Sentencia 24221 de julio 19 de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 24221

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Acta 63

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil cinco.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Liliana Cortés Rodríguez, quien actúa en su propio nombre y en representación de los menores Diego Armando y César Alejandro Aldana Cortés, contra la sentencia proferida por la Sala Civil - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 25 de marzo de 2004, en el proceso que la recurrente promovió solidariamente contra Víctor Jairo Pinto Andrade y Conconcreto S.A.

Antecedentes

En la demanda inicial se pidió la declaración referente a que entre José Vicente Aldana Rincón y Víctor Jairo Pinto Andrade existió un contrato de trabajo que terminó el 3 de octubre de 1998, por la muerte que siguió al accidente de trabajo que “ocurrió por falta de medidas de prevención e incumplimiento de normas en Salud Ocupacional, en la construcción del almacén Óptimo de la ciudad de Villavicencio”; además, se solicitó condenar solidariamente a los demandados a pagar los perjuicios materiales consolidados y futuros; los morales —por valor de 2000 gramos oro para la cónyuge sobreviviente, y, 1000 para cada uno de sus menores hijos—; además, la indexación de las condenas, los intereses corrientes y los moratorios. En otro numeral del capítulo de “pretensiones y condenas”, solicitó que se tenga en cuenta que el pago de la reparación plena y directa procede por suma igual o superior al estudio actuarial que arrojó los siguientes resultados: $ 40.888.264 por lucro cesante consolidado; por el futuro, $ 474.342.478 y $ 77.018.560 correspondiente a perjuicios morales, cifras que reitera deben reajustarse con el índice de precios al consumidor.

La accionante Cortés Rodríguez explicó que contrajo matrimonio con el señor José Vicente Aldana Rincón, de cuya unión procrearon a Diego Armando y César Alejandro; que su cónyuge desempeñó labores como ayudante y oficial de construcción en diferentes empresas, y así acumuló experiencia en trabajos relacionados con la construcción; que según certificado de “Cadenalco”, la demandada “Conconcreto S.A.” celebró convenio de construcción del almacén “Óptimo” de Villavicencio, siendo esa sociedad accionada la responsable y beneficiaria de la obra, en la cual figuraba como contratista el accionado Víctor Jairo Pinto Andrade; con este contratista suscribió contrato de trabajo el señor Aldana Rincón, el 3 de septiembre de 1998; el salario devengado era de $ 257.880, mientras el promedio para liquidar prestaciones ascendió a $ 524.033.

Agregó que el día 3 de octubre del año mencionado, cuando el trabajador cumplía labores extras (pues comenzó la jornada a las 6:30 a.m.) sufrió un accidente de trabajo (12 horas después del inicio de la jornada), que le ocasionó la muerte; que no existió permiso del Ministerio de Trabajo para laborar jornada suplementaria; que el empleador no dio entrenamiento respecto a la labor de “formaletear”; que no contaba con cuerdas, cinturones, vallas, ni programas de seguridad que evitaran el accidente; que las botas, en el caso de la construcción, son elementos principales de protección, pero las que tenía el causante, el día del accidente, no estaban en buenas condiciones; que con todo ello se transgredieron las resoluciones 2400 y 2413 de 1979, las cuales regulan las medidas de seguridad, entre ellas las inherentes a trabajos a determinadas alturas y sobre andamios. Conforme a los hechos, la parte actora establece culpa del empleador Pinto Andrade y, la responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra; todo ello lo explica en un capítulo separado.

En la contestación de la demanda (folios 77 a 84), Víctor Jairo Pinto Andrade se opuso a las pretensiones de la actora; admitió los hechos referentes a la existencia de la relación laboral con Aldana Rincón, a las labores que cumplía, a la experiencia en el ramo de la construcción; a su condición de contratista de la demandada Conconcreto; también, a la obra que desarrollaba para esa sociedad en el almacén “Óptimo” de Villavicencio; la ocurrencia del accidente de trabajo, en el que perdió la vida el trabajador. En su defensa adujo, que todos los trabajadores recibieron capacitación e inducción para la realización del trabajo y que les entregaron los elementos de seguridad y protección personal. Propuso excepciones de “Pago”, “Inexistencia de la obligación”, “Culpa de la víctima”, “Falta de causa en el demandante” y “Prescripción”. Expuso que el accidente se produjo por descuido grave del trabajador, por no utilizar el cinturón de seguridad y por no usar las escaleras que tenía ancladas el andamio.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Villavicencio dio por no contestada la demanda, por parte de Conconcreto S.A., mediante auto del 13 de junio de 2001 (folio 138), en el cual señaló que el escrito de folios 100 a 106 se presentó extemporáneamente; por la misma razón, mediante proveído del 9 de agosto siguiente (folios 139 y ss), negó el decreto de la pruebas allegadas a folios 116 a 137.

Después del trámite del proceso, se profirió la sentencia de primera instancia, el 12 de noviembre de 2003, mediante la cual declaró la existencia del contrato de trabajo entre Víctor Jairo Pinto Andrade y José Vicente Aldana que duró entre el 3 de septiembre y el 3 de octubre de 1998; lo condenó a pagar el lucro cesante consolidado y futuro, así: para Liliana Cortés Rodríguez, la suma de $ 122.935.838.88; al menor César Alejandro, $ 47.616.299.34 y para el menor Diego Armando, $ 64.065.838.07; además fijó los perjuicios morales en la cantidad de $ 5.000.000, para cada uno de ellos. Absolvió al demandado Pinto Andrade de las demás peticiones, y a Conconcreto S.A., de todas las formuladas.

Sentencia del tribunal

Mediante la decisión acusada en casación, fueron resueltos los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por el demandado Pinto Andrade; el ad quem dispuso “REVOCAR el fallo materia de apelación y en su lugar ABSOLVER a los demandados de las pretensiones de la demanda”, con costas a la actora (folios 12 a 20 C. Tribunal). Explicó textualmente el juzgador:

“3. Veamos en el caso que ocupa la atención de la sala, ciertamente está probado que la demandada, sociedad Conconcreto S.A. es contrato (sic) con Cadenalco S.A. que fue quien ordenó la construcción de la obra del almacén Óptimo - Villavicencio; y que este a su vez contrató con Víctor Jairo Pinto Andrade, contratista independiente, persona esta, quien finalmente contrató al fallecido trabajador, como se desprende de todas las probanzas especialmente de la carta que Cadenalco remite a la demandante (FL. 29) situación además reconocida por todos los testimonios y el demandado Pinto Andrade en la contestación de la demanda; de acuerdo a lo anterior, la entidad encargada y beneficiada con la labor de los colaboradores contratados por Pinto Andrade es ciertamente Conconcreto S.A., pues a través del trabajo por los colaboradores de los contratistas, Conconcreto cumplía el contrato de obra celebrado con Cadenalco, y como quiera que las actividades realizadas por los contratistas y sus colaboradores sin duda pertenece al giro de su objeto social, y como la relación laboral entre el fallecido trabajador y el contratista demandado se probó, para la Sala existe la solidaridad negada por el a-quo, por lo que asiste razón al recurrente demandante y la sentencia recurrida será modificada en este sentido.

“4. Establecida entonces la solidaridad entre el contratista y la empresa encargada de efectuar la obra, analizaremos la culpa patronal, para determinar si existe o no la responsabilidad del empleador y tenemos que esta Sala, ha señalado en casos similares que, la jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia, (ver sentencia de 30/05/2002), con fundamento en los artículos 56 y 57.2 del Código Sustantivo del Trabajo y 10 del Decreto 13 de 1967, que subrogó el artículo 348 del ordenamiento normativo antes indicado, corresponde al empleador proporcionar protección y seguridad a sus trabajadores mediante el suministro de elementos y accesorios para su salvaguarda de forma tal que queden garantizados su seguridad y salud: medidas que deben reforzarse en los eventos en que las labores desplegadas impliquen un aumento en los riesgos por considerarse peligrosas.

“Y precisamente por esta obligación patronal, el art. 216 de las (sic) misma normatividad, establece la obligación e indemnización total y ordinaria de perjuicios por parte del empleador, cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional; es decir que no basta el simple fallecimiento violento en horas de trabajo, y cuando se trata de empleados que desempeñan labores riesgosas, para demostrar la culpa patronal; ha señalado la Corte en la sentencia citada que, es menester también demostrar, por lo menos en principio, la existencia de una conexión estrecha o relación de causalidad entre el resultado infausto y el ejercicio de la mencionada actividad en el momento fatídico; dicho en otras palabras, es preciso acreditar que hay una estrecha e indisoluble ligazón entre la muerte o lesión y el ejercicio de las funciones peligrosas asignadas, o sea, que la primera se produjo durante la segunda y como consecuencia de esta.

“Del examen conjunto de las probanzas aportadas, como de las declaraciones de testigos, bien puede colegirse razonablemente que el fallecido trabajador desempeñaba labores en la construcción del almacén óptimo en la ciudad de Villavicencio y que el día del accidente el trabajador subía por un andamio de secciones y a la altura aproximada de siete metros, se resbaló, perdió el equilibrio y cayó luego de golpearse la cabeza con la biga lateral ocasionándose la muerte del trabajador.

“5. Debe destacarse que de conformidad con las pruebas aportadas, para Ia Sala no se encuentra suficientemente probada la culpa de los demandados (Conconcreto y su contratista), ni se probó la conexión estrecha o relación de causalidad entre el resultado infausto y el ejercicio de la mencionada actividad en el momento fatídico, y la culpa que el empleador tuvo en el resultado, la tal (sic) como lo señala la jurisprudencia citada.

“Y es que revisado el caudal probatorio, encontramos que tanto el contratista empleador como la empresa Conconcreto encargada de la obra, tuvieron una conducta diligente en el cumplimiento de su obligación de proporcionar protección y seguridad a sus trabajadores mediante el suministro de elementos y accesorios para su salvaguarda de forma tal que queden garantizados su seguridad y salud; y es que así se desprende de la declaración de Armando Mendoza (FL 289), inspector de salud ocupacional, quien efectuó el informe del accidente y que da cuenta de que los diferentes empleados de los contratistas estaban involucrados en el plan de salud ocupacional de Conconcreto S.A. y que incluía la inducción diaria a los trabajadores, afirmando que el día del accidente él mismo dio la inducción y tiene suscrito por el fallecido trabajador la asistencia; señala que a la entrada de la obra se le entregaban los elementos de seguridad incluido el casco, el cinturón, guantes y botas, hechos que confirman Yeimy Yanneth Ramírez (fl.299), administradora de recursos humanos, quien da cuenta de que se les entregaban elementos de seguridad a la entrada, entre ellas las botas industriales y John Julian Chitiva (FL.472) quien pese a dar algunos conceptos de los que pudo influir en el accidente, señala que efectivamente diariamente se les explicaban las normas de seguridad y que se les había dado la dotación, incluidas las botas nuevas y el cinturón en perfecto estado; estas declaraciones, sumadas al contenido del acta de levantamiento del cadáver que da cuenta de que el fallecido contaba con cinturón de seguridad y de acuerdo al informe dado por el representante de Conconcreto, el fallecido al tratar de ubicarse mejor para desarrollar sus tareas a una altura de 8 metros cayó hacía atrás; y en el informe del accidente FL. 129) se señaló como causa del mismo caída de otro nivel por resbalón y pérdida del equilibrio decir (sic) no existe prueba alguna de que el resbalón que causó la caída y posterior muerte del trabajador, sean imputables a la culpa del empleador, además porque estando laborando desde las horas de la mañana, el accidente ocurrió en las horas de la noche, luego el mismo no puede atribuirse a la suela de las botas”.

El recurso de casación

Fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por esta Corporación. Se procede a resolver, previo el estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica.

En el alcance de la impugnación indicó:

“Solicito respetuosamente la casación parcial de la sentencia acusada en cuanto revocó las condenas impuestas por el a quo por concepto de perjuicios materiales y morales y consecuencialmente absolvió a las demandadas y en cuanto condenó a la parte actora, para que en sede de instancia CONFIRME las condenas por perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro), MODIFIQUE las condenas por perjuicios morales, ADICIONE la indexación de las condenas anteriores e imponga las costas a la parte demandada”.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formula el siguiente:

Cargo único

“Se acusa a la sentencia materia de este recurso de violar por vía indirecta y en el concepto de aplicación indebida el artículo 216 del CST”.

Los errores evidentes de hecho que denuncia, son:

“1. No dar por demostrado estándolo, que la suela de las botas que le fueron entregadas al Sr. José Vicente Aldana Rincón estaban lisas en el momento en que se produjo el accidente que le causó la muerte.

“2. No dar por demostrado estándolo, que el resbalón “que causó la caída y posterior muerte del trabajador” se originó porque las botas tenían la suela lisa y el andamio no tenía las especificaciones necesarias de seguridad ni vallas de protección.

“3. No dar por demostrado estándolo, que el calzado que debía tener el Sr. José Vicente Aldana al momento del accidente, debía ser ‘antideslizante (con labrado)’”.

“4. Concluir que ‘el accidente ocurrió en las horas de la noche, luego el mismo no puede atribuirse a la suela de las botas’”.

“5. Concluir que no existe prueba alguna de que “el resbalón que causó la caída y posterior muerte del trabajador, sean imputables a la culpa del empleador’”.

“6. Dar por demostrado que el ‘contratista empleador’ tuvo una conducta diligente en el cumplimiento de su obligación de proporcionar protección y seguridad a sus trabajadores”.

“7. Concluir que no se probó “la conexión estrecha o relación de causalidad entre el resultado infausto y el ejercicio de la mencionada actividad en el momento fatídico”.

“8. No tener por suficientemente demostrado la culpa del empleador en el acaecimiento del insuceso que culminó con la muerte del Sr. José Vicente Aldana Rincón”.

Las pruebas que acusa de mal apreciadas, son: el informe patronal de accidente de trabajo (folios 22, 127 y 175); el informe de la investigación hecha por el ISS, sobre el accidente de trabajo (folios 27 y 28, 176 y s. s); la constancia del director territorial de trabajo y seguridad social del Meta (folio 31); el manual de prevención y protección de riesgos en la construcción trabajo en andamios (folios 32 y s.s.); las actas de comités paritarios (folios 118 y s.s., 123 y s.s. y 231); el anexo de investigación de accidente de Conconcreto S.A. (folios 130 y 131); las actas de inspección y de levantamiento del cadáver (folios 157 y 158); la confesión de Víctor Jairo Pinto Andrade (folios 162 y s.s); el certificado del ISS y sus anexos (folios 181 y s.s.); la inspección de seguridad para trabajar en andamios (folio 232); el informe de investigación interna de Conconcreto S. A. (folios 307 a 321); y la comunicación del ISS, seccional Meta del 20 de mayo de 2003 (folios 522 a 527).

También denuncia como mal apreciados los testimonios de Luis Eduardo Mendoza (folios 288 y s.s.) y John Julián Chitiva (folios 431 y s.s.).

En la demostración del cargo manifiesta:

“Como es claro, no reparó el tribunal, o por lo menos no lo dijo, en que las suelas de las botas estaban lisas como se observa en el informe del ISS sobre el resultado de la investigación que adelantó sobre el accidente (fs. 28 Y 176). Dice dicho informe, además, que las suelas estaban mojadas, pero tal aspecto no puede ser atribuible al empleador como si lo es que las suelas de las botas estuvieran lisas, en forma totalmente contraria a lo que se recomienda para labores como las que adelantaba el fallecido, tal como se observa claramente en el informe del 1.5.5. Seccional Meta que obra a folios 522 y siguientes en cuya primera hoja, parte final, se señala que “(...) se puede concluir técnicamente que el calzado debe ser antideslizante (con labrado) y con puntera reforzada”.

“Además, el mismo informe patronal del accidente señala como posible causa del mismo las botas (fs. 22, 127 y 175). Dice en el aparte correspondiente: “Caída de otro nivel por resbalón. Subir al andamio por la parte exterior y con botas de caucho que pudo (sic) originar la caída”. Surge claro que decir, como lo hizo el tribunal que el accidente “no puede atribuirse a la suela de las botas” resulta contrario a la evidencia.

“Como una reflexión complementaria vale la pena anotar que no resulta claro cómo el tribunal acepta que el accidente se produjo por un resbalón pero descarta la incidencia del calzado, las botas, en el mismo. Lo ordinario, salvo algo excepcional, es que todo resbalón esté asociado con el calzado, pero aquí es más claro, no solo porque así lo insinúa el informe patronal del accidente sino que lo recoge como cierto el informe de la investigación del ISS que además señala que la suela de las botas estaba lisa, o sea, en forma contraria a lo que indican las normas de seguridad en actividades como las que realizaba el Sr. Aldana en el momento del accidente.

“Cuando en el aparte trascrito el tribunal dice que ‘además porque estando laborando desde las horas de la mañana, el accidente ocurrió en las horas de la noche, luego el mismo no puede atribuirse a la suela de las botas’, al eliminar las botas como elemento causal del accidente lo ubica en lo extenso de la jornada o en la condición de nocturna de la hora en que ocurre el insuceso, pero no repara en que una u otra razón o ambas, son factores que dependen del empleador y en este caso ambos involucran un elemento de irregularidad que hacen fehaciente la culpa del Sr. Pinto Andrade en el acaecimiento del accidente.

“En efecto, si se tiene por establecido y no se discute, que el Sr. Aldana comenzó a trabajar el día de su muerte a las siete de la mañana (así lo refieren los testigos - fs. 289 y 436 en aspecto que no se discute y por eso se puede hacer referencia a la prueba testimonial) y que solo descansó una hora en el interregno o durante el día, es claro que para las seis y media de la tarde, cuando aparece en los informes, necropsia y acta de levantamiento del cadáver, que ocurrió el accidente (aunque la investigación de Conconcreto dice que fue a las 6:05 p.m.) llevaba más de ocho horas de trabajo y resulta que el demandado Pinto Andrade, que era el verdadero y único empleador del fallecido, no tenía autorización para ordenar el trabajo en horas extras, como se observa en el documento del folio 31, que por lo demás no sería necesario porque a quien corresponde probar que tenía esa autorización era al mismo Sr. Pinto Andrade y no lo hizo.

“Se tiene entonces hasta ahora que por haberle dado al Sr. Aldana unas botas de suela lisa y hacerle trabajar horas extras, incluso en la noche, sin tener autorización, resulta claro que hay una negligencia del empleador, o varias, que materializan su culpa. Pero además, debe tenerse en cuenta lo siguiente: el Sr. Pinto Andrade acepta en su interrogatorio, en aspectos que configuran confesión, que en lo relacionado con los aspectos de seguridad industrial y de salud ocupacional, él no tenía nada y que todo lo hacía o lo tenía Conconcreto y que él se limitaba a regirse ‘bajo las normas de Conconcreto’ (f. 265), como si un empleador pudiera liberarse de sus obligaciones legales acogiéndose al cumplimiento que un tercero le dé a la ley. Debe recordarse que Conconcreto S.A. no fue empleador del Sr. Aldana Rincón, ni este estuvo vinculado con dos contratos de trabajo a los dos demandados pues nunca se ha hablado ni se dijo por el tribunal, que hubiera existido coexistencia de contratos, sino que a Conconcreto S.A. se le tuvo por contratante y por obligado solidario, pero no como obligado directo de los derechos laborales del Sr. Aldana Rincón.

“Es decir, adicionalmente se tiene que no hay prueba alguna del hecho de haber cumplido el empleador Pinto Andrade ninguna de sus obligaciones legales sobre prevención de accidentes, salud ocupacional o seguridad industrial, lo cual configura, por tanto, un nuevo elemento de estructuración de la culpa patronal que no tuvo por demostrada el tribunal.

“Además se tiene que a las reuniones de comités paritarios organizados por Conconcreto S.A., con participación de los contratistas, el demandado Pinto Andrade no asistió como se puede ver en los folios 118 y siguientes, 123 y siguientes y 231. En el primero, cuando relaciona los contratistas asistentes, se señala “representante de Jairo Pinto”, lo cual significa que no concurrió, en el segundo no aparece su nombre como asistente ni siquiera representado, y en el tercero al frente del nombre de Jairo Pinto aparece la firma de Carlos A. Valencia.

“Esto refuerza la actitud negligente del Sr. Pinto Andrade como empleador y brinda un elemento más de estructuración de su culpa que terminó incidiendo en el accidente que sufrió el Sr. Aldana Rincón y por lo demás contrasta con la conclusión del Tribunal según la cual tanto el contratista empleador como la empresa Conconcreto encargada de la obra, tuvieron una conducta diligente en el cumplimiento de su obligación de proporcionar seguridad a sus trabajadores mediante el suministro de elementos y accesorios de forma tal que queden garantizados su seguridad y salud”.

“Tan errada es esa conclusión que en efecto sucedió el accidente y en el fallo no se le atribuye a ninguna causa específica y si se entiende que lo hace al hecho de haber laborado el trabajador el fallecido durante todo el día y hasta en la noche del accidente, resulta más clara la culpa del empleador quien no tenía autorización para ordenar esos trabajos, y el permiso que pudiera tener Conconcreto solo sirve respecto de sus empleados directos. Además, nótese que el andamio tenía imperfecciones o irregularidades como consta en el informe de inspección de seguridad para trabajar en andamios que obra en el folio 232 y carecía de las vallas de protección a las que se refiere el numeral 4º del informe del ISS que aparece a partir del folio 522.

“Con lo dicho se encuentran demostrados los errores fácticos ostensibles del 1º al 6º y el 8º, por lo que solo resta referirse al séptimo, originado en que el tribunal dijo que no se probó “la conexión estrecha o relación de causalidad entre el resultado infausto y el ejercicio de la mencionada actividad en el momento fatídico”, para lo cual basta remitirse, sin mayor explicación, al propio informe patronal del accidente y a la investigación interna del accidente (!s.[sic] 307 Y s.s.) donde claramente se señala que el fallecido se encontraba en el lugar de la obra y en labores propias de su actividad como trabajador del demandado Sr. Pinto Andrade.

“Solo como complemento y dado que se han demostrado los errores evidentes de hecho, cabe descender a los testimonios de Luis Eduardo Mendoza y de Jhon Julián Chitiva, para señalar que el primero da fe de la jornada de trabajo del Sr. Aldana en el día de su muerte y el segundo lo ratifica y que si bien el Sr. Mendoza Insiste en la toma de una serie de medidas de seguridad y de prevención, todas ellas son atribuibles a Conconcreto y no al empleador y aquí lo que se juzga es la culpa de este y no la del contratante”.

Réplica de los demandados

La oposición se presentó conjuntamente por el apoderado común de los dos accionados; señala que el cargo solo incluye en la proposición jurídica el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, sin considerar los preceptos que regulan la reparación de perjuicios, la cual constituye la pretensión de la accionante; que así resulta desestimable el cargo, por no ser suficiente la mención de aquella norma. Luego se refiere a cada prueba denunciada por la acusación, así:

“1. El informe patronal sobre el accidente de trabajo sufrido por Aldana (fs. 22, 127 7 175, C1:) indica como causa del siniestro que el trabajador subía por la parte exterior del andamio, con botas. También da cuenta de que, para prevenir accidentes, a los trabajadores se les hacía inducción, antes de comenzar a laborar, sobre temas relacionados con trabajos en andamio. No surge pues de este documento la existencia evidente de ninguno de los yerros fácticos denunciados en el ataque.

“2. EI informe sobre la investigación hecha por el ISS sobre las causas del accidente sufrido por Aldana (fs. 27 y 28, 176 Y 55, C1º) aparece que fue realizada un mes después de ocurrido el siniestro, o sea ya de manera póstuma o extemporánea, sin tener huellas claras y frescas de las causas y pormenores del insuceso. O sea que, además de no hacer patente ninguno de los dislates tácticos alegados por el recurrente, tampoco arroja ninguna luz certera sobre los hechos ahora controvertidos.

“3. La constancia del director territorial del trabajo y seguridad social del Meta (f. 31, C1º) apenas dice que la empresa Víctor Jairo Pinto no estaba autorizada para trabajar horas extras, lo que nada significa en el presente caso porque nunca se demostró que el accidente del señor Aldana hubiera ocurrido cuando este se hallara trabajando en jornada extraordinaria.

“4. El manual de prevención y protección de riesgos en la construcción, trabajo en andamios (fs. 32 a 38, C1º) solo contiene una serie de recomendaciones para el trabajo seguro en esta clase de actividades. Pero de su contenido no se desprende en forma alguna que el señor Pinto Andrade o Conconcreto hubiese obrado en forma descuidada o negligente con el trabajador Aldana cuando se accidentó. O sea que este documento tampoco pudo ser fuente de errores de hecho para el tribunal ad quem.

“5. Las actas de comités paritarios reunidos por iniciativa de Conconcreto (f5. 118 Y siguientes, 123 y siguientes), lejos de demostrar fehacientemente culpa o responsabilidad de los demandados en la ocurrencia del accidente sufrido por Aldana, dejan en claro la conducta prudente y diligente de Conconcreto en la preservación de la salud y de la vida de los trabajadores al servicio de contratistas suyos, lo que abona que a través de la empresa Conconcreto y su esmerada organización laboral, tales contratistas cumplan con su deber legal de velar por la vida y la salubridad de los trabajadores a su servicio, desde luego que ninguna ley obliga a que sea el patrono personalmente quien atienda a ese amparo a sus empleados, lo que significa que puede delegar o contratar con una entidad seria y especializada la atención eficiente de la salud, la integridad personal y la vida de los trabajadores, que es el móvil inmanente a ese deber impuesto por la ley a los patronos. Por lo demás, la lectura de tales actas no deja ver ninguna relación de su contenido con el accidente de que fue víctima el señor Aldana que es el tema único e inequívoco del presente litigio.

“6. El anexo a la investigación realizada por Conconcreto sobre el accidente en que falleció el señor Aldana (fs. 130 y 131, C1º), nada demuestra sobre una hipotética culpa del demandado señor Pinto en la ocurrencia de tal siniestro. Antes bien recalca el hecho de que al trabajador Aldana se le hizo inducción específicamente sobre el tema de trabajos en andamio o en altura.

“7. Las actas de inspección y de levantamiento del cadáver del señor Aldana (fs. 157 y 158, C1º) solo dejan en claro que el cuerpo del dicho señor tenía una correa de seguridad a la altura de la cintura, circunstancia que, en lugar de acreditar la imaginaria culpa patronal en la ocurrencia del accidente sufrido por el dicho señor, muestra la prudencia y diligencia patronales dirigidas a evitar en lo posible el aludido insuceso.

“8. El interrogatorio de parte absuelto por el señor Víctor Jairo Pinto Andrade (fs. 162 y siguientes, C1º) nada prueba en cuanto a los hipotéticos errores de hecho que alega el cargo. Antes bien, las respuestas a las distintas preguntas que se le formularon al señor Pinto dejan ver que tanto él como Conconcreto (a nombre suyo) cumplen cabalmente todas las normas de seguridad para amparar a sus empleados, los dotan de todos los elementos necesarios para realizar un trabajo seguro y, en fin, previenen al máximo los riesgos o peligros laborales. O sea que de este interrogatorio no surge la existencia de culpa patronal y, menos aún, de los yerros fácticos que el cargo alega.

“9. El certificado expedido por el ISS y sus anexos ( fs. 181 y siguientes, C 1º ) relata que el accidente sufrido por el señor Aldana ocurrió el 3 de octubre y apenas se investigó el 4 de noviembre de 1998, lo cual indica vehemente que la investigación fue tardía y cuando ya las evidencias inmediatas del siniestro habían desaparecido, lo que le resta mucho mérito a esa indagación del ISS. Apenas da cuenta de que el señor Aldana, al ingresar a la clínica del Instituto, tenía su ropa de trabajo y botas de caucho. Nada demuestra pues este escrito en cuanto a los errores de hecho alegados en este ataque.

“10. El acta del Comité Paritario de septiembre 21 de 1998 (fs. 231, C1º) nada dice ni podía decir sobre el accidente sufrido por Aldana, pues en esa fecha no había ocurrido todavía (sucedió el 3 de octubre siguiente) no puede pues probar nada a ese respecto. Solo se anota que allí aparece la firma del señor Víctor Jairo Pinto.

“11. La inspección de seguridad para trabajar en andamios ( f.232, C1º) trae fecha del 2 de octubre de 1998 ( o sea la víspera del accidente de Aldana) y muestra que los andamios utilizados en la obra de mampostería se hallaban en óptimo estado, lo que descarta culpa patronal en su mantenimiento

“12. El informe de la investigación interna de Conconcreto sobre el accidente del señor Aldana (fs. 307 a 321, C1º) contiene una recopilación minuciosa de datos sobre este siniestro que incluye fotografías. Pero del contenido de este documento no se deduce la existencia de culpa patronal en el accidente.

“13. La comunicación del ISS, seccional Meta de marzo 20 2003 (fs: 522 a 527, C1º) contiene los principios generales establecidos para proteger la integridad física de los trabajadores, para prevenir accidentes en labores de construcción en alturas, indicando el uso de elementos de seguridad, como cinturones que deben utilizarse. Pero de allí tampoco surge la existencia de culpa patronal en la ocurrencia del accidente del que fue víctima el señor Aldana”.

“Y al no haberse demostrado a través de pruebas legalmente hábiles la existencia de los errores de hecho alegados en el cargo y, menos aún, con la evidencia indispensable para que tengan mérito y contundencia dentro del recurso extraordinario de casación, tanto la ley como la doctrina de esa H. Sala vedan el estudio de los testimonios de Luis Eduardo Mendoza y de Jhon Julián Chitiva, por ser pruebas inhábiles en casación. Cabe comentar que en lo que atañe a testimonios, el cargo omitió citar el de Yeimmy Yaneth Ramírez (f. 299, C1º) que si tuvo en cuenta expresamente el fallo recurrido”.

Se considera

La proposición jurídica del cargo resulta suficiente con la mención del artículo 216 del C.S. del T., puesto que la controversia se centró en la indemnización plena de perjuicios derivada de la culpa de la empleadora, en la forma prevista por esa disposición legal; de allí que no fuera necesaria, la acusación de las preceptivas de derecho común que consagran las formas de reparar los perjuicios materiales y morales.

Ahora, el tribunal no halló prueba suficiente de la culpa del empleador, Víctor Jairo Pinto Andrade, en la ocurrencia del accidente que sufrió su trabajador fallecido José Vicente Aldana Rincón, puesto que en esencia adujo que los demandados fueron diligentes en el cumplimiento de las obligaciones de procurar protección y seguridad a sus trabajadores, en especial porque se le suministraron los elementos de seguridad. No obstante, observa la Sala, en la forma señalada por la acusación, que resulta patente la falta de suministro de calzado adecuado para el desempeño de la labor que desarrollaba, cual era la de “formaletear” a una altura considerable del piso, para lo cual indefectiblemente tenía que subir a un andamio.

Ello es así puesto que del oficio remitido por el coordinador de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales (folios 522 y ss), se colige, sin duda alguna, la necesidad imperiosa de usar determinados elementos de trabajo para realizar las actividades de construcción, en especial cuando se utilizan andamios, pues de no usarse, obviamente resultan transgredidas las medidas preventivas de accidentes propias de ese tipo de labor. Allí se especifica que “el calzado debe ser antideslizante (con labrado) y con puntera reforzada”.

No obstante la recomendación que precede no fue observada, ya que las botas con las que laboraba el trabajador fallecido eran de caucho, lisas, tal cual se desprende de la investigación que efectuó el ISS (folio 28, repetido al 176), en el que se fijaron como causas del accidente,”utilizar el andamio como escalera para llegar a una plataforma que estaba a más o menos 8 metros de altura. Además la suela de la bota de caucho se encontraba mojada y lisa para pararse sobre tubos al subir por el andamio”. Aquí cabe resaltar que el medio para ascender al sitio en el que debía realizarse el trabajo, era precisamente el andamio, que es una estructura que requiere de una escalera permanente de acceso, según el documento anexo al referido oficio de folio 522, denominado “prevención y protección de riesgos en la construcción - trabajo en andamios”, elaborado también por el ISS (folios 525 a 527).

Lo anterior se corrobora con el informe patronal sobre el accidente de trabajo, en el que se indica que la caída se produjo “por resbalón. Subir el andamio por la parte exterior y con botas de caucho que pudo originar la caída” (folio 22, igual a los folios 127 y 175).

En estas condiciones, hay certeza de que se suministraron botas de caucho lisas y no antideslizantes, como se requería. Pero además, resulta palmario que en el interrogatorio que absolvió el demandado Víctor Jairo Pinto Andrade, admitió que delegaba todas las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores, en la sociedad Conconcreto S.A., que no contaba con manuales o instructivos. De ahí que su actitud no pueda calificarse de diligente, respecto al cumplimiento de las normas pertinentes a esas materias y en especial al suministro de los elementos de protección aptos para evitar accidentes de trabajo, como el calzado debido y adecuado a la labor desarrollada.

Es que la falta de suministro del elemento exigido para el desempeño de una actividad en óptimas condiciones de seguridad, se constituye en acto inseguro y peligroso para ese trabajo. Ello es así, puesto que si el ejercicio de una labor que representa riesgo para el trabajador, como es el ascenso y descenso por un andamio, o su permanencia en él, exige la mayor atención por parte del empleador, de forma que no puede entenderse cumplida, en este caso, con la dotación de un tipo de calzado inapropiado, por ser liso y, no de seguridad, antideslizante como correspondía.

No sobra señalar que tampoco podía resguardarse el empleador en la actividad que desplegara la beneficiaria de la obra, Conconcreto S.A., porque a él correspondía velar por la salud y la integridad de sus trabajadores y debía estar atento al uso de los elementos idóneos dispuestos por las administradoras de riesgos profesionales, precisamente para evitar al máximo cualquier accidente que pusiera en peligro al obrero de la construcción.

En consecuencia, además de confusa, es totalmente desacertada la consideración del sentenciador concerniente a que “estando laborando desde las horas de la mañana, el accidente ocurrió en las horas de la noche, luego el mismo no puede atribuirse a la suela de las botas”; igualmente resulta errada su conclusión de “que tanto el contratista empleador como la empresa Conconcreto encargada de la obra, tuvieron una conducta diligente en el cumplimiento de su obligación de proporcionar protección y seguridad a sus trabajadores mediante el suministro de elementos y accesorios para su salvaguarda de forma tal que queden garantizados su seguridad y salud”, porque, se repite, no bastaba dotar al trabajador de calzado sino de uno que cumpliera con la normas de seguridad, amen de que tampoco hubo un comportamiento preventivo y diligente por parte del empleador, o del beneficiario de la obra de hacer a los trabajadores una inducción previa a la labor a desarrollar, si el suministro de las herramientas y elementos de seguridad eran deficientes, como en este caso aconteció. De suerte, la conducta del empleador desde este punto de vista resulta culposa.

Establecida la equivocación manifiesta del tribunal, por no haber concluido que la culpa del empleador, en el accidente de Aldana Rincón, estaba suficientemente comprobada, el cargo es fundado y próspero.

Para la decisión de instancia se agrega a las consideraciones anotadas en sede de casación, que de nada vale que Conconcreto S.A. hiciera una inducción el día del ingreso del trabajador (folio 301), si no le suministró los debidos elementos, porque si bien son imprescindibles las instrucciones, cursos o capacitaciones como lo señala el documento de folio 524, ello no es suficiente para poder exonerarse de la culpa.

Además, aun cuando no se discutió que el cinturón de seguridad fue entregado al trabajador, quien lo portaba el día del lamentable hecho, era imposible que permanentemente lo tuviera puesto, ya que el oficio que desempeñaba en ese momento no se lo permitía, cual era el de ascender por el andamio, tal cual lo expresó su compañero de labores, John Julián Chitiva (folios 432 a 443); así en lo pertinente sostuvo “..para subir el andamio no se pueden amarrar, estando ya arriba sí se pueden asegurar con el cinturón; lo mismo que para bajar tampoco se puede amarrar; así sea escalón tras escalón no se puede subir con él amarrado (…)”, además que “(...) la escalera no es seguida una sobre otra, sino que ella va en un zic-zac (sic).”.

Así se concluye que la cónyuge sobreviviente del trabajador Aldana Rincón, y sus hijos, son beneficiarios de la indemnización plena de perjuicios reclamada como consecuencia de la culpa patronal en el accidente de trabajo en el que aquel perdió la vida. El a quo señaló que esa indemnización incluía el lucro cesante consolidado y el futuro, calculado mediante prueba pericial vista a folios 539 y s.s., en la suma de $ 122.935.838.88 para la señora Cortés Rodríguez, $ 47.616.299.34 para el menor César Alejandro Aldana Cortés y, $ 64.065.838.07 para el menor Diego Armando.

No obstante, la Sala observa que el dictamen aludido no atiende los parámetros que en casos como el analizado, tiene establecidos (ver por ejemplo sentencias 22656 y 23643 de junio de 2005). En consecuencia se efectúan los cálculos que corresponden a ese criterio, conforme se plasma a continuación:

Valor a pagar a la cónyuge:

A.Lucro cesante pasado   
 Fecha inicial - Accidente= 03-Oct-98
 Fecha Actual= 30-Jun-05
 LCM= $ 145.561
 IPC en 7/mayo/1998  95.1174
 IPC en 26/jun/2005  159.1000
 Nº de meses transcurridosn 81
 Tasa de interés anuali a 6%
 Tasa de interés mensuali m 0.5%
 Fórmula   
 VA =LCMXSn
 Reemplazando en la formula   
    $ 877.889 X
 LCM= 45.9%
 LCM= $ 145.561
 Sn= (1 + i)^n - 1
    i
 Sn= 99.38936617
 VA =$ 145.561X99.38936617
 Valor a pagar por lucro cesante pasado = $ 14,467,241
B.Lucro cesante futuro:   
 Fecha Nacimiento  07-Ago-74
 Edad hoy,30-Jun-05 24
 Esperanza de vida hoy,  53.53
 Nº de mesesn 642
 Tasa de interés anualI a 6%
 Tasa de interés mensualI m 0.5%
 Fórmula   
 VA =LCMXAn
 Reemplazando en la formula   
 LCM = $ 145.561
 an= (1 + i)^n - 1
    i (1 + i) ^n
 an= 191.88
 VA =$ 145.561X191.88
 Valor a pagar por lucro cesante futuro = $ 27.930.069
     
 Valor total $ 42.397.309

Valor a pagar al hijo número 1 (César Alejandro):

A.Lucro Cesante Pasado   
 Fecha inicial - Accidente= 03-Oct-98
 Fecha actual= 30-Jun-05
 LCM= $ 145.561
 IPC en 7/mayo/1998  95.1174
 IPC en 26/jun/2005  159.1000
 Nº de meses transcurridosn 81
 Tasa de interés anuali a 6%
 Tasa de interés mensuali m 0.5%
 Fórmula   
 VA =LCM XSn
 Reemplazando en la fórmula   
    $877.889 x
 LCM= 45.9%
 LCM = $ 145,561
 Sn= (1 + i)^n - 1
    i
 VA =$ 145,561X99.38936617
 Valor a pagar por Lucro Cesante Pasado = $ 14.467.241
B.Lucro cesante futuro:   
 Fecha nacimiento  07-Ago-74
 Edad hoy,30-Jun-05 6
 Tiempo faltante  12
 Nº de mesesn 141
 Tasa de interés anuali a 6%
 Tasa de interés mensuali m 0.5%
 Fórmula   
 VA =LCM XAn
 Reemplazando en la fórmula   
 LCM = $ 145,561
 an= (1 + i)^n - 1
    i (1 + i) ^n
 VA =$ 145.561X101.24
 Valor a pagar por lucro cesante futuro = $ 14.736.103
 Valor Total $ 29.203.343

Valor a pagar al hijo número 2 Diego Armando:

A.Lucro Cesante Pasado   
 Fecha inicial - Accidente= 03-Oct-98
 Fecha Actual= 30-Jun-05
 LCM= $ 145.561
 IPC en 7/mayo/1998  95.1174
 IPC en 26/jun/2005  159.1000
 Nº de Meses transcurridosn 81
 Tasa de interés anuali a 6%
 Tasa de interés mensuali m 0.5%
 Fórmula   
 VA =LCM XSn
 Reemplazando en la fórmula   
    $ 877.889
 LCM = $ 145.561
 Sn= (1 + i)^n - 1
    i
 VA =$ 145,561X99.38936617
 Valor a pagar por Lucro Cesante Pasado = $ 14.467.241
B.Lucro Cesante Futuro:   
 Fecha Nacimiento  07-Ago-74
 Edad Hoy,30-Jun-05 3
 Tiempo faltante  15
 Nº de Mesesn 180
 Tasa de Interes Anuali a 6%
 Tasa de Interes Mensuali m 0.5%
 Fórmula   
 VA =LCM Xan
 Reemplazando en la formula   
 LCM = $ 145,561
 an= (1 + i)^n - 1
    i (1 + i) ^n
 VA =$ 145,561X118.65
 Valor a pagar por Lucro Cesante Futuro = $ 17.271.368
 Valor Total $ 31.738.609

Conforme a la tabla inserta, se modificarán los valores de las condenas impuestas por el a quo por concepto de indemnización plena de perjuicios.

De otro lado, frente a la indemnización por los perjuicios morales —materia de la apelación de la parte actora—, se observa que en la demanda inicial se solicitó condena por un total de $ 77.018.560, mientras el Juzgado la estimó en $ 5.000.000 para cada uno (esposa e hijos del trabajador). Sobre este aspecto la jurisprudencia ha establecido que ellos se determinan conforme con el prudente arbitrio judicial, de tal suerte que dados los hechos que se establecieron en este proceso, ellos resultan viables en la cuantía $ 15.000.000 para cada uno de los beneficiarios, teniendo en cuenta que con la muerte del trabajador, se afecta la vida y la estabilidad familiar, por el dolor que genera la pérdida del padre y esposo, respectivamente. Quedará así reformada la cuantía impuesta por el a quo, por concepto de perjuicios morales.

El otro punto objeto de la apelación de la parte accionante, esto es, la responsabilidad solidaria de la sociedad Conconcreto, encuentra la Sala de recibo declararla, puesto que esa era la empresa encargada de la construcción para la cual contrató con Víctor Jairo Pinto Andrade, empleador del trabajador fallecido, es decir, que dicha sociedad se beneficiaba del servicio prestado, así su obra tuviera como destinatario final a Cadenalco (como se anota en la demanda inicial), toda vez que en la actividad de esa construcción estaba interesada directamente Conconcreto S.A., por habérsele encargado dicha obra, según se desprende del testimonio de Luis Eduardo Mendoza Mendiola (folios 288 y ss.), que era su Inspector de Salud Ocupacional, quien elaboró el informe patronal del accidente de trabajo visto al folio 22 . De allí que, en este aspecto, también corresponda modificar la decisión del a quo, que absolvió a la mencionada sociedad.

Por último, no procede la indexación de las condenas, toda vez que el valor del lucro cesante tiene incluido el reconocimiento respectivo, mientras que la cuantía de los perjuicios morales tan solo se fijó al emitirse la sentencia, conforme al arbitrio de la Sala. Se confirmará la absolución que impartió el a quo.

Sin costas en casación, por la prosperidad del cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 25 de marzo de 2004, proferida por la Sala Civil - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el juicio que Liliana Cortés Rodríguez, actuando en su propio nombre y en representación de sus menores hijos Diego Armando y César Alejandro Aldana Cortés, promovió contra la sociedad Conconcreto S.A. y Víctor Jairo Pinto Andrade, en tanto revocó las condenas impuestas por el juzgador a quo.

En sede de instancia modifica la decisión del a quo, respecto a:

1) Los obligados al pago de las condenas, son, los dos demandados, Conconcreto S.A. y Víctor Jairo Pinto Andrade.

2) El monto que corresponde a la cónyuge Liliana Cortés Rodríguez, por concepto de lucro cesante es de $ 42.397.309; al menor Diego Armando, de $ 31.738.609 y al menor César Alejandro, de $ 29.203.343.

3) La cuantía de los perjuicios morales se fija en $ 15.000.000 para cada uno de los tres beneficiarios.

En lo demás se confirma la sentencia de primera instancia.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magstrados: Camilo Tarquino Gallego—Gustavo José Gnecco—Mendoza Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Isaura Vargas Díaz.

Maria Ismenia García Mendoza, Secretaria