Sentencia 23899 de diciembre 12 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE USURA

Es un tipo penal en blanco que respeta el principio de legalidad.

Magistrada Ponente:

Dra. Marina Pulido de Barón

Radicación 23899.

Bogotá, D.C., diciembre doce (12) de dos mil cinco (2005).

Vistos

La Sala se pronuncia de fondo sobre las demandas de casación discrecional presentadas por el defensor de los procesados Oliverio Alarcón Quintero y Luz Marina Orozco Cortés, contra el fallo de segundo grado proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva el 14 de diciembre de 2004, confirmatorio del dictado por el Juzgado Quinto Penal Municipal de la misma ciudad el 23 de octubre de 2003, por cuyo medio los condenó como autores penalmente responsables del delito de usura.

El procurador primero delegado para la casación penal solicita en su concepto no casar la sentencia impugnada por considerar que el proceso de adecuación típica efectuado por los falladores fue correcto y, por tanto, no se violó el principio de legalidad.

Hechos

Los hechos que motivaron este diligenciamiento fueron resumidos por el ad quem en los siguientes términos:

“Henry Ortíz Pulido denunció que en diciembre de 1995 contrajo una deuda de $ 600.000 con Alarcón Quintero y la esposa de este, Luz Marina Orozco Cortés, pagándoles un interés mensual del 10% anticipado, pacto que se extendió hasta el mes de enero de 1997, cancelando la suma de $ 840.000. A partir del siguiente mes no amortizó los intereses y hasta enero de 1998 convinieron elaborar una letra de cambio por el capital y los réditos adeudados por valor de $ 1.755.000, porque en esta liquidación se procedió a cobrar intereses sobre el interés mensual.

En octubre de 1998 les propuso a sus acreedores negociar sus cesantías llegando al acuerdo de liquidar lo adeudado más $ 5.000.000, que aquellos le facilitarían a un interés del 7% mensual hasta que se hiciera efectivo el cheque que por estas prestaciones le giraría la Procuraduría General de la Nación, entidad donde labora Ortíz Pulido, por un monto superior a los 9 millones de pesos”.

Hecha la liquidación y en vista de que aparecía como beneficiario del cheque de las cesantías el señor Ernesto Cleves Parra, los dos autorizaron su pago a la señora Luz Marina Orozco, acordándose, además, que de los intereses de la letra por $ 1.755.000, que ascendían a $ 1.400.000, solamente pagaba la mitad, el otro 50% se pagaría en 7 cuotas mensuales de $ 100.000, sin intereses y se le devolvía a Ortíz Pulido $ 594.505,73, sin embargo, al cobrarse el cheque de las cesantías parciales ninguna suma se le entregó al querellante, motivo por el cual este consideró incumplido lo pactado y recurrió a la acción penal, haciendo notar que los intereses que le cobraban eran usureros”.

Actuación procesal

La Fiscalía Local de Neiva dispuso la respectiva investigación preliminar y luego de practicar algunas diligencias declaró abierta la instrucción, en cuyo marco vinculó mediante injurada a Oliverio Alarcón Quintero y Luz Marina Orozco Cortés, resolviéndoles su situación jurídica absteniéndose de asegurar a aquel, pero imponiendo medida de aseguramiento a esta última como posible autora del delito de usura.

Clausurada la fase investigativa, el mérito del sumario fue calificado el 5 de octubre de 2000 con resolución de acusaciónen contra deLuz Marina OrozcoCortés por el mismodelito y grado de participación que motivó la imposición demedida de aseguramiento. En la misma providencia se dispuso la preclusión de la investigación adelantada contra Oliverio Alarcón.

Impugnada la providencia calificatoria por la parte civil y la defensa de la acusada, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva decidió confirmarla el 30 de enero de 2001, oportunidad en la cual acusó también a Oliverio Alarcón Quintero como presunto autor del delito de usura.

La etapa del juicio fue adelantada por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Neiva, despacho que una vez surtido el rito legal correspondiente profirió fallo el 23 de octubre de 2003 por cuyo medio condenó a los procesados a la pena principal de seis (6) meses de prisión y multa de mil pesos ($ 1.000) y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, como autores penalmente responsables del delito objeto de acusación.

Igualmente los condenó al pago de los perjuicios derivados del delito y les concedió el subrogado penal de la condena de ejecución condicional.

Impugnado el fallo por la defensa de los incriminados y la parte civil, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva la confirmó mediante fallo del 14 de diciembre de 2004, el cual es ahora objeto de recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de Luz Marina Orozco y Oliverio Alarcón.

Mediante auto del 23 de agosto de 2005, esta Sala admitió de manera discrecional las demandas de casación presentadas por la defensa, con el fin de asegurar “la protección del derecho fundamental a la legalidad de la conducta definida en el precepto punitivo sustancial, el cual hace parte de la más amplia noción del derecho fundamental al debido proceso de Oliverio Alarcón Quintero y Luz Marina Orozco Cortés, así como para desarrollar la jurisprudencia en torno al delito de usura, más exactamente en cuanto atañe a su tipicidad, por tener la condición de tipo penal en blanco o de reenvío”.

En el curso del trámite casacional se obtuvo el respectivo concepto del Ministerio Público.

Las demandas

Como ya se había expresado en decisión anterior, dadoque el texto de las demandas allegadas en nombre deOliverio Alarcón Quintero y Luz Marina Orozco Cortés es idéntico, tanto su resumen como análisis se realizará en forma conjunta.

Ahora, en punto de la temática abordada en los libelos cuya admisión discrecional dispuso la Sala, el casacionista afirma que el fallo atacado desconoció la garantía de “legalidad del hecho punible”, pues para el momento de su comisión no se encontraban definidas las características básicas estructurales del tipo penal de usura.

Además, aduce que corresponde a la Sala pronunciarse respecto del reenvío que como norma penal en blanco hacía el artículo 235 del Código Penal de 1980 (L. 599/2000, art. 305) a la certificación administrativa de la Superintendencia Bancaria, en especial, de conformidad con la declaración de constitucionalidad condicionada de tal precepto establecida en la sentencia C-333 de 2001 por la Corte Constitucional.

De lo anterior concluye que se violó directamente la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 235 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 1º del Decreto 141 de 1980 y por falta de aplicación del artículo 29 de la Carta Política, en concordancia con los artículos 1º y 3º del referido estatuto punitivo, pues por la época en que se cometieron los hechos, la usura era una conducta atípica.

Agrega que antes del citado pronunciamiento de la Corte Constitucional “no se podía determinar inequívocamente las características básicas estructurales del tipo usura”, pues si solo son objeto de certificación los hechos pasados, al exigir que la referida autoridad administrativa certifique “el interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios o de libre asignación”, “el tipo solo vendría a integrarse después de cometida la conducta, con lo que a la norma penal desfavorable se le tendría que dar efecto retroactivo, con claro desconocimiento del ordenamiento constitucional”.

También afirma que la incertidumbre anterior a la decisión constitucional era mayor, pues el interés bancario puede variar desde el momento en el cual se celebraba el contrato de mutuo, a cuando se cobra o se recibe, pero con ocasión de la referida sentencia de exequibilidad se resolvió que el artículo 235 del Código Penal solo es constitucional si se interpreta que la conducta punible consiste en percibir o cobrar utilidad o ventaja que exceda en la mitad el interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por créditos de libre asignación, según la certificación que previamente haya expedido la Superintendencia Bancaria y que se encuentre vigente en el momento de producirse la conducta.

De lo expuesto concluye que con anterioridad al pronunciamiento de constitucionalidad condicionada, el delito de usura era equívoco y por ello inaplicable, en atención a que violaban los artículos 1º y 3º del Decreto 100 de 1980, así como el 29 de la Carta Política, dado que en un Estado de derecho como el nuestro la garantía de la legalidad supone que el legislador defina de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas del comportamiento prohibido, pues lo contrario atenta contra el principio de seguridad jurídica.

Finalmente afirma que así los cobros de los intereses realizados antes de la ya mencionada sentencia de inexequibilidad parezcan excesivos, lo cierto es que un tal proceder era atípico para cuando ocurrió.

Con base en lo anterior, el actor solicita a la Corte casar el fallo atacado, en el sentido de absolver a Oliverio Alarcón Quintero y Luz Marina Orozco Cortés por el delito de usura objeto de condena.

Concepto del Ministerio Público

El procurador primero delegado para la casación penal solicita en su concepto no casar el fallo objeto de impugnación por estimar que los juzgadores efectuaron un correcto proceso de adecuación típica y no violaron de manera alguna el principio de legalidad, de conformidad con las siguientes consideraciones:

El delito de usura fue inicialmente tipificado en el artículo 416 del Código Penal de 1936; luego en el numeral 31 del artículo 7º del Decreto 14 de 1955 y posteriormente en el artículo 235 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 1º del Decreto 141 del mismo año.

El último de los preceptos citados fue objeto de demanda ciudadana de inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia mediante fallo del 11 de abril de 1983 lo declaró exequible, por considerar “evidente que los elementos objetivos que para la descripción del delito de usura contiene el artículo 235, en su forma definitiva, permiten a los particulares y a los jueces penales, sin excluir algunas alternativas o variantes, que son corrientes en la interpretación jurídica, tener una idea exacta de los comportamientos que lo configuran y de las circunstancias que rodean su comisión”.

Agrega que tanto la jurisprudencia constitucional como la de esta Sala ha señalado que si bien los tipos penales en blanco no se corresponden con la mejor técnica legislativa, son válidos en la medida en que el reenvío permita al intérprete determinar de manera inequívoca el alcance de la conducta y su sanción, dada la necesidad de precisar o actualizar los comportamientos penalizados, todo lo cual coincide con doctrina nacional y extranjera sobre el particular.

De lo expuesto concluye que en el asunto objeto de estudio no se ha vulnerado el principio de legalidad, pues el legislador definió de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal de usura, dejando librado el complemento a las normas de reenvío, lo cual resulta consonante con la misión de la jurisprudencia orientada a actualizar permanentemente el derecho a las cambiantes necesidades.

Precisa que el núcleo esencial de este delito, tanto en el Decreto 100 de 1980 como en la Ley 599 de 2000 es el cobro de utilidades que excedan en la mitad el interés legalmente permitido en razón de préstamos de dinero, venta de bienes o servicios a plazo, compra de cheques, sueldos o prestaciones sociales. El complemento normativo es la certificación de la Superintendencia Bancaria acerca del quantum de interés legalmente permitido para el período correspondiente, que en el anterior estatuto cobraran los bancos por créditos de libre asignación y en el nuevo, se refiere al interés bancario corriente.

Resalta que tal como quedó redactada la norma en el Código Penal de 1980, su destinatario estaba en condiciones de conocer los elementos esenciales del delito, tales como el bien jurídico, las diversas modalidades de conducta, los sujetos, la pena y la remisión a la certificación de la Superintendencia Bancaria.

Estima que si bien la expresión “el período correspondiente” podría dar lugar a variadas interpretaciones, desde el fallo de exequibilidad del 11 de abril de 1983, esta colegiatura señaló que para preservar el principio de legalidad, el interés que se debe tener en cuenta es el que estén cobrando los bancos en el momento de celebrar el negocio jurídico que sirve de base para el cobro de la utilidad, el cual solo puede conocerse con la certificación expedida previamente por la Superintendencia Bancaria, pues de otra forma nunca podría configurarse el delito de usura por falta de conocimiento de la antijuridicidad de la conducta.

Mediante sentencias C-333 y C-479 de 2001, la Corte Constitucional indicó que los artículos 235 del Decreto 100 de 1980 y 305 de la Ley 599 de 2000 son exequibles siempre que se admita que la certificación de la Superintendencia Bancaria es la que “se haya expedido previamente a la conducta punible y que se encuentre vigente para el momento de producirse esta”, motivo por el cual, el procurador considera que dicha interpretación precisa con criterio de autoridad el sentido y alcance de la norma.

Finalmente asevera que si en 1983 esta corporación declaró la constitucionalidad del artículo 235 del Código Penal de 1980, ello imposibilitaba que los funcionarios judiciales aplicaran la excepción de inconstitucionalidad por violación del principio de legalidad antes de la declaratoria de exequibilidad condicionada que estableció la sentencia C-333 de 2001, pues gozaba de la presunción de constitucionalidad, más aún si los efectos de esta última providencia rigen hacia el futuro.

Con fundamento en lo anotado, el procurador delegado solicita a la Sala, como inicialmente se advirtió, no casar el fallo objeto de impugnación.

Consideraciones de la Corte

Dado que según se expresó, las demandas presentadas por el defensor fueron admitidas de manera discrecional a fin de: i) Establecer si es necesario proteger el derecho fundamental a la legalidad de la conducta definida en el precepto punitivo sustancial, el cual hace parte de la más amplia noción del derecho fundamental al debido proceso de Oliverio Alarcón Quintero y Luz Marina Orozco Cortés y también para ii) Desarrollar la jurisprudencia en torno al delito de usura por tratarse de un tipo penal en blanco o de reenvío, más específicamente en cuanto se refiere a los alcances de la certificación de la Superintendencia Bancaria sobre “el interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios o de libre asignación” de conformidad con lo establecido en la sentencia C-333 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, tal será la temática que corresponde dilucidar a la Sala, en cuyo marco jurídico se tiene:

1. El principio de legalidad.

El principio de legalidad se encuentra reconocido en el inciso 2º del artículo 29 de la Carta Política, así como en el artículo 6º de la misma. De conformidad con tal principio, a toda persona le asiste el derecho fundamental a solo ser investigada, acusada, juzgada y sancionada penalmente por acciones u omisiones constitutivas de delitos establecidos en la ley.

En un Estado social y particularmente democrático, participativo y pluralista, como es reconocido el nuestro en el artículo 1º de la Constitución Política, se impone que solo el órgano legislativo, elegido popularmente y que representa al pueblo, tiene la facultad de expedir leyes, esto es, le asiste la potestad de determinar las conductas sujetas a sanción, siempre que proceda a definirlas de manera clara, expresa, estricta, escrita, inequívoca e indubitable. También le corresponde señalar la consecuencia jurídica asignada a cada supuesto fáctico y establecer el trámite y garantías que en sede de investigación, acusación y condena se deben observar.

A manera de antecedente se tiene que el artículo 4º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 disponía que

“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no se pueden determinar sino por la ley” (negrillas fuera de texto).

A su vez, el citado artículo 6º de la Constitución señala que “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, de donde se haconcluido que a los particulares les está permitido todo aquelloque no se encuentre expresa y diáfanamente prohibido, puesnode otra manera se garantiza en virtud del principio de legalidad que los destinatarios de la ley tengan certeza sobre lo prohibido para que a partir de ello tengan conocimiento de loque les es permitido y entonces, procedan a regular suconducta.

El principio de legalidad encuentra parte importante de su desarrollo en los tipos penales, los cuales constituyen formulaciones abstractas e hipotéticas que hace el legislador de los comportamientos que considera lesivos de bienes jurídicos objeto de protección.

Ahora, por regla general, la determinación de las conductas punibles se encuentra integrada por un precepto legal; no obstante, en ocasiones el legislador estima que dada su particularidad, la simple y llana disposición resulta insuficiente y por tanto, remite la norma básica o nuclear a otra que la complementa, siempre que esta satisfaga también las exigencias de claridad e inequivocidad que se exigen de aquella, todo lo cual no es asunto distinto al de la integración de la estructura de los tipos penales en blanco, en procura de consolidar una proposición fáctica completa, que suministre claridad, nitidez, univocidad y certeza de la imputación.

2. Los tipos penales en blanco.

En los tipos penales en blanco, también denominados de reenvío, la conducta no se encuentra definida íntegramente por el legislador, sino que es preciso acudir a un precepto del mismo ordenamiento o de otro, a fin de precisar con nitidez su contenido en punto de realizar el proceso de adecuación típica, amén de establecer, entre otros factores, por ejemplo, la conciencia de la antijuridicidad, razón por la cual, no se viola el principio de reserva cuando el legislador señala los elementos básicos para delimitar la prohibición y remite a otras instancias el complemento correspondiente, siempre que este sea claro y permita establecer sin equívocos la conducta punible y su sanción.

La utilización de los tipos penales en blanco por parte del legislador obedece a la necesidad de ajustar el contenido de las normas a los frecuentes cambios de la realidad social, como ocurre, entre otras, en materia económica, a fin de evitar que el precepto devenga en inoperante o no consonante con la ratio legis que determinó su creación.

En los tipos penales en blanco es preciso distinguir entre el núcleo esencial y el complemento. El primero, corresponde a la libertad de configuración normativa del legislador, en el sentido de señalar con claridad y precisión tanto los elementos básicos de la conducta punible, como la correspondiente punibilidad, además del reenvío expreso o tácito a otro precepto. El segundo, esto es, el complemento, especifica las condiciones en que tiene lugar aquel, ya sea de índole penal o extrapenal, pero siempre que tenga carácter general y sea expedido por quien tiene competencia para proferirlo.

El núcleo y el complemento integran una sola disposición esencial pero ambos deben sujetarse a las exigencias del principio de legalidad, esto es, deben ser previos a la comisión de la conducta punible (ley previa), no puede confiarse a la costumbre o a preceptos no expedidos por el legislador el señalamiento de los elementos estructurales del núcleo o la sanción (ley escrita) y tanto el núcleo como el complemento deben ser claros, ciertos e inequívocos (ley cierta).

3. El delito de usura.

De conformidad con las precisiones anteriores se tiene que el delito de usura corresponde a un tipo penal en blanco, integrado por un núcleo y un complemento.

El núcleo contiene las conductas de recibir o cobrar directa o indirectamente una utilidad o ventaja en la celebración de ciertos contratos, que exceda en la mitad el interés que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación (D. 100/80) o el interés bancario corriente (L. 599/00), preceptos que señalan de manera clara las diferentes modalidades del comportamiento objeto de sanción.

También la mencionada norma establece diáfanamente la sanción privativa de la libertad y pecuniaria derivada de la realización del supuesto fáctico.

Adicionalmente, de manera expresa dispone el reenvío a la certificación que expida la Superintendencia Bancaria respecto de la tasa de interés que estén cobrando los bancos, es decir, se trata de una remisión a un acto administrativo proferido por una autoridad de inspección y vigilancia del Estado.

El artículo 235 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 1º del Decreto 141 del mismo año, tipifica el delito de usura como un atentado contra el bien jurídico del orden económico y social, en el cual incurre quien reciba o cobre, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que “exceda en la mitad el interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia Bancaria”.

A su vez, en la Ley 599 de 2000 el delito de usura se refiere a cobrar o recibir utilidad o ventaja “que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria”.

Como viene de verse, la diferencia radica en la clase de interés que sirve de referencia como complemento del tipo en blanco, puesto que en la primera legislación citada corresponde al interés que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, mientras que en la Ley 599 de 2000 se trata del interés bancario corriente.

Sobre el punto abordado advierte la Sala que tal remisión no apunta a una potestad discrecional de la referida entidad de control, sino al registro de una determinada realidad económica en el sector financiero dentro de un tiempo determinado que corresponde identificar a dicha superintendencia.

Es claro que la Superintendencia Bancaria certifica el interés cobrado por los bancos durante un período específico, pero al hacerlo fija el alcance del interés bancario corriente para el período de vigencia de la certificación, como en efecto ha sido entendido por el Consejo de Estado al precisar sobre la temática objeto de análisis que la

“...Superintendencia tiene actualmente la función de certificar la tasa de interés que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, para los fines del artículo 235 del Código Penal y el literal d del numeral 6º del artículo 326 del estatuto financiero.

La certificación de la tasa de interés bancario corriente es un proceso que comienza con la recolección de la información financiera y contable sobre las operaciones activas de crédito de los establecimientos bancarios, seguido de la adopción de técnicas adecuadas de ponderación para analizar las tasas de interés en dichas operaciones y el examen de las mismas con sujeción a esas técnicas. El proceso concluye con la expedición de un acto administrativo que expresa la certificación de la tasa resultante de dicha investigación, en términos efectivos anuales” (1) .

Al respecto ha puntualizado la Corte Constitucional al ocuparse precisamente de analizar la exequibilidad del tipo penal de la usura (D. 100/80, art. 235 modificado por el del D. 141/80, art. 1º) en punto del principio de legalidad:

“Si bien la certificación que hace la Superintendencia Bancaria recae sobre hechos ciertos ocurridos en el pasado, la misma permite determinar la tasa que están cobrando los bancos en un período dado, que, para efectos de la interpretación y aplicación de la norma, no puede ser otro que el de la vigencia de la certificación, esto es, el período comprendido entre la fecha de su expedición y la de la expedición de la siquiente” (2) (negrillas fuera de texto).

De lo expuesto puede concluirse que el complemento del núcleo en el delito de usura, es decir, la certificación de la Superintendencia Bancaria sobre el interés que estén cobrando los bancos en determinado período concreto exige que esta sea previa a la conducta, se encuentre vigente y se le haya dado divulgación similar a la de una ley.

No hay duda que a fin de garantizar el principio de legalidad y más exactamente la exigencia de ley previa, en punto del delito de usura es necesario entender que la certificación de la Superintendencia Bancaria, como órgano técnico adscrito al Ministerio de Hacienda, debe ser anterior a la ocurrencia del comportamiento ilícito, es decir, para establecer si un comportamiento resulta usurario se impone verificar la certificación vigente para el momento en el cual se cobran o reciben intereses, que corresponde al interés certificado por la Superintendencia en el período inmediatamente anterior y que rige hasta que se profiera una nueva certificación periódica.

Un diverso entendimiento del precepto conllevaría a la imposibilidad de acreditar que el autor se encontraba previamente a la comisión de la conducta en condiciones de conocer la antijuridicidad del comportamiento, circunstancia que haría inane la existencia del tipo penal, como que no podría configurarse su entidad delictiva.

Así las cosas, es incuestionable que el tipo penal en blanco de la usura satisface tanto en su núcleo como en el complemento el principio de legalidad, como en efecto fue declarado por la Corte Constitucional en sentencia 333 del 29 de marzo de 2001 con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, circunstancia que impone su cabal aplicación.

En cuanto se refiere a los textos normativos que se ocupan de especificar el alcance de la certificación que sobre los intereses que estén cobrando los bancos en un lapso especial expida la Superintendencia Bancaria se tiene, que el artículo 326 del Decreto 2359 de 1993, estatuto orgánico del sistema financiero, establece que la tasa de interés regirá a partir de la fecha de publicación del acto correspondiente, de donde se desprende que la mencionada certificación solo tiene efectos hacia el futuro.

Finalmente es necesario resaltar que mediante sentencias C-333 del 29 de marzo de 2001 y C-479 del 9 de mayo de 2001, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 235 del Decreto 100 de 1980 (modificado por el art. 1º del D. 141 del mismo año) y 305 de la Ley 599 de 2000, respectivamente, “siempre y cuando se interprete que la certificación de la Superintendencia Bancaria a la que hace referencia es la que se haya expedido previamente a la conducta punible y que se encuentre vigente en el momento de producirse esta”.

4. El asunto objeto de estudio.

Una vez establecidas las anteriores precisiones conceptuales en punto del principio de legalidad, los tipos penales en blanco y el delito de usura, procede la Sala a abordar los planteamientos ofrecidos por el demandante en procura de conseguir la casación del fallo, como sigue.

Inicialmente se impone señalar que la queja referida a que para el momento de comisión de la conducta investigada no se encontraban definidas las características básicas estructurales del tipo penal de usura no consigue demostración, pues por el contrario, suficientemente se acreditó que tanto en el Decreto 100 de 1980 como en la Ley 599 de 2000, el delito de usura corresponde a un tipo penal en blanco cuyo elemento nuclear fue expedido de conformidad con las reglas del principio de legalidad, especifica la conducta sancionada, establece la correspondiente pena y de manera expresa señala la norma complementaria a la que se debe acudir para integrar su contenido prohibitivo, esto es, la certificación expedida por la Superintendencia Bancaria acerca de la tasa de interés que se encuentren cobrando los bancos dentro de un lapso particular por los créditos de libre asignación.

Acerca de que se debe tener en cuenta la declaración de constitucionalidad condicionada del artículo 235 del Decreto 100 de 1980 contenida en la sentencia C-333 de 2001 de la Corte Constitucional, baste señalar que los efectos de tal providencia no apuntan a concluir que con anterioridad se violaba el principio de legalidad al aplicar tal disposición, sino a que la certificación de la Superintendencia Bancaria respecto de la tasa de interés cobrada por los bancos se ocupa de hechos anteriores, pero tiene efectos hacia el futuro, como expresamente se encuentra reconocido en el estatuto orgánico del sistema financiero, atrás citado.

Siendo ello así, como en efecto lo es, no hay duda que los falladores ajustaron la decisión objeto de este recurso extraordinario, de una parte, al principio de imperio de la ley, según el cual, los funcionarios judiciales están sometidos en sus decisiones a lo dispuesto por el legislador y, de otra, al principio de legalidad, por cuya virtud para que los preceptos sancionatorios puedan ser aplicados de conformidad con los cánones constitucionales, deben ser claros, expresos y unívocos a fin de garantizar que los ciudadanos conozcan lo prohibido y de acuerdo a ello decidan abstenerse de realizar tales comportamientos para evitar la condigna sanción, o bien, cometer dichas conductas a sabiendas de su contenido antijurídico.

También es preciso señalar que no resulta cierta la afirmación del censor al expresar que para la época de comisión del delito aquí investigado la usura correspondía a una conducta atípica dada su ambigüedad, pues mediante decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia adoptada el 25 de abril de 1983 al conocer de una acción pública de inconstitucionalidad promovida por dos ciudadanos contra el artículo 100 de 1980, modificado por el artículo 1º del Decreto 141 del mismo año declaró la exequibilidad de los citados preceptos.

Fundamentalmente, dijo la corporación que “la certeza legal, el principio de legalidad que exige en el campo penal la descripción previa de los comportamientos prohibidos por la ley, en forma que no haya confusión ni duda sobre el modelo descrito legalmente, que es la garantía que se pretende violada en este caso, exige solamente que tanto los particulares como el juzgador puedan establecer la correspondencia entre el esquema normativo y la conducta de que se trata, sin tener que acudir a complementaciones arbitrarias de la norma para hacerlas coincidir”.

Igualmente puntualizó que “es evidente que los elementos objetivos que para la descripción del delito de usura contiene el artículo 235, en su forma definitiva, permiten a los particulares y a los jueces penales, sin excluir algunas alternativas o variantes, que son corrientes en la interpretación jurídica, tener una idea exacta de los comportamientos que los configuran y de las circunstancias que rodean su comisión”, razón de más para evidenciar que no asiste razón al argumento del censor al respecto.

Finalmente, si bien es cierto que la certificación expedida por la Superintendencia Bancaria acerca de la tasa de interés cobrada por los bancos durante un período definido se ocupa de hechos anteriores, como lo señala el demandante, la verdad es que en punto del principio de legalidad del delito de usura tiene vigencia hacia el futuro, con lo cual se elimina la pretendida incertidumbre ciudadana que aduce, circunstancia que a la postre fue reconocida ulteriormente en las sentencias C-333 del 29 de marzo de 2001 y C-479 del 9 de mayo de 2001, mediante las cuales se declaró la exequibilidad de los artículos 235 del Decreto 100 de 1980 (modificado por el D. 141, art. 1º del mismo año) y 305 de la Ley 599 de 2000, respectivamente y reiteran que dicha certificación debe ser previa a la conducta punible.

En suma, estima la Sala que no asiste razón a los argumentos del defensor pues con anterioridad a la sentencia C-333 de 2001 sí se encontraban definidos los elementos estructurales del núcleo del delito de usura y a la vez se efectuaba la remisión a un complemento específico, sin que entonces hubiera resultado procedente que los falladores inaplicaran el artículo 235 del Decreto 1000 pretextando su ambigüedad, más aún, cuando sobre tal disposición ya había una declaración formal de exequibilidad proferida por esta colegiatura, como tribunal que para aquella época era competente para decidir las demandas ciudadanas de inconstitucionalidad.

Así las cosas, estima la Sala que el cargo postulado y desarrollado por el recurrente no está llamado a prosperar y, por tanto, la consecuencia que de ello se deriva es que no se dispondrá la casación del fallo atacado.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Jorge Luis Quintero Milanés—Mauro Solarte Portilla. 

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consulta 1276 del 5 de julio de 2000. M.P. César Hoyos Salazar.

(2) Sentencia 333 del 29 de marzo de 2001. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

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