Sentencia 23913 de julio 25 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 23913 de 2005

Acta 65

Magistrado Ponente:

Dr. Doctor Luis Javier Osorio López.

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso de casación que interpusieron ambas partes contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., calendada 5 de septiembre de 2003, en el proceso ordinario adelantado por Alfonso Gutiérrez contra el Banco Cafetero—Bancafé—.

EXTRACTOS:«X. Se considera

Como primera medida es de advertir que no le asiste razón a la réplica en lo tocante a los reproches de orden técnico que le endilgó a los cargos, por cuanto si bien en el texto de la sentencia impugnada no aparecen expresamente enunciados los artículos 1º de la Ley 33 de 1985 y 21 ó 36 de la Ley 100 de 1993, sí fueron considerados en la decisión, al referirse el tribunal a la condición de pensionado del actor e inferir que a este se le reconoció una pensión de jubilación con fundamento en el ordenamiento que antecedió a la nueva ley de seguridad social, según Resolución 525 de septiembre 27 de 1988 (fl. 26 y ss.), en la que se lee que el actor para acceder al derecho pensional reunió los requisitos de la “Ley 33 de enero 29 de 1985”, y cuando más adelante se hace alusión a que solo vino a existir norma positiva que obligara al reconocimiento de la indexación o corrección monetaria del ingreso base de liquidación con la entrada en vigencia de la “Ley 100 de 1993, esto es, a partir del 1º de abril de 1994”, que no es otra disposición que los artículos 21 y 36 de dicha normatividad; lo que significa que perfectamente era pertinente denunciar los anteriores preceptos en sede de casación.

Del mismo modo, no tiene asidero lo aseverado por la oposición en el sentido de que “la demanda de casación se sustenta en aspectos fácticos y jurídicos que no contempla la sentencia recurrida”, toda vez que los yerros jurídicos que se plantearon se encaminan básicamente a cuestionar que el tribunal no debió indexar o actualizar como lo hizo el ingreso base de liquidación de la pensión del actor, que fue reconocida bajo los parámetros del régimen anterior a la Ley 100 de 1993, sin existir norma positiva que así lo dispusiera, lo cual se ajusta a lo considerado en la sentencia recurrida, y la circunstancia que en la sustentación el censor hubiera acudido entre otras argumentaciones demostrativas a la figura jurídica de la transición no hace de ninguna manera inestimable los cargos, máxime cuando esta tiene incidencia para determinar la norma aplicable en materia de pensiones.

Pues bien, la censura con estos cargos busca que se determine jurídicamente que no existe norma que expresamente disponga que los empleadores directamente obligados al pago de una pensión de jubilación de carácter oficial reconocida en los términos de la Ley 33 de 1985 deban además de pagar los reajustes de ley, indexar anualmente la primera mesada o salario base, cuando de lo señalado en los artículos 21, 36 y 288 de la Ley 100 de 1993 no se deduce tal obligación de corregir el valor de esta clase de pensión que hace parte del régimen antiguo de prestaciones sociales patronales.

El tribunal para ordenar la actualización de la primera mesada pensional del demandante, acogió el criterio expresado en la Sentencia SU-120 de 2003 de la Corte Constitucional que estima posible la indexación para toda clase de pensión con base en la equidad y los dictados constitucionales tales como la igualdad, favorabilidad y conservación del poder adquisitivo de las pensiones y se aparta de los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.

Habiendo orientado el ataque por la vía directa, los supuestos fácticos de la decisión acusada quedan incólumes, permitiendo solamente la disquisición jurídica del punto en discusión, y por ende se tomará como punto de partida el hecho de que al accionante por haber prestado sus servicios por más de 20 años, cuyo retiro se produjo el 16 de enero de 1977, la entidad demandada le reconoció una pensión vitalicia de jubilación de orden legal con amparo en la Ley 33 de 1985, a partir del momento en que cumplió los 55 años de edad, esto es, desde el 16 de agosto de 1988, antes de que entrara en vigor la Ley 100 de 1993.

El asunto de la indexación o mejor actualización de la primera mesada pensional, ha sido ampliamente controvertido al interior de esta corporación, en un principio se aceptó por vía jurisprudencial la revaluación de la base salarial de todas las pensiones, en el entendido de que por el principio de equidad y ante el vacío legal la obligación pensional debía ser satisfecha de manera actualizada por quien la pagara, criterio que se mantuvo hasta que la mayoría de esta Sala resolvió en sentencia del 18 de agosto de 1999, radicado 11.818, que ninguna de las pensiones eran indexables cuando el derecho se había reconocido con anterioridad a la vigencia de la actual ley de seguridad social.

De ahí en adelante, la Corte ha tenido la oportunidad de reexaminar lo antes adoctrinado y también por mayoría ha venido aceptando, siendo jurisprudencia actual, la actualización de la base salarial para liquidar las pensiones en los eventos en que el beneficiario ha cumplido el tiempo de servicio o la densidad de cotizaciones antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, pero solo cuando cumple la edad con posterioridad a dicha legislación y que se refiera a pensiones legales, acorde con los artículos 11, 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 en armonía con el artículo 53 de la Constitución Política.

Así las cosas, la Corte basada en su criterio interpretativo de la misma ley, estima que si la pensión de carácter legal se causa, en vigencia del nuevo sistema de seguridad social, por completarse la totalidad de requisitos después del 1º de abril de 1994, rige actualizar la primigenia mesada pensional.

De modo que, frente a una pensión legal no solamente se debe mirar que el derecho se haya reconocido tiempo después de la desvinculación del servicio, sino que es necesario entrar a determinar para cada caso si se configuró antes o después de la Ley 100 de 1993, puesto que, como se dijo, únicamente quien haya cumplido el requisito de la edad en vigencia del nuevo régimen de pensiones, tiene la posibilidad de que se le revalúe la base con la que esa prestación se ha de liquidar.

Visto lo anterior, la pensión que el fallador de alzada dispuso reajustar si bien es de origen legal, no es susceptible de revaluación en la forma indicada en la sentencia impugnada, pues fue concedida por el empleador a partir del 16 de agosto de 1988, cuando aún no había entrado en vigor la disposición que permitió la referida actualización, esto es, los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, que fue la legislación que de manera directa y concreta consagró la actualización monetaria de la base salarial de las pensiones legales causadas a partir de su vigencia.

En estas condiciones, mantiene vigencia lo adoctrinado en la sentencia del 18 de agosto de 1999, radicación 11.818, en lo que respecta a las pensiones legales causadas con antelación al 1º de abril de 1994, cuya actualización no resulta viable en ningún caso, posición reiterada en fallos de junio 16 y 29 de junio y 14 de julio de 2004, radicados 23.291, 22.613 y 22.698 respectivamente, siendo pertinente traer a colación lo que se dijo en esa oportunidad:

“(...) Ya en lo que respecta al fondo de la acusación, aclara nuevamente la Sala que las diversas situaciones que emergen de la temática de la corrección monetaria de mesadas pensionales no pueden tratarse bajo el mismo rasero normativo, antes y después de la vigencia de la Ley 100 de 1993.

La Ley 100 de 1993, reguló las pensiones legales que se causaran a partir de su vigencia, instituyó el Sistema General de Pensiones conformado por el régimen solidario de prima media con beneficio definido y el de ahorro individual con solidaridad, y previó para el primero un régimen de transición.

Conforme a los artículos 10 y 11 lbídem —salvo para quienes quedaron expresamente exceptuados por el artículo 279 de dicha ley y los regímenes especiales—, el sistema se aplica a todas las pensiones legales, mediante el reconocimiento de pensiones en la forma y condiciones que se determinan en la citada ley, respetando, claro está, los derechos adquiridos con arreglo a cualquier fuente normativa anterior y el régimen de transición para los beneficiarios determinados en el artículo 36 de la misma.

Sin embargo, en el sub examine se trata de una pensión legal de jubilación causada con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no es aplicable al sub judice la tesis mayoritaria de la Sala en el sentido de que a partir de la fecha en que aquella empezó a regir, se aplica el ingreso base de liquidación indexado en la forma prevista en el artículo 36 de la referida ley.

En este orden de ideas, resulta claro que de conformidad con lo precisado por esta Sala en sentencia del 18 de agosto de 1999 (Rad. 11.818) en punto de la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional, no incurrió el tribunal en la interpretación errónea que se le atribuye en el cargo”.

Además, es preciso acotar que al tener esta Sala de la Corte Suprema de Justicia su propio criterio y una clara posición respecto al tema, sumado a que las decisiones de tutela de la Corte Constitucional en cuando a sus efectos son ínter partes (D. 2591/91, art. 36), en virtud que es la parte resolutiva de las sentencias de exequibilidad la de obligatorio cumplimiento con efecto erga omnes, y que la parte motiva como norma general, es apenas un criterio auxiliar para la actividad judicial al tenor del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, los argumentos del tribunal esbozados para este caso particular resultan insuficientes y no logran variar la postura mayoritaria de la corporación como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

Por consiguiente, aunque son infundados los planteamientos del recurrente tendientes a demostrar que no tiene cabida la indexación de las pensiones legales de jubilación a cargo directo de una entidad oficial, al igual de que por el régimen de transición se exceptúen las personas que hayan servido a un empleador oficial por más de 20 años y su relación contractual se hubiera finiquitado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993; en lo que sí tiene asidero el censor, es que al estar reconocida la pensión por haber reunido la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985, cuando aún no había entrado en vigor el nuevo sistema de seguridad social, no procede la indexación de la primera mesada o salario base, por no existir norma positiva que así lo consagre, sumado a que por vía jurisprudencial tampoco es posible darle paso a este mecanismo de actualización, por la potísima razón, como quedó visto, que el cumplimiento de la edad no se concretó después de la Ley 100 de 1993.

Por todo lo expuesto, el tribunal incurrió en los yerros jurídicos que le atribuyó la acusación.

Colofón de lo anterior, los cargos prosperan y ha de CASARSE TOTALMENTE la sentencia recurrida, lo cual releva a la Sala de desatar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, pues al no haber lugar a la actualización implorada, resulta inane el estudio relativo a la prescripción de las mesadas pensionales que se hubieran causado como consecuencia del reajuste que se ordenó con base en esa indexación.

Como consideraciones de instancia son suficientes las esgrimidas en sede de casación.

Las costas de primera instancia serán a cargo del actor, no se imponen las de segundo grado, y por la prosperidad de la acusación formulada por la parte accionada, no hay a ellas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 5 de septiembre de 2003, en el proceso adelantado por Alfonso Gutiérrez contra el Banco Cafetero, Bancafé, y en sede de instancia, se REVOCA el fallo de primer grado y en su lugar se declara probada la excepción de inexistencia de las obligaciones y se absuelve a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Se condena en costas de la primera instancia al demandante tal como se indicó en la parte motiva, sin que haya lugar a ellas en segunda instancia, ni en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»

_______________________________