera del marco propio de los deberes funcionales, (2) que esté referida en concreto al asunto que es materia de estudio, (3) que sea vinculante, es decir, que comprometa su recto juicio en la resolución o definición del caso.

Si son confrontadas estas exigencias con el asunto que se encuentra en consideración de la Sala, habría de concluirse, ab initio, que la recusación formulada en el presente caso resulta improcedente, porque la opinión que se aduce como motivo de inhibición, fue emitida al interior del mismo proceso, en una oportunidad antecedente, cuando la misma Sala debió conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que declaró procedente la retractación manifestada por los implicados en la audiencia de control de la legalidad de la aceptación de la imputación.

Excepcionalmente la Corte ha aceptado, sin embargo, que si el servidor judicial, en el desempeño de sus funciones, anticipa conceptos sobre aspectos puntuales del asunto, por fuera de los marcos propios de su competencia, o con exceso de ellas, que comprometen su criterio, como cuando ordena copias para investigar penalmente una determinada conducta y en la motivación hace pronunciamientos concretos sobre la calificación jurídica o el compromiso penal del implicado, resulta sensato y razonable declarar su separación del conocimiento del asunto, con el fin de garantizar el principio de imparcialidad en su definición, y evitar que se genere desconfianza en los sujetos procesales y en la comunidad en general (Cfr. Auto de 29 de nov./2000, rad.17843, M.P. Édgar Lombana Trujillo, entre otros).

Esta postura coincide cabalmente con la política legislativa en materia de impedimentos y recusaciones, de evitar a toda costa que le funcionario judicial que ha prefijado conceptos, o proferido decisiones dentro de un determinado asunto, no deba resolverlo, ni revisarlas, con el fin de garantizar la total imparcialidad en la decisión, voluntad que se revela manifiesta no solo en la causal que se estudia, sino en la sexta (haber dictado la providencia de cuya revisión se trata), la catorce (que el juez haya negado la solicitud de preclusión y deba conocer del asunto en el juicio) y la especial del artículo 197 (haber suscrito la decisión objeto de la acción de revisión), entre otras.

En el caso analizado la Corte no alberga la menor duda de que las consideraciones que los magistrados recusados hicieron en la audiencia de marzo 29 de 2005, constituyen un pronunciamiento anticipado sobre aspectos que no eran objeto de impugnación, emitido en ejercicio de sus funciones, pero por fuera de los marcos de competencia que la oportunidad procesal le establecía. Un auténtico acto de prejuzgamiento, que compromete indiscutiblemente su criterio y permea su imparcialidad para resolver el asunto.

Como se recuerda, los magistrados, en dicha oportunidad, debían pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la retractación de la aceptación de la imputación realizada por los imputados. En el marco de esta decisión, resolvieron hacer una intervención adicional para advertir que el procedimiento adelantado ante el juez de garantías no violaba los derechos fundamentales, porque los imputados habían tenido la oportunidad de dialogar por un término más que prudencial con sus abogados de los alcances y consecuencias del allanamiento a la imputación, y que en presencia del juez reiteraron su voluntad de aceptar los cargos.

La identidad del tema sobre el cual recayó la opinión anticipada y el objeto del recurso que actualmente se encuentra a consideración de los magistrados recusados, tampoco admite espacio a discusión. El juez de conocimiento, al revisar la legalidad de la aceptación de la imputación, decidió decretar la nulidad de la actuación por considerar que los abogados defensores no contaron con el tiempo suficiente ni la oportunidad adecuada para ilustrar a los implicados sobre los alcances y consecuencias de la aceptación, y además de ello, que en los registros de la audiencia no aparecía constancia de que hubiesen hecho manifestación clara y expresa de aceptación.

Como puede establecerse de la simple confrontación del contenido de estos dos pronunciamientos, el tema sobre el cual gira actualmente el recurso de apelación que debe ser resuelto por los magistrados recusados, es literalmente el mismo sobre el cual ya se pronunciaron en oportunidad pasada, por fuera, como ya se dijo y se insiste, de los marcos de competencia que el momento procesal les definía. Siendo ello así, su separación del conocimiento del asunto resulta necesaria, no solo con el fin de salvaguardar el principio de imparcialidad, sino de realizar materialmente el de doble instancia, pues ningún sentido tendría que la decisión sea revisada por quien ya fijó su posición sobre la cuestión que debe ser objeto de examen.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la recusación formulada por la defensa en contra de los magistrados David Humberto Pastrana Alarcón y Nelly de Jesús Mena Murillo. En consecuencia, se los separa del conocimiento del asunto.

2. Devolver la actuación al tribunal de Bogotá para que se integre la Sala de Decisión y continúe el trámite del proceso.

Comuníquese y cúmplase.

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