Sentencia 24242 de julio 25 de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 24242

Acta 65

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil cinco.

Se pronuncia la Corte respecto del recurso de casación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Laboral, de fecha 5 de febrero de 2004, proferida en el proceso ordinario laboral que en su contra promovió Luis Enrique Bobadilla Hernández.

I. Antecedentes

Luis Enrique Bobadilla Hernández demandó al Instituto de Seguros Sociales para que le reconozca y pague la pensión de invalidez a partir del 1º de febrero de 1997, fecha de su estructuración, las mesadas adicionales, el incremento del 14% del salario mínimo por su esposa legítima, la indexación de las condenas, los servicios médicos asistenciales y se declare no probada la excepción de prescripción por obedecer a error imputable a la demandada.

En sustento de sus pretensiones afirmó que fue valorado el 16 de septiembre de 1998 con un porcentaje de pérdida de su capacidad laboral de 44%, la cual se estructuró a partir del 1º de febrero de 1997; que solicitó de la Junta Regional de Calificación de Invalidez una nueva valoración y esta fijo su discapacidad en 50,77%; que el demandado le negó la pensión de invalidez y le reconoció una indemnización sustitutiva pese a tener cotizadas 560 semanas de aportes, por lo que debe aplicársele la condición más beneficiosa del artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990; que tiene a su cargo a Romelia Celis Ariza, con la cual contrajo matrimonio católico; que la excepción de prescripción no debe prosperar, en caso de que se proponga, por haber acudido oportunamente ante el ISS Quindío; y que las mesadas atrasadas deberán pagarse indexadas.

El Instituto de Seguros Sociales se opuso, aceptó algunos hechos y negó otros. No propuso excepciones.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, en sentencia del 10 de octubre de 2003, condenó a pagar la pensión de invalidez a partir del 1º de febrero de 1997, con los incrementos legales y las mesadas adicionales, con base en los salarios mínimos desde 1997 hasta la fecha, la indexación, los servicios médicos asistenciales y las costas.

II. La sentencia del tribunal

De la decisión apeló el demandado y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la confirmó, con la modificación del numeral segundo respecto de la indexación, de la cual absolvió, y condenó en costas al instituto.

Se refirió el ad quem a la Resolución 0013 del 14 de enero de 2000, del Instituto de Seguros Sociales, que le negó la pensión de invalidez al demandante, por no cumplir los requisitos exigidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de cotizar 26 semanas dentro del año anterior a la estructuración de su estado de invalidez.

Aseveró que la estructuración de la invalidez del actor se produjo el 1º de febrero de 1997, con 50,77%, y que en esa fecha no estaba cotizando al sistema, ni sufragó cotización alguna en el año inmediatamente anterior, pero tenía acumuladas 560 semanas.

Arguyó que la Corte Suprema de Justicia, desde el 19 de julio de 2001, ha venido reconociendo la prestación a los que han cotizado un número suficiente de semanas para ser acreedores a la pensión dentro de la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, que se desafilien y queden inválidos con posterioridad a su vigencia, ratificada en sentencias del 26 de julio de 2001 y el 6 de marzo de 2002, y reprodujo la del 19 de julio de 2001, radicación 15760.

Aludió que por haber cotizado el actor 560 semanas, se encuentra satisfecho el requisito exigido por el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, que exigía 300 semanas en cualquier época para merecer dicha pensión a partir del 1º de febrero de 1997, fecha de estructuración de su estado de invalidez.

Luego hizo una exégesis respecto del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 y coligió que la Ley 100 de 1993 no derogó totalmente la legislación anterior, por lo que dedujo que no existe incompatibilidad entre dichas normas y transcribió el artículo 36, ibídem, así como un pronunciamiento de la Sala Undécima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, de fecha 3 de octubre de 2003, el cual comparte plenamente, por aplicar el principio de favorabilidad para cancelarle al demandante los incrementos de 14% sobre la pensión mínima legal por cónyuge del beneficiario que dependa económicamente de este, que da cuenta el literal b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, y concluyó que la indexación no procede porque “las mesadas pensionales conservan su poder adquisitivo, con el mecanismo de los reajustes automáticos, por efectos del aumento del salario mínimo legal, que precisamente fue el monto de la pensión reconocida.”

III. El recurso de casación

Lo interpuso el demandado y con él pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y, en su lugar, lo absuelva de todas las pretensiones impetradas en su contra.

Con esa finalidad propuso un cargo que fue replicado por el demandante.

Cargo único:

Acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente, por aplicación indebida, los artículos 6 y 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, respecto del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 que fue infringido directamente, y el artículo 53 de la Constitución Política.

Para su demostración dice que no discute que la pérdida de la capacidad laboral del demandante se estructuró el 1º de febrero de 1997, que no reúne los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, sino que el Tribunal, con base en jurisprudencia, aplicó el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, precepto derogado en la fecha de estructuración de la invalidez.

Añade que esa jurisprudencia fue rectificada y la nueva doctrina debe acatarse por los juzgadores para mantener la convivencia pacífica, entre otras mediante sentencia con radicado 19019, que transcribe a continuación para concluir con la aseveración de que el Tribunal incurrió en esas transgresiones legales por haber aplicado una norma derogada y dejado de aplicar la que regulaba la situación sometida a su estudio.

La réplica

Reproduce algunos fragmentos de las sentencias del Juzgado y del Tribunal y de la sentencia transcrita por el ad quem y concluye su oposición con la petición de denegar el recurso impetrado, con la consecuente condena de costas.

IV. Consideraciones de la Corte

Conviene precisar que el Tribunal, para confirmar la condena fulminada por el a quo respecto de la pensión de invalidez a cargo del Instituto de Seguros Sociales y en favor del señor Luis Enrique Bobadilla Hernández, acogió algunos pronunciamientos de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el del 19 de julio de 2001, radicación 15760, que transcribió, por considerar que el actor tiene más que satisfechas las 300 semanas de cotizaciones en cualquier época anterior a la estructuración de su estado de invalidez, exigidas por el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, dado que no halló incompatibilidad entre el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 y el 36 de la Ley 100 de 1993, criterio que comparte con el Tribunal de Medellín, cuya sentencia del 3 de octubre de 2003, reprodujo textualmente.

El recurrente invoca como soporte de su acusación la sentencia de casación proferida el 26 de febrero de 2003, radicación 19019.

Pero acontece que el criterio de ese pronunciamiento mayoritario de la Corporación sobre el derecho a la pensión de invalidez cuando no se tienen 26 semanas cotizadas durante el último año inmediatamente anterior a la estructuración de ese estado de incapacidad laboral, pero se ha acreditado un número de semanas superior a las exigidas en la normatividad anterior en vigencia de esta, ha sido rectificado recientemente por la mayoría de la Sala de Casación Laboral en proveído del 5 de julio de 2005, radicación 24280.

El actual criterio mayoritario reafirma que pese a no existir un régimen de transición respecto de la pensión de invalidez resulta inadmisible aceptar que el asegurado que ha sufragado abundante número de semanas en vigencia de la normatividad anterior, que le permitirían al amparo de ella obtener la prestación por invalidez, como sucede con el demandante, quede privado de la prestación por no haber cotizado las 26 semanas requeridas en el nuevo régimen, pese a que dentro del antiguo tenía consolidado el amparo, que no puede ser desconocido.

La tesis ahora mayoritaria es la siguiente:

“... la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para este de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un servicio, de la ejecución de una relación laboral del trabajo independiente o sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado, entre otros. De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.

“Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 049 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del C. S. del T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente previstas.

“Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente —971— que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.

“Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su vigencia que regulaban el tema.

“Efectivamente dentro del antiguo régimen era indispensable para pensionarse haber cotizado como mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al advenimiento de la invalidez o un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo, mientras que en el nuevo régimen basta estar cotizando y haber completado 26 semanas en el momento de invalidarse o las mismas 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a ese insuceso para conseguir el mismo resultado.

“Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo este que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de antemano ya pesaba sobre tal entidad.

“Aun cuando pudiera argumentarse que la ausencia legal de un régimen de transición frente a la pensión de invalidez, como sí lo tiene la de vejez, impide tener en cuenta las cotizaciones pagadas suficientemente por quien no aportó el mínimo de 26 semanas requerido en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cabe decir que la situación es distinta en uno u otro caso, porque en la de vejez es viable para el legislador considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo —hecho determinable—, ya para completar cierta edad, o, para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, no regulables por un régimen de transición.

“Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Acuerdo 049 de 1990, que en la Ley 100 de 1993), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le dé a las citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte.”

Lo antes aseverado permite concluir que al colegir que el actor tenía derecho a la pensión de invalidez, así se basara en argumentos en parte distintos a los que recientemente adoptó la Corte, el Tribunal no incurrió en la infracción legal denunciada.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Laboral, de fecha 5 de febrero de 2004, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió Luis Enrique Bobadilla Hernández contra el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas en casación por tratarse de un cambio de criterio doctrinal.

Se reconoce personería al doctor Jhon Jairo Camargo Motta, con tarjeta profesional número 118097, como apoderado judicial del Instituto de Seguros Sociales, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 95 del cuaderno de la Corte.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

Salvamento de voto

Con todo respeto, expreso mi disentimiento de la tesis de la mayoría de la Sala referida en la sentencia, por cuanto otorga una pensión de sobrevivientes por fallecimiento del afiliado durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, aceptando para el efecto que el requisito de cotizaciones sea el establecido en el Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, tomando por sustento el de la providencia de la Corte que se invoca en especial cuando asevera que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente vigentes.

1. Es inobjetable que la jurisprudencia sobre las normas del sistema de seguridad social consulten continuadamente sus principios, pero siempre que sea buscando el sentido o alcance de la norma que garantice la realización de estos, pero no como sucede en la sentencia, para, simplemente, sustituir la regla según la cual el momento en el que se cause el derecho pensional es el mismo para determinar la legislación que los rige y a nombre de unos principios cuyo significado se desvirtúa, como se señala adelante.

2. El argumento sustancial en la sentencia invocada que se funda la decisión de conceder pensión, aquel por el cual como el afiliado inválido que cumplió con un número de aportaciones tan suficiente 994 —560 en este proceso— que de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior del infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno.

En buen romance lo anterior entraña la aplicación, sin invocación, del principio de la favorabilidad, más no aquel propio de la seguridad social contenido en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, sino el que rige para el mundo laboral.

El principio de la favorabilidad en la seguridad social, de origen legal, tiene su propio contenido, que para el efecto prescribe el que para ser aplicado debe serlo bajo la condición de que la situación se “someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

El enfoque laboral de los temas de la seguridad social, en el que persiste la Sala con esta decisión, no es compatible con la clara regulación autónoma que el constituyente de 1991 hizo de la seguridad social, —que bien puntualiza la providencia en sus párrafos iniciales—, separada de la protección del trabajo, ni con la precisa concepción del sistema de seguridad social plasmada en la Ley 100 de 1993, la que superó normativamente la transitoriedad de los mecanismos pensionales previstos en la Ley 90 de 1946.

Habiendo quedado el afiliado inválido en vigencia de la Ley 100 de 1993, —y es la fecha de la estructuración la que señala el régimen que regula la pensión respectiva— se debió cumplir con el requisito de densidad de cotizaciones previsto en el artículo 46 de la mencionada ley; y faltando este no es posible acceder a la pensión que se reclama, aplicando silenciosamente, la condición más beneficiosa.

3. La decisión que aquí reprocho no guarda coherencia con la posición que la Sala ha fijado en procesos recientes, cuando ha sostenido la siguiente tesis:

“La seguridad social es materia autónoma, cuya institucionalización constitucional se encuentra en el artículo 48 de la Carta, que si bien no consagra el principio de favorabilidad reclamado por el recurrente, si fue contemplado por el legislador con unas características propias para la seguridad social en pensiones. Así, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, permite que el afiliado o beneficiario de una prestación pensional se acoja a la normatividad más favorable, bajo la condición de que se someta de manera íntegra a dicha regulación.” Sentencia de 25 de marzo de 2004, Rad.22060.

4. Con la decisión que adopta la Sala se instituye para las pensiones de invalidez el expediente de un régimen de transición que no existe para las pensiones de invalidez, —no preciso el fundamento de la aseveración de la Sala según la cual no puede darse transición frente a contingencias improbables—; la real razón es que se pretendía instaurar un nuevo concepto de cotizaciones, como se indicará adelante, bajo el supuesto de aportes permanentes e indefinidos que entrarían a operar de inmediato.

5. Por lo demás, aquel argumento central de conceder pensiones de un sistema porque en otro se hicieron aportes en número tan suficiente o con abundancia de semanas se aleja de reglas básicas para definir si se cumple o no con los requisitos para acceder a la pensión.

Porque la densidad de cotizaciones es un elemento que se mide cuantitativamente, y no cualitativamente.

Porque se hace una comparación por el número de cotizaciones, cuando, por corolario de cualquiera de los principios de favorabilidad, lo comparable es la totalidad del sistema, y no fragmentos de este.

Cuando se comparan dos conceptos de cotización diferentes, tomándolos por su elemento más aparente; no se trata de saber si son 150, 300 o 26 cotizaciones; aquellas lo eran dentro de un sistema de aportes con un piso mínimo alto; y la última un piso bajo pero nunca mínimo; en aquel cuenta las cotizaciones efectuadas, en este se sancionan las que no se efectúen por cuanto lo más significativo de un sistema que obliga a un número reducido respecto a un evento incierto, es que se ha de estar en acto de permanente cotización.

Efectivamente, desde esta perspectiva el número de cotizaciones tiene una trascendencia mayor que la de ser una cifra. El dato numérico previsto en el Acuerdo 049 de 1990, guarismo elevado —300— cumplido en cualquier tiempo, significa un régimen de protección para un grupo de trabajadores restringido a los de una antigüedad de seis o más años, financiado con bases mínimas altas; y el previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con un guarismo bajo pero con la exigencia de ser cumplido en estricta oportunidad, —en el año inmediatamente anterior al hecho incierto de la muerte— significa un régimen con vocación de protección cercano a la universalidad —se excluye a los que no han cumplido seis meses de actividad— financiado por el universo de trabajadores, que de manera continuada y permanente —se admiten algunas intermitencias— deben realizar la solidaridad contributiva.

6. Ciertamente, la vocación a la universalidad de la cobertura es uno de los principios de la Ley 100 de 1993, la cual puede ser alcanzada a condición de que actúe la solidaridad, otro de los principios rectores del Sistema de Seguridad Social. Ella se cumple si las personas contribuyen según su capacidad, como lo indica el artículo 2º de la misma Ley, —aquí como manifestación del principio de la integralidad. De esta manera pese a que en la sentencia se invocan estos principios, desde mi aviso, se hace uso de ellos para su menoscabo.

El que la seguridad social se haya ordenado como sistema impone que no se pueda invocar la universalidad prescindiendo de los mecanismos necesarios para realizarla.

La decisión que adopta la Sala para acceder al otorgamiento de una pensión de invalidez para quien no reunió los requisitos conduce al desequilibrio financiero del sistema. De hecho, la realización del propósito de universalizar la protección de la familia de los trabajadores —antiguos y principiantes— es posible bajo el presupuesto de que la obligación de cotizar sea igualmente universal; y cuando se afecta esta se compromete aquella, como cuando se exonera de por vida al contingente de trabajadores que antes de 1994 hubieren cotizado 300 semanas; ciertamente, se les releva del deber de efectuar una cotización más, en cuanto no hacerlo no les priva del derecho a la pensión de invalidez.

7. El respeto a los principios de la universalidad y de la solidaridad es condición para realizar el anhelo de una sociedad verdaderamente justa, en la que al tiempo que se proporcione seguridad a la generación presente, se garantice la viabilidad del sistema para la generación que sigue, esto es, en una justicia que no se agote en distribuir prestaciones a los que primero lleguen acreditando necesidades sin hacer lo propio con la densidad de cotizaciones, quedando para los que vienen un sistema contributivo en quiebra, y el deber de cubrir una deuda histórica y atender a sus propios riesgos.

Fecha ut supra,

Eduardo López Villegas