Sentencia 24131 de mayo 18 de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 24131

Acta 51

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Náder

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la señora ANA BEATRIZ DUARTE RAMÍREZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 23 de septiembre de 2003, dentro del proceso ordinario seguido por la recurrente al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Antecedentes

El proceso fue promovido por la demandante con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su cónyuge, Otto Prato Apolinar, a partir del 26 de julio de 1997, con su correspondiente corrección monetaria, los intereses corrientes y todo aquello que resulte probado ultra y extra petita.

Como sustento fáctico de sus pretensiones la demandante expuso lo siguiente, resumido del libelo: 1) Su esposo, Otto Prato Apolinar, falleció el 26 de julio de 1997, habiendo laborado para el Banco de Bogotá desde marzo de 1963 hasta el 15 de junio de 1975, estando afiliado al ISS bajo el patronal 14016200001; 2) Solicitó al ISS la pensión de sobrevivientes, pero la misma le fue negada por falta de cumplimento de los requisitos legales.

Respuesta a la demanda

A través de apoderada judicial el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES se opuso a las pretensiones de la actora; en cuanto a los hechos, manifestó no tener conocimiento de ellos.

Decisiones de instancia

En audiencia de juzgamiento celebrada el 21 de septiembre de 2001, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta condenó al Seguro Social a pagar a la actora una pensión sobrevivientes en cuantía inicial de $ 172.005.00 a partir del 26 de julio de 1997, con sus respectivos incrementos legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre y al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; condenó en costas y absolvió de las demás pretensiones del libelo.

Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora, el Tribunal Superior de Cúcuta, mediante la sentencia ahora impugnada revocó la decisión de primer grado.

El ad quem empezó por señalar que en el proceso quedaron establecidos los siguientes hechos: Que el afiliado Prato Apolinar nació el 27 de mayo de 1948 y falleció el 26 de julio de 1997; que el referido causante estuvo casado con la actora desde el 22 de noviembre de 1977; que el afiliado cotizó al ISS, entre otros por los riesgos de IVM, hasta el 2 de agosto de 1994 un total de 6.593 días.

Posteriormente y después de transcribir el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 el Tribunal examina la última cotización realizada por el causante y la fecha de su fallecimiento, para concluir que no se cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo, “...toda vez que la actora para hacerse acreedora como beneficiaria del derecho a la pensión de sobrevivientes, debió acreditar que su esposo aportó al sistema veintiséis (26) semanas en el año inmediatamente anterior a su muerte, o sea, del 27 de julio de 1996 al 26 de julio de 1997 y como su último aporte lo realizó hasta el día 2 de agosto de 1994, a la demandante no le asiste ningún derecho a la pensión reclamada, tal como se desprende de la prueba documental vista a folios 51 a 53”.

Sostuvo asimismo que el causante Otto Prato Apolinar era beneficiario del régimen de transición prescrito en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, por lo tanto le era aplicable el acuerdo 49 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 de 1990, el cual en su artículo 12 establece los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez.

Finalmente expresó:

“como entre el 27 de mayo de 1988 fecha en que el causante Prato Apolinar cumplió cuarenta años (40) de edad y el 26 de julio de 1997, fecha de su fallecimiento es menor de 60 años de edad, sólo cotizó por vejez 265 semanas y 941 semanas en toda su vida laboral, por tanto no se causa pensión de vejez.

“Como pude verse fácilmente, no existen dos normas aplicables al caso controvertido, por tanto no pude aplicarse el principio de la favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Carta Política al cual acudió el fallador de primer grado, más aún por tratarse de una pensión de sobreviviente el posible derecho que le pudiera corresponder a sus beneficiarios nace una vez acontece el hecho de la muerte, siendo aplicable la norma vigente para el momento del siniestro, que como quedó visto ésta ocurrió el 26 de julio de 1997 en vigencia del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y no otra”.

Recurso de casación

Su alcance se concreta a que se case la sentencia impugnada para que en sede de instancia se confirme en todas sus partes la sentencia del juez del conocimiento. Con este propósito presentó tres cargos fundados en la causal primera de casación laboral, que fueron replicados oportunamente, que la Sala comenzara a estudiar por el segundo, por razones de método.

Segundo cargo

Acusa a la sentencia de incurrir en infracción directa por aplicación indebida del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, violación que señala condujo a la falta de aplicación en relación con los artículos 8º de la Ley 153 de 1887; 16 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo; 11, 272 y 289 de la Ley 100 de 1993, 25 ordinales a) y b) y 26 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990; 48, 53 y 58 de la Constitución Política.

La censura después de transcribir un aparte de la sentencia del Tribunal sostiene que el error jurídico en que éste incurrió fue el de limitarse a aplicar de manera exegética el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sin hacer un análisis juicioso del estudio de la norma más favorable, olvidando la doctrina de la Corte que señala que aunque haya ausencia de cotizaciones en el año inmediatamente anterior al fallecimiento del asegurado, la pensión de sobrevivientes se causa con la acreditación de las semanas requeridas por el régimen de seguridad social previsto en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Destaca que al aplicarse la Ley 100 de 1993, se desconoció por el juzgador que el causante mantuvo su fidelidad al sistema de seguridad social previsto en los distintos acuerdos del ISS anteriores a dicha ley, es decir que cumplió con las semanas requeridas para obtener el derecho a su pensión de vejez, y con este requisito era innecesario seguir cotizando al sistema, salvo que hubiera querido aumentar el monto de su pensión, “quedando entonces por cumplir el otro requisito, como era la muerte del asegurado para que se originara el derecho aquí reclamado, esto es, pensión de sobrevivientes”.

Agrega que el Tribunal después de hacer el análisis de la norma más favorable al tenor de lo previsto en el artículo 53 de la constitución política y precisar que el afiliado Otto Prato se encontraba amparado por el régimen de transición y por tanto debía aplicársele el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, concluye erradamente que por no tener el monto de las semanas no se había causado la pensión de vejez, lo que lo lleva a incurrir en el segundo error jurídico “de que el mencionado acuerdo no era aplicable al asunto aquí debatido”.

Señala que “La evaluación que hizo el juzgador lo llevó a cometer el grave desatino de aplicar un régimen que no correspondía, desconociendo de paso los principios de favorabilidad, condición más beneficiosa y derechos adquiridos, con lo cual ignoró el artículo 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, y lo condujo a sostener que la actora no reunía los requisitos para tener derecho a la pensión de sobrevivientes”.

Expresa que “el Tribunal sin ninguna razón se reveló contra las disposiciones acusadas, conducta que de no haber incurrido habría obligado al sentenciador a adoptar una decisión diferente, esto es, aplicar la normatividad pertinente al caso, concretamente el artículo 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, con ello no se habría producido una sentencia absolutoria, pues en tal caso, el tribunal se habría abstenido de aplicar el artículo 46 de la Ley 100 de 1993”.

La réplica

La réplica aduce que el casacionista incurrió en un error de técnica insalvable pues denuncia la infracción directa de una de una norma y al mismo tiempo aplicación indebida de la misma.

Manifiesta que en caso que la Corte decida estudiar el mérito de la acusación se debe tener presente que el causante a partir de su ingreso hizo aportes por 941 semanas, pero durante los 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas establecidas por Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 49, solo se realizaron 265 semanas, por lo que no se satisfacen las exigencias previstas para la trasmisión pensional que nos ocupa.

Se considera

No le asiste razón al opositor en cuanto a la deficiencia de forma que señala al cargo, relacionada con la violación legal denunciada, por cuanto se desprende del desarrollo del mismo que la expresión infracción directa, fue utilizada por el recurrente para significar el quebrantamiento del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 por vía directa, mas no como concepto de violación de tal precepto. Eso sí, es conveniente señalar que al enunciar la censura que la aplicación indebida de la norma mencionada condujo a la “falta de aplicación” de otras disposiciones que enumera incurre en una impropiedad, habida consideración que en el recurso extraordinario de casación laboral ésta es sólo una modalidad del concepto de infracción directa, que es la forma correcta de acusar la violación de una norma sustancial del orden nacional cuando el sentenciador desconoce su vigencia o se rebela contra ella; deficiencia que en realidad no tiene ninguna trascendencia dado que la Sala admite una equivalencia conceptual de tales expresiones pero insistiendo que lo ajustado a la ley es invocar la infracción directa.

Pues bien, hechas las anteriores aclaraciones es oportuno anotar que fueron hechos establecidos por el juzgador de segundo grado, relacionados con el tema jurídico debatido, respecto de los cuales se muestra conforme la impugnación como corresponde en el ataque dirigido por la vía directa, que el afiliado Prato Apolinar nació el 27 de mayo de 1948 y falleció el 26 de julio de 1997 y que estuvo casado con la actora desde el 22 de noviembre de 1977; como también que cotizó al ISS, entre otros, para los riesgos de IVM, hasta el 2 de agosto de 1994, un total de 6.593 días.

El aspecto de fondo controvertido en este asunto radica en determinar si las normas aplicables a los casos de pensiones de sobrevivientes cuando el fallecimiento se produce en vigencia de la Ley 100 de 1993 son las de esta normativa, o si por el contrario hay algunas excepciones a esa pauta, como cuando el difunto ha cumplido con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones previsto en dicha ley la densidad de cotizaciones exigidas en la legislación preexistente.

Al respecto, se encuentra que es criterio jurisprudencial reiterado de la Sala que procede la pensión de sobrevivientes aunque exista ausencia de cotizaciones del afiliado en el año anterior a su fallecimiento, siempre que durante su vinculación a la seguridad social haya reunido los requisitos establecidos por el Acuerdo 49 de 1990, recogido entre otras en la sentencia de 24 de agosto de 2002, radicada con el número 15837, en que se dijo lo siguiente:

“En torno a la procedencia de la pensión de sobrevivientes, la Sala tiene decidido que no es admisible negarla por la ausencia de cotizaciones en el año anterior al fallecimiento del causante, si durante todo el tiempo de su vinculación a la seguridad social cumplió con los requisitos exigidos por el Acuerdo 49 de 1990, toda vez que fundada en una interpretación y aplicación sistemática de las normas en conflicto, consultando su espíritu bajo el amparo de los principios de equidad y proporcionalidad constitucionales se ha establecido que:

“Uno de los objetivos de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del principio constitucional de garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social —artículo 48—, y en aras de lograr una mayor cobertura de beneficiarios frente a la más grave calamidad que puede sufrir el ser humano (la muerte), consistió en disminuir los requisitos prescritos en los reglamentos para que los integrantes del grupo familiar afectado con las traumáticas consecuencias económicas que ella genera no quedaran desamparados.

“De otra parte, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 al referirse a las características del sistema general de pensiones, garantizó la eficacia de las cotizaciones efectuadas con antelación a su vigencia, así: (...).

“Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquiera caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo del servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.

Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualquiera de ellas”.

“Además cabe resaltar que mientras los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 señalaron como requisitos de aportes para la pensión de sobrevivientes de origen común reunir 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo, el nuevo ordenamiento legal de prima media con prestación definida de la ley 100 redujo las semanas a sólo 26 en cualquier tiempo para quienes estuvieren afiliados al momento de la muerte, y para quienes dejaron de cotizar al sistema introdujo la condición de que las mismas 26 hubiesen sido sufragadas dentro del año inmediatamente anterior al fallecimiento, por lo que ante tal realidad y en atención al postulado protector propio del derecho del trabajo y de la seguridad social, se actualiza por excelencia en el caso objeto de estudio, el principio de la condición más beneficiosa, contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

“En consecuencia, sería violatorio de tal postulado y del principio constitucional de la proporcionalidad, entender que dentro del nuevo régimen de la Ley 100 —que redujo drásticamente el requisito de intensidad de semanas—, quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento sus familiares podrían reclamar la respectiva prestación al momento de su deceso.

“Por lo anterior, la circunstancia de no haber cotizado el causante ninguna semana al ISS, en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, en manera alguna apareja la ineficacia de sus aportes durante más de 20 años (más de 1.200 semanas), porque esa condición más beneficiosa estatuida en el régimen del Acuerdo 49 está amparada por el artículo 53 supralegal y por ende tiene efectos después del 1º de abril de 1994, para la eficacia del cubrimiento del seguro de invalidez, vejez y muerte, dado que el mínimo de semanas requerido estaba más que satisfecho; es más, era tal la densidad de ellas que superaba las exigidas para la pensión de vejez (art. 12 del mismo acuerdo).

“Así mismo, no escapa a la Sala que ante una contradicción tan evidente, impone el sentido común el imperio de una solución cimentada en una interpretación y aplicación sistemática de normas y en el espíritu de las mismas, consultando los principios de equidad y proporcionalidad. Y en tal orden de ideas se apartaría de estos postulados la decisión jurisdiccional que sin ningún análisis contextual aplicara al caso el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y so pretexto de haberse producido el deceso a los 3 meses y 23 días de entrar en vigencia el nuevo régimen de seguridad social y de no tener cotizadas el causante 26 semanas en el año anterior al fallecimiento, se negase a sus derechohabientes la pensión de sobrevivientes, que edificó el afiliado durante más de 20 años, las que le daban derecho a causar no sólo pensión de sobrevivientes sino aun a estructurar el requisito de aportes para la pensión de vejez.

“Si se acogiera tal solución fría y extremadamente exegética se llegaría al absurdo que un mínimo de cotizaciones efectuadas durante solo 6 meses anteriores a la muerte dan más derecho que el esfuerzo de aportes durante toda una vida laboral efectuado por quien cumplió con todos los cánones estatuidos en los reglamentos vigentes durante su condición de afiliado, lo cual no solamente atenta contra los principios más elementales de la seguridad social, sino también contra la lógica y la equidad.

“Por tanto, siendo indiscutible el cumplimiento de todas las cotizaciones estatuidas por el régimen vigente durante la vinculación de SAUL DARIO MESA RODRÍGUEZ al seguro de invalidez, vejez y muerte, luego de lo cual se produjo su muerte y ante la presencia de dos sistemas normativos de seguridad social de posible aplicación razonable, a juicio de la Corte, como son el Acuerdo 49 —Decreto 758 de 1990— y la Ley 100 de 1993, debe inclinarse el juzgador, con arreglo al texto 53 supralegal por la norma de seguridad social vigente al momento de culminación de la afiliación, esto es el primero de los estatutos mencionados, por ser el régimen más favorable a quien en vida cumplió en desarrollo de su labor con el sistema de seguridad social, para su protección y la de su familia”.

Demuestra en consecuencia la censura que el Tribunal incurrió en el primer desatino jurídico que la censura le señala, por tanto se casará parcialmente la sentencia recurrida en cuanto revocó la decisión de primer grado que condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a la actora una pensión sobrevivientes, en cuantía inicial de $ 172.005 a partir del 26 de julio de 1997, con sus respectivos incrementos legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre y al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En razón a la prosperidad de este cargo se hace innecesario emprender el estudio de los dos restantes dado que persiguen el mismo fin. Además, teniendo en cuenta la prosperidad de la censura no hay lugar a costas en el recurso.

En sede de instancia son suficientes los criterios jurisprudenciales retomados en casación para confirmar la decisión del juez del conocimiento, en cuanto condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a la actora una pensión sobrevivientes, en cuantía inicial de $ 172.005 a partir del 26 de julio de 1997, con sus respectivos incrementos legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre. Igualmente se confirmaran los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, impuestos en la sentencia de primer grado, de acuerdo con lo señalado por la Sala en sentencia del 20 de octubre de 2004, radicada con el número 23159, en la que se anotó lo siguiente:

“... El anterior criterio jurisprudencial debe ser ahora precisado, atendiendo la particular regulación legal de pensiones de vejez como la otorgada al actor, porque, a pesar de tener ella origen en el régimen de transición pensional, que fue lo concluido por el Tribunal, es dable entender que fue conferida con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 31 de la citada ley, que incorporó al régimen solidario de prima media con prestación definida las “disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, al preceptuar que esas disposiciones le serán aplicables a ese régimen, que, como es suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de pensiones.

“Lo anterior significa que una pensión de vejez del régimen de transición que jurídicamente encuentra sustento en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, disposición que, como quedó visto, ha sido integrada al régimen de prima media con prestación definida, debe ser considerada como una pensión que origina “el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley”, como lo señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para sancionar la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es razonable concluir que corresponde a una pensión del citado régimen solidario de prima media con prestación definida, por las razones anotadas en precedencia. Y si ello es así, la falta de pago de las mesadas debidas origina el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en la antedicha norma legal”.

No hay lugar a costas en segunda instancia, las de primera son de cargo de la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 23 de septiembre de 2003, dentro del proceso seguido por OTTO PRATO APOLINAR contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en cuanto revocó las condenas impuestas a la entidad accionada en la decisión de primer grado, no la casa en lo demás. En sede de instancia se confirma en su integridad la sentencia del juez del conocimiento. Sin costas en segunda instancia, las de primera son de cuenta de la entidad demandada.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Carlos Isaac Náder—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gomez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

Salvamento de voto

No comparto la decisión de No Casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín dentro del proceso instaurado por EMILSE ORTEGA HERRÁN contra la Sociedad COLOMBIAN PETROLEUM COMPANY “EN LIQUIDACIÓN”, y así quedar incólume la confirmación de la condena proferida en primera instancia, —por la cual se otorga a la demandante la pensión de sobrevivientes reclamada—. Con todo respeto me aparto de las consideraciones hechas por la Sala por lo siguiente:

A mi juicio, el régimen que regula el derecho a la pensión de sobrevivientes es el vigente para el día del fallecimiento del causante, y no como lo entiende la Sala, el que gobierna la prestación cuando se consolida el derecho a la pensión que se sustituye.

La pensión de sobrevivientes es un derecho autónomo que surge a partir del momento en que se extingue el derecho a la pensión de vejez, de jubilación o de invalidez, por la muerte del pensionado.

Con la sustitución pensional se nova un derecho a una pensión vitalicia; ésta se extingue con la muerte del pensionado y, en su lugar, surge un nuevo derecho cuya fuente es la ley; ella determina, con independencia de la voluntad del causante, las personas beneficiarias del derecho —indica los requisitos que ellas deben satisfacer para tener tal calidad—, el orden de prelación, el contenido y el tiempo de disfrute de las prestaciones, y todo ello de conformidad con la situación que se establezca para el momento del fallecimiento del causante.

El dar por sentado que la pensión de sobrevivientes se causa al tiempo con el derecho de la pensión que se transmite, conduce a conclusiones inaceptables, como la de atribuir aquél derecho al pensionado sustituido, esto es, que éste tiene en vida un derecho que sólo surge con su muerte; o la de otorgar a alguien derechos cuyos titulares son terceras personas; y, además, estimarlos como derechos adquiridos cuando para sus verdaderos titulares son sólo meras expectativas hasta el momento en que se establezca que el causante no les sobrevivió.

La configuración de la pensión de sobrevivientes que hace la ley, no se contrapone al derecho del pensionado a proteger a su familia, sino que es la manera, la única, como ésta ha de realizarse.

Fecha ut supra, 

Eduardo López Villegas