Sentencia 24011 de diciembre 12 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA

Como causal de anulación.

EXTRACTOS: «La Sala ha sostenido que la motivación de la sentencia hace parte de la garantía al debido proceso —artículo 29 de la Carta Política—, la que se traduce en el derecho que tienen los sujetos procesales de conocer los supuestos fácticos, las razones probatorias concretas y los juicios lógicos sobre los cuales el juez construye su decisión, lo que les permitirá ejercer un control sobre el proceso e identificar los puntos que son motivo de discordia.

En consecuencia, es imprescindible que los funcionarios judiciales en las providencias se refieran no solo a todos los aspectos y temas propuestos por los sujetos procesales sino que en las mismas se precisen y concreten las razones fácticas y jurídicas como las pruebas que las respaldan —artículo 55 de la ley estatutaria de la administración de justicia— o las que dan lugar a su modificación o revocatoria por vía ce los recursos legales.

Los anteriores fundamentos normativos constituyen el marco constitucional para que en el numeral 4º del artículo 170 de la Ley 600 de 2000 se imponga que en toda sentencia debe hacerse un análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en la que el juez ha de fundar su decisión.

La Sala ha identificado cuatro (4) situaciones que pueden conducir a la anulación de la sentencia por falta de motivación, distinguiendo entre (i) ausencia absoluta de motivación, (ii) motivación incompleta o deficiente, (iii) motivación ambivalente o dilógica y (iv) motivación falsa; las tres primeras como errores in procedendo enjuiciables a través de la causal tercera y la última como vicio de juicio atacable por vía de la causal primera cuerpo segundo.

En la primera el fallador no expone las razones de orden probatorio ni los fundamentos jurídicos en los cuales sustenta su decisión; en la segunda, omite analizar uno de los dos aspectos señalados o los motivos aducidos son insuficientes para identificar las causas en las que ella se sustenta; en la tercera las contradicciones que contiene la motivación impiden desentrañar su verdadero sentido o las razones expuestas en ella son contrarias a la determinación finalmente adoptada en la resolutiva; y, en la cuarta la motivación del fallo se aparta abiertamente de la verdad probada».

(...).

TASACIÓN DEL DAÑO MORAL SUBJETIVADO

Es una facultad atribuida al prudente criterio del juez.

EXTRACTOS: «Según el artículo 94 de la Ley 599 de 2000 la conducta punible genera la obligación de reparar los daños materiales y morales causados a la víctima o a los ofendidos con ella, para el responsable penalmente en forma solidaria y por los que conforme a la ley sustancial se hallan obligados a responder, como el deber de restituir las cosas al estado en que se encontraban en el momento anterior a la comisión del delito, cuando ello fuere posible.

La ley penal consagra dos clases de daños: i) los materiales que están integrados por el daño emergente y el lucro cesante y ii) los morales a su vez divididos en objetivados y subjetivados. Los primeros son de contenido patrimonial, mientras que los segundos afectan a la persona en esferas distintas a aquel.

Ahora bien, el artículo 97 de la Ley 599 dispone que en relación con el daño causado por la conducta punible, el juez podrá señalar como una indemnización una suma equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales y que los materiales deben probarse en el proceso. Así mismo en el artículo 56 de la Ley 600 se expresa que en todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado el juez procederá a liquidarlos de acuerdo con lo acreditado en la actuación y que en los casos de perjuicios no valorables pecuniariamente la indemnización se fijará conforme a lo establecido en el Código Penal.

La armonización de los textos legales citados permite inferir que las exigencias para la demostración y liquidación del daño se predican del perjuicio material, dejando al juez la facultad de fijar los no valorables pecuniariamente que son los morales de carácter subjetivado en razón a que afectan el fuero interno de las víctimas o perjudicados, ya que se traducen en la tristeza, el dolor, la congoja o la aflicción que sienten las personas como consecuencia directa e inmediata del delito, cuyo único límite está determinado por la ley a partir de factores relacionados con la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado.

De manera que la tasación del daño moral subjetivado escapa a toda regulación por intermedio de perito, sin que surja la obligación de su designación para ese efecto y la necesidad de esperar sus resultados, pues la determinación de su monto es un acto atribuido por ministerio de la ley al juez de manera privativa como desde la sentencia del 26 de agosto de 1982 lo ha indicado la Corte.

Luego no asiste razón al procurador delegado cuando pide casar parcialmente el fallo bajo el supuesto de la falta de motivación en la determinación del daño moral, como tampoco al recurrente cuando alega la ausencia de fundamento objetivo para su fijación puesto que la referencia que hace el numeral 6º del artículo 170 de la Ley 600 está relacionada con los fundamentos jurídicos en los eventos en que proceda la indemnización.

Ahora bien, en el fallo de segunda instancia se aducen los artículos 97 del Código Penal y 56 de la Ley 600 de 2000 para no hacer ninguna clase de condena por el daño material en virtud a la inexistencia de elementos de juicio necesarios para hacer una tasación justa de los mismos, como también se advierte que la indemnización de los perjuicios no valorables pecuniariamente se hará en la forma prevista en el estatuto sustantivo.

En ese contexto es reprochable que se haya tomado en forma aislada el párrafo del fallo en el cual el juez justiprecia el daño moral en una suma equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales, pues a esa fijación llegó después de citar los fundamentos jurídicos que le impedían hacer la condena por el perjuicio material por no haber sido probados en el proceso como la que le permitía hacerlo por el daño moral.

En estricto sentido jurídico el fallador obró conforme a los mandatos legales absteniéndose o haciendo las condenas a que había lugar conforme a los elementos de juicio del proceso, de ahí que tanto en el desarrollo de la censura como el procurador delegado en su concepto mencionen la falta de motivación pero sin concretar el error, porque en el acápite del pronunciamiento sobre los perjuicios aquel fue claro en señalar la normatividad que le permitía obrar en el sentido que lo hizo.

Finalmente dígase que dicha facultad legal se asienta en el buen juicio, el prudente criterio y el uso adecuado de la discrecionalidad otorgada al juez, cuyo límite según lo advertido está constituido por la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado y nada más.

Como la determinación del daño moral se sustenta en supuestos jurídicos ciertos el reparo por falta de motivación absoluta carece de fundamento, pues en últimas el recurrente no discute la cuantía de lo fijado sino la manera como la misma fue establecida por el juez, la cual por la naturaleza del daño no podía determinarse a partir de fundamentos objetivos como se demanda sino de los factores arriba anotados y que —sin duda— fueron considerados al acudirse al artículo 97 de la Ley 599 de 2000.

En consecuencia el cargo no prospera».

(Sentencia de causación, 12 de diciembre de 2005. Radicación 24011. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero).

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