Sentencia 23893 de enero 26 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE REBELIÓN

Concurso con homicidio agravado de miembros de la fuerza pública.

Cas. Rad. 23893

Aprobado Acta 5

Magistrado Ponente:

Dr. Mauro Solarte Portilla

Bogotá, D.C., veintiséis de enero del año dos mil seis.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Procurador 27 Judicial Penal II, contra la sentencia de segunda instancia dictada el veinticuatro de junio de dos mil cuatro por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante la cual condenó a los procesados Jairo Humberto Martínez Agatón, Víctor Wilches Chavarro, Silvino López Ávila y Adalberto Quinto Palacios, a la pena principal de veintiocho (28) años de prisión por el concurso de delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión.

Hechos y actuación procesal

1. Aquellos fueron declarados por el juzgador, de la manera siguiente:

“En desarrollo de las operaciones destacadas contra subversivos del grupo de las FARC, en la vereda Manzanares, jurisdicción del municipio de Acacias - Meta, llevadas a cabo por parte del Ejército Nacional durante el mes de febrero de 2000, fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, los encartados Jairo Humberto Martínez Agatón, Víctor Wilches Chavarro, Silvino López Ávila y Adalberto Quinto Palacios, según se dio cuenta en el oficio 000150/BR7-B2-INT-252 del 5 de febrero de 2000, suscrito por el teniente coronel Germán Hernando Huertas Cabrera.

“En esa comunicación se relató también, que en el combate librado allí perdieron la vida los soldados profesionales Luis Canga Valencia y Jorge Eliécer Martínez Nova, resultado heridos con arma de fuego siete militares más”.

2. Asumido el conocimiento del asunto por la Fiscalía Sexta Especializada con sede en Villavicencio (fls. 4 y ss.-1), el cinco de febrero del año dos mil declaró formalmente abierta la investigación y vinculó mediante diligencia de indagatoria a quienes dijeron llamarse Jairo Humberto Martínez Agatón (fl. 100), Víctor Wilches (fl. 105), Alberto Quinto Palacios (fl. 109) y Yesid López Ávila (fl. 113), y les definió la situación jurídica con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (fls. 178 y ss.-1).

3. Posteriormente, previa clausura del ciclo instructivo (fl. 41-3), el diecisiete de enero del año dos mil uno se calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación en contra de los procesados Jairo Humberto Martínez Agatón, Víctor Wilches Chavarro, Alberto Quinto Palacios y Silvino López Ávila, como presuntos coautores del concurso de delitos de rebelión previsto por el artículo 15 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo 1857 de 1989; homicidio agravado, definido por los artículos 323 y 324-8 del Decreto 100 de 1980, modificado por los artículos 29 y 30 de la Ley 40 de 1993; y tentativa de homicidio agravado (fls. 58 y ss.-3), mediante determinación que el dieciocho de abril de dos mil uno la Fiscalía Primera de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, confirmó íntegramente al conocer en segunda instancia de la apelación interpuesta por la defensa (fls. 4 y ss. cdno. Fiscalía sda. inst.).

4. El trámite del juicio fue asumido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio (fl. 3 cdno. 4), en donde se llevó a cabo la diligencia de audiencia pública (fls. 32 y ss.- 4), y el primero de julio de dos mil tres se puso fin a la instancia condenando a los procesados Jairo Humberto Martínez Agatón, Víctor Wilches Chavarro, Alberto Quinto Palacios y Silvino López Ávila, a las penas principales de veintiocho (28) años de prisión y multa en cuantía de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales, y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años, entre otras determinaciones, a consecuencia de encontrarlos penalmente responsables del concurso de delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y rebelión, imputado en el pliego enjuiciatorio (fls. 274 y ss.- 4).

Apelado el fallo por defensa (fl. 317 vto. cdno. 4) y el Ministerio Público (fl. 327, Ib.), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, al conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta, mediante sentencia proferida el veinticuatro de junio de dos mil cuatro decidió impartirle íntegra confirmación (fls. 7 y ss. cdno. Trib.).

5. Contra el fallo de segunda instancia, en oportunidad la defensa técnica (fl. 30), el Ministerio Público (fl. 35) y el procesado Víctor Wilches Chavarro (fl. 40) interpusieron recurso extraordinario de casación, el cual fue concedido por el ad quem con la advertencia de que de conformidad con lo establecido en la ley de rito, este último debería presentar la demanda por conducto de abogado titulado (fl. 46).

Durante el término de traslado, el Procurador 27 Judicial Penal II de Villavicencio presentó el correspondiente libelo sustentatorio de la impugnación, siendo admitido por la Sala (fl. 4). No aconteció igual con los demás sujetos procesales recurrentes, pues mientras que el defensor técnico guardó silencio, los procesados Jairo Humberto Martínez Agatón y Silvino López Ávila hicieron llegar al tribunal un memorial en el que manifiestan interponer “recurso de reposición y apelación” contra el fallo de segunda instancia, pero sin presentar la correspondiente demanda en forma por intermedio de abogado titulado, conforme lo exige el artículo 209 de la Ley 600 de 2000 y sin acreditar tampoco dicha condición (fls. 77 y ss.), lo que implica la deserción automática del recurso con respecto a ellos y amerita que el pronunciamiento de la Sala se contraiga a la demanda oportunamente presentada por el Ministerio Público y sobre la cual la procuraduría delegada emitió concepto de fondo.

La demanda

Con fundamento en la causal primera de casación, un solo cargo postula el censor contra la sentencia del tribunal en el que la acusa de ser directamente violatoria de disposiciones de derecho sustancial.

Único cargo. (Aplicación indebida del artículo 104.10 de la Ley 599 de 2000 y falta de aplicación del artículo 103 ejusdem).

Sostiene al efecto que el tribunal consideró que los hechos demostrados en el proceso, estructuran un concurso de homicidios agravados —consumados y tentados— conforme a la circunstancia prevista en el numeral 10 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000, en la medida que los mismos tuvieron ocurrencia sobre la humanidad de servidores públicos, sin tomar en cuenta que en realidad se trató de un concurso de homicidios simples, en la modalidad acabada e inacabada.

El planteamiento del recurrente, por el contrario, consiste en que los homicidios, consumados y tentados, realizados por los rebeldes en desarrollo de la confrontación armada con los miembros del Ejército Nacional, han de ser considerados como simples y no agravados por la circunstancia prevista en el artículo 104.10 del C.P., cuando el homicidio se produce sobre servidores públicos.

Esto en razón, dice, a que la estructura misma del delito de rebelión implica un alzamiento armado con la finalidad de derrocar al gobierno, o suprimir o modificar el régimen constitucional vigente; y siendo las fuerzas militares, por mandato constitucional, las encargadas de la defensa de la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, resulta apenas natural que la rebelión implique confrontación con dichas fuerzas institucionales, pues lo contrario implica considerar doblemente una misma circunstancia para su juzgamiento.

En este caso, los procesados eran integrantes de una cuadrilla de subversivos pertenecientes a las FARC, de manera que por su misma naturaleza de rebeldes, resulta consustancial el portar, usar y disparar armas de fuego contra quienes representan o están encargados de defender el Gobierno Nacional y el régimen constitucional o legal vigente.

Esto no significa, sin embargo, que se dé paso al privilegio punitivo que consagraba el artículo 127 del Código Penal derogado, cuya inexequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-457 de 1997, por cuanto los rebeldes deben responder por la totalidad de los homicidios perpetrados sobre los miembros de la fuerza pública, solo que la denominación jurídica que ha de dárseles a dichas conductas punibles es la de homicidios simples, sin aplicar ninguna de las causales de agravación previstas en el artículo 104 del Código Penal, siendo por tanto aplicable el artículo 103 ejusdem, con las obvias consecuencias en materia de dosificación punitiva.

En el acápite que en la demanda el censor destina al tema de las disposiciones que resultaron conculcadas con la sentencia, menciona los artículos 29 y 93 de la Carta Política; 14.7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968; 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada por la Ley 16 de 1972, y el artículo 8º del Código Penal.

Así mismo, “por haberse traído a regular el caso, se violan por aplicación indebida el artículo 104, numeral 10 del C.P.; y el artículo 58, numeral 10 ibidem, considerado por la instancia al momento de la dosificación punitiva”.

Con fundamento en lo expuesto, solicita de la Corte casar la sentencia impugnada, e imponer a los procesados la pena principal de veintidós años de prisión como coautores del concurso de homicidios simples, tentativa de homicidios simples y rebelión (fls. 58 y ss.).

Concepto del Ministerio Público

La Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal, al contrario de lo sostenido por el recurrente, considera que la Sentencia C-456 del 23 de septiembre de 1997, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del artículo 127 del Decreto 100 de 1980, precisa las consecuencias y alcances de tal determinación, permite inferir que la calidad se servidor público de los militares que en combate reciben acción de los rebeldes, no hace parte del tipo penal de rebelión, y que en la calidad de militares de las víctimas de homicidio no impide que estos servidores puedan ser afectados con cualquiera de los delitos previstos en el ordenamiento penal.

Con apoyo en lo expuesto por el Tribunal Constitucional en el aludido pronunciamiento, considera que no necesariamente es en la refriega armada en donde se concreta el delito de rebelión y tampoco en al actividad estrictamente militar la llamada a sufrir los actos de combate de los rebeldes, pues los efectos de la rebelión y de los delitos conexos no solo los reciben los militares sino incluso los particulares. En dicha medida sería inaceptable discriminar la vida de un ser humano que ostenta la calidad de militar para que con ella el rebelde pudiera impunemente materializar sus ideales.

El tipo penal de rebelión no establece ninguna calificación de la persona sobre la que deben recaer las consecuencias de dicho comportamiento, pues el perjuicio de la acción armada no lo padece tan solo el combatiente que hace parte de una jerarquía militar del Estado, sino cualquiera que sufra daño con ocasión de todas las actividades inherentes a la insurrección, de modo que sería una discriminación injustificada que los rebeldes no respondieran por el homicidio agravado por el hecho de ser su víctima un servidor público del estamento militar.

En dicho orden, considera que si la pretensión de los rebeldes es derrocar al Gobierno Nacional, ello no supone que el empleo de las armas se dirija siempre contra sus fuerzas armadas. “Así las cosas, precisa, si el delito constitutivo de acto rebelde puede afectar a cualquier persona sin consideración alguna de su calidad, nada impide que cuando el agraviado ostente la calidad de servidor público, tal circunstancia se eleve a causa de agravación punitiva, como lo consagra el numeral 10 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000”.

Sostiene que el casacionista incurre en el error de incluir en el tipo de rebelión un elemento constitutivo de una tipicidad autónoma, cual es el homicidio agravado por recaer sobre servidor público, y como en este caso se encuentra acreditada la materialidad del delito de rebelión y de los homicidios y tentativa de homicidio de las víctimas, así como la condición de servidores públicos de estas, es claro que los homicidios se ven agravados por la casual 10 del artículo 104 de la Ley 599 de 2000, por cuanto fueron cometidos sobre servidores públicos, de manera que ningún yerro cometió el fallador al aplicar la mencionada casual de agravación.

Por lo anterior, para la procuraduría el cargo no debe prosperar, no sin antes dejar de indicar que el casacionista apenas sugiere que el fallador hizo mal en deducir la casual de mayor punibilidad prevista en el artículo 58-10 de la Ley 599 de 2000 porque el delito de rebelión es sujeto activo plural, pues no desarrolla un cargo concreto y separado del que expresamente denuncia.

De todos modos advierte que carece de razón al hacer tal planeamiento, toda vez que el fallador nunca dedujo dicha circunstancia genérica, sino las agravantes específicas por el móvil terrorista y la calidad de servidor público de las víctimas (fls. 6 y ss. cdno. Corte).

Se considera:

El casacionista denuncia que la sentencia de segunda instancia resulta violatoria, por vía directa, de disposiciones de derecho sustancial, por aplicación indebida del artículo 104-10 de la Ley 599 de 2000 y la consecuente falta de aplicación del artículo 103 ejusdem, el cual, en su criterio, era el llamado a regir el caso.

A partir de dicho enunciado y sin discutir para nada la apreciación probatoria o la declaración de los hechos realizada por el juzgador, como corresponde proceder cuando se acude a la vía directa, en desarrollo de la censura sostiene que sus asistidos han debido ser condenados por el delito de homicidio simple, ya que en su criterio no resulta aplicable al caso la circunstancia de agravación punitiva derivada de la condición de servidores públicos que ostentaban las víctimas los homicidios y tentativa de homicidio imputados en el pliego enjuiciatorio, toda vez que, según considera, ella hace parte integrante del tipo de rebelión en cuya ejecución los miembros de la fuerza pública son quienes reciben los efectos nociones de la acción de los rebeldes.

Los hechos del caso, declarados por los juzgadores, y sobre cuya ocurrencia no se ofrece discrepancia alguna por el censor, como ya fue dicho, patentizan que el 5 de febrero de 2000, en la vereda Manzanares, comprensión municipal de Acacías —Meta—, tropas del Batallón de Fuerzas Especiales 3 del Ejército Nacional, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido de la Brigada Móvil 2, que actuaban en cumplimiento de la orden de operaciones 002, sostuvieron un contacto armado con un grupo de insurgentes pertenecientes a las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc, en el que perdieron la vida los soldados Luis Canga Valencia y Jorge Eliécer Martínez Novoa, al tiempo que resultaron heridos los suboficiales Carlos Mario Vásquez y Robinson Barrera Einer, y los soldados Luis Javier Rodríguez Trujillo, Ángel Gabriel Amado Gómez, Isidro Madero Ovejero, Hernando Marín Castaño, y Jhony Muñoz Guevara.

Al término de la confrontación se estableció la muerte de varios guerrilleros, y se logró la captura de Jairo Humberto Martínez Agatón, Víctor Wilches, Alberto Quinto Palacios y Yesid López Ávila a quienes se les incautaron nueve fusiles AK 47, dos fusiles Galil, una ametralladora M-60, un cañón de repuesto, dos granadas de mano, 210 municiones calibre 7.62, 497 municiones para fusil AK 47, 34 proveedores para fusil AK 47 y 10 proveedores para fusil Galil.

Para efectos de la definición del recurso, importa precisar que si estos comportamientos hubieren tenido realización con anterioridad a la ejecutoria de la Sentencia C-456 del 23 de septiembre de 1997 mediante la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 127 del Decreto 100 de 1980, sería evidente que los integrantes del grupo de las Farc capturados por efectivos del Ejército Nacional una vez finalizado el combate, no podrían ser juzgados sino por el delito de rebelión definido por el artículo 127 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 1º del Decreto 1857 de 1989, adoptado como legislación permanente por el artículo 8º del Decreto Extraordinario 2266 de 1999.

Esto por la sencilla razón que el delito de rebelión subsume el tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas militares o de policía, toda vez que, como ha sido declarado por la Corte (1) , es inherente a dicho comportamiento para lograr el objetivo de derrocar el Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, y, además, porque los restantes delitos realizados, en este caso fueron cometidos en combate por los insurgentes y no existe evidencia de que los mismos constituyeran actos de ferocidad, barbarie o terrorismo, conforme la previsión al efecto contenida en el hoy en día separado del ordenamiento jurídico artículo 127 del Código Penal de 1980.

La disposición declarada contraria a los preceptos superiores por el Tribunal Constitucional, era del siguiente tenor:

“ART. 127.—Exclusión de pena. Los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.

No obstante, a partir de la declaratoria de inexequibilidad del aludido precepto, el contenido de la decisión del órgano de control constitucional y la no inclusión de una disposición similar en la Ley 599 de 2000 que reemplazó el anterior Código Penal, no admite discusión alguna que los comportamientos delictivos realizados por los rebeldes que no sean elementos o circunstancia integrante de la configuración típica del delito de rebelión, en combate o fuera de él, deben, sin excepción, recibir el tratamiento de los hechos punibles concursales, como así ha sido declarado por esta Corte (2) .

En efecto, como con acierto es destacado por la Procuradora Delegada en su concepto, cuyo criterio la Corte no puede menos que compartir, “el fallo de constitucionalidad precisa las consecuencias y alcances de la eliminación del artículo 127 del ordenamiento y permite inferir que la calidad de servidor público de los militares que en combate reciben la acción de los rebeldes no hace parte del tipo penal de rebelión, y que la calidad de militares de las víctimas de homicidio no impide que estos servidores puedan ser afectados con cualquiera de los delitos previstos en el ordenamiento penal”.

En este sentido es de reiterar que los actos de rebelión no se agotan solamente en el enfrentamiento armado con los miembros de la fuerza pública, al punto que el tipo delictivo también encuentra realización en la sola pertenencia del sujeto agente al grupo subversivo y que por dicha razón le sean encomendadas labores de cualquier naturaleza, tales como financiamiento, ideológicas, planeación, reclutamiento, publicidad, relaciones internacionales, instrucción, adoctrinamiento, comunicaciones, inteligencia, infiltración, suministros, asistencia médica, o cualquier otra actividad que no se relacione directamente con el uso de las armas, pero que se constituyan en instrumento idóneo para el mantenimiento, fortalecimiento o funcionamiento del grupo subversivo. Por esto resulta de obvio entendimiento que se puede dar el calificativo de rebelde a quien tales actividades realiza, así materialmente no porte armas de fuego ni haga uso de ellas, porque la exigencia típica relativa al empleo de las armas se da con las que, en orden a lograr sus finalidades, utiliza el grupo rebelde al que se pertenece (3) .

Del mismo modo, si bien el tipo penal exige para su configuración que el propósito perseguido con el empleo de las armas sea derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, ello en modo alguno significa que en todos los casos los objetivos de la acción armada deban ser servidores públicos o más específicamente miembros de las fuerzas militares o de policía, como al parecer es entendido por el censor.

El casacionista supone equivocadamente, que la acción armada de los grupos rebeldes debe, necesariamente, recaer sobre miembros de la fuerza pública, o servidores públicos en general y que por dicho motivo los actos realizados en contra de estos no pueden verse agravados pues ello implicaría desconocer la prohibición de non bis in idem. Un tal entendimiento no se colige del tipo penal, toda vez que en la definición comportamental no aparecen incluidas unas tales exigencias, no corresponde a la manera como de ordinario se busca alcanzar el propósito de derrocar las instituciones legítimamente constituidas, ni se aviene a la interpretación constitucional del precepto que define la rebelión.

Deja de considerar el censor que doctrina y jurisprudencia se han orientado por reconocer que la acción rebelde adquiere variedad de manifestaciones así mismo delictivas, y que en su desarrollo puede verse afectado cualquiera de los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, radicados en cabeza de autoridades o de particulares, cuya lesión o puesta en peligro no escapa a los efectos punitivos establecidos por el ordenamiento, ni siquiera so pretexto de tratarse de delitos conexos en combate o fuera de él, o que lleguen a denotar o no, actos de ferocidad, barbarie o terrorismo.

En este sentido vale la pena traer a colación, como en igual sentido procede la delegada en su concepto, la opinión de algún reconocido autor nacional en donde se reproduce la tesis que la Sala viene de exponer:

“Casi nunca las rebeliones y sediciones se presentan aisladas de delitos comunes. El ataque contra el gobierno o las instituciones, necesariamente entraña diversidad de conductas, muchas de las cuales no constituyen propiamente delitos políticos (...). Combatir hoy un sistema o un gobierno es obra más difícil que en épocas pasadas. Es una ingenuidad apelar a las armas si ese hecho no está reforzado por otras medidas estratégicas y tácticas que favorezcan la insurrección. Desde el 23 de julio de 1948, la jurisprudencia avanzó un auto en este sentido:

‘Invitar al jefe de la guarnición militar a secundar el movimiento de rebelión o sedición; pedirle desarmar a la Policía Nacional y entregar las armas a la policía cívica; querer tomar el control de las comunicaciones, ya mediante el corte de las líneas, ya mediante la dirección de las oficinas transmisoras y receptoras, son hechos efectuados en virtud del móvil del delito político y del cual son actos preparatorios y ejecutivos’.

“Las actividades mencionadas no son sino ejemplos, a los cuales pueden agregarse muchos, sin limitaciones de ninguna clase, a saber: la toma violenta de estaciones y cuarteles; la destrucción de puentes, aeronaves, puertos y aeropuertos; la detención y aniquilamiento de contingentes; la voladura de vehículos con suministros; las huelgas y paros cívicos unidos a la acción para derrocar el poder existente; el asalto de almacenes para aprovisionar a los rebeldes, o la ocupación de poblaciones con el fin de instigar a la rebelión, la toma de bancos y el apoderamiento de dineros públicos o particulares; la ejecución de delatores o espías; las requisas domiciliarias; el robo de armas y de otros elementos de ataque y de defensa; la incautación de vehículos o su destrucción; el secuestro de personas, las lesiones, falsedades, y en fin, cualquiera de las actividades que aisladamente son delitos comunes” (...) (4) .

Como quiera que lo dicho da lugar a inferir que carece de asidero la tesis que propugna por sostener que la acción rebelde solo encuentra manifestación en el enfrentamiento armado con las autoridades de la República, hay que convenir entonces que también la población civil puede resultar afectada en su vida, integridad personal, libertad individual, o bienes patrimoniales o morales, entre otros, con ocasión de los comportamientos realizados por los alzados en armas.

Con base en este entendimiento, la Corte Constitucional, en el pronunciamiento párrafos arriba citado, precisó que “la ‘inviolabilidad’ es un atributo de la persona humana, del cual la ley no puede disponer a su arbitrio. Ni la alta consideración que se dispense al ‘móvil político’, o al programa ideológico que él defienda, puede llevar al legislador a optar por el sacrificio impune de las víctimas que, por su causa, arroje la violencia de los rebeldes y sediciosos. Las personas son inviolables e independientes, en la medida en que el ordenamiento constitucional garantiza que no sufrirán impunemente el daño producido por otras, así estas crean que su sacrificio se justifica en aras de un bienestar futuro para el mayor número que, en el caso de los rebeldes, se asocia al triunfo de sus ideales”.

De este modo, si los efectos nocivos de la acción armada pueden aparecer evidenciados respecto de cualquier persona natural o jurídica, incluidas las que actúan a nombre del Estado, resulta legítima la manifestación de política criminal expresada en la previsión legal de agravar punitivamente los comportamientos realizados sobre la vida y la integridad personal de quienes tienen por deber defender sus instituciones, pues al momento de tomar posesión de los cargos juraron cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República, lo que de suyo debe traer aparejado no solo un mayor grado de compromiso sino de protección para el caso de que por dicho motivo los deberes oficiales pongan en riesgo o lesionen bienes jurídicos personalísimos como la vida, la libertad, o la integridad personal, para solo mencionar algunos de ellos.

A efecto entonces de denotar la sin razón en el planteamiento del censor, la Sala no tiene más alternativa que reiterar el entendimiento dado por el juez constitucional sobre dicho particular, al indicar que “los miembros de la fuerza pública, no sobra recordarlo, no agotan como servidores públicos su dimensión existencial. Ante todo, se trata de personas y, como tales, salvo los derechos que la Constitución expresamente no les otorga, gozan de los restantes. El aparato estatal requiere del esfuerzo y concurso de los militares y policías, con el objeto de cumplir misiones como las referidas a la defensa del territorio, la independencia nacional, la democracia y los derechos fundamentales. No obstante, el miembro de la fuerza pública no termina absorbido por el aparato estatal, como lo pretende una visión deshumanizadora y contraria a la dignidad de la persona humana. En este orden de ideas, atentar contra la vida de un miembro de la fuerza pública, no se concreta en la simple lesión de un valor institucional. Los militares y policías no son entelequias y, por tanto, el más elemental entendimiento de la dignidad humana, no puede negarles el carácter de sujetos pasivos autónomos de los agravios que desconozcan su personalidad y su vida” (se resalta).

Por razón de lo expuesto, la Corte, acogiendo el criterio sentado por el tribunal constitucional al juzgar la constitucionalidad del artículo 127 del Decreto 100 de 1980, precisó que “en la actualidad, ante la declaratoria de inexequibilidad de la referida disposición penal, y el contenido de la decisión del órgano de control constitucional, los comportamientos delictivos que no sean elemento o circunstancia integrante de la configuración típica del delito de rebelión, deben, sin excepción, recibir tratamiento de hechos punibles concursales” (5) .

Siendo ello así, si lo que se presenta como resultado de la acción armada por parte de los rebeldes es un concurso de delitos conexos al de rebelión, cada uno debe imputarse con todos los elementos que dan autonomía a dichos comportamientos, como en este caso de manera acertada procedieron la fiscalía y los juzgadores.

Lo dicho resulta entonces más que suficiente para concluir que los juzgadores de instancia no cometieron error alguno al condenar a los procesados imputándoles la configuración de la aludida circunstancia de agravación punitiva para los homicidios consumados y las tentativas de homicidio, por haber sido cometidos sobre servidores públicos por razón de sus funciones.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

Finalmente, el demandante apenas sugiere, pues no logra demostrar su aserto ni formula un cargo independiente como corresponde proceder en sede extraordinaria, que los sentenciadores incurrieron en error al imputar la circunstancia genérica de agravación punitiva prevista por el artículo 58-10 del Código Penal, referida a la coparticipación criminal en un delito de sujeto activo plural.

Dicho desacierto en la formulación del reparo, de suyo suficiente para que la Corte se abstenga de proveer una respuesta de fondo, no impide sin embargo aclarar que no le asiste la razón al demandante, toda vez que en la sentencia lo que hizo el juzgador de primera instancia fue no partir del mínimo punitivo de veinticinco años de prisión para el delito de homicidio agravado previsto por el artículo 104.10 de la Ley 599 de 2000, sino de veintiséis (26) años “por cuanto el proceder investigado en autos denota un gran irrespeto contra la vida de los integrantes de la institución armada del Estado, quienes velan por la soberanía y seguridad nacional”, al que se agregaron dos años más “por el concurso con los delitos de rebelión y tentativa de homicidio agravado”, sin que se observe en ello incorrección alguna que amerite intervención oficiosa de la Sala.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto de la Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia objeto de impugnación extraordinaria.

Contra esta decisión no proceden recursos. Devuélvase al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mauro Solarte Portilla—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Javier de Jesús Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Cfr. Cas. de 12 de noviembre de 2003. Rad. 13952.

(2) Cfr. Cas. de 2 de diciembre de 1998. Rad. 11346.

(3) Cfr. Cas. de 12 de agosto de 1993. Rad. 7504.

(4) Pérez, Luis Carlos. Derecho Penal, partes general y especial. Tomo III. Ed. Temis, Bogotá. Pág. 159. 1984.

(5) Cfr. Cas. de 2 de diciembre de 1998. Rad. 11346.

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