Sentencia 24180 de octubre 11 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 24180

Acta 89

Magistrada Ponente:

Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., once de octubre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Del examen de las pruebas respecto de las cuales existe pronunciamiento expreso del recurrente, y que indica como erróneamente apreciadas o dejadas de apreciar, resulta objetivamente lo siguiente:

1. No obstante apenas haber citado el recurrente la pieza procesal mediante la cual sustentó su recurso de apelación contra la sentencia del juez de primer grado (fls. 368 a 371), pero no haber precisado el presunto yerro en su valoración, se advierte que en el tercero de los fundamentos del recurso se alude a la bonificación para movilización como “elemento integrante del salario” (fl. 320), por lo que se insiste en que “debió ser tenido en cuenta para liquidar sus prestaciones sociales” (fl. 321), de donde no es posible inferir que se estuviera pretendiendo su pago sino apenas su cálculo como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales del trabajador. No incurrió entonces el tribunal en un yerro de apreciación de dicha pieza procesal o por lo menos que sea dable calificar de ostensible, protuberante o manifiesto al entender que no se persiguió en el recurso de apelación la revocatoria de la absolución al pago de la llamada por el demandante bonificación por movilización sino, apenas, la inclusión de ese concepto en la base de liquidación de sus prestaciones sociales por tener el carácter de factor salarial. Menos aún, cuando quiera que el juzgador al aludir a ese concepto en el párrafo que cita el recurrente, expresamente lo refirió como ajeno al salario del trabajador y, por tanto, extraño a su base salarial para reliquidar sus prestaciones sociales. Fuera de lo dicho, es claro que el segundo argumento del tribunal para desestimar esa posible pretensión, esto es, el de que el demandante usufructuó el vehículo hasta su retiro, momento en que lo readquirió, no fue objeto de reproche por el censor.

2. El tribunal no afirmó que en el contrato de leasing apareciera cláusula alguna en la cual se consignara que el automotor se le entregaría al demandante para facilitarle el desempeño de sus funciones, como lo asevera el recurrente. Ese documento lo señaló el juzgador para decir que este fue su único locatario, cuestión que no es discutida por el impugnante sino más bien reafirmada a lo largo del proceso e insistida en el recurso extraordinario en el que se sostiene que “la Cámara de Comercio de Santa Marta adquirió un vehículo mediante el sistema de leasing con el fin de entregarlo al doctor Édgar Polo Flórez para su uso personal y como sucedáneo de los valores que antes se le pagaban para costear su movilización” (fl. 17 cdno. 3). No incurrió el juez de la alzada entonces en yerro probatorio alguno respecto de este documento.

Lo que sí es cierto, en este tópico del recurso, es que la señalización del recurrente de que la entrega de ese vehículo puede ser un “indicio serio” (fl. 17 cdno. 3), orientado a la “inferencia probable” (ibídem), de que “su goce tiene significación retributiva y nunca la contraria” (ibídem), no es susceptible de ser estudiada en la casación del trabajo por no ser la prueba indiciaria una de las calificadas en el recurso extraordinario, atendida la restricción impuesta por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969. De suerte que, todo el cardumen indiciario que construye alrededor de esa situación no puede ser estudiado por la Corte, por lo que, solo en la medida que alguna de las pruebas calificadas arroje un yerro de apreciación probatoria con la magnitud de manifiesto, protuberante u ostensible, es posible quebrar el fallo y concluir cosa distinta a la observada por el juzgador de instancia de que el uso del vehículo automotor tuvo como objetivo facilitarle al demandante el desempeño de sus funciones como director ejecutivo que fue de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

3. Cierto es que la certificación que obra a folio 18 del expediente indica que al actor se le pagaron unas sumas de dinero por concepto de bonificación por movilización por los años 1997 y 1998, pero ello no significa que el uso del vehículo automotor entregado al demandante a partir de julio de 1998 (fl. 157), mediante contrato de leasing que constituyó su empleadora, fuera la misma prestación económica o un sucedáneo, como lo asienta el recurrente, menos aún cuando quiera que por el mismo año de 1998, cuando recibió el vehículo, se le pagó la mentada bonificación. Por manera que, a lo sumo, tal conexión que establece el recurrente entre estos medios de convicción no deja de ser una prueba conjetural no apta de ser estudiada en sede de casación, por la misma razón que lo es la prueba indiciaria.

4. El acta número 10 de la junta directiva de la demandada (fls. 189 a 190), en cuya elaboración actuó el demandante como secretario, señala explícitamente que al presidente ejecutivo, cargo que después ejercería, el órgano directivo le niveló su sueldo en un 20%, así como que decidió “proveer de vehículo al presidente ejecutivo” (fl. 190), con la gabela de que a la terminación del contrato de leasing o de su retiro anticipado lo adquiriera por el valor del salvamento, sin que de su lectura se pueda desprender que la asignación del mentado vehículo lo hubiera sido a título de retribución o por la prestación de sus servicios sino, lo que es entendible, por ser usual en la administración pública y en la privada, que se le facilitara el automotor por ostentar la condición de “presidente ejecutivo” de la Cámara de Comercio de Santa Marta y, obviamente, como lo concluyó el tribunal, para facilitarle el cumplimiento de sus funciones.

No sobra resaltar que no en pocas ocasiones, atendida la importancia del cargo que ejerce el trabajador, las funciones que desempeña, el status de la empresa para la cual labora y aún, su propia seguridad, la empresa facilita a algunos de sus trabajadores medios de transporte acordes con esos requerimientos, sin que por ello deba concluirse que forman parte de su retribución, o que constituyen expresión de su salario. Tal situación es recurrente entratándose de directivos de la empresa, la cual, por su propia imagen, o el desarrollo de sus particulares estrategias comerciales, llega a requerir que estos tengan ciertas facilidades para el cumplimiento de su gestión, de donde no parece nada extraño que, para facilitar el cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Comercio de Santa Marta haya provisto a su presidente ejecutivo de un vehículo, sin que resulte relevante, para efectos de su salario, que también haya dispuesto una especial ventaja al momento del pago total del automotor o de su retiro del empleo.

5. En cuanto a la llamada por el recurrente como bonificación por movilización o uso de vehículo, los testimonios que cita como erróneamente apreciados no pueden ser analizados por la Corte por no haber probado los yerros de valoración de los medios de convicción calificados en casación, en atención a la citada restricción legal del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, los cuales, en últimas, lo que exponen es su particular entendimiento del uso del vehículo pero no hechos que acreditaran tal efecto.

6. El recurrente no discute la lectura que hiciera el tribunal de la Resolución 01 de 21 de marzo de 1997 (fls. 236 a 239), y que le permitió concluir que la llamada ‘bonificación por desempeño’ fue estipulada por la empleadora restringiéndole expresamente su carácter de factor salarial, sino el hecho de que el tribunal no hubiera estudiado sus antecedentes, los cuales, asevera, “muestran el indiscutible carácter salarial de la bonificación por rendimiento pagada al actor” (fl. 25 cdno. 3).

Por manera que, siendo cierto que la aludida resolución expresamente señala que “la bonificación por desempeño se cancelará por una vez al año, en el primer trimestre y no constituye factor salarial” (fl. 238); que ese fue el esencial razonamiento probatorio del tribunal para arribar a la conclusión reprochada; y que el recurrente no lo discute sino que a través de otros medios de prueba intenta desvirtuarlo, el argumento del juzgador permanece incólume y, con independencia de lo que muestren los otros medios de convicción del proceso, mantiene la presunción de legalidad y acierto de la sentencia, por ser sabido que los jueces del trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no están atados a una tarifa legal de prueba y pueden formar libremente su convencimiento atendiendo cualquiera de los medios de prueba admitidos por el legislador, salvo que la misma ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, evento en el cual no podrán admitir su prueba por otro medio.

Ahora bien, el razonamiento del juzgador de serle posible al empleador establecer tal tipo de restricción cuando concede unilateralmente a sus trabajadores pagos como el aquí tratado, que fue el argumento con el que redondeó su negativa a la pretensión del hoy recurrente, por ser de naturaleza jurídica no es posible ventilarlo por la vía escogida en el cargo en donde se supone plena conformidad del recurrente con las conclusiones jurídicas del tribunal.

De modo que, siendo esencialmente dos las razones del tribunal para despachar negativamente la pretensión del actor de considerarse la bonificación por desempeño como factor salarial: una no atacada por el recurrente y que no merece tampoco reproche alguno por decir el medio de convicción lo que de él apreció el juzgador; y la otra, no ser apta de discutir por la vía escogida en el ataque, se impone inferir que el tribunal no incurrió en los yerros que se le imputan en este particular aspecto del fallo.

No sobra anotar que el recurso de casación no es una tercera instancia donde puedan discutirse libremente los distintos aspectos del proceso sino que, por su naturaleza, en él debe confrontarse la sentencia del tribunal con lo que objetivamente muestran los medios de convicción que le debieron servir o le sirvieron de soporte, así como los preceptos legales en los cuales se fundó o debió fundarse la decisión. Así las cosas, no es del caso abordar el estudio de medios de convicción como las actas de la junta directiva de la demandada señaladas por el censor como indicativas de que el antecedente histórico de ese pago conduce a entender que fue para retribuir servicios laborales, pues, amén de que de ellas no es objetivamente posible concluir que la empleadora no le restringió el carácter de factor salarial para efectos de la liquidación de ciertas prestaciones sociales, lo cierto es que tal afirmación comporta medios de convicción ajenos a los calificados en la casación del trabajo, como lo son los indicios y conjeturas. Por la misma razón, debe decirse que no es dable el estudio de los testimonios que se citan en apoyo del planteamiento.

7. No incurrió en dislate alguno el juez de la apelación al concluir que el salario mensual del actor para 1999 previsto por el numeral 3º de la Resolución 01 de 21 de marzo de 1997 (fl. 237), era el que aparece en el folio 202 como equivalente a la suma de $ 6’547.876, dado que allí explícitamente se observa esa cantidad como el sueldo de Polo Flórez para la invocada anualidad.

Cuestión distinta es, como lo destaca la réplica, que por vía de la afirmación del tribunal de que estaba establecido en el proceso que “el salario base de liquidación de cesantía e indemnización confesado por la empleadora demandada fue el de $ 9’538.216,00 —folio (sic) 142 y 147—” (fl. 56 cdno. 3), el recurrente pretenda que se le calcule el beneficio con base en un salario base de liquidación de los citados conceptos que resulta del cálculo de todo lo percibido en el último año de servicio, como se observa en la liquidación que obra a folio 93, y no en el salario mensual estipulado por la resolución que le dio origen, pues, con tal proceder sí se estaría alterando el sentido literal de la disposición. Por tanto, no incurrió el juez de la alzada en apreciación errónea de esos medios de prueba citados por el recurrente.

8. El tribunal negó la indemnización moratoria solicitada en la demanda al no hallar mala fe en la conducta de la demandada al omitir el pago de la bonificación por desempeño porque, de una parte, había establecido que se debía pero a quienes estuvieran trabajando para el momento de su pago, que no era el caso del demandante; y de otra, el juzgador requirió de un “complejo análisis jurídico” para concluir la existencia de la obligación. El recurrente sostiene que erró el juzgador, dado que, de un lado, dio por probado que el último vínculo laboral fue hasta el 17 de julio de 2000 pero la demandada lo truncó el 14 de enero anterior y, de otro, la simple lectura de la Resolución 01 de 21 de marzo de 1997 permite advertir la existencia de la pluricitada bonificación por desempeño.

Pues bien, como lo resalta la réplica, “la Resolución 1º de 21 de marzo de 1997 en su parte resolutiva paladinamente consigna que “RESUELVE 1. ... 2. La prima de desempeño se concederá a los empleados que al momento de su pago se encuentren laborando en la entidad ... ” (fl. 237). Quiere decir lo anterior que no erró el juez de la alzada al advertir que esa fue la disposición administrativa de la demandada, es decir, la de pagarla solo a quienes estuvieran laborando en el momento en que se efectuara su pago. De suerte que, no obstante haber dado por probado que el vínculo laboral del demandante por su naturaleza debía extenderse hasta el 17 de julio de 2000, resultaba ajeno tal hecho a la exigencia de la citada resolución, pues, la causación del derecho que alega el recurrente, esto es, que laboró todo el año de 1999 e inclusive hasta el 14 de enero de 2000, no suplía la exigencia prevista en la anotada resolución y por lo cual, para efectos de su reconocimiento, el tribunal encontró como ‘exorbitante’ frente a los principios que aparecen en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.

Es que, uno fue el hecho de que el tribunal concluyera la procedencia de la bonificación por desempeño, contra la exégesis de la resolución que la reguló; y otro bien distinto, el que esa exégesis permitiera a la demandada el particular entendimiento de que solo la debía en la medida de estar activo el trabajador, es decir, laborando.

No aparece con el carácter de ostensible y manifiesto tal yerro de apreciación probatoria por referirse a dos hechos distintos aun cuando aludieran a un mismo aspecto de la relación laboral. Menos aún, cuando, para superar el escollo de la literalidad de la disposición y condenar al pago de la dicha bonificación, como ya se anotó, debió acudir a preceptos constitucionales y con acierto o no, aludir a los orígenes de la misma, lo cual le demandó, según dijo, “un complejo análisis jurídico”.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Acusa la sentencia de interpretar erróneamente el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 13, 23, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; 8º de la Ley 153 de 1887; 1º, 5º 19, 29, 21, 22, 23, 45, 46, 55, 61, 64, 65, 142, 186, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º y 2º de la Ley 52 de 1975 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Para demostrar el ataque afirma el recurrente que al haber concluido el tribunal que la bonificación por desempeño no tenía carácter salarial por haberlo así consignado la demandada en la resolución que la creó, incurrió en el dislate jurídico que le atribuye, pues, ello pugna con el principio universal de la legislación laboral que recoge la protección al mínimo de derechos y garantías “por lo cual la estipulación que lo afecte o desconozca se tendrá por no escrita” (fl. 44 cdno. 3).

Según el censor, el artículo 15 de la Ley 50 de 1990 prevé que para quitar el carácter salarial a ciertos pagos que se hacen en la relación de trabajo debe producirse con “acuerdo de voluntades” (ibídem), de modo que, al no observar el tribunal que en la citada cláusula no medió ese acuerdo, y dar validez a la pérdida del carácter salarial de la citada bonificación, le dio una inteligencia equivocada a la disposición. Invoca en su apoyo la Sentencia de Tutela T-295 de 1999 de la Corte Constitucional.

Alega el recurrente que la apreciación del tribunal evidencia una interpretación errónea del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo al convalidar “un acto unilateral y arbitrario de la Cámara de Comercio de Santa Marta” (fl. 48 cdno. 3), amén de que por comprometer esa bonificación en elemento retributivo del trabajo “ni aún contando con la aquiescencia del trabajador” (ibídem), podía perder su carácter salarial.

En instancia, solicita el recurrente que se observe que él no fue abanderado de la pérdida del carácter salarial de la dicha bonificación sino que fue la doctora Zully David quien la planteó y él se limitó a exponer esa propuesta; y que la Corte ha considerado en muchas ocasiones, respecto de las cuales copia algunas de sus consideraciones, la aplicabilidad de la sanción moratoria aun cuando el trabajador exprese su consentimiento por la renuncia de mínimos laborales, como aquí ocurrió.

La replicante aduce que el tribunal no afirmó que la bonificación por desempeño no fuera salario, sino, cuestión distinta, que la demandada la había excluido como factor salarial para el cálculo de algunas prestaciones sociales, lo que está conforme a la ley, pues, además, dio por probado que el demandante fue aquiescente con esa decisión.

V. Consideraciones de la Corte

Tiene razón la réplica cuando reprocha al cargo fundar su argumentación sobre la tesis de que el tribunal le desconoció el carácter salarial a la bonificación por desempeño, dado que, como se anotó, el juzgador una vez aludió a los conceptos de prestación social, indemnización laboral, descansos obligatorios y salario que “la jurisprudencia ha establecido” (fl. 53 cdno. 2), y señaló que “la Sala de Casación Laboral al interpretar la última parte del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, ha concluido que a partir de su vigencia ... pagos que son ‘salarios’ pueden no obstante excluirse de la base de cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales (prestaciones sociales, indemnizaciones, etc.) —sentencia 12 de febrero de 1993 radicación 5481 (fl. 54 cdno. 2)—, aseveró que la Resolución 01 de 21 de marzo de 1997 —folios 236 a 239— determinó en su parte resolutiva que “dicha bonificación no constituye factor salarial” (ibídem), razón por la cual “obligatorio es concluir que la empleadora demandada no vulneró el ordenamiento jurídico al excluir como factor salarial la bonificación por desempeño o gestión correspondiente al año de 1999 para liquidar cesantía” (ibídem), fuera de que el actor, “en su calidad de director ejecutivo se constituyó en uno de los abanderados de que la ‘bonificación por desempeño’ no adquiriera la categoría de factor salarial —folios 173-174 y 270-271—” (fl. 55 cdno. 2).

Así las cosas, el cargo parte de una premisa falsa que de entrada da al traste con su argumentación. Pero si se desatendiera el dislate del recurrente y se prosiguiera con el estudio del ataque habría que decirse que no le asiste razón por dos básicas razones: la primera, porque en verdad la jurisprudencia ha considerado desde la cita que efectuó el tribunal que, a pesar de la defectuosa redacción de la norma contenida en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cierto es que “ ... pagos que son “salario” pueden no obstante excluirse de la base de cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales (prestaciones sociales, indemnizaciones, etc.)” (C.S. de J., S.C.L., Sección Segunda, Sent. feb. 12/93); y la segunda, porque el ataque se edifica sobre la hipótesis de los mínimos derechos laborales y su irrenunciabilidad, cuando quiera que la bonificación por desempeño, que fue la dejada de pagar por la empleadora a su presidente o director ejecutivo, salta a la vista que no está comprendida en ese concepto.

De modo que, si el tribunal encontró precedente el pago de la invocada bonificación por desempeño pero excusable el comportamiento de la empleadora por su no pago, dados los criterios que aquella precisó cuando la reguló, no incurrió en dislate al encontrar razones atendibles para no imponerle la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ni dar una inteligencia equivocada a las normas que incluye la proposición jurídica del cargo.

En consecuencia, no prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 12 de febrero de 2004, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso que Édgar Polo Flórez promovió contra la Cámara de Comercio de Santa Marta.

Costas en el recurso a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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