Sentencia 240 de julio 17 de 1986

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: Expediente 240

Acta 26

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Hernández Sáenz

Bogotá, D.E., diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y seis.

El Tribunal Superior de Medellín, por sentencia del 12 de noviembre de 1985, confirma el fallo proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado el 11 de abril de 1985 en lo que respecta a la condena impuesta a la empresa “Fundiciones y Repuestos S.A. Furesa”, a pagar al demandante, señor Jesús Álvaro Londoño Restrepo, indemnización por perjuicios morales y materiales, pero lo modifica en su cuantía, para dejar el monto de tales indemnizaciones en la cantidad de $ 1.127.765.

La firma demandada acusa ante la Corte el fallo del Tribunal para pedir que lo case, y que, en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado y la absuelva de todas las súplicas del libelo.

Al sustentar su recurso formula un solo cargo (fls. 9 a 13), a cuyo estudio procede la Sala.

Cargo único. “La acuso de violar por vía indirecta en el concepto de aplicación indebida los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo; 63, 1479, 1604, 1613, 1614 (sic) del Código Civil; 264 del Código de Procedimiento Civil; 61 del Código Procesal del Trabajo, a causa de manifiestos errores de hecho en la apreciación de las siguientes pruebas: a) El informe patronal sobre accidentes de trabajo (fl. 8); b) El informe sobre el accidente de trabajo de la División de Salud Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales - Seccional de Antioquia (fls. 11, 47 y 66); c) La demanda (fls. 2 a 7); ch) Su contestación (fls. 22 y 23); d) Declaraciones de Luis Ángel Ospina López (fl. 32) y Antonio Castañeda Cuervo (fls. 32 y ss.).

“Los errores de hecho en que incurrió el sentenciador, fueron:

“1. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo sufrido por el trabajador se debió a culpa suficientemente comprobado del patrono.

“2. No haber dado por probado, estándolo, que el accidente de trabajo fue ocasionado por un acto inseguro del trabajador al adoptar una posición incorrecta para levantar la “araña”.

Demostración del cargo. No discuto la ocurrencia del accidente de trabajo, totalmente indemnizado por el Instituto de Seguros Sociales, como aparece de folios 9, 63 y 36 con una suma inicial fija y luego mediante la pensión de invalidez. Lo que procedo a debatir en este cargo es el que aparezca acreditada “culpa suficientemente comprobada del patrono” que dé lugar a la condena por indemnización plena de perjuicios.

“El sentenciador transcribe la investigación del accidente efectuada por la División Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales, sin tomar nota de que en ella consta lo siguiente: “Descripción: En compañía de otro operario enganchaba una pieza metálica de aproximadamente 65 kilos de peso con el fin de limpiarla en la máquina “granalladora C. M.”: durante la operación y debido a la postura incorrecta que adoptó, el sobreesfuerzo le produjo un dolor en la espalda lesionándose”. “Causas: Acto inseguro del trabajador al adoptar una posición insegura para levantar la piesa”(sic) (he resaltado). Concuerda lo anterior con la respuesta dada por el Supervisor de la empresa al responder el formato del Informe Patronal de Accidente de Trabajo elaborado por el mismo Instituto a esta pregunta: “En su concepto, ¿cuál o cuáles fueron las causas del accidente?: Respondió: “Una fuerza mal hecha” (resalto).

“Dicha investigación del Instituto de Seguros Sociales consta en documento autenticado por Notario al folio 11 y fue acompañado por el actor a su demanda (num. 9º del acápite sobre documentos), con lo cual reconoció su autenticidad, al tenor del artículo 276 del Código de Procedimiento Civil. Proviene, además, de dicho Instituto que subrogó a los patronos en el pago de los riesgos laborales, como el accidente de trabajo. Es, por tanto, prueba calificada para los efectos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

“Lo propio ocurre con el Informe Patronal (fl. 8) acompañado también por el demandante a su libelo (num. 6º del acápite sobre documentos). El ad quem arguye que “no puede ser tenido en cuenta, ya que dicho documento no fue reconocido por su autor con las formalidades legales”. Pero no se fijó que habiendo sido aportado al proceso por el actor “reconoció con ello su autenticidad”, de acuerdo con el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, citado. Si el sentenciador hubiese apreciado debidamente el resultado de la investigación del Instituto de Seguros Sociales (no contentándose sólo con copiar el documento) y habría tenido que concluir que en él se descarta la culpa patronal, ya que si el operario hubiese levantado la “araña” en posición correcta del cuerpo, el accidente no hubiera tenido lugar. La causa de éste no es dable imputarla al patrono, según dicha investigación, que la sitúa en el propio trabajador accidentado. El informe patronal, elaborado por uno de los Supervisores de la empresa, corrobora lo afirmado por el Seguro.

“Si el sentenciador hubiese estimado correctamente esos documentos, y fundamentalmente el del Instituto de Seguros Sociales, no hubiese incurrido en el manifiesto error de echar sobre la demandada la culpa del accidente y menos la hubiese tenido como suficientemente comprobada, según lo exige el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

“¿De dónde dedujo entonces esa culpa? De las declaraciones de testigos, dándoles, sin ningún análisis, pleno mérito probatorio. Procedo, por tanto, a examinarlas con base en la jurisprudencia de esa Sala que permite estudiar pruebas no calificadas, cuando se ha mostrado error de hecho (como lo he efectuado anteriormente) en la apreciación de otras calificadas, que son aquí el informe del Instituto de Seguros Sociales y el del Supervisor.

“Asienta el Tribunal: “En el proceso quedó demostrado con la prueba testimonial que al actor no se le dio entrenamiento ni instrucciones para el desempeño de su oficio como ayudante de fundición. Así mismo se estableció que en el sitio en donde desempeñaba sus funciones al momento de ocurrir el accidente se mantiene la producción regada, lo cual no permite al operario ubicarse cómodamente y el piso permanece liso por la granalla que riega la máquina granalladora”.

“La prueba testimonial a que se refiere el párrafo copiado está constituida por las declaraciones de Luis Ángel Ospina López (fl. 32) y Antonio Castañeda Cuervo (fl. 38 vto.), cuyas afirmaciones admitió el sentenciador, sin más ni más, respecto de esos dos hechos sobre los que funda su fallo: a) Que al actor no se le dio entrenamiento ni instrucciones para el desempeño de su oficio; b) Que en el sitio donde debía trabajar se mantiene la producción regada, lo cual no permite al operario ubicarse cómodamente y el piso permanece liso por la granalla que riega la máquina. Analicemos lo que expresan dichos testigos.

“Luis Ángel Ospina López afirma: “Más o menos al conocer la sección y la peligrosidad del oficio, yo considero que a dicho compañero no le había dado ningunas instrucciones...”. “Según me lo comentó el demandante el accidente se debió a que él estaba parado dentro de una pila de producción que no le permitió colocarse en la forma debida que le permitiera levantar la araña a la altura de aproximadamente un metro o uno con veinte y como el piso estaba liso por la gramilla regada, se le resbaló un pie...”. Obsérvese, pues, que este testimonio se basa, de una parte, en un concepto o apreciación personal del deponente (“yo considero”) y no en un hecho que haya percibido por sus sentidos, y, de otra, en lo que “le comentó el demandante”, lo que le quita todo valor probatorio.

“En cuanto al declarante Jesús Antonio Castañeda Cuervo manifiesta que al actor no le dieron instrucciones para desempeñar su oficio; pero no indica la fuente de su información y si el dar razón de su dicho es fundamental para estimar el valor de un testimonio, con mayor razón cuando se trata de afirmar una abstención, una conducta negativa de alguna persona, un dejar de dar instrucción o enseñar a otro. ¿Cómo lo supo? ¿De qué manera o por qué vía llegó a su conocimiento ese hecho? De aquí que carezca en este punto de credibilidad la declaración a que aludo. Por lo que hace al aspecto de la peligrosidad del sitio de trabajo por la existencia de material acumulado en él y la granalla que riega la máquina granalladora, resulta lo siguiente: Preguntado el primer testigo sobre el número de años que lleva trabajando en dicho sitio, expresa: “En esta sección laboro desde hace aproximadamente cuatro años y medio. No me ha tocado saber sino de este accidente en esa sección en lo que respecta a la sección de arañas”. Y el segundo deponente contesta: “Yo en este trabajo llevo prácticamente 7 años. El único accidente grave que me ha tocado presenciar en esa sección fue el del demandante”.

“En estas condiciones es verosímil admitir que el accidente sufrido por el demandante se debió a la peligrosidad del lugar de trabajo, ¿a la acumulación de materiales, a la lisura del piso? No. Si así fuera, es claro que habrían sido varios los accidentes de tal tipo sucedidos en la sección mencionada. Todos los operarios anteriores en dicho lapso realizaron el mismo trabajo del actor, sin padecer accidentes, luego el de éste, se debió a su posición incorrecta, a fuerza mal hecha, como lo indican los documentos analizados al comienzo de esta demostración, y no a la supuesta peligrosidad del lugar de trabajo. Aquellos operarios llevaron a cabo iguales labores en ese sitio, sin lesionarse, lo que indica que no existe en él la peligrosidad que narran esos testigos y que si se mantiene el cuerpo en la posición correcta al levantar la “araña” se evita el accidente. Que éste pueda ocurrir fortuitamente o por descuido del trabajador es indudable y, por eso, el Código Sustantivo del Trabajo, prevé las indemnizaciones correspondientes por el solo hecho de haberse producido, las que aquí fueron cubiertas en su totalidad. Pero de allí deducir culpa del patrono “suficientemente comprobada” es cuestión diferente que desvirtúan los documentos examinados y no acreditan las deposiciones de los testigos.

“Estos, por compañerismo exageran los hechos, al punto que Castañeda Cuervo sostiene que el del accidente fue el primer día que entraba a trabajar el actor como ayudante de fundición, no obstante que de acuerdo con los hechos 2º, 3º y 4º, de la demanda ingresó a ese oficio el 21 de diciembre de 1981 y la lesión se le produjo el 7 de enero del año siguiente, o sea, 16 días después de haberse vinculado con la empresa en ese cargo.

“No efectuó el ad quem la crítica de la prueba testifical a la luz de los principios científicos que la rigen y por eso incurrió en el error manifiesto de dar plenamente por acreditada con ellos la culpa de mi representada, siendo lo contrario, como creo haberlo mostrado al sustentar el cargo.

“Si lo hubiere conseguido, ruego a los honorables Magistrados proceder de conformidad con el alcance de la impugnación”.

Se considera

Un examen de las pruebas de cuya mala apreciación deriva el cargo los errores de hecho que acusa, muestra lo siguiente:

1. El informe patronal sobre accidente de trabajo, visible a folio 8 del cuaderno primero, no fue tenido en cuenta por el sentenciador ad quem al determinar que hubo culpa de la empresa en el accidente que sufrió el demandante Londoño; de donde no se ve en qué forma pudo ser objeto en este aspecto de la errónea apreciación que se alega, en el cargo.

2. El informe emanado de la División de Salud Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Antioquia (fl. 11, primer cdno.), fue transcrito por el Tribunal en la parte relativa a la descripción del accidente, su causa y las recomendaciones dirigidas a la empresa. Entonces, no se observa la equivocada estimación de esta prueba que predica el cargo.

3. En lo que respecta al contenido de la demanda y su contestación, se anotaron en la sentencia impugnada las versiones opuestas del actor y la demandada sobre las causas que originaron el accidente. Del examen de dichas versiones no surge patente la existencia de errores de hecho, porque el Tribunal se limitó simplemente a establecer la posición asumida por cada una de las partes en la controversia, sin que de esos documentos surja ninguna confesión que favorezca a la parte recurrente.

Como quiera que el Tribunal ad quem no encontró motivos suficientes de convicción en la parte del informe emitido por la División de Salud Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales, que dice que el accidente de trabajo se debió a “acto inseguro del trabajador al adoptar una posición insegura para levantar la pieza”, dentro de la facultad que le confiere el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, se apoyó en la prueba testimonial aportada al proceso, por hallar que le brindaba una fuente más amplia de ilustración sobre el tema de la controversia.

Cuando el sentenciador escoge entre las distintas pruebas aducidas al juicio aquéllas que lo convencen mejor para calificar los hechos litigiosos, esa conducta por sí sola no lo lleva a cometer dislates fácticos.

En sentencia proferida por esa Corporación el 27 de abril de 1977 (juicio de Miguel Antonio Schiller vs. “Agrícola y Ganadera La Revancha Ltda.”) y sobre el mismo tema ahora estudiado, se dijo lo siguiente:

“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquéllas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

“Pueden, pues, los jueces en las instancias, al evaluar las pruebas, fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto de textos sustanciales de la ley que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

“La eficacia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evalúa o dejó de analizar por defectuosa percepción que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho”.

Al aplicar estas reflexiones en el asunto sub judice donde, según quedó visto, el fallador de segundo grado tuvo en cuenta la prueba testimonial para fundar su criterio de que la empresa demandada no empleó con su trabajador la diligencia y cuidados necesarios para impedir que ocurriera el accidente de trabajo y que, en consecuencia, debe responder por los daños padecidos por la víctima, se observa que los ataques que le hace el recurrente a esta fundamentación no demuestran y, menos aún, con apoyo en las pruebas calificadas que se examinaron, que el Tribunal hubiese cometido los yerros que el cargo denuncia.

Ello veda también a la Sala hacer un examen de las declaraciones de testigos, que cita el ataque, ante la restricción establecida por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Las razones anteriores son suficientes para concluir que el cargo no puede triunfar.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa el fallo impugnado.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Rafael Baquero Herrera, Humberto de la Calle Lombana, Juan Hernández Sáenz.

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.