Sentencia 24128 de septiembre 19 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 24128 de 2005 

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Acta Nº 69

Bogotá, D.C., septiembre diecinueve de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Aspecto previo.

1.1. Constituye presupuesto del derecho a la impugnación, el interés jurídico del sujeto procesal que pretende, a través del ejercicio de los recursos, la reparación de un desmedro causado con una decisión judicial, por manera que lo que se persigue es, remover, mejorar o atemperar una situación que resulta gravosa, criterio desde luego extensivo y aplicable a la casación.

1.2. La jurisprudencia de la Sala ha expuesto reiteradamente, de modo general, que la no interposición o sustentación debida del recurso de apelación respecto de la sentencia de primer grado, es señal de conformidad del sujeto procesal con el contenido de tal providencia, razón por la cual carecerá de interés jurídico para impugnar la de segunda instancia que no reforme aquélla en perjuicio de la situación del no recurrente, quien no puede invocar a última hora un agravio, con el fin de legitimarse en casación.

En otras palabras: si cualquiera de los sujetos procesales se abstiene de interponer o sustentar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, estando en condiciones de hacerlo, se ha de entender que se muestra conforme con la decisión proferida y el ad quem no puede, por su iniciativa, entrar a examinar su situación.

1.3. Desde el momento de efectuar la primera determinación de la carencia de interés para acudir en casación, si no se agotaba la apelación, en general, la Corte ha precisado que solo se puede prescindir de tal exigencia, en los siguientes casos:

— Cuando aparezca demostrado que arbitrariamente se le impidió el ejercicio del recurso de instancia.

— Cuando el fallo de segundo grado modifique su situación jurídica, de manera negativa, desventajosa o más gravosa.

— Cuando se trate de fallos consultables que causen perjuicio.

— Cuando el sujeto procesal proponga nulidad por la vía extraordinaria, siempre que medie una demanda en forma, pues “la aceptación del contenido material del fallo, revelada a través del silencio de la parte, solo resulta válida si el procedimiento que lo sustenta es legítimo, y en la circunstancia de ser la casación en nuestro medio, fundamentalmente un juicio de validez” (2) .

1.4. La falta de interés para recurrir, cuando se ha dejado de apelar la sentencia de primera instancia, con las salvedades planteadas, se predica de todos los sujetos procesales, sin privilegio distinto del que pueda surgir normativamente.

1.5. El interés jurídico del procesado Wilfredo Pardo Herrera se encuentra satisfecho, porque si bien no recurrió el fallo de primera instancia, su situación la cobija las excepciones a ese deber procesal, en tanto plantea irregularidad en el acto de notificación de la sentencia proferida por el juzgado que le habría impedido recurriría y nulidad de la actuación procesal.

2. Cuestión de mérito.

2.1. Cargo primero: nulidad.

2.1.1. Manifiesta el censor que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Popayán se dictó en un juicio viciado, porque se omitió la notificación personal del fallo de primer grado al procesado Wilfredo Pardo Herrera y a su defensora, irregularidad que incide en el debido proceso y el derecho de defensa al haberse obstaculizado la posibilidad de impugnación de esa decisión adversa a sus intereses.

2.1.2. Este reproche carece de fundamento por las siguientes razones:

2.1.2.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Decreto 2700 de 2000 y artículo 178 de la Ley 600 de 2000, en cuya vigencia se adelantó esta actuación, la notificación personal de las providencias judiciales solamente era imperativa para el procesado privado de la libertad, el Ministerio Público y el fiscal delegado.

Las notificaciones al sindicado que no estuviere detenido y a los demás sujetos procesales se harían en forma personal si se presentaren en la secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia, pasado ese término los autos se notificarían por estado y las sentencias por edicto.

2.1.2.2. El artículo 180 de la Ley 600 de 2000 estableció que la sentencia se notificará por edicto, si no fuera posible su notificación personal, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, sin que para la fijación de este se requiriera como paso previo la citación a los sujetos procesales por el medio más eficaz, pues esta solamente era exigible para quienes por mandato legal en forma expresa deben ser notificados personalmente (3) .

2.1.2.3. En el pronunciamiento jurisprudencial al que se refiere el demandante, la Corte precisó:

“Pero:

a) La ley establece términos dentro de los cuales el poder judicial debe dictar sus providencias. Esos lapsos, salvo causa justificada, tienen que ser cumplidos;

b) Uno de los deberes de los litigantes, más exactamente de sus representantes o apoderados, es estar pendiente de la solución de los conflictos, es decir, hallarse alerta pues el juez, en cualquier momento, dentro de los términos legales, puede tomar su decisión, y

c) No obstante, ese deber tiene límites, constituidos por la necesidad de proferir las resoluciones, autos y sentencias dentro de los plazos fijados por la ley. Dicho de otra forma: el deber de la “parte” es correlativo al deber judicial. Por ello le compete estar cerca del despacho judicial, porque este, por ejemplo, puede proferir su sentencia dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la audiencia, como dice el artículo 410.2 del Código de Procedimiento Penal. Mas, si el fallo no es dictado dentro de esos días, el deber compulsivo para las “partes” pierde peso.

Consecuente con lo anterior, si la resolución, auto o sentencia, es proferida dentro del marco temporal legal, no es menester oficiar a los sujetos procesales, salvo cuando la misma normatividad compele a ello. Y lo contrario: si la determinación judicial es posterior a la frontera máxima de tiempo establecida en la ley, nace el deber judicial de comunicar a las “partes”, para que se acerquen a la notificación, así la ley, en el caso concreto, no lo exija” (4) .

2.1.2.4. El trámite procesal cumplido en este asunto fue el siguiente:

— El 19 de febrero de 2004 finalizó la audiencia pública.

— En esta sesión el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao dictó auto interlocutorio negando la apertura de nuevo trámite incidental frente a la objeción presentada por el apoderado del Ingenio Incauca S.A., en su condición de tercero civilmente responsable, con respecto a un dictamen pericial sobre perjuicios, proveído recurrido en apelación, alzada concedida en el efecto suspensivo.

— El Tribunal Superior de Popayán el 4 de junio siguiente decidió dicho recurso en el sentido de confirmar la decisión asumida por el a quo.

— El 24 de ese mismo mes y año aparece constancia secretarial pasando el asunto al despacho para que dicte sentencia.

— El 29 de ese mismo mes y año la secretaría hace constar que se avocó el conocimiento de dos acciones de tutela, indicándose los números de radicación, accionante, accionado y la fecha en que fueron recibidas.

— Con fecha 27 de julio de 2004 se dictó la sentencia.

El inciso 2º del artículo 410 de la Ley 600 de 2000 establece que finalizada la audiencia pública, el juez dictará sentencia dentro de los quince (15) días siguientes. En este caso, ese término se inició el 24 de junio de 2004, cuando el expediente ingresó al despacho para tal fin, finalizando el 15 de julio siguiente, dictándose el fallo el 27 de ese mismo mes y año, es decir, siete (7) días después de vencido el referido término, pero como la secuencia procesal antes vista incluyó constancia secretarial donde se informó a los sujetos procesales la entrada de dos acciones de tutela que dada la prevalencia que a estos asuntos deben dispensar los funcionarios judiciales por mandato constitucional y legal (5) , circunstancia que como con acierto lo destaca el procurador judicial generó efectos no solo para el juez, sino también para los intervinientes en el proceso penal que prolongó su deber de permanecer atentos a la fecha en que sería emitida la sentencia.

Esa misma secuencia deja sin sustento la afirmación del demandante cuando critica al juez de primera instancia de haberse excedido en ciento tres (103) días para emitir el fallo, pues el libelista no tuvo en cuenta el tiempo que transcurrió en el trámite del recurso de apelación contra el auto proferido en la audiencia pública, el cual se concedió en el efectivo suspensivo, y que tan solo sobrepasó en siete (7) días el término legal establecido para dictar sentencia, lapso dentro del cual se ocupó del trámite y definición de dos acciones de tutela.

Lo anterior indica que el fallo de primer grado fue proferido dentro de los términos legales y que una vez dictado se notificó personalmente al coprocesado Luis Alberto Ortiz Fontal, a su defensora y a los apoderados de la parte civil y el tercero civilmente responsable, quienes estuvieron atentos al desarrollo del proceso y se presentaron a enterarse de la decisión, sin que aparezca constancia acerca de que se les haya comunicado la emisión de la sentencia.

Y, como tal providencia se notificó por anotación en edicto que fue fijado el 2 de agosto de 2004 y desfijado a los dos (2) días, así culminó con el trámite de enteramiento de la decisión en la forma previsto por la ley, lo cual constituye mecanismo idóneo para garantizar el derecho de impugnación.

El cargo no prospera.

2.2. Cargo segundo: nulidad.

2.2.1. Tampoco le asiste razón al casacionista al acusar la sentencia de haber sido dictada en juicio viciado por supuesta prescripción de la acción penal derivada de la aplicación retroactiva del artículo 292 de la Ley 906 de 2004, en virtud del principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.

2.2.2. La jurisprudencia de la Sala viene sosteniendo que las normas que se dictaron para la dinámica del sistema acusatorio colombiano, son susceptibles de aplicarse por favorabilidad a casos que se encuentren gobernados por la Ley 600 de 2000, a condición de que no se refieran a instituciones propias del nuevo modelo procesal y de que los referentes de hecho en los dos procedimientos sean idénticos (6) .

2.2.3. La identidad en los referentes de hecho a que se refieren los pronunciamientos antes indicados no se presenta en la situación a que alude el demandante, por las siguientes razones:

2.2.3.1. En el sistema acusatorio creado por la Ley 906 de 2004 se distinguen dos fases procesales: i) etapa preprocesal, comprensiva de la noticia criminal, indagación, audiencia de formulación de la imputación, práctica de prueba anticipada, medidas de protección de víctimas y testigos, medidas de aseguramiento, cautelares, principio de oportunidad, preclusión y aceptación de cargos; y ii) etapa procesal, donde se encuentra la acusación, audiencia de formulación de la acusación, audiencia preparatoria, audiencia de juicio oral, anuncio inmediato de fallo, audiencia de individualización de la pena, incidente de reparación integral y justicia restaurativa.

2.2.3.2. El nuevo sistema caracterizado por los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad, imprime a la actuación procesal una dinámica más ágil, con miras a alcanzar una pronta y cumplida administración de justicia con respeto por las garantías constitucionales fundamentales, de manera que el desarrollo de aquella primera fase comprensiva desde el momento de la formulación de la imputación hasta cuando se inicia el juicio con la presentación de la acusación, se ha de cumplir bajo unos precisos términos.

Es así como el artículo 175, inciso 1º, prevé que “El término de que dispone la fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código”.

Esta última disposición señala:

“Vencido el término previsto en el artículo 175, el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.

En este evento, el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento.

El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente”.

Estas disposiciones al fijar términos perentorios que obligan a adoptar las decisiones pertinentes en lapsos breves, contribuyen a materializar la efectividad del principio de celeridad que caracteriza el sistema acusatorio, dinámica que explica que en la nueva sistemática se interrumpa la prescripción de la acción penal con la formulación de la imputación, la cual comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, evento en el cual “no podrá ser inferior a tres (3) años” (L. 906/2004, art. 292).

Bajo este contexto no resulta razonable que un instituto como el previsto en la disposición que se acaba de citar, establecido para operar dentro de un sistema acusatorio, se pueda aplicar dentro de un proceso que se inició y culminó en las instancias bajo los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000.

Y, como bien lo pone de presente el procurador delegado, tampoco se observa que exista identidad con relación a las providencias señaladas como frontera procesal para realizar la interrupción de la prescripción, porque en el sistema de los estatutos punitivos de 1980 y 2000, la ocurrencia del citado fenómeno se centró en la resolución de acusación, o su equivalente, debidamente ejecutoriada (inicio del juicio), mientras que el legislador de 2004 adelantó ese momento para situarlo en la formulación de la imputación (fase preprocesal), la cual según el artículo 286 de la Ley 906 de 2004, se define como “el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se llevará a cabo ante el juez de control de garantías”.

La audiencia de formulación de la imputación del nuevo sistema acusatorio, no puede asimilarse a la resolución acusatoria del sistema anterior, sencillamente porque el nuevo estatuto también establece la figura de la acusación en los artículos 336 y 337.

En estas condiciones no resulta procedente aplicar el principio de favorabilidad solicitado por el casacionista y coadyuvado por el sujeto procesal no recurrente.

Por todo lo anterior, el cargo no prospera.

3. Cuestión final.

Al decidirse la casación sin sustitución sobre el fallo contra el cual va dirigida, esta providencia queda ejecutoriada el día en que es suscrita (art. 187 L. 600/2000, antes art. 197 D. 2700/91) y no admite recurso alguno. En todo caso, se notificará en la forma prevista por la ley.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Corte Suprema de Justicia, sentencia casación marzo 31 de 2004, Radicación 20.594, M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, entre otros, auto feb. 11/99, Radicación 9998, M.P. Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll; casación feb. 24/2000, Radicación 10.809, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego; casación feb. 13/2001, Radicación 14.370, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de tutela, nov. 24/94, Radicación 1319, M.P. Dr. Guillermo Duque Ruiz.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia mar. 31/2004, Radicación 20.594, M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

(5) ART. 86.—Constitución Política: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúa a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

(…).

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”.

ART. 15.—Decreto 2591 de 1991, “Trámite preferencial. La tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del presidente de la Sala o del magistrado a quien este designe, en turno riguroso, y será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto diferente, salvo el de hábeas corpus” (negrilla fuera del texto).

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos mayo 4 de 2005, radicaciones 23567 y 19040, magistrados ponentes doctores Marina Pulido de Barón y Yesid Ramírez Bastidas.

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