Sentencia 24232 de agosto 23 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 24232 de 2005

Acta 70

Magistrado Ponente:

Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil cinco.

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso Seguros de Vida Colpatria S.A. contra la sentencia del Tribunal de Medellín, dictada el 27 de febrero de 2004 en el proceso ordinario laboral que promovió Aurelia de Jesús Patiño Patiño en su propio nombre y en representación de sus hijos menores Giovanni Alberto, Edison Alberto, Viviana y Estefany Saldarriaga Patiño, así como el menor Alberto Saldarriaga Londoño, representado por su madre Sofía Londoño, contra Seguros de Vida Colpatria S.A. y el Instituto de Seguros Sociales.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

En esencia, la entidad recurrente le increpa al tribunal que concluyera que la muerte del señor Juan Alberto Saldarriaga ocurrió como consecuencia de un accidente de trabajo, para lo cual denuncia la indebida apreciación y la falta de valoración probatoria de varios medios de convicción, de cuyo análisis objetivo, para la Corte, resulta lo siguiente:

1. En el hecho tercero de la demanda se dice: “El señor Alberto Saldarriaga se desempeñaba como despachador en la empresa Sociedad Antioqueña de Transportes, Santra, hasta donde llegó un asesino el día habiéndole propinando (sic) la muerte”. Según la recurrente este hecho demuestra una muerte accidental, pero no una derivada directa o indirectamente de la prestación del servicio. Pero en contraposición a lo que aquí sostiene la censura está que para el tribunal el accidente de trabajo es un suceso repentino, que, según la definición del artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, sobreviene con ocasión del trabajo y no únicamente por causa del mismo; es decir, que cuando ocurre con ocasión del trabajo no tiene que existir una relación causal con la actividad laboral, de manera que sostener, como lo hace la recurrente, que ese juzgador no advirtió la ausencia de relación causal, carece de incidencia en la resolución impugnada, porque en realidad no desconoció esa circunstancia y aunque la hubiera desconocido en todo caso habría fallado en el mismo sentido, ya que a su juicio el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 no hace depender el accidente de trabajo exclusivamente de la relación causal entre el servicio y el daño. Y como ese criterio del tribunal, independientemente de que esté coronado por el acierto, es jurídico y no fáctico, el tema no podía ser abordado por la vía indirecta.

2. La comunicación del 25 de agosto de 1999, que obra al folio 12, solo acredita que las madres de los menores que aquí demandaron le reclamaron para ellos al Seguro Social la pensión de sobrevivientes apoyando su petición en que el señor Saldarriaga falleció y tenía cubierto el riesgo de muerte; pero el simple reclamo no es confesión: y con el mismo argumento bastaría considerar que mediando otro dirigido a la aseguradora ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. el juez debería haber entendido que el accidente fue de trabajo.

3. El reparo que hace la recurrente sobre la actitud asumida por el Seguro Social al responder la demanda no es demostrativa de error de hecho alguno. Y comprometería a esa entidad pero no a los demandantes.

4. La comunicación del folio 16 y el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Antioquia, son una misma prueba, que por ser pericial no sirve para fundar el error de hecho en la casación del trabajo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969. Además, en el cargo no se afirma que el tribunal hubiera alterado el alcance demostrativo del dictamen, sino que lo desestimó como idóneo para calificar el suceso en que Saldarriaga perdió la vida como accidente ajeno al trabajo, o sea que se hace en realidad un planteamiento jurídico y no uno probatorio de los que permiten impugnar una sentencia por la vía indirecta. De ahí que en realidad el argumento que esgrime la recurrente en relación con ese aspecto del fallo, esto es, la obligatoriedad de la aceptación por el juez de lo consignado en un dictamen, sea ajeno a lo que ese medio de convicción acredita y, por lo tanto, no pueda ser elucidado por la vía de los hechos que orienta este ataque.

5. Los testimonios tampoco pueden utilizarse en la casación del trabajo, como lo dispone el precepto legal citado.

En estas condiciones, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Denuncia la interpretación errónea de los artículos 176, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil en armonía con los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como la consecuencial interpretación errónea de los artículos 9º, 10 y 12 del Decreto 1295 de 1994, 4º del Decreto 1346 de 1994 y 4º del Decreto 1530 de 1996, en desarrollo del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, y la aplicación indebida de los artículos 46, 47, 48, 50, 141, 142 y 255 de la Ley 100 de 1993.

Para la demostración del cargo se asevera que a los demandantes les correspondía acreditar que el fallecimiento del señor Saldarriaga se debió a un accidente de trabajo, para lo cual no bastaba con afirmarlo en la demanda, más cuando no aparece en los autos que se hubieran adelantado los trámites de rigor establecidos para tal efecto por la demandada ARP Colpatria S.A. quien cubría ese riesgo profesional.

Afirma la impugnante que para el ad quem fue suficiente que el hecho punible se produjera en el lugar y en la jornada laboral donde el causante realizaba sus actividades para presumir su carácter profesional, lo que no encaja dentro de los requisitos exigidos por el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil; y además invirtió la carga de la prueba a cargo de la demandada ARP Seguros de Vida Colpatria S.A., cuando determinó que a ella le correspondía probar la falta de relación con el trabajo cuando dijo lo siguiente:

“... En el asunto que ocupa la atención de la Sala ninguna prueba trajo “Colpatria S.A.” al debate probatorio tendiente a verificar que el deceso que el señor Saldarriaga ocurrió a un hecho ajeno al trabajo; en otras palabras, debió demostrar que el afiliado tenía por ejemplo, antecedentes de tipo político, social o personal que lo hacían objeto de algún tipo de venganza o de lo que la subcultura de la violencia denomina “Ajuste de cuentas”.

Y respecto de ese aparte de la sentencia observa que la exigencia del tribunal se torna de imposible demostración, más cuando la investigación, por el asesinato, le correspondía exclusivamente a las autoridades penales.

De lo anterior concluye que en la sentencia se configuró un doble error por cuanto descargó a la parte demandante de probar que el suceso se debió a un accidente de trabajo y le impuso a la ARP Colpatria S.A. la obligación de probar hechos de imposible cumplimiento.

Después de afirmar que la Junta Regional de Invalidez de Antioquia dictaminó que el accidente de trabajo fue de origen común, anota la recurrente que en desarrollo del artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, que regula los casos en que se da el accidente de trabajo, no es suficiente para que se configure que sea por causa o con ocasión del trabajo y agrega textualmente:

“... porque existen otras circunstancias de modo, tiempo y lugar que deben tenerse en cuenta, como es que la muerte del causante ocurrió como expresamente lo reconocen los demandantes como consecuencia de un asesinato por personas desconocidas, hecho totalmente ajeno a la relación laboral existente entre aquel y su empleadora Sociedad Antioqueña de Transportes “Santra” y sin que nadie válidamente pueda alegar la responsabilidad de la última por el simple hecho que estuviera laborando y como consecuencia de lo mismo se configure en un riesgo profesional a cargo de la demandada ARP Colpatria S.A.

“De tal manera, que la interpretación literal por parte del tribunal del texto legal a que se ha venido haciendo referencia, no cumple siquiera con las secuelas que del mismo se derivan y por lo tanto, se cometió el dislate jurídico propuesto en esta acusación”.

V. Consideraciones de la Corte

Como el cargo comienza por acusar al tribunal por haber interpretado erróneamente normas probatorias del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe observar que por ese aspecto la acusación es inatendible, porque al decidir la controversia el sentenciador no se ocupó de fijar el alcance de ninguno de esos preceptos que los interpretó, y aun de entenderse en gracia de discusión que por hacer alusión a la carga de la prueba del accidente de trabajo interpretó tales preceptos, habría que tomar en cuenta que basó su decisión en lo que entendió era la noción de accidente de trabajo y no en un razonamiento general sobre el deber de probar.

Pero el cargo no solo contiene esa impropiedad, pues presenta una serie de denuncias sin la necesaria correspondencia con la decisión impugnada.

En efecto:

El artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 define el accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. El tribunal, basado en que la norma distingue entre el accidente que tiene por causa el trabajo y el accidente que ocurre con ocasión del trabajo, y en que Saldarriaga Echeverri fue ultimado por dos sujetos desconocidos en el lugar y en horas de trabajo, determinó que hubo accidente de trabajo con ocasión del mismo y no por causa de él, esto es, sin que el suceso tuviera relación directa con la labor a su cargo.

Si, como quedó dicho y surge de la sentencia, el tribunal dio por demostrado que Saldarriaga Echeverri falleció con ocasión del trabajo, según deducción que extrajo de algunas pruebas del proceso, no es admisible sostener, como lo hace el cargo, que le bastó la sola afirmación de la demanda para dar por demostrado el hecho que fundamenta la pretensión.

El segundo reparo contra la sentencia toca el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil. La norma dice: “Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados”. Y agrega: “El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario”. Dice el recurrente que para el tribunal fue suficiente que el hecho punible se produjera en el lugar y en la jornada laboral donde el causante realizaba sus actividades para presumir su carácter profesional, lo que no encaja dentro de los requisitos exigidos por el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil; y además invirtió la carga de la prueba a cargo de la demandada ARP Seguros de Vida Colpatria S.A., cuando determinó que a ella le correspondía probar la falta de relación con el trabajo.

Frente a esta segunda objeción debe la Sala observar nuevamente que el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil fue acusado por interpretación errónea; pero la censura no la demuestra y la Corte tampoco encuentra que la sentencia haya fijado el alcance de ese precepto. Ahora, es claro que la recurrente le cuestiona al tribunal que considerara suficiente que el hecho punible se hubiera cumplido en el lugar y en la jornada laboral para presumir el carácter profesional del accidente de trabajo. Pero de esa conclusión no puede derivarse una interpretación errónea del artículo 176 citado y sería razonable pensar que el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 al definir el accidente de trabajo no estableció presunción alguna y menos una como la que consideró el tribunal; mas este cuestionamiento no lo formula el cargo y a la Corte no le está dado tomarlo en cuenta para infirmar la sentencia.

El fallador tampoco invirtió la carga de la prueba, porque está visto que dio por demostrado que el accidente de Saldarriaga Echeverri ocurrió con ocasión del trabajo y porque sí consideró que la demandada ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. debía acreditar la falta de relación con el trabajo no fue como consecuencia de ninguna inversión en materia probatoria, sino sobre la base de que ya estaba acreditado el accidente como de trabajo.

Ese segundo reparo del cargo lo complementa el recurrente diciendo que el tribunal hizo una exigencia probatoria de imposible demostración, más aún cuando la investigación por el asesinato de Saldarriaga le correspondía exclusivamente a las autoridades penales. Pero como el tema está en relación con el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, también resulta inatendible.

Lo que resta de la acusación está referido al artículo 9º del Decreto 1295 de 1994. Dice la censura que no es suficiente, para que exista accidente de trabajo, que el trabajador sufra daño por causa o con ocasión del trabajo. Y alega que el elemento adicional es “... que la muerte del causante ocurrió como expresamente lo reconocen los demandantes como consecuencia de un asesinato por personas desconocidas, hecho totalmente ajeno a la relación laboral existente entre aquel y su empleadora Sociedad Antioqueña de Transportes “Santra” y sin que nadie válidamente pueda alegar la responsabilidad de la última por el simple hecho que estuviera laborando y como consecuencia de lo mismo se configure en un riesgo profesional a cargo de la demandada ARP Colpatria S.A.”. Pero el planteamiento es equivocado porque los elementos que estructuran el accidente de trabajo son, por definición del precepto citado: 1. Que se trate de un suceso repentino; 2. Que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo; y 3. Que produzca un daño al trabajador (una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte).

En consecuencia, es claro que para que exista un accidente de trabajo debe haber una relación de causalidad entre el percance sufrido por el trabajador y la prestación del servicio bajo subordinación, bien sea por causa del trabajo o con ocasión de este, de suerte que existiendo tal vínculo causal y en tratándose de un suceso repentino que ocasione un daño en la salud del trabajador, se estará en presencia de los supuestos de hecho exigidos por el artículo 9º en comento, del que no es dable deducir elementos diferentes para la configuración del accidente laboral, relacionados con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el infortunio que, desde luego, no son ajenas a la definición de su índole laboral, pero como integrantes de la relación causal arriba mencionada y no como una cuestión adicional a ella.

Por lo tanto, el asesinato del trabajador no es un elemento del artículo 9º del Decreto 1295 de 1994. Se trata de un hecho circunstancial que el sentenciador debe subsumir en los supuestos de la definición legal. De modo que acusar la errada interpretación de ese precepto sobre una base circunstancial no es atendible.

El cargo, en consecuencia, no es fundado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Medellín, dictada el 27 de febrero de 2004 en el proceso ordinario laboral que promovió Aurelia de Jesús Patiño Patiño en su propio nombre y en representación de sus hijos menores Giovanni Alberto, Edison Alberto, Viviana y Estefany Saldarriaga Patino, así como el menor Alberto Saldarriaga Londoño, representado por su madre Sofía Londoño, contra Seguros de Vida Colpatria S.A. y el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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