Sentencia 24260 de abril 26 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 24260

Acta Nº 47

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Náder

Bogotá, D.C., veintiseis de abril de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. empresa de servicios públicos contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá dictada el 25 de noviembre de 2003 en el juicio ordinario laboral promovido a la recurrente por José Hilario Muñoz Zuluaga y María Concepción Urrea de Velásquez.

(...).

Se considera

El tema medular en discusión consiste en determinar la naturaleza de la pensión otorgada por la empresa a los señores Muñoz Zuluaga y Velásquez Beltrán en fechas 19 de septiembre de 1984 y enero 3 de 1983, respectivamente, puesto que mientras el tribunal las calificó como de origen convencional el recurrente sostiene que son de naturaleza legal.

En orden a elucidar la referida cuestión es menester tener en cuenta que el factor determinante para calificar una pensión pasa necesariamente por observar cuáles fueron los requisitos de edad y tiempo de servicios tomados en consideración para su otorgamiento pues si fueron los establecidos en la ley será de carácter legal, pero si estos se acortan o por lo menos se reduce uno de ellos debe inferirse que es extralegal.

En el sub lite no es objeto de controversia que la entidad demandada es una empresa industrial y comercial del Estado del orden distrital; de acuerdo con ello entonces el régimen pensional que resultaba aplicable a sus trabajadores para el momento en que se les hizo el reconocimiento era el consagrado en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 el cual estipulaba como requisitos para la pensión: 50 años de edad y 20 años o más de servicios, y que solo vino a ser modificado con la expedición de la Ley 33 de 1985 toda vez que las disposiciones de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 no se aplicaron a los servidores del ámbito territorial.

Hechas esas necesarias precisiones no queda ninguna duda que el ad quem se equivocó al catalogar como de origen convencional las citadas pensiones pues de haber aplicado la referida disposición legal y apreciado correctamente las resoluciones de otorgamiento habría concluido necesariamente que ellas eran de naturaleza legal puesto que se otorgaron cuando sus beneficiarios iniciales habían rebasado los 50 años de edad y 20 de servicio. Es cierto que la convención colectiva de trabajo recogió los mismos requisitos establecidos en la ley, pero esa circunstancia no transmuta la pensión legal en convencional; ello solo podría predicarse si la disposición legal hubiera dejado de regir y su contenido perpetuado o extendido con la incorporación en la convención, que no es el caso aquí configurado. Al respecto cabe poner de presente que cuando en una cláusula convencional se reproduce textualmente un derecho sustantivo y subjetivo tal cual está regulado en una ley vigente no hay en estricto sentido ningún derecho nuevo o extralegal pues de considerarlo así se desnaturalizaría la finalidad de la negociación colectiva consistente precisamente en superar el mínimo prestacional establecido legalmente, amén de que el empleador que suscribe el acuerdo no se obliga a nada nuevo ni que supere lo consagrado en la ley.

En el caso concreto de las pensiones lo que determina su carácter son las condiciones de edad y tiempo de servicios en que ellas se reconocen, porque el incremento en el porcentaje de las mismas o en su monto no alcanzan a alterar aquel, de suerte que si su reconocimiento se produce en presencia de los requisitos legales su naturaleza será legal, sin que deje de serlo porque se mejore su cuantía, en el sub examine en un 80% y en un 100% del último promedio salarial, por cuanto este último elemento no es componente esencial para determinar la naturaleza de la pensión.

Los criterios expuestos recogen el pensamiento de la Sala, que por ejemplo en fallo del 7 de febrero de 2002 dijo:

“Aun en el supuesto que fuera posible hacer abstracción de las irregularidades anotadas y se emprendiera el examen de fondo de la acusación se hallaría que de todas maneras el cargo no está llamado a prosperar porque en la decisión acusada se estableció que la pensión de jubilación reconocida por la entidad demandada es de origen legal, concedida conforme a las disposiciones aplicables a los trabajadores oficiales del nivel territorial que exigían 20 años de servicios y 50 años de edad, y que solo se modificó convencionalmente en lo relativo a su monto. Modificación que no implica una alteración de la esencia de la pensión reconocida por la demandada y que obviamente es lícita, porque solamente se trata de una garantía que supera el mínimo previsto en la ley sin alterar el origen y la esencia de la prestación legal sobre la cual se aplicó. Por consiguiente, no es admisible otorgar a las pensiones reconocidas por la empresa y sobre las cuales versa la controversia en este asunto, el carácter de extralegales que aduce la acusación para demostrar la supuesta equivocación jurídica que atribuye a la decisión recurrida”.

Posteriormente, en decisión del 13 de marzo de 2002 (exp. 18817) manifestó:

“Importa recordar que el mero hecho de que el porcentaje del salario base de liquidación de la pensión legal de jubilación sea superior al previsto por el legislador, no es suficiente para aseverar, válidamente, que se trata de una pensión distinta a la legal, pues con ello, además de desconocerse la posibilidad de que por factores particulares del contrato de trabajo, como por ejemplo un mayor tiempo de servicio al indicado como mínimo por la ley, el empleador asuma el mayor valor que voluntariamente, por pacto colectivo o convención se haya establecido en beneficio de quien le prestó su fuerza laboral, se altera la naturaleza jurídica de la prestación”.

En consecuencia cuando el ad quem consideró que las pensiones de que da cuenta el presente proceso eran convencionales, incurrió en los desatinos que la censura le achaca. Yerros trascendentes y con incidencia en el fallo recurrido pues de haber advertido que no tenían ese carácter sino que eran legales no habría confirmado el fallo del a quo sino lo habría revocado para en su lugar absolver de las pretensiones del libelo.

En efecto, la jurisprudencia ha establecido que en los eventos de trabajadores oficiales de cualquier nivel afiliados al ISS no se produjo una subrogación total del riesgo de vejez pues en esa situación tales trabajadores mantienen el derecho a que el respectivo empleador les conceda la pensión legal de jubilación en las condiciones de edad y tiempo de servicios contemplados en los ordenamientos normativos dirigidos específicamente a este sector de trabajadores, con la posibilidad de que una vez cumplan los requisitos fijados en los reglamentos del ISS para el disfrute de la pensión de vejez, esa entidad les haga el reconocimiento de la pensión de vejez, quedando a cargo del empleador la diferencia entre las dos pensiones, si llegara a haberla.

Como aquí quedo claro que la demandada concedió a sus trabajadores la pensión legal de jubilación una vez cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley 6ª de 1945, el hecho de que haya optado después por compartir dicha pensión con el ISS una vez este organismo reconoció la pensión de vejez, pagando únicamente la diferencia entre una y otra, no implica la trasgresión de ninguna disposición legal.

Sobre la materia expuesta, ha expresado la Sala:

“En torno al tema de la subrogación de las pensiones de jubilación del sector oficial del orden nacional y territorial por la de vejez a cargo del ISS es oportuno anotar que desde la organización del seguro social obligatorio, se estableció la sustitución de la pensión de jubilación patronal por la de vejez a cargo del ICSS (ver L. 90/46, art. 76) y así quedó definido para el sector particular en los términos del artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, que previó la liberación del patrono respecto a aquellas pensiones, “... cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo a la ley ...”. No obstante para los trabajadores oficiales no sucedió lo mismo, en vista de que no se previó, como en el sector particular, un principio de transitoriedad del régimen pensional a cargo del empleador para derivar en la asunción total del riesgo por el seguro, sino que por el contrario subsistieron estatutos especiales que no contemplaban tal asunción y se expidieron nuevos como el Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el 1848 de 1969 que tampoco previeron tal subrogación, sin perjuicio de que los trabajadores oficiales pudieran ser afiliados al ISS conforme lo autorizó el régimen de este.

Respecto a este tema, la Sala en sentencia del 10 de agosto de 2000, radicación 14163, explicó:

“... en vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de estos (ver por ejemplo los D. 3135/68, el D.R. 1848/69 y la L. 33/85) que el sistema del seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como sí aconteció para los particulares en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la seguridad social. Por consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para esta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez...” (fallo feb. 7/2002).

De conformidad con lo expuesto, no resulta de recibo el argumento del opositor relativo a que la afiliación al ISS de los trabajadores oficiales implica para ellos que la edad para acceder a la pensión de jubilación legal es de 60 años, por cuanto esa tesis ha sido desechada por la jurisprudencia en tanto implica hacer inocuas y carentes de sentido las disposiciones legales dirigidas a este colectivo de trabajadores donde se contemplaba una edad de jubilación inferior a la fijada para los afiliados al ISS.

Finalmente corresponde precisar que el ataque tal como fue formulado es idóneo para resquebrajar la sentencia recurrida puesto que se encaminó a fustigar el sustento vertebral de la misma, consistente precisamente en el carácter convencional de las pensiones reconocidas por la empleadora, sin que fuera indispensable rebatir la afirmación del tribunal atinente a que en la convención colectiva la empresa no se comprometió a seguir pagando las cotizaciones al ISS dado que tal planteamiento constituye un razonamiento marginal, que en modo alguno constituye la esencia del referido fallo.

De todas formas, en sede de instancia se establece que la empresa sí siguió cotizando al ISS con posterioridad al otorgamiento de la pensión legal de jubilación, como se advierte a folios 82 y 87, aunque bueno es recalcarlo, este hecho no tiene ninguna repercusión en lo concerniente a la compartibilidad de la pensión.

De conformidad con lo discurrido habrá de casarse la sentencia de segunda instancia y en sede de instancia revocar la del a quo y en su lugar absolver de las pretensiones de la demanda.

En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 25 de noviembre de 2003 en el proceso ordinario laboral de José Hilario Muñoz Zuluaga y María Concepción Urrea de Velásquez contra la Empresa de Energía de Bogotá ESP en sede de instancia revoca la sentencia de primera instancia y en su lugar absuelve de las pretensiones del libelo.

Sin costas en casación, las de instancia son a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, nos permitimos manifestar nuestra discrepancia en torno a la conclusión que se consigna respecto a la naturaleza de las pensiones de jubilación reconocidas a los señores Muñoz Zuluaga y Velásquez Beltrán por parte de la entidad demandada, que a juicio de la mayoría es de carácter legal y por ende no compatible con la de vejez que otorga el Instituto de los Seguros Sociales.

Contrario al criterio mayoritario, consideramos que las jubilaciones otorgadas por la empresa accionada son de naturaleza extralegal y, en consecuencia, compatibles con las concedidas posteriormente por el Instituto de Seguros Sociales, puesto que aquellas fueron reconocidas con anterioridad al 17 de octubre de 1985, mediante resoluciones 813 de septiembre de 1984 y 11 de enero de 1983 (fls. 8 y 22), pruebas estas de las que clara y palmariamente se deduce, que las jubilaciones fueron concedidas de acuerdo no solo con la ley sino con los parámetros previstos en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa demandada y su sindicato de trabajadores.

Es que la sola variación del porcentaje de las pensiones, del 85% y 100%, para cada uno de los citados, conduce a concluir que el origen extralegal, aun en el supuesto de que las normas legales vigentes para ese momento previeran los mismos requisitos de edad y tiempo de servicios.

Estimamos que si las partes negociadoras de un pliego de peticiones (representantes de la empresa y de los trabajadores), se reúnen y acuerdan consagrar el derecho a la pensión en un precepto convencional, aun estableciendo para su disfrute los mismos presupuestos señalados en la ley, es indudable que su motivación no es otra que la de prever que, si eventualmente desaparece o se modifica la norma legal, continue vigente el beneficio convencional, en la medida en que las partes pactantes no pueden ignorar la existencia y vigencia del principio del mínimo de derechos consagrados en la ley, así como que la convención colectiva es un medio de negociación que indefectiblemente tiende siempre a mejorar los beneficios previstos en la ley para los trabajadores.

En los anteriores términos dejamos consignada nuestra posición sobre el tema controvertido.

Cordialmente,

Camilo Tarquino Gallego 

Francisco Javier Ricaurte Gómez 

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