Sentencia 24069 de febrero 24 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 24069

Acta 19

Magistrado Ponente:

Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la sociedad Codensa S.A. ESP contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 13 de febrero de 2004, en el proceso seguido contra la recurrente por José Wilson Gómez Rodríguez.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

Resulta indudable que el reproche de la parte opositora debe desestimarse, por cuanto la censura en la demostración del cargo plantea dos hipótesis: la primera que se refiere a que el artículo 1525 del Código Civil no es pertinente al caso, por no guardar relación alguna con la situación fáctica debatida, específicamente en lo que tiene que ver con el pago de dineros a la terminación del contrato de trabajo por conceptos incompatibles con el reintegro y que dan lugar a la compensación, puesto que son distintas las sanciones que consagran las preceptivas del aludido precepto con la posibilidad jurídica de extinguir obligaciones por la existencia recíproca de deudas, y la segunda que tiene ver con la utilización que hizo el ad quem de la referida disposición legal sin estar demostrados los supuestos de ella. En esta última hipótesis cabría la objeción de la censura, pero la verdad es que con la primera, cuya naturaleza es puramente jurídica, es posible el estudio de la acusación.

En cuanto al problema planteado, debe advertirse que el artículo 1525 del Código Civil, sobre el cual fundamentalmente el ad quem sustentó su decisión, no tiene aplicación al asunto bajo examen; pues en materia laboral la legislación positiva y la jurisprudencia sobre el particular, tienen definido desde antaño la manera como se resarcen los perjuicios por un despido calificado como ilegal e injusto, y que en el caso del reintegro del trabajador decretado judicialmente implica que el contrato de trabajo recobró su vigencia, lo que significa jurídicamente que en realidad no terminó, volviendo las cosas al estado en que se encontraban al momento de su ruptura.

Y en puridad de verdad, es precisamente que partiendo de la permanencia del vínculo contractual laboral en el caso del reintegro de un trabajador despedido injustamente, en asunto similar al que ahora se decide, en sentencia del 10 de noviembre de 2004, radicación 23610, sostuvo la Sala:

“Se comienza por advertir que para el tribunal, el reintegro de un trabajador “trae como consecuencia básica la no solución del contrato de trabajo desde el momento del despido y hasta cuando sea reintegrado; valga decir el contrato recobra su vigencia y por ello la reinstalación conlleva el pago de los salarios con los aumentos legales o convencionales y de las prestaciones sociales que sean compatibles con él, pues ficcionadamente el contrato se considera que no tuvo interrupción”.

Según las anteriores consideraciones, el contrato no terminó y ha estado vigente. Si ello es así, no puede el trabajador beneficiado por el reintegro retener el monto de la indemnización por despido que recibió en el momento de la ilegal terminación, ni de cualquier otro que por su esencia y naturaleza sea contrario al restablecimiento del vínculo, como ocurre, por ejemplo, con la liquidación definitiva del auxilio de cesantía que teniendo como causa el fenecimiento del contrato, recibió en ese momento.

En este caso, cuando el trabajador ha recibido una indemnización por despido y otros derechos laborales y judicialmente se ha decretado su reintegro sin solución de continuidad, es lógico y de sentido común pensar que esos pagos perdieron su causa y su razón de ser. Y si así sucede, en el que de otro lado, el empleador debe pagar los salarios y prestaciones correspondientes causados durante el período en que el asalariado estuvo cesante, surge incontrastablemente que las partes quedan obligadas a las restituciones mutuas, pues por fuerza de la decisión judicial, el contrato de trabajo recobró su vigencia y esa vigencia cubre también el tiempo durante el cual el trabajador estuvo desvinculado por la decisión ilegal de su empleador.

Ciertamente, no se necesitan mayores consideraciones para llegar a ese aserto, ya que de lo contrario, con evidente menoscabo de los principios de la buena fe y del enriquecimiento sin causa, resultaría beneficiado doblemente el trabajador que se apropia de montos cuyas causas desaparecieron precisamente por la acción judicial que él instauró y que procura el restablecimiento de las cosas al estado anterior en que se encontraban cuando fue despedido por una determinación de su empleador que posteriormente es declarada inválida.

Sobre el particular, la Corte, en la sentencia traída a colación por la parte opositora, dejó dicho:

“Bien claro se ve así que cuando el patrono, por propia iniciativa y anticipándose inadecuadamente a cualquier decisión judicial que recaiga sobre el caso, resuelve indemnizar al trabajador antiguo que despide, ese acto unilateral no enerva la acción del despedido en procura del retorno al empleo, pero sí impone reembolsarle al patrono el monto de lo indemnizado cuando la justicia ordena el restablecimiento del contrato, ya que el reintegro o la satisfacción de perjuicios son formas alternativas y excluyentes entre sí, establecidas por la ley para reparar un mismo y único daño:

No cabe duda pues, de acuerdo con lo expuesto, que cuando ha habido un pago prematuro de la indemnización por parte del patrono, si llega a decretarse reintegro del despedido injustamente, en la misma providencia en que esto se imponga debe disponerse, sin más requisitos, que el monto de la indemnización inoportunamente satisfecha retorne al patrimonio del empleador, desde luego que la justicia optó, dentro de la escogencia que sólo a ella le corresponde, por la otra forma de resarcir a la víctima de un despido ilegítimo: Su regreso al empleo dentro de las previsiones legales.

Es conocido, por otra parte, que de acuerdo con la ley, el pago definitivo de la cesantía sólo puede hacerse al finalizar el contrato de trabajo. Entonces, cuando los jueces dispongan el reintegro de un despedido, lo que jurídicamente equivale a una reanudación de aquel contrato, cae de su peso que el pago de cesantía definitiva que haya hecho el patrono a quien creyó despedir de manera indeleble pero a la postre injusta, pierde su causa, circunstancia que le impone al fallador que ordena el reintegro, ordenar asimismo, y haya o no petición al respecto, que el valor correspondiente a la susodicha cesantía vuelva al patrimonio de quien lo satisfizo por una causa que dejó de existir como consecuencia de un fallo, para evitar así un enriquecimiento torticero de quien vuelve a ser trabajador activo de alguien que creyó haber dejado de ser patrono suyo y a expensas del patrimonio de este último” (Sent. de cas. mar. 11/85, rad. 8857).

En las anteriores circunstancias el cargo prospera y se casará la sentencia del Tribunal en cuanto por el ordinal primero de su parte resolutiva dispuso modificar a su vez el ordinal segundo de la parte resolutiva de la decisión de primer grado, disponiendo que la parte demandada no podía repetir lo pagado al demandante de acuerdo con el artículo 1525 del Código Civil y declarando que no procedía la excepción de compensación.

Como consideraciones de instancia, sirven las acabadas de exponer en sede de casación sin necesidad de otras adicionales y por tanto se confirmará el ordinal segundo de la providencia del a quo, pero modificándola en el sentido de precisar que las prestaciones sociales cuyo monto recibió el actor son aquella incompatibles con el reintegro a su empleo, e igualmente adicionándoles en cuanto a que el demandante debe restituir a su empleadora lo que recibió por indemnización por despido por la terminación de su contrato de trabajo. En lo demás, se confirmará dicho proveído.

No habrá lugar a costas en el recurso extraordinario, por cuanto el cargo resultó fundado. Las de la alzada son a cargo del demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 13 de febrero de 2004, en el proceso ordinario adelantado por José Wilson Gómez Rodríguez contra la sociedad Codensa S.A. ESP, en cuanto dispuso que la parte demandada no podía repetir lo pagado al demandante de acuerdo con el artículo 1525 del Código Civil y que no procedía la excepción de compensación.

En sede instancia, se CONFIRMA el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, pero modificándola en el sentido de precisar que las prestaciones sociales cuyo monto recibió el actor son aquellas incompatibles con el reintegro a su empleo, e igualmente adicionándola en cuanto a que el demandante debe restituir a su empleadora lo que recibió por indemnización por despido por la terminación de su contrato de trabajo. En lo demás, CONFIRMA dicha sentencia.

Costas de la alzada a cargo del demandante y no hay lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

_______________________________