Sentencia 23953 de marzo 7 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 23953

Acta 18

Magistrado Ponente:

Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil seis.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

En lo que concierne al recurso extraordinario cabe decir que el tribunal para negar a Fanny Quintero de Agudelo, cónyuge supérstite del pensionado, el derecho a la sustitución pensional, sostuvo textualmente: “Dando por demostrado lo que afirmó en el hecho 2º Fanny Quintero de Agudelo convivió con José Antonio Agudelo Londoño “... hasta un año antes...” de que este falleciera (fl. 54), lo que implica que no tuvo convivencia efectiva con el pensionado al momento de su deceso y que tampoco convivió con él no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte” (fl. 245).

Para la recurrente esa conclusión del tribunal resulta equivocada y constituye un equivocado entendimiento del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, pues en tratándose de la demandante Quintero de Agudelo la falta de convivencia con el causante, hecho que admite fue confesado por aquella, se suple por la procreación de los hijos que tuvo con el pensionado fallecido.

Para la Corte no le asiste razón a la impugnante porque si bien es cierto que la señora Fanny Quintero de Agudelo procreó varios hijos con el pensionado fallecido, no lo hizo en los dos años anteriores a la muerte de aquel, que es el requisito exigido por el citado artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para que tal procreación pueda suplir la falta de convivencia con el causante en ese lapso.

Así lo entendió la Corte al explicar lo que en su criterio es el correcto entendimiento del precepto en cuestión en la sentencia recientemente proferida el de febrero (sic) del presente año, radicación 26710 (mar. 10/2006), en la que precisó lo que a continuación se transcribe:

“2. Ahora bien, aunque lo anotado en precedencia sería suficiente para el quebrantamiento de la sentencia en la forma pedida por la censura, se estima procedente el cumplimiento de la función esencial de la Corte de unificar la jurisprudencia, abordar el otro aspecto que trata el cargo sobre la correcta hermenéutica de las normas acusadas.

Afirma el impugnante que también incurrió el juzgador ad quem en un yerro de interpretación, cuando estimó que el cumplimiento del requisito de la convivencia de no menos dos años continuos con anterioridad a la muerte, no era exigible para el cónyuge o compañera o compañero permanente del pensionado fallecido que aspira a beneficiarse de la pensión de sobrevivientes, en todos los eventos en que se ha procreado uno o más hijos comunes.

Para el censor la descendencia tiene esos efectos, pero siempre y cuando se trate de un hijo habido dentro del lapso de los 2 años anteriores al fallecimiento del pensionado a que se refiere la disposición, o con posterioridad a ese hecho en los casos del hijo póstumo.

Comparte la Sala la inteligencia que la censura da a la referida norma en el aspecto tratado, pues se ha de precisar que la ley no solamente exige que el grupo familiar exista al momento de la muerte, sino que este haya tenido alguna permanencia o estabilidad en el período último de la vida del pensionado fallecido. Es esa la razón por la cual se exigen mínimo dos años continuos de convivencia con anterioridad a la muerte del pensionado, y por lo tanto no podría admitirse que la procreación de un hijo en cualquier tiempo, tuviera la virtualidad de reemplazar o equivaler al tiempo de convivencia. No es indicativa de la mencionada permanencia o estabilidad, la circunstancia de que el hijo se haya procreado diez, veinte o treinta años atrás”.

De conformidad con el anterior criterio, es claro que no incurrió el tribunal en el quebranto normativo que se le imputa, si se toma en consideración que la demandante Quintero Agudelo no demostró que los hijos habidos con el pensionado Antonio Agudelo Londoño lo fueron dentro de los dos años anteriores al fallecimiento de ese señor.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 13 de febrero de 2004, proferida en el proceso ordinario laboral que promovieron María Robertina Franco de Quiceno, Fanny Quintero de Agudelo y María Teresa Colorado de Rivera contra la Caja Nacional de Previsión Social.

Sin costas en casación, porque no hubo oposición.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

SALVAMENTO DE VOTO

Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito expresar mi discrepancia frente a la sentencia proferida en este proceso, pues considero que la Corte aplicó de manera rigurosa el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, habida cuenta que en mi sentir su ejercicio de hermenéutica no debe ir aislado de las circunstancias objetivas que en un momento dado impida la convivencia efectiva al momento del deceso del causante, porque a las claras esto es lo que en esencia consulta el verdadero espíritu de la norma y que no es otro que el no desamparar a aquella persona que en vida del causante actuó de manera responsable, afectiva, le brindó su apoyo constante y mutuo, procrearon al menos un hijo, pero que por alguna eventualidad, ajena por completa, por ejemplo una enfermedad del decujus que incluso conlleve al aislamiento del ser humano, se vea avocada a no obtener protección de la ley.

Por ello ante los ojos de la Constitución Política de 1991 debe prevalecer la real protección a la familia, en los eventos en que razonablemente no se presente la convivencia material al momento de la muerte del causante, pero sí se encuentre acreditada la espiritual soportada durante varios años de vivencia afectiva y familiar.

Fecha ut supra. 

Con todo respeto.

Isaura Vargas Díaz 

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